La Huelga telefónica de 1957

 En una nota anterior recordé el comienzo del conflicto telefónico de 1957; durante tres semanas Se fueron realizando paros progresivos en todo el país. La empresa y el gobierno usaron todas las artimañas para tratar de quebrar la lucha. Cuando esas medidas resultaron infructuosas se ordenó el desalojo de los telefónicos que realizaban paros en el lugar de trabajo. Para sorpresa del gobierno los desalojados se convirtieron en manifestantes dispersos por toda la ciudad. Después de eso Aramburu presidió una reunión donde se analizó el desarrollo del conflicto. “Asistieron a las deliberaciones el vicepresidente Rojas, Los ministros de Comunicaciones, Trabajo y Previsión e Interior, los titulares de las carteras de Ejército, Marina y Aeronáutica y miembros de los servicios de Coordinación policial”.

El endurecimiento de las posiciones metió al conflicto en un camino sin retorno. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones hizo público un informe elevado al Poder Ejecutivo en el que dejaba en claro (por si fuera necesaria tal aclaración) que había actuado siguiendo las directivas del gobierno; que la discusión de cualquier aumento salarial estaba atado al incremento de la jornada de trabajo; y que, por haberse visto desbordada en su posibilidad de manejo del conflicto, proponía la aplicación del Código penal contra los trabajadores telefónicos.

Se cumplían dos años del golpe de estado y el gobierno de facto quería mostrar que seguía siendo tan duro como el primer día. Tal vez por eso hacia la noche del 16 de septiembre se anunció que las fuerzas armadas se harían cargo de la custodia de todas las oficinas y edificios telefónicos “con el fin de asegurar la normal prestación de los servicios y, a la vez, garantizar la libertad de trabajo”. Era una libertad de trabajo muy particular porque el Ministerio de Guerra movilizó al personal de mantenimiento (especialmente a Interior, Revisadores y Conservación Cables).

Se llegó así al 17 de septiembre. Tuerzas del ejército ocuparon la Repetidora de Adrogué a las 17 horas de ese día, apresando a todos los trabajadores que se encontraban en el lugar. A medida que pasaron las horas se conocieron las detenciones masivas, en su lugar de trabajo o domicilio, de delegados, colaboradores y afiliados activos, sin ninguna discriminación. Las primeras cifras indicaban que 170 trabajadores habían sido privados de su libertad.

Por eso el Secretariado Nacional emplazó al Poder Ejecutivo para que dejara en libertad a los detenidos, en caso contrario se declararía la huelga general por tiempo indeterminado a partir de las 8 horas del día siguiente. La contestación del gobierno fue suspender la personería gremial de FOETRA y reprimir las concentraciones públicas de los trabajadores telefónicos”.

Ese martes 17 se reunió el Concejo de Administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y, “tras examinar la situación del conflicto telefónico y las medidas de seguridad adoptadas por el Poder Ejecutivo”, dictó una resolución intimando al personal a “reintegrarse a sus tareas a partir de las 0 horas del día 19”. El incumplimiento de esa exhortación haría pasible al personal de las sanciones de “suspensión, cesantía o exoneración, como mejor corresponda”. Paralelamente, el ministro de comunicaciones informó que había solicitado al Ministerio de Trabajo y Previsión, el retiro de la personería gremial de FOETRA.

Pero los anuncios del ministro no terminaron allí. Agregó que “la empresa estatal denunció ante las autoridades policiales, la comisión de hechos previstos en la ley penal”. Y, a partir de esas denuncias, se produjeron las detenciones comentadas más arriba.

Esa noche poco después de las 22.30 se inició la reunión en FOETRA en la que se decidió dar plazo hasta las 8 de la mañana del día miércoles 18 para que todos los detenidos fueran dejados en libertad. Si el reclamo no era satisfecho, se paralizarían las tareas en todo el ámbito del Sindicato Buenos Aires; y si se producía la detención de algún miembro del Secretariado Nacional, el paro se extendería a todo el país.

Recordando ese momento me dijo Diego Pérez, uno de los dirigentes de FOETRA durante el conflicto:

“Después de eso, y para que no metieran preso a todo el Secretariado, les dijimos a Pravisani y Piacentini que se fueran para el sindicato Standard Electric, en San Isidro. Tombessi se fue para La Plata y Dopazo también se fue afuera. Y en Ambrosetti nos quedamos Andreatta y yo.

A eso de las 6 se concentraron frente al local los compañeros de los talleres de la calle Hidalgo que venían a averiguar que noticias había. Les dijimos que habíamos declarado la huelga general a partir de las 8 y, después que ellos se fueron, Andreatta se fue para San Isidro a dormir un rato. Yo me quedé una hora más, pero, como no pasaba nada, les dije a los muchachos que me iba a dormir a casa. Me acuerdo que uno de ellos me dijo si estaba loco, porque en mi casa ya debía estar esperando la policía. Entonces me fui a la casa de mi hermana. El compañero tenía razón, esa noche fueron dos veces a la casa de mis viejos, que es donde yo vivía.

Serían las 2 de la tarde cuando estaba volviendo para Ambrosetti 134. Unos compañeros me paran en José María Moreno y Rivadavia y me preguntan a dónde iba. Cuando les dije que iba para la federación me contaron que a eso de las 8 y media había caído la cana y se los había llevado presos a todos. En realidad en Ambrosetti no hubo ningún detenido.

Los fondos de la Federación daban con los de una casa que tenía salida por Acoyte. Cuando llegó la policía todos los que estaban dentro (las compañeras administrativas que entraban a las 7 de la mañana y algún compañero con permiso gremial) saltaron la pared y se escaparon por detrás. Hay que decir que algunos policías eran bastante tolerantes. Muchos debían ser peronistas, y si podían hacer la vista gorda, lo hacían.”

El paro por tiempo indeterminado, que debía cumplirse en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, se hizo extensivo a todo el país como consecuencia del apresamiento de los dirigentes del nivel nacional. Y para que no quedara ninguna duda respecto a la disposición combativa de los telefónicos, el Sindicato Buenos Aires dio a conocer un comunicado que en su parte resolutiva señalaba:

“La huelga general se mantendrá hasta que hayan desaparecido las causas que la determinaron, debiéndose impartir la orden de levantamiento únicamente por las autoridades de la Federación o el Sindicato, previa aclaración de las razones que motiven dicho levantamiento”.

El comunicado, firmado por Pedro Valente y Norberto Espínola, informaba que se contemplaba la formación de subcomités de huelga en todos los lugares de trabajo.

Al mismo tiempo las muestras de solidaridad con los trabajadores telefónicos siguieron aumentando. El secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica dispuso la realización de un paro de 15 minutos (de 9 a 9.15, de 15 a 15.15 y de 24 a 0.15), mientras manifestaban su adhesión la Asociación Bancaria (Regional Buenos Aires), la Federación de vendedores de Diarios, Revistas y Afines, y el Sindicato Unido Petroleros del Estado. También expresaron su apoyo solidario la Comisión de Acción Política de la Unión Cívica Radical Intransigente y el Dr. Alfredo Palacios, diputado constituyente por el Partido Socialista. La Comisión de Acción Política de la UCRI, que recibió a los representantes telefónicos y repudió las detenciones, estaba presidida por el Dr. Alejandro Gómez, futuro vicepresidente de la Nación.

Así comenzó la Huelga de los Telefónicos en 1957.