Ya antes de la dictadura el terrorismo de estado iba en aumento, junto a las fuerzas represivas oficiales se movían las parapoliciales. No había casi diferencias entre las distintas patotas, todas parecían competir por mostrase más feroces y crueles con las víctimas. Cuando llegó el 24 de marzo de 1976 las atrocidades y los crímenes se multiplicaron en forma vertiginosa. No se estaba seguro en ninguna parte, escapar del país se transformó en la última opción.
Cada vez fueron más los que marcharon al exilio, familias enteras salieron del país en busca de un refugio. Una vez fuera se formaron colonias de connacionales, la asociación más elemental para brindarse mutuo apoyo e información en el nuevo lugar de asiento. Algunos iban con un contacto, otros habían oído hablar del ACNUR, muchos fueron aprendiendo a ubicar los sitios donde conseguir asistencia sanitaria, alimenticia o un albergue transitorio. Para todos lo primero fue sobrevivir, para un buen número fue importante recuperar el contacto con sus compañeros de militancia, entre ellos para los trabajadores y sindicalistas en el exilio.
En 1978 los ojos de todo el mundo estuvieron puestos sobre Argentina; la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol brindó la oportunidad para que los exiliados intensificaran su tarea de denuncia, con ese antecedente se convocó a un encuentro de trabajadores y sindicalistas argentinos para reunirse en París. El encuentro tuvo lugar a fines de agosto y de allí surgió el llamamiento a todos los sindicalistas en el exilio para que se integraran al accionar común de solidaridad con la clase obrera y el pueblo argentino. A ese primer encuentro siguió un segundo celebrado en Turín en enero de 1979 y el tercero que tuvo lugar en Ámsterdam a fines de septiembre del mismo año.
Para entonces la dictadura había empezado a mostrar fisuras, tras la imagen de firmeza monolítica existían múltiples contradicciones internas. Los distintos sectores económicos y políticos que le habían dado sustento comenzaron a pelearse entre sí. Para cohesionar a todas las fuerzas militares inicialmente se repartió el aparato estatal en partes: un tercio para el Ejército, un tercio para la Marina y un tercio para la Aeronáutica. Fue como una UTE, una unión transitoria de empresas, que duró mientras el negocio pareció floreciente. Pero también hacia el interior de cada fuerza afloraron peleas por ambiciones insatisfechas y compromisos incumplidos. Se habló de conflictos entre “halcones” y “palomas”, entre “duros” y “blandos”, denominaciones que más bien parecían licencias idiomáticas que reflejo de lo que cada sector representaba en la realidad.
Precisamente en septiembre de 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto fue un motivo más de conflicto entre los militares. Estaban los que se negaban de plano a esa visita, del otro lado se ubicaban los que querían aprovechar el éxito en el Mundial de Fútbol para presentar una imagen de apoyo popular a la dictadura. En este bando militaban el propio Jorge Rafael Videla y su sucesor, Roberto Eduardo Viola. No es que los “blandos” fueran menos criminales que los “duros”, lo que los enfrentaba era una cuestión de conveniencia política.
La visita de la CIDH fue una bocanada de aire puro para los presos, sus familiares y los organismos de derechos humanos. Las víctimas de la dictadura esperaban ser escuchadas, y los represores harían todo lo posible para sabotear la tarea.
El 6 de septiembre llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante dos semanas realizó una enorme actividad que quedaría plasmada en un lapidario informe sobre las atrocidades cometidas por la dictadura.
Visitaron las cárceles de Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, la Unidad 9 de La Plata, Olmos, Magdalena y la cárcel de Córdoba. El mandamás de la provincia, Luciano Benjamín Menéndez, se puso furioso porque los integrantes de la CIDH también fueron al Campo de la Ribera y La Perla. No fueron los únicos centros clandestinos que visitaron, también estuvieron en Coordinación Federal, el Olimpo y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Apenas si había pasado una semana de la partida de la CIDH cuando Luciano Benjamín Menéndez, el comandante del III Cuerpo de Ejército, se amotinó contra el Comandante en Jefe, Roberto Viola, e indirectamente contra el propio Videla. Concentró sus fuerzas en el norte cordobés esperando la llegada de otros amotinados que lo acompañarían en su cruzada. Debía imaginar una marcha épica y una entrada triunfal en la ciudad provincial. Era un golpista contra otros golpistas que en su proclama los acusaba: "No se ha cumplido el compromiso de erradicar definitivamente la subversión, cerrando el camino al futuro resurgimiento del marxismo en el país". Entre otras cosas criticaba la visita de la CIDH, la liberación de Jacobo Timmerman y la posible autorización para que el ex presidente Héctor Cámpora pudiera exiliarse. Menéndez se consideraba a sí mismo como el abanderado de la lucha antisubversiva, había mostrado que podía ser el más sanguinario de los represores y criticaba a Viola por su blandura. Pero su intento golpista fracasó y fue pasado a retiro.
Al mismo tiempo que en Córdoba se producía el alzamiento de Menéndez en Ámsterdam se realizaba el III Encuentro Internacional de los Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio. El intento de golpe dentro del golpe fue un motivo de preocupación para los 29 delegados que representaban a los grupos organizados en Suecia, Francia, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Italia y España. Alertaron “a la opinión pública internacional sobre el peligro que podía derivar del incidente para la vida de los miles de prisioneros políticos”. Esa preocupación se plasmó en una declaración que reclamaba "de los pueblos y gobiernos de todo el mundo la solidaridad de acción efectiva para evitar una posible masacre, detener la continuación del genocidio y la violación de los derechos humanos".
Fue una nueva demostración de que el compromiso asumido por los Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio se mantenía inalterable. Se adoptaron una serie de medidas organizativas y se votó un plan de trabajo internacional a realizarse en forma simultánea en todos los países donde TYSAE tenía presencia. El objetivo fue reforzar la campaña por la libertad de dirigentes sindicales presos y secuestrados. Este trabajo solidario complementaba el que familiares y organismos de derechos humanos realizaban dentro del país y que encontraría su reflejo en el informe que la CIDH daría a conocer al año siguiente.
De este último documento, y a modo de ejemplo, se reproduce el fragmento contenido en el capítulo VIII
“Entre los numerosos dirigentes y activistas sindicales que han sido víctimas de la situación expresada deben mencionarse al profesor Alfredo Bravo, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Educación, que estuvo desaparecido, luego detenido, más tarde sujeto a un régimen de libertad vigilada y después de varios meses puesto en libertad; a Lorenzo Miguel, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, y de la entidad denominada "Las 62 Organizaciones", quien fue detenido y luego puesto bajo el régimen de arresto domiciliario y en el que aún se le mantiene; Alberto Piccinnini, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución detenido desde 1975 en la aislada cárcel de Rawson, destinada a presos calificados de mayor peligrosidad; Eduardo Jozami, abogado, Secretario General de la Federación de Periodistas, detenido desde 1975, actualmente en Rawson, condenado a ocho años por un Tribunal Militar; Francisco Virgilio Gutiérrez, Delegado General del Gremio Metalúrgico, detenido desde 1975, habiéndosele negado el derecho de opción de salida del país, a pesar de que su causa fue sobreseída por la Cámara Federal de La Plata; Juan Remigio Arguello, Luis Francisco Iglesias y Jorge Varela, dirigentes del sector bancario; Miguel Angel Barrionuevo y Héctor Candepadós, detenidos en la Unidad 9 de La Plata; Carlos Enrique Correa Gutiérrez, antiguo Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en junio de 1976, y condenado después a siete años de prisión en la Unidad Carcelaria de Caseros; Diego Sebastián Ibañez, Secretario General del gremio petrolero, arrestado en marzo de 1976, y desde entonces recluido en la cárcel militar de Magdalena; José Palacios, miembro directivo del Departamento de Laicos del CELAM y miembro del Consejo del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos de Bruselas/Bélgica, desaparecido en Caseros, Provincia de Buenos Aires, el 11 de diciembre de 1975; Jorge Di Pascuale, Secretario General de la "Asociación de Empleados de Farmacia", desaparecido en Buenos Aires el 29 de diciembre de 1975; Roberto Repetto, miembro directivo de la "Unión del Personal Civil de la Nación" (UPCN), desaparecido en Buenos Aires el 25 de marzo de 1978; Oscar Smith, Secretario General del "Sindicato de Luz y Fuerza" de Buenos Aires, desaparecido en Buenos Aires en febrero de 1976; Nabor Gómez, dirigente de la "Asociación Bancaria", Seccional de Córdoba, desaparecido en esa ciudad en 1975; Héctor Oberlin, dirigente de base del "Sindicato de Trabajadores Municipales de Córdoba", desaparecido en la misma ciudad en 1976; Angel Badarracco, dirigente de base del "Sindicato de Trabajadores Municipales de Córdoba", desaparecido junto en el anterior, de quien es cuñado, en 1976; Julio Guillan, Secretario General del "Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos" de Buenos Aires; Walter Medina, miembro de la "Federación Argentina de Trabajadores Rurales"; Jesús María Torres, dirigente Poblacional y Cooperativista de Córdoba"; José Emilio Lumello, Secretario General del "Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas" de Córdoba; Antonio Guerrero, dirigente de la "Asociación Argentina de Trabajadores Radiotelegrafistas" de Tucumán y ex-Diputado nacional; Héctor Pérez, Delegado Regional de la Confederación General del Trabajo y Secretario General del Sindicato de Alimentación de Tucumán; y Carlos Mendoza, Vice-Gobernador de Mendoza, dirigente metalúrgico.”