En 1955 el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón fue derrocado por un golpe de estado. En un primer momento la figura de consenso entre los golpistas fue el general Eduardo Lonardi, quien asumió como presidente provisional el 23 de septiembre, y que a su vez sería derrocado antes de haber cumplido dos meses en el gobierno. Su hija, Marta Lonardi, recordaría que en su discurso de asunción pronunció palabras conciliadoras tales como: “sepan los hermanos trabajadores que comprometemos nuestro honor de soldados en la solemne promesa de que jamás consentiremos que sus derechos sean Cercenados”. Cooke le dedicaría este juicio:
“Intentaba una conciliación imposible: nacionalismo e imperialismo, Plan Prebisch y paternalismo hacia los obreros, unión del frente antiperonista y tentativas de captar a la masa peronista depurándola de la influencia de Perón”.
El conciliador discurso de Lonardi fue correspondido por la dirigencia cegetista aconsejando a sus representados la más absoluta calma y que “cada trabajador continuara en su puesto por el camino de la armonía”. En la reunión que el nuevo presidente mantuvo con los representantes sindicales aseguró que su gobierno respetaría las medidas de justicia social que habían sido alcanzadas, y que también sería respetada la integridad de la CGT y de las organizaciones que la formaban. La designación del abogado de la UOM, Luis Cerruti Costa, como ministro de Trabajo, fue presentada como una muestra de la buena disposición gubernamental hacia el sector obrero.
Una de las primeras medidas del nuevo ministro fue ordenar que se reabriesen los locales sindicales que habían sido copados por grupos antiperonistas. En forma recíproca la conducción de la CGT renunció en pleno, y en su lugar fue designado un triunvirato provisional integrado por el textil Andrés Framini, el lucifuercista Luis Natalini y Dante Viel de Empleados Públicos. El gobierno aceptó el pedido de normalizar las organizaciones sindicales y se firmó un acuerdo para convocar a elecciones en todos los gremios en el lapso de 120 días.
Por un lado el gobierno procuraba contemporizar con la dirigencia peronista de los sindicatos, y al mismo tiempo no quería disgustar a los comandos civiles que reclamaban el desplazamiento de todos los dirigentes peronistas en el movimiento obrero. La decisión de devolver los sindicatos ocupados a sus legítimas autoridades fue desacatada por los comandos civiles en la mayoría de los casos, y el Ministerio de Trabajo se mostró impotente para hacer cumplir sus propias resoluciones.
El 13 de noviembre Lonardi fue obligado a dimitir. Aramburu asumió la presidencia y manifestó su negativa a cumplir con las garantías que se habían dado a los trabajadores. La CGT llamó a la huelga a partir del día 14, el gobierno declaró ilegal la huelga y el día 16 intervino la CGT y todos los sindicatos asociados, fueron depuestas y encarceladas las autoridades sindicales, como interventor en la central obrera se nombró a un capitán de navío –Alberto Patrón- hasta el apellido del interventor parecía una declaración de principios. Aquel decreto llevaba las firmas de Aramburu y Rojas, del ministro de Trabajo, Raúl Migone, y de los ministros de Ejército, Marina y Aeronáutica: Arturo Ossorio Arana, Teodoro Hartung y Ramón Abrahín.
El paso siguiente fue disolver todas las Comisiones internas, y difundir comunicados amenazantes como el que señalaba que todo el que persistiera en perturbar el orden público sería “detenido y confinado, conforme a expresas facultades otorgadas por el Estado de Sitio”.
En abril de 1956 se promulgó el decreto 7.107 proscribiendo, entre otros, a todos los que hubiesen sido dirigentes en la CGT o los sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1956. La proscripción se hizo extensiva a los sindicalistas que hubiesen participado del Congreso cegetista de 1949, cuando se modificaron los estatutos de la central y se la declaró “fiel depositaria de la Doctrina Peronista”.
Después de esta tanda proscriptiva Aramburu se sintió lo suficientemente seguro como para anunciar en su mensaje del 1º de mayo que el movimiento sindical argentino sería normalizado en 150 días. Entre agosto y octubre se hicieron las elecciones para designar comisiones internas en los gremios, y los primeros comicios para normalizar los sindicatos fueron en octubre. En febrero de 1957 se volvió a votar para regularizar las federaciones. Luego de las elecciones en los distintos sindicatos debía realizarse la normalización de la CGT, el interventor convocó a Congreso Extraordinario que comenzó el 26 de agosto de 1957, pero las deliberaciones quedaron interrumpidas a poco de haberse comenzado.
Un grupo de delegados congresales se retiró por discrepar con el informe de la comisión de poderes, luego comenzaron negociaciones para tratar de reconciliar a las partes enfrentadas que en un primer momento fueron definidos como “Los que se quedaron” y “Los que se retiraron”. Los que se quedaron eran mayoría y poco después adoptarían el nombre de “62 Organizaciones”, los que se retiraron del congreso pasarían a definirse como “32 Gremios Democráticos”. Obviamente el Congreso quedó fracturado y pasarían algunos años antes de que la CGT fuera normalizada.
La huelga de los Telefónicos y la solidaridad de los dos nucleamientos
En notas anteriores comenté que los Telefónicos se encontraban en conflicto desde el 27 de agosto de 1957, y que ese conflicto se había transformado en huelga a partir del 18 de septiembre (https://javiernieva.blogspot.com/2020/09/la-huelga-telefonica-de-1957.html). En un comunicado decía FOETRA:
“La continuación de la huelga general, con la disciplina que lo caracteriza, demuestra fehaciente y terminantemente, que el gremio telefónico, firme, unido y disciplinado se mantiene actualmente como vanguardia de la clase trabajadora en la concreción de las reivindicaciones sociales”.
La afirmación de que los telefónicos estaban a la vanguardia de la clase trabajadora podía parecer, en otras circunstancias, un simple recurso retórico. Pero en ese momento los dos nucleamientos en que se encontraba dividida la clase obrera coincidían en asignarle ese rol. Esto habla de un buen manejo por parte de la dirección de la Federación y, también, de un correcto comportamiento de todos los sectores internos del gremio. La cercanía del secretario general del Sindicato Buenos Aires con los dirigentes de “Los 32 gremios democráticos” le abrían algunos canales de diálogo con el gobierno. Sin embargo en esas oportunidades mantuvo con firmeza el reclamo de aumento salarial y la revisión de las sanciones del gobierno militar contra los telefónicos. Por su parte el Secretariado Nacional de FOETRA conseguía que ese apoyo de “Los 32” no se transformara en rechazo de “Las 62 Organizaciones”. Prueba de ello se encuentra en la declaración hecha por este nucleamiento el 26 de septiembre:
La lucha librada en este momento por telefónicos y telegrafistas no son sino las escaramuzas de avanzada con que la oligarquía antinacional pretende provocar al obrerismo argentino. De su resultado depende la suerte futura de todos los trabajadores; una derrota de telefónicos y telegrafistas significará en realidad, una derrota para toda la clase obrera organizada”.
La dictadura siguió endureciendo su posición y el 4 de octubre se realizaron una serie de reuniones en la Casa de Gobierno. Los nombres y los cargos de varios de los participantes pueden resultar hoy desconocidos, en ese momento causaban inquietud.
Ofició de dueño de casa el general Aramburu, a su lado se situó el contralmirante Isaac Rojas. Rodeando la mesa se ubicaron el jefe del estado mayor del Ejército, general Luis Leguizamón Martínez; el jefe del estado mayor Naval, contralmirante Jorge Perrén; el jefe del estado mayor de la Fuerza Aérea, comodoro Anselmo Simois; el secretario de Informaciones del estado, general Juan Carlos Cuaranta; el interventor de la Confederación General del Trabajo, capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, y el presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones , capitán de navío Ramón Casanova.
Simultáneamente en el Ministerio del Interior estuvieron el subjefe de la Policía Federal, capitán de fragata Aldo Molinari, y el jefe de coordinación policial, coronel Eugenio Schettini.
Después de las 18 se realizó otra reunión en Casa de gobierno en la que, junto a Aramburu y Rojas, estuvieron los ministros de las fuerzas armadas, el jefe de la Policía Federal, contralmirante José Antonio Dellepiani, el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, el interventor federal en la provincia, coronel Emilio Bonnecarrere, el secretario de Informaciones del estado, el director de Coordinación Federal, capitán de corbeta Pedro H. Messina, y jefes de los servicios de inteligencia del gobierno.
Cerca de la medianoche se informó de la implantación del estado de sitio en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, ya para entonces se habían producido alrededor de 200 detenciones, la cuarta parte eran trabajadores telefónicos. La firmeza de los trabajadores frente a la ferocidad del régimen despertó nuevas simpatías en el movimiento obrero y ocurrió algo que hubiese sido impensado unos días antes. Los dos grandes nucleamientos en que había quedado partido el Congreso cegetista decidieron ponerse de acuerdo para gestionar una entrevista conjunta con el general Aramburu.
La reunión se realizó en Casa de Gobierno el jueves 10 de octubre, cada sector concurrió con 10 representantes; por entonces no eran muchas las mujeres destacadas en la actividad sindical, hubo una sola figura femenina en la delegación que llegó a la Casa Rosada, lo hizo en representación de los telefónicos, y aunque fue contabilizada como parte de los 32, se aclaró que contaba con el respaldo de los dos nucleamientos.
Aramburu se sentó en la cabecera de la gran mesa del Salón de Acuerdos. A su derecha se ubicó el coronel Peralta; el ministro de trabajo, Tristán Guevara y los representantes de los 32 Gremios: Norma Ciorciari, de FOETRA; Martín Ibáñez, de la Unión Ferroviaria; Armando March, de Empleados de Comercio; Braulio Núñez, de FONIVA; Riego Rivas, de FATI; Gustavo Suárez, de Municipales; Augusto Guibourg, de Bancarios; Roberto Canoniero, de Locutores; Tobías García, de Papeleros y Héctor J. Ares, del Personal Civil de la Nación.
A la izquierda se colocaron el jefe de la Casa militar; el ministro de industria y comercio, Julio César Cueto Rúa, y los representantes de las 62 Organizaciones: Juan Carlos loholaberry, Textil; Pedro Conde Magdaleno, de Panaderos; José Miguel Zárate, de Construcción; Artemio Agustín Patiño, del Tanino; Vicente Mareschi, de Madereros; Héctor Dente, de Metalúrgicos; Manuel Tarullas, de Unión Tranviaria Automotor; Alberto Lema, de Luz y Fuerza; Jorge Álvarez, de Sanidad y Eleuterio Cardozo, de la Carne.
En el comienzo de la reunión el primero en hablar fue Armando March, dirigente de Empleados de comercio y de los 32 Gremios, quien destacó como auspicioso que estuvieran presentes los representantes de distintos sectores gremiales. Y tras las formalidades introductorias dijo:
“Existe un gremio que se debate en una huelga prolongada a la que todos le prestamos nuestro solidario apoyo, gremio que viene representado en esta circunstancia por la única compañera, la señorita Norma Ciorciari, a invitación de los dos sectores que hoy están aquí presentes. Este hecho de que ninguno podamos atribuirnos a esa Organización de justificada combatividad, está diciendo que cuando la clase trabajadora tiene necesidades todos ponemos el hombro para tratar de que las dificultades existentes sean superadas”.
El segundo en intervenir fue Eleuterio Cardozo, dirigente de la Federación de la Carne y de las 62 Organizaciones. Reseñó los cinco puntos que llevaban a la reunión:
“Aumento general de sueldos, libertad de los presos sindicales y levantamiento del estado de sitio, derogación del decreto 824 de congelamiento de salarios, derogación del decreto 10.596 que limita el derecho de huelga, inmediata solución de los conflictos de telefónicos, telegrafistas, FONIVA y demás gremios”.
Norma Ciorciari, única mujer que integraba la delegación, agradeció la solidaridad de los dos nucleamientos a la lucha de los Telefónicos, y presentó esa coincidencia como un anticipo de la deseada reunificación de todos los trabajadores:
“Antes que nada, como un anticipo de la unidad definitiva de los trabajadores argentinos, celebro los puntos de coincidencia registrados en esta reunión. Asimismo, nos complace que de común acuerdo se haya permitido a FOETRA hacer oír su voz en esta oportunidad”.
Ella recordó que venían insistiendo con la propuesta de una reunión en la que estuvieran representantes de la empresa, de las autoridades nacionales y de los trabajadores, porque FOETRA no estaba en la calle por un mero capricho de dirigentes.
“En todas las reuniones hemos tratado de plantear soluciones (…) y solamente hemos escuchado esa campana de las 35 horas a las 44 horas. Las 35 horas que sostienen y defienden los telefónicos es una conquista y no un capricho de un funcionario; es una conquista que llevó a los telefónicos 20 años de lucha por su condición de trabajo insalubre”.
Ejemplificó con el trabajo desarrollado por los compañeros en las cámaras subterráneas, con las tareas de las operadoras de Tráfico, “14 mil mujeres en todo el país (…) que en el mismo mes de diciembre tenemos que trabajar con estufas y ventilación”. Le recordó a Aramburu que en un principio el ministro de comunicaciones había dicho que el horario no se tocaría; “ahora nos encontramos con que el primer punto que quiere discutirse es el de los horarios”. Y reiteró que los telefónicos habían salido a la lucha “por la reincorporación de cesantes y por un aumento que consideramos necesario”. Mirándolo a la cara le dijo:
“La insensibilidad de la empresa se pone de manifiesto a cada instante, hasta tal punto que anteayer se nos dijo que usted esperaba solamente 45 minutos para solucionar este conflicto o en su defecto pondría en práctica medidas drásticas. Nosotros entendemos que no es esa la solución. Pensamos que el problema telefónico debe resolverse con soluciones positivas, efectivas y de inmediato”.
Nosotros queremos que se nos respete y que no se diga que la conquista de las 35 horas es una herencia de ningún funcionario. Es una conquista legítimamente recuperada por el gremio telefónico”.
Toda la exposición de Norma Ciorciari fue respetuosa pero firme, hasta cuando citó un comunicado de FOETRA:
“Esta mañana hemos leído un comunicado referente a la huelga de los telefónicos y hablaré con la sinceridad que nos ha pedido el señor presidente.
En ese comunicado se dice que cuando una empresa anda mal un día, puede ser por culpa de los obreros, si anda mal un mes, los jefes son los responsables; pero si la compañía no anda bien un año, entonces debe desaparecer su directorio. Juzgue y medite lo que le decimos, es la impresión de todo el gremio telefónico.
No estamos contra nadie, queremos colaborar con la Nación, ponemos nuestro esfuerzo con los conocimientos que tenemos en materia telefónica. Lo que no queremos es que en esta circunstancia se trate de colocar de rodillas a un gremio que vive de pie”.
Había sido irónica al argumentar sobre la inconsistencia del planteo patronal para aumentar la productividad: en el Departamento de Tráfico, aunque se pagara más “no podríamos hablar más rápido”. También lo fue al ridiculizar la pretensión de recalificación del personal: “¿Cómo exigir una calificación si los jefes no saben calificar? Eso no es culpa nuestra, nosotros no los nombramos”.
A diferencia de lo que había ocurrido con otros dirigentes que hablaron ante que ella, Ni Aramburu ni ninguno de los funcionarios que lo asistían la interrumpió con preguntas ni hizo comentarios cuando finalizó. Desde el punto de vista argumental tal vez se sentían desbordados, pero el conflicto se venía desarrollando desde hacía un mes y medio y no era porque los trabajadores carecieran de razones justas.
Tan justa era esa lucha que las profundas diferencias ideológicas y políticas entre Las 62 Organizaciones y Los 32 Gremios fueron dejadas de lado para ponerse junto a los Telefónicos aquel día de octubre de 1957.
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