Recordando a Olga Pini

Conocimos a Olga a mediados de los ’60 cuando junto a decenas de compañeras y compañeros se sumó a la Lista Rosa de telefónicos. Trabajaba en el edificio Golf de Cabildo y Dorrego, en la sección dibujantes de la Dirección de Ingeniería. Era una compañera muy simpática, siempre con una sonrisa en los labios, cuando reía lo hacía de forma contagiosa. La mayor actividad sindical la desarrollaba en su edificio, el cuidado de los hijos recortaban su posibilidad de asistir con frecuencia las reuniones. Alguna vez vino con Pablo, su marido, aunque él no era telefónico debía tener una buena imagen de nosotros y quiso conocernos.

Teníamos en común la actividad como telefónicos, el repudio a la dictadura de Onganía, la simpatía por las luchas que sacudían el mundo de entonces, la admiración por el Che. En alguna oportunidad, hablando sobre cine, fue inevitable referirnos a Eisestein, a “La batalla de Argelia” y a “Morir en Madrid”. Éramos parte de una rebeldía que se expresaba de muchas maneras y no sólo artística o literariamente. Olga colaboró con nosotros en la distribución del periódico de la CGT de los Argentinos, esperaba ansiosamente cada número para seguir el “¿Quién mató a Rosendo?”, como si se tratara de una novela policial por entregas.

Ninguno de nosotros pertenecía al mundo de los indiferentes y conformistas, en mayor o menor medida fuimos asumiendo compromisos cada vez mayores. Olga y su marido se inclinaron por el peronismo combativo –la Juventud Peronista-, ignoro el alcance de esa adhesión pero estoy seguro que fueron consecuentes hasta el final.

El 20 de enero de 1978 la patota llegó hasta donde ambos vivían, en Wenceslao de Tata 4821, localidad de Caseros. Alrededor de media docena de hombres de civil tirotearon el frente de la casa sabiendo que ellos estaban dentro con sus tres pequeños hijos. Probablemente se entregaron sin ofrecer resistencia para salvar a los niños, éstos quedaron abandonados en el lugar mientras se llevaban a sus padres “en una camioneta blanca y dos autos”.

En Campo de Mayo fueron vistos por integrantes de la familia Meza Niella que también estaban secuestrados y que los conocían del barrio. Las denuncias que los familiares de Olga hicieron ante organismos policiales y militares fueron infructuosas, insistieron con reclamos en organismos de derechos humanos y embajadas, hicieron presentaciones de habeas corpus en sede judicial.

Hoy se cumplen 40 años del secuestro y desaparición de Olga Haydee Pini y Bernardo Pablo Bolzán; hasta tanto reaparezcan el delito de desaparición forzada sigue repitiéndose día tras día, es imprescriptible, y seguiremos reclamando por ellos y por los 30 mil compañeros que esperan justicia.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLIX)

Últimas semanas (IX)

La Empresa y el gobierno dieron por terminadas las tratativas a mediados de octubre, los trabajadores fueron intimados a regresar de inmediato al trabajo, policía y fuerzas armadas garantizarían la seguridad de quienes abandonaran la huelga. Sin embargo, dos semanas después los resultados eran más bien escasos; los sindicatos de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe seguían sin doblegarse. Militares y empresarios contabilizaban algunos éxitos en pequeñas localidades, solo en unas pocas ciudades importantes se había quebrado la resistencia. Con ese panorama se diluía la posibilidad de hacer tierra arrasada con el gremio telefónico, al menos no podría hacérselo sin un gran costo político.

En Buenos Aires se insistía con la necesidad de realizar la asamblea general de afiliados, si había que terminar el conflicto esto debía ser acompañado por todo el gremio para que ningún compañero se sintiera desprotegido o abandonado. La situación económica de los huelguistas era angustiosa, para conseguir recursos con los que auxiliar a los más necesitados FOETRA anunció que hipotecaría sus bienes. Simultáneamente solicitó ayuda económica a todas las organizaciones sindicales del país.

El domingo 3 de noviembre Sindicato Buenos Aires informó que dos días después realizaría la asamblea en el Luna Park. También el martes 5, pero en la noche, se reuniría el Consejo Federal de FOETRA para evaluar lo resuelto por los distintos sindicatos del país. El gobierno no quería que una multitud de telefónicos se concentrara a cuatro cuadras de la Casa Rosada, nuevamente se negó el permiso policial para la asamblea. A pesar de eso desde muy temprano comenzaron a acercarse los trabajadores hasta el Luna Park. Como de costumbre, la policía pasó rápidamente a la represión; gases, palos y corridas se extendieron por la zona céntrica. Unos 200 manifestantes quisieron acercarse a Plaza de Mayo, la crónica periodística habló de decenas de detenidos y hasta del secuestro de un estandarte gremial.

Con una poética socialmente más comprometida lo describió el periódico Propósitos dirigido por Leónidas Barletta

“En repetidas oportunidades funcionarios del gobierno han criticado a los dirigentes gremiales que llevan a la huelga sin consultar a los obreros. Pero resulta que cuando los trabajadores telefónicos quieren reunirse en asamblea no se permite su realización y se reprime con gases lacrimógenos a los manifestantes. El pueblo se hace la misma pregunta que clamoreaban los telefónicos corridos por la policía “¿Esto es libertad?” Y se responden: “Todos a ofrecer ayuda solidaria a los huelguistas”.

Si Buenos Aires no realizó su asamblea no fue porque no quisiera hacerla, como debía fijar posición para la reunión del Consejo Federal convocó a un plenario de delegados en la Federación de Empleados de Comercio. Poco después del mediodía comenzaron las deliberaciones, por momentos el debate fue acalorado, era lo menos que podía esperarse después de 70 días de conflicto. Finalmente se aprobó llevar como mandato la moción de levantar la huelga con la condición de que se restituyese la personería gremial de FOETRA, que fuesen liberados todos los compañeros que habían sido detenidos y que no se tomasen represalias por otras causas.

Por la noche, también en el local de la Federación de Empleados de Comercio, se reunió el Consejo Federal de FOETRA con la presidencia de Bernardo Navarro y la participación de los delegados sindicales del interior. Al finalizar las deliberaciones se decidió el levantamiento de la huelga a partir de las 0 hora del jueves 7 de noviembre. El Consejo Federal se declaró en sesión permanente para continuar monitoreando la situación.

Fue un regreso amargo pero digno el de ese 7 de noviembre; la dictadura tuvo que comprometerse públicamente a no tomar ningún tipo de represalia contra los trabajadores. Lo hizo a través del Capitán Ramón Casanova quien trató de dar cierta honorabilidad a sus palabras: “el término represalia repugna a mi condición de persona y de marino”. En el Ministerio de Trabajo se vaciló esperando indicaciones de presidencia, Barros de la Serna dijo primero que se había devuelto la personería a FOETRA, luego se rectificó, finalmente la medida fue confirmada. Paralelamente la Mesa Coordinadora de los gremios que se retiraron de las deliberaciones en la CGT (así llamaba eufemísticamente la prensa a Los 32) se entrevistó con el ministro de comunicaciones pidiéndole que se allanara el camino para poner fin al conflicto telefónico. Las 62 Organizaciones no intervinieron en esas gestiones, un par de semanas antes habían realizado una huelga de 48 horas, una gran cantidad de dirigentes sindicales y trabajadores de ese sector se encontraban detenidos.

Después de 72 días no sólo el servicio se encontraba desquiciado, la propia dirección de la Empresa se mostraba desorganizada y brindaba una información inconsistente. Al principio dijo que el 90 por ciento de los huelguistas se había reintegrado: “En la dirección empresaria se admite que se reintegró el personal pero no pueden dar números exactos”; luego confirmó que todos los trabajadores estaban de vuelta. Aunque el gobierno hubiese querido tomar represalias no era el mejor momento para intentarlo; de los aproximadamente 700 mil abonados que existían por entonces, la tercera parte se encontraba sin servicio. Los números podían ser caprichosos, pero en ese momento la Empresa habló de 134 mil incomunicados en el distrito 1, y 772 los cables dañados por sabotaje. A eso debían agregarse unos 100 mil incomunicados más en el resto del país. Se decidieron traslados provisorios para reforzar los sectores que debían reparar el servicio, se estimaba que tardarían unos cuatro meses en la normalización. El cálculo estuvo lejos de la realidad.

Epílogo

La huelga de 1957, la huelga grande de los telefónicos, no lo fue sólo por su duración y su extensión territorial, también lo fue por el acompañamiento solidario de los distintos sectores del movimiento obrero. El conflicto comenzó el 27 de agosto, a partir del 18 de septiembre se transformó en huelga y recién concluyó el 7 de noviembre. En total fueron 72 días de lucha, pero entroncaron con los reclamos del año anterior y en cierto modo se prolongaría hasta agosto del año siguiente cuando fue promulgada la ley que dispuso el pago de los días de huelga. Ningún acontecimiento está desgajado de la historia que lo precede, por eso quise retroceder más de una década para recordar hechos y personajes que fueron determinando lo que ocurriría en 1957.

Tuve la posibilidad de conversar con algunos de los protagonistas, les agradezco la información que me proporcionaron, especialmente a Juan Carlos Romero quien puso a mi disposición su archivo particular sobre el conflicto. Encontré una colaboración invalorable en la Biblioteca Nacional, especialmente en el personal y los voluntarios de la Sala Braille, no quiero incurrir en omisiones involuntarias por eso mi agradecimiento abarca a todos.

Tenía una deuda pendiente con todos aquellos a quienes fui pidiendo información a lo largo de los años, en parte considero que la he saldado. No creo que este sea un trabajo concluido, a lo sumo es una aproximación, un borrador que debería ser mejorado en el futuro. Observaciones, críticas y comentarios serán bienvenidos.

Javier Nieva

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLVIII)

Últimas semanas (VIII)

La dictadura quería quebrar la resistencia de los telefónicos, impedirles un repliegue honorable, rendirlos por hambre. En cierto modo era impotente para imponer su voluntad, aunque el estado de sitio estaba vigente prácticamente desde principio de octubre en la zona más neurálgica del conflicto no había conseguido frenar los deterioros del servicio. Políticamente los resultados también le habían sido adversos cuando tanto Las 62 Organizaciones como los 32 Gremios se habían unido en el apoyo a los trabajadores en huelga. Podía mostrar su poder (como lo hizo) impidiendo que los telefónicos de Buenos Aires hicieran su asamblea, pero era una muestra más de prepotencia castrense.

Habían pasado diez días desde la intimación empresario-gubernamental y la inmensa mayoría de los huelguistas seguían sin doblegarse. En una solicitada publicada el lunes 28 de octubre FOETRA denunciaba que había querido consultar a sus bases sobre la propuesta empresaria, todos los sindicatos del interior pudieron realizar las asambleas, pero el sindicato Buenos Aires, que nucleaba aproximadamente al 50 por ciento de los telefónicos, no consiguió el permiso policial para reunirse.

“Evidentemente es más fácil seguir insistiendo por radio y los diarios que los dirigentes se oponen a la solución del conflicto que permitir una expresión rotunda y soberana del gremio sobre la propuesta. No habrá solución al conflicto telefónico hasta tanto cada uno y todos los afiliados expresen libremente su opinión. Pretender terminar el diferendo por el reintegro “en masa” del personal vencido por el hambre, es un sueño que sólo aquellos que están muy lejos de la realidad pueden acariciar”.

Un titular periodístico de esos días resultaba engañoso: “El gremio telefónico de Rosario aceptó la propuesta patronal”. Al entrar en la noticia podía leerse que en la asamblea realizada en el local de La Fraternidad habían participado un millar y medio de trabajadores; unánimemente resolvieron aceptar sólo dos puntos de la propuesta, uno referido a un incremento salarial como premio a una mayor producción y asistencia, y otro que establecía el aumento del salario familiar al igualarlo con el que se cobraba en la actividad privada. Sobre el resto de los puntos se dio mandato para que fuesen tratados en Comisión paritaria y que el Secretariado Nacional levantase el estado de huelga cuando lo considerase oportuno. Para esto último era indispensable la restitución de la personería gremial y que no se tomasen represalias contra el personal.

La asamblea realizada en Córdoba fue también categórica, no sólo rechazó el ofrecimiento de la Empresa sino que decidió la continuación de la huelga. En Buenos Aires los trabajadores no se pudieron reunir en asamblea general, pero a las asambleas zonales asistieron casi diez mil que ratificaron su decisión de continuar con la lucha. En la asamblea de los telefónicos platenses participaron un millar de afiliados, se aprobaron un par de puntos de la propuesta empresaria pero se rechazó la modificación de la jornada de trabajo y que el arreglo del conflicto implicara la reducción de personal.

En general los grandes sindicatos se mantuvieron firmes, en Mar del Plata la Empresa consiguió que una parte de los afiliados desertaran apenas producida la intimación; a la semana siguiente el resto de ese sindicato terminó sumándose a los que volvieron al trabajo. Bahía Blanca, General Pico y La Pampa siguieron esos pasos, levantaron la huelga sin esperar lo que resolvieran los demás telefónicos del país.

Mientras la Empresa seguía informando que el reintegro al trabajo iba en aumento, la Federación comunicó que en Buenos Aires sobre un total de 14.400 trabajadores habían vuelto al trabajo 1.136 y que se mantenían en huelga 13.264. En el interior, sobre un total de 11.548 volvieron al trabajo 1.624 y seguían en huelga 9.924.

Iban y venían las cifras, extraoficialmente la Empresa informaba que 150 huelguistas rosarinos disconformes con lo resuelto en la Asamblea se habían reintegrado al trabajo. Por su parte la filial local de FOETRA sostuvo que la huelga se mantenía a pesar de algunas deserciones mínimas, sólo el 8,6 por ciento del personal retornó al trabajo.

La guerra de los comunicados formaba parte del conflicto, cada uno de los bandos en pugna se atribuía éxitos y, sobre todo, tener la razón de su lado. La política gubernamental descargaba penurias sobre la mayor parte de la población, pero la propaganda oficial podía hablar de derroches demagógicos en el pasado, de pesadas herencias y poner de su lado a los ingenuos y a los nada ingenuos. Estaban los que creían porque era fácil creer, y los que encontraban buenas razones para reforzar su odio clasista. Aramburu lo había dicho en la reunión del 11 de octubre con los dirigentes sindicales: “El pueblo argentino ha vivido engañado en un standard de vida ficticio para venir a parar a la situación actual”. Según el golpista a cargo del gobierno la ficción demagógica había terminado, los trabajadores debían reducir sus pretensiones, trabajar y producir más, en algún momento se derramarían sobre ellos las riquezas.

Pero dos semanas después de cortadas las tratativas por parte de la Empresa, los trabajadores seguían resistiendo. Los planteles carentes de mantenimiento se caían a pedazos, los sabotajes reales e inventados contribuían al deterioro general. La información periodística del jueves 31 de octubre hablaba de otros 73 cables dañados, la única precisión era que todos estaban en el área de Buenos Aires y suburbios. Para infundir cierta dosis de optimismo un funcionario hizo crecer el porcentaje de los reintegrados al trabajo, sin brindar su nombre dijo que ya era un 50 por ciento los huelguistas que habían abandonado la lucha. Sin embargo las comunicaciones que dependían de operadoras seguían igual o peor que en las semanas de más agudo conflicto

El discurso triunfalista chocaba con la realidad, no parecía que la victoria fuese mejor que la de Pirro contra los romanos. Aquel había perdido tantos hombres para derrotar a sus enemigos que se le atribuye haber dicho: “Otra victoria como esta y volveré solo a casa”.

En el caso del conflicto telefónico las bajas se medían en abonados; al comenzar noviembre la información más o menos oficiosa reconocía 230 mil teléfonos incomunicados en todo el país, de ellos 180 mil correspondían a Capital y suburbios. Estos números son para tomar con pinzas, son los que aparecían en los diarios y no eran desmentidos por el gobierno, probablemente fueran los propios funcionarios quienes los facilitaran. Si los damos por ciertos, el triunfo empresario-castrense sobre los telefónicos tenía un costo enorme, para doblegar la resistencia de quienes reclamaban una remuneración justa no se vacilaba en dejar sin un servicio esencial a un tercio de los abonados del país.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLVII)

Últimas semanas (VII)

A partir del 17 de octubre todos los caminos quedaron cerrados para los telefónicos. La propuesta trasmitida por la Empresa –y avalada por el representante de Aramburu- puso fin a las negociaciones abiertas luego de la reunión en Olivos. El aumento en las remuneraciones quedaba atado al incremento en la jornada de trabajo, ni siquiera sacrificando esa conquista gremial se conseguía recuperar lo perdido desde el congelamiento salarial. La clausura de las tratativas fue acompañada con la intimación al personal en huelga para que se reintegrara inmediatamente.

Desde ese momento se reanudó el bombardeo mediático en que se mezclaban amenazas, noticias distorsionadas sobre regreso al trabajo de los huelguistas y ejemplos edulcorados sobre las nuevas escalas salariales. Durante el fin de semana se dijo que en Mar del Plata y Miramar se habían efectuado asambleas donde los telefónicos desistían de continuar con el conflicto. En realidad esas deserciones minoritarias se hicieron al margen de la organización sindical, pero la publicidad empresaria las sobredimensionó. Aunque se notaba cierto desgaste y vacilaciones, la inmensa mayoría de los trabajadores continuaban respondiendo con firmeza.

Manuel Gómez, delegado general de la oficina flores al que me referí anteriormente, había sido designado responsable para la zona oeste de Capital Federal. Se reunía con los huelguistas en las inmediaciones de Plaza Flores, les comunicaba las novedades del conflicto y distribuía los volantes del sindicato. En uno de esos encuentros le dijeron que algunos compañeros empezaban a flaquear abrumados por las carencias y la propaganda gubernamental. Si aflojaban podían abrir la puerta a otras deserciones, Manuel fue a hablar con ellos. “No pueden abandonar al resto de los compañeros, si ustedes se cortan solos la empresa va a aprovechar para dejar cesantes a los demás; salimos todos juntos y tenemos que volver todos juntos”. Seguramente no fue un caso aislado, situaciones como esa debieron repetirse en muchos otros lugares, pero la información disponible dice que predominó la disciplina.

Una extensa solicitada de FOETRA “a la opinión pública y a los hermanos trabajadores” se publicó el domingo 20. Allí el Secretariado Nacional pasó revista a las infructuosas gestiones para conseguir un aumento de sueldo, la adopción de medidas de fuerza respaldadas por todos los telefónicos del país, la distorsión del problema queriendo implantar una jornada de trabajo más extensa y discontinua. Recordó que el horario corrido era una conquista que databa de años atrás, por eso era inaceptable que mediante la depreciación del salario se pretendiera aumentar la jornada de trabajo. Además la imposición patronal traería aparejado otro problema; la combinación de mayor jornada e incremento de la productividad provocaría el despido de miles de telefónicos.

“La organización gremial lo considera inaceptable (…) no puede basarse la subsistencia de un sector de trabajadores en la miseria y desocupación de sus hermanos de clase. (…) Tolerar esta situación sería permitir que se forme en el país, mediante la reducción progresiva de la fuente de trabajo, una masa de desocupados que va a gravitar desfavorablemente en las condiciones económico sociales del pueblo”.

Después de agradecer el “afectuoso y solidario apoyo recibido de la clase trabajadora y de la ciudadanía progresista”, el comunicado se refirió a la intimación para reintegrarse al trabajo: “Constituye una nueva tentativa para quebrantar a un gremio que por su valentía, entereza y espíritu de lucha ha escrito una página honrosa en la historia de las luchas sociales de la clase trabajadora argentina”.

Y concluyó afirmando que las medidas empleadas para ahogar el reclamo popular “son una solución transitoria y desgraciada” que “lejos de establecer la paz social será semilla que germinará en luchas más crudas y violentas”.

La intimación empresaria para que los huelguistas regresaran al trabajo había sido efectuada a última hora del jueves 17, las expectativas estaban puestas en lo que ocurriría a partir del lunes 21. La información fue muy poco confiable, la patronal habló alegremente de un 30 por ciento de retorno, luego elevó el porcentaje a 40, los lugares donde se mencionaban éxitos eran en general inverificables o muy distantes. Toda la semana pasó sin cambios significativos, pero la propaganda oficial hablaba de progresiva normalización en los distritos 2 (zona centro y litoral norte) y 3 (costa bonaerense y sur del país). En el distrito 1 (Capital Federal y suburbios) no había forma de maquillar la realidad; al promediar la semana la Empresa echó mano a un recurso efectista, dijo que de las 14 oficinas comerciales 3 contaban con su personal normal (Constitución, San Isidro y Palermo) y casi normal otras 3 (Vicente López, Belgrano y Congreso).

Lo cierto era que el servicio seguía colapsado, el número de teléfonos incomunicados seguía siendo altísimo, Tampoco esas cifras eran confiables porque aumentaban o disminuían sin ninguna relación lógica. Habían sido 100 mil una semana antes, luego bajaron a 72 mil, y volvieron a subir a 82 mil sin que ningún funcionario se hiciera responsable de la información. A ello había que agregar la incomunicación existente entre distintas ciudades, la que en lugar de disminuir aumentaba.

Los cortes de cables eran una constante, uno de ellos dejó incomunicado al estadio de Independiente. Es sólo una anécdota, pero tuvo cierta importancia porque el domingo 27 jugaba allí el seleccionado argentino contra el de Bolivia en partido clasificatorio para el Mundial de Suecia. Los técnicos trabajaron contrarreloj tratando de reparar las líneas. Ignoro si llegó a solucionarse el desperfecto, pero para los que no pudieron escuchar el partido puedo decirles que Argentina ganó 4 a 0 con goles de Zárate, Corbatta, Prado y Menéndez.

Dejo atrás la anécdota y vuelvo a nuestro tema. La pretensión gubernamental de quebrar a los telefónicos no conseguía los resultados esperados, una semana después de la intimación el gremio seguía resistiendo. FOETRA ya no podía aspirar a ganar el conflicto, pero al menos quería proteger a los compañeros y replegarse en orden. El Consejo Federal se reunió, y tras repudiar el ofrecimiento y los procedimientos empleados por la Empresa, resolvió que “durante los próximos diez días todos los sindicatos realizarán asambleas cuyos resultados serán elevados al Consejo Federal para que, de acuerdo a los estatutos, adopte una resolución”.

El sindicato Buenos Aires solicitó la autorización policial para realizar la asamblea, en el comunicado difundido a los compañeros decía: “El gremio ha refirmado su espíritu de lucha en seis grandes asambleas a las que concurrieron más de 10 mil afiliados”. En dos oportunidades solicitó permiso policial para una nueva asamblea y en ambos le fue negado, una tercera solicitud espera respuesta. “Los telefónicos fueron a la huelga mediante una asamblea, debe ser una asamblea la que decida los pasos futuros”.

Pero el gobierno no entendía de argumentos democráticos, la asamblea propuesta para el sábado en el Luna Park no fue autorizada.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLVI)

Últimas semanas (VI)

En las reuniones que Aramburu mantuvo con las 62 Organizaciones y los 32 Gremios el conflicto telefónico tuvo un tratamiento muy importante, la información periodística del viernes 11 señaló que se esperaban novedades. Para ese momento lo más destacado eran los nuevos actos de sabotaje: corte del cable a Luján, incomunicación de un millar de abonados en Bánfield, más de 800 en Adrogué, un número similar en Vicente López, etc. Se estimaba que de aproximadamente 700 mil abonados existentes en el país, 200 mil sufrían inconvenientes de distinta clase, la mitad estaban incomunicados.

El 12 de octubre, a pesar del feriado, los directivos empresarios recibieron a los representantes de los telefónicos. Encabezada por el Capitán Casanova se encontraba la plana mayor de la Empresa; por el lado de los trabajadores estuvieron José Vázquez, Pedro Valente, Héctor Andreatta, diego Pérez, Teobaldo Tombessi y Norma Ciorciari. También asistió el coronel Carlos Peralta, secretario general de la presidencia de la Nación. Este último ostentaba la representación del presidente, ya había estado junto a Aramburu en la reunión de Olivos y desde ese momento oficiaba de aval gubernamental de cuanto se decidiera. Diego Pérez me lo describió como un interlocutor muy amable, escuchaba con atención, tomaba nota de los planteos sindicales, “pero a la hora de la verdad repetía el mismo libreto que veníamos escuchando desde el principio”.

Esa reunión del 12 de octubre fue muy prolongada, empezó alrededor de las 17.30 y terminó cuando eran las 22. El ofrecimiento empresario fue de un 20 por ciento de aumento sobre la base de una mayor productividad, algo que estaba en línea con todo lo ofertado anteriormente y con la política salarial del gobierno. La propuesta era inaceptable porque se parecía más a una capitulación que a un acuerdo, para mantener la negociación los dirigentes obreros reclamaron que por lo menos se aumentara el porcentaje ofrecido. El gobierno especulaba con la angustia económica de los trabajadores, el último sueldo que habían cobrado era el de agosto, una remuneración ya de por sí reducida porque el convenio no había sido renovado desde principios de 1956. Con ese magro ingreso habían tenido que sostenerse durante todo septiembre y lo que ya iba de octubre, con objetividad los funcionarios del ministerio ni siquiera habrían necesitado escuchar las conversaciones telefónicas para saber que los empleados se encontraban en una situación límite.

Que el conflicto continuase sosteniéndose en condiciones tan adversas ya era una verdadera hazaña, desde un principio las provocaciones patronales habían sido muchas. El gobierno quería escarmentar a los telefónicos y a través de ellos a toda la clase trabajadora, el espionaje telefónico denunciado en la reunión con Aramburu tenía el doble objetivo de vigilar a los huelguistas y de mostrar ante los demás el estado de desesperación de aquellos. A pesar de eso las deserciones habían sido mínimas, los sectores obreros tenían una larga tradición de firmeza en los conflictos, pero la adhesión de administrativos y técnicos fue verdaderamente ejemplar. Juan Carlos romero me contó que en la división de ingeniería en la que él era delegado la participación fue de alrededor del 90 por ciento y se mantuvo prácticamente sin variantes hasta el final. “A algunos había que hablarles continuamente, pero cuando ya estuvimos todos jugados los que salieron a la huelga se mantuvieron firmes”. Por supuesto, no todo fue épica y ardor combativo, ya comenté con anterioridad que cuando la lucha se prolongaba y no se veía un éxito cercano algunos delegados le pidieron a Valente que levantara la huelga. Masitelli les reprochó duramente la “agachada”: “Cuando se sale a la lucha se gana o se pierde, pero nunca hay que tener miedo”.

A partir del lunes 14 se entró en el terreno de las definiciones. Esa noche el coronel Peralta se reunió con directivos de la empresa sin que se dieran a conocer detalles de lo tratado. En los días siguientes los representantes obreros tuvieron nuevos encuentros con la dirección empresaria y comenzó a hablarse de una propuesta que no sólo condicionaba el incremento salarial al establecimiento de horario discontinuo sino que debía extenderse la jornada de trabajo. Además los aumentos no alcanzarían a todos los telefónicos por igual, variarían entre un 5 y un 15 por ciento, sólo llegarían al 20 los que tuvieran una calificación especial. Una consecuencia de ese esquema sería la cesantía de unos 6.400 telefónicos.

El miércoles 16 el nuevo gerente general, teniente coronel retirado Carlos Humberto Farías, se reunió durante hora y media con Héctor Andreatta, Teobaldo Tombessi, Diego Pérez, Pedro Valente, José Vázquez y Norma Ciorciari. A continuación los dirigentes telefónicos mantuvieron otro encuentro de media hora con los integrantes del Consejo Directivo de la Empresa.

La propuesta empresaria estipulaba, entre otras cosas, horario optativo de 44 horas semanales en jornada discontinua; incluso esta modalidad quedaba sujeta a las posibilidades de implementarla en cada sector. Adecuación de los sueldos sobre la base de los nuevos horarios de trabajo, de la mayor producción y de la reducción proporcional del personal y las siguientes condiciones:

Remuneración proporcional al horario de trabajo

Implantación de un plan de estímulo a la producción y asistencia, consistente en un sistema de premios de hasta un 20 por ciento de acuerdo a la calificación mensual sobre la base de la eficiencia, contracción al trabajo, disciplina, asistencia y puntualidad.

Las condiciones anteriores implicaban una reducción del personal estimada en un 21 por ciento, por renuncia, jubilación u opción a indemnización por despido sujeta a las necesidades del servicio

Al día siguiente, jueves 17 de octubre, cuando se cumplía un mes de huelga, volvieron a reunirse los dirigentes sindicales con los directivos de la empresa. Tras el rechazo formal de la propuesta patronal los directivos empresarios dieron por terminadas las gestiones y se conminó a todo el personal a reintegrarse al trabajo de forma inmediata.

Esto ocurrió el mismo día en que el Ministerio de Trabajo distribuyó la declaración sobre lo decidido por el gobierno tras la reunión con Las 62 y Los 32.

Todos los caminos habían quedado cerrados, el presidente de la Nación no sólo se reunió con los ministros de Comunicaciones y Trabajo y Previsión, también lo hizo con directivos de la empresa dando un respaldo explícito a todo lo resuelto.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLV)

Últimas semanas (V)

Si me extendí en comentar la reunión del gobierno con los dirigentes de Las 62 Organizaciones y los 32 Gremios es porque allí se hizo una descripción de toda la política económica y social del equipo castrense. Al promediar el encuentro los ánimos estaban caldeados, Aramburu se sintió en la necesidad de decir que su gobierno era democrático y que todo sería más fácil “con dictadura, cuando una huelga se termina con 100 tanques en la calle y 300 tumbas, como se hace en Rusia o en Hungría”. Fue igualmente vehemente al justificar la reimplantación del estado de sitio: “Este estado de sitio establecido por el gobierno argentino no es contra los obreros ni mucho menos; es para aquellos que quieren subvertir el país, para los agitadores y los embanderados en cuestiones políticas inconfesables”. El argumento que usó a continuación parece casi atemporal porque se lo ha repetido cada vez que se impusieron sacrificios a los sectores obreros y populares. “El pueblo argentino ha vivido engañado en un standard de vida ficticio para venir a parar a la situación actual. No los hemos citado para tirarles rosas sino para decir la verdad cruel y dura, pero la verdad, para que todos sepamos en qué condición nos encontramos”.

Las palabras de Aramburu reflejaban malhumor, cuando March le preguntó si podrían hacer algunos comentarios sobre la exposición de los ministros le contestó que los representantes obreros ya habían sido escuchados durante cuatro horas; después moderó un poco la respuesta y dijo que podía escucharlos si tenían algo más para decir. El dirigente mercantil comenzó diciéndole que llevaban mucho tiempo pidiendo soluciones mientras el gobierno llevaba meses estudiando la respuesta: “tal vez la decisión llegue cuando sea demasiado tarde”. Recordó que más de un año antes, siendo ministro de trabajo Migone, le solicitaron la normalización de las cajas de jubilaciones; después lo hicieron con Aguirre Legarreta y volvieron a reiterar el reclamo ante Tristán Guevara. “Los jubilados civiles siguen esperando, mientras que se han aumentado las jubilaciones de policía, prefectura y otras fuerzas militares”. Por las dudas aclaró que no pedía que se rebajaran esos aumentos sino que se elevara la remuneración de todos los jubilados.

Las grandes diferencias que separaban a los dos nucleamientos sindicales se desdibujaron al enfrentar a los funcionarios del gobierno, en un pasaje de la discusión March, de Los 32, y Magdaleno, de Las 62, parecían haberse puesto de acuerdo para refutar a Cueto Rúa y a Krieger Vasena. El dirigente de los mercantiles volvió a sostener que la acusación de Magdaleno contra la Panificación era correcta, Krieger, exasperado, salió a respaldar a su compañero de gabinete, el representante de los panaderos comentó irónico que la compañía aludida no podría haberle ofrecido una coima millonaria si su balance hubiera sido tan deficitario. Este último comentario hizo que hasta el propio aramburu interviniera mostrando su enojo.

Después le tocó el turno al ministro de trabajo y su engendro limitando el derecho de huelga. Conciliación, arbitrajes forzosos y multas a los sindicatos eran medidas destinadas a quebrar los reclamos obreros. “¿Qué pasaría si a Krieger Vasena le tocara hacer de árbitro en el conflicto que desde 50 días atrás llevan adelante los obreros de Llauró, habiendo sido integrante del directorio de esa empresa?” La pregunta era sólo una hipótesis, pero mostraba las posibles complicidades entre gobierno y capitalistas enfrentando a los trabajadores.

De esa pregunta hipotética se pasó a un hecho concreto, el de los atropellos sufridos por los telefónicos. Se recordaron las oscuras maniobras empresarias, el empleo de la policía para desalojar las guardias dejadas por los dirigentes de FOETRA “que sabían lo que significaba para ese servicio de tanta importancia el abandono de sus tareas”. Fue entonces cuando March hizo una denuncia que es importante reproducir:

“Voy a hacer aquí una referencia que prueba que en lugar de avenirse a hallar bases de solución se estima que debe dejarse continuar el conflicto hasta que el hambre haga volver a sus lugares de trabajo a los compañeros telefónicos.

En presencia de algunas personas entre las que creo se encontraban ministros del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión, se hicieron escuchar ayer una comunicación telefónica intervenida en la que un telefónico decía a otro que se le estaba volviendo muy dura la situación y que iba a necesitar muy pronto los pesos para mantener a su familia”.

A partir de esas palabras daban por derrotados a los telefónicos. Por supuesto, ningún funcionario admitió que se hubiesen hecho escuchas ilegales, le reclamaron al dirigente mercantil que diera el nombre de su informante, pero éste dijo que se hacía cargo de lo que había denunciado y que no revelaría la identidad de quien le había proporcionado el dato.

Para mi trabajo sobre la huelga telefónica lo esencial de esa reunión ya fue dicho, sin embargo creo conveniente completar algo más. March rechazó la “incentivación” en los términos en que la presentaba el gobierno; primero se debía restablecer el poder adquisitivo de los salarios, luego congelar los precios y, posteriormente, acordar fórmulas de incremento de remuneración en relación con la productividad. Agregó que el pensamiento económico de los ministros era uno de los tantos posibles, que no era una verdad absoluta, y que los trabajadores pensaban de manera distinta. Con la aprobación de los dirigentes de Las 62 sostuvo que había coincidencia entre los sectores obreros en rechazar la política económica del gobierno, y por eso le proponían al presidente que la cambiara.

Fue más lejos todavía, equiparó esa reunión con una sesión parlamentaria, y dijo que en el parlamento francés existe el voto de desconfianza, por lo que reclamó a los ministros de Hacienda, de Comercio e Industria y de Trabajo y Previsión sus renuncias para que pasaran a ocupar esos lugares otros hombres con otras ideas.

Aramburu dijo irritado: “lamentablemente a esta reunión se han incorporado temas inaceptables y fuera de lugar”. Antes de que diera por finalizada la reunión March alcanzó a decirle que ellos tenían que informar a sus representados y que aquellos decidirían en definitiva. También el dirigente lucifuercista, Alberto Lema, adelantó su juicio crítico, pero pidió una copia de la versión taquigráfica para poder informar a sus compañeros.

Con posterioridad se citó a los dirigentes sindicales que habían estado en Casa de Gobierno para entregarles una declaración oficial. Concurrieron 3 por los 32 Gremios y 8 de las 62 Organizaciones, se los recibió separadamente en el ministerio de Trabajo el jueves 17, y más tarde el ministro Tristán Guevara reunió a los periodistas para entregarles la misma declaración.

Visto a la distancia casi parece una provocación al peronismo que esa declaración tuviera fecha del 17 de octubre. Al margen de ello, la resolución gubernamental ratificó la política económica y social que se venía desarrollando, rechazó los aumentos de salarios reclamados por los trabajadores, insistió con la propuesta de incremento en las remuneraciones sobre la base de una mayor productividad, prometió un futuro venturoso e informó que dos días antes funcionarios del gobierno se habían reunido con representantes del comercio y la industria para comprometerlos en una orientación similar.

En el documento se informó que se tomaría en cuenta algunas de las objeciones hechas al decreto que reglamentaba el derecho de huelga, pero como esa herramienta de lucha era un recurso último ante situaciones límite, reclamó el levantamiento de los paros previstos con fechas definidas o a definirse.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLIV)

Últimas semanas (IV)

En las últimas notas hablé de la reunión que los dos grandes nucleamientos que se habían formado al fracturarse el Congreso de la CGT, Las 62 Organizaciones y Los 32 Gremios, mantuvieron con Aramburu en Casa de Gobierno. En realidad no fue una sino dos reuniones, la primera se produjo el jueves 10 de octubre y al día siguiente se realizó la segunda. Todavía hubo un tercer encuentro, pero ese fue mucho más breve y acotado, ya no fue con Aramburu sino con el ministro de trabajo para recibir la respuesta oficial al planteo de los trabajadores.

Esencialmente la nota anterior estuvo dedicada a la intervención de Norma Ciorciari cuando expuso el conflicto de los telefónicos. Ella fue una de las primeras en hacer uso de la palabra junto a varios representantes sindicales que describieron la situación angustiosa de los trabajadores del país e insistieron en la necesidad de un aumento general de salarios. La pérdida del poder adquisitivo tras el virtual congelamiento de las remuneraciones y el incesante incremento de precios era una realidad que afectaba a todos los asalariados. El dirigente gráfico Riego Rivas lo había dicho muy claramente, desde febrero del año anterior hasta ese momento el retroceso había sido del 30 por ciento. Más adelante el representante de UTA, Miguel Tarullas, mostró un cuadro con los brutales aumentos de precios en productos esenciales. Conde Magdaleno, de panaderos, se refirió a las ganancias extraordinarias de las empresas; y Alberto Lema, de Luz y Fuerza, lo mismo que el mercantil Armando March, sostuvieron que la exigencia de mayor productividad era imposible de cumplir en muchos sectores laborales.

El encuentro se prolongó casi cuatro horas, según lo dijo el mismo Aramburu al dar por terminada la reunión del día 10, pero sólo fue un paréntesis hasta el día siguiente cuando continuaron las deliberaciones, esta vez con los funcionarios gubernamentales como expositores principales.

El viernes Aramburu abrió el encuentro dando la palabra al ministro de Comercio e Industria, Julio César Cueto Rúa, un jurista habilidoso que cinco años después sería candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Unión Conservadora. Cueto Rúa argumentó con el libreto liberal tradicional: el ajuste era imprescindible para sanear la economía, también lo era incentivar a los dueños de la tierra para que produjeran con destino a la exportación. No se debía poner trabas a la capitalización de las empresas privadas porque necesitaban de esas divisas para comprar maquinarias y equipamientos que permitirían modernizar las industrias y aumentar la producción. En la misma línea defendió el Recorte drástico en los subsidios al consumo popular, rechazó el estatismo y el intervencionismo, admitió que teóricamente el estado podía hacerse cargo de algunas ramas de la producción, pero rechazó esa posibilidad. Como frutilla del postre definió a Estados Unidos como país modelo del mundo occidental.

El día anterior Tarullas, dirigente del transporte alineado en las 62 Organizaciones, había presentado un cuadro con los aumentos de precios en productos de consumo popular, Cueto Rúa intentó refutarlo con datos estadísticos oficiales; seguramente no esperaba que March, el mercantil enrolado en los 32 Gremios, le saliera al cruce diciéndole que los precios que mostraba el ministro no eran los que pagaban los trabajadores en los comercios del barrio. Si el gobierno esperaba encontrar actitudes complacientes en Los 32 para atacar a Las 62, se equivocó; en varios pasajes de la reunión las coincidencias entre los dos nucleamientos fueron manifiestas, después cada sector seguiría con su propia política, pero allí ninguno se hizo cómplice de los planteos gubernamentales. El ministro no tuvo mejor suerte cuando quiso desmentir a Conde Magdaleno, el dirigente de los panaderos que formaba parte de Las 62, cuando le dijo que su afirmación sobre ganancias exorbitantes por parte de Panificación Argentina no se correspondía con lo que decían los balances. También allí intervino March señalando que un año antes la misma compañía había mostrado como ganancia lo que al año siguiente aparecería como pérdida.

El poder adquisitivo de los salarios llevaba un año y medio de retroceso continuo, pero la única solución propuesta por Cueto Rúa para aumentarlos era que, previamente, se aumentara la producción, ya fuera produciendo más durante la jornada de trabajo (trabajo incentivado) o extendiéndola jornada laboral. En uno u otro caso se trataba de plusvalía extraordinaria porque el congelamiento o control de precios no estaba en el ideario del gobierno. En ese sentido el gabinete era muy homogéneo, el ministro de hacienda era Adalbert Krieger Vasena, quien volvería a ocupar el mismo cargo con el dictador Juan Carlos Onganía. Cuando el bancario Augusto Guibourg se manifestó contra la devaluación del salario diciendo “No es justo salir de la crisis mediante el hambre del trabajador”, tanto Krieger como cueto Rúa polemizaron con él.

A esa altura del encuentro los ánimos estaban caldeados, cuando Conde Magdaleno recordó que el día anterior había pedido aclaración al ministro de trabajo sobre la restricción del derecho de huelga, fue el propio Aramburu quien salió a responderle. Dijo que había países donde ese derecho estaba totalmente prohibido; ejemplificó con Rusia, tal vez porque Magdaleno había sido agregado laboral en la Unión Soviética durante el gobierno peronista. Después agregó que las críticas que se hacían a las regulaciones establecidas por su gobierno eran totalmente infundadas. Lema, de Luz y Fuerza, lamentó no tener en ese momento el estudio realizado por su organización mostrando lo nefasto de la reglamentación gubernamental; y agregó que ese análisis había sido llevado a Santa Fe para ponerlo a consideración de la Asamblea constituyente. Picado en su amor propio el ministro de trabajo dijo que le agradaría conocer ese estudio. Después aludió a huelgas resueltas sin cumplir con los procedimientos estatutarios, y a otras en servicios públicos que no se proponía enumerar porque la reunión ya se había prolongado tal vez demasiado.

Podía estarse refiriendo a la huelga de los telefónicos, aunque también telegrafistas, ferroviarios, lucifuercistas y otros trabajadores de servicios públicos habían estado en conflicto. Dijo: “Un movimiento de fuerza contra un servicio público tiene que ser provocado por una situación realmente extraordinaria, realmente grave”. Uno de los asistentes al encuentro le pidió hacer una aclaración, pero Tristán Guevara le respondió ofuscado que primero lo escuchara a él y que luego lo escucharía. Después agregó que la huelga es un medio violento de lucha al cual no se puede acudir sino en caso de extrema necesidad. “Hay que establecer un mecanismo legal que impida abusos. La huelga debe ser con abandono total del lugar de trabajo, que desaparezca esa forma tan perniciosa del trabajo a desgano, del trabajo a reglamento o con permanencia en el lugar de trabajo”.

Todo lo dicho hasta ese momento calzaba como un guante al conflicto de los telefónicos: los salarios se encontraban congelados desde el año anterior, los incesantes aumentos de precios lo habían devaluado a un nivel inadmisible, la propuesta gubernamental era extender y desdoblar la jornada de trabajo, cualquier reclamo laboral debía pasar por el tortuoso camino del arbitraje obligatorio y el cercenamiento del derecho de huelga; pero todavía había más.