Últimas semanas (V)
Si me extendí en comentar la reunión del gobierno con los
dirigentes de Las 62 Organizaciones y los 32 Gremios es porque allí
se hizo una descripción de toda la política económica y social del
equipo castrense. Al promediar el encuentro los ánimos estaban
caldeados, Aramburu se sintió en la necesidad de decir que su
gobierno era democrático y que todo sería más fácil “con
dictadura, cuando una huelga se termina con 100 tanques en la calle y
300 tumbas, como se hace en Rusia o en Hungría”. Fue igualmente
vehemente al justificar la reimplantación del estado de sitio: “Este
estado de sitio establecido por el gobierno argentino no es contra
los obreros ni mucho menos; es para aquellos que quieren subvertir el
país, para los agitadores y los embanderados en cuestiones políticas
inconfesables”. El argumento que usó a continuación parece casi
atemporal porque se lo ha repetido cada vez que se impusieron
sacrificios a los sectores obreros y populares. “El pueblo
argentino ha vivido engañado en un standard de vida ficticio para
venir a parar a la situación actual. No los hemos citado para
tirarles rosas sino para decir la verdad cruel y dura, pero la
verdad, para que todos sepamos en qué condición nos encontramos”.
Las palabras de Aramburu reflejaban malhumor, cuando March le
preguntó si podrían hacer algunos comentarios sobre la exposición
de los ministros le contestó que los representantes obreros ya
habían sido escuchados durante cuatro horas; después moderó un
poco la respuesta y dijo que podía escucharlos si tenían algo más
para decir. El dirigente mercantil comenzó diciéndole que llevaban
mucho tiempo pidiendo soluciones mientras el gobierno llevaba meses
estudiando la respuesta: “tal vez la decisión llegue cuando sea
demasiado tarde”. Recordó que más de un año antes, siendo
ministro de trabajo Migone, le solicitaron la normalización de las
cajas de jubilaciones; después lo hicieron con Aguirre Legarreta y
volvieron a reiterar el reclamo ante Tristán Guevara. “Los
jubilados civiles siguen esperando, mientras que se han aumentado las
jubilaciones de policía, prefectura y otras fuerzas militares”.
Por las dudas aclaró que no pedía que se rebajaran esos aumentos
sino que se elevara la remuneración de todos los jubilados.
Las grandes diferencias que separaban a los dos nucleamientos
sindicales se desdibujaron al enfrentar a los funcionarios del
gobierno, en un pasaje de la discusión March, de Los 32, y
Magdaleno, de Las 62, parecían haberse puesto de acuerdo para
refutar a Cueto Rúa y a Krieger Vasena. El dirigente de los
mercantiles volvió a sostener que la acusación de Magdaleno contra
la Panificación era correcta, Krieger, exasperado, salió a
respaldar a su compañero de gabinete, el representante de los
panaderos comentó irónico que la compañía aludida no podría
haberle ofrecido una coima millonaria si su balance hubiera sido tan
deficitario. Este último comentario hizo que hasta el propio
aramburu interviniera mostrando su enojo.
Después le tocó el turno al ministro de trabajo y su engendro
limitando el derecho de huelga. Conciliación, arbitrajes forzosos y
multas a los sindicatos eran medidas destinadas a quebrar los
reclamos obreros. “¿Qué pasaría si a Krieger Vasena le tocara
hacer de árbitro en el conflicto que desde 50 días atrás llevan
adelante los obreros de Llauró, habiendo sido integrante del
directorio de esa empresa?” La pregunta era sólo una hipótesis,
pero mostraba las posibles complicidades entre gobierno y
capitalistas enfrentando a los trabajadores.
De esa pregunta hipotética se pasó a un hecho concreto, el de los
atropellos sufridos por los telefónicos. Se recordaron las oscuras
maniobras empresarias, el empleo de la policía para desalojar las
guardias dejadas por los dirigentes de FOETRA “que sabían lo que
significaba para ese servicio de tanta importancia el abandono de sus
tareas”. Fue entonces cuando March hizo una denuncia que es
importante reproducir:
“Voy a hacer aquí una referencia que prueba que en lugar de
avenirse a hallar bases de solución se estima que debe dejarse
continuar el conflicto hasta que el hambre haga volver a sus lugares
de trabajo a los compañeros telefónicos.
En presencia de algunas personas entre las que creo se encontraban
ministros del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios del Ministerio
de Trabajo y Previsión, se hicieron escuchar ayer una comunicación
telefónica intervenida en la que un telefónico decía a otro que se
le estaba volviendo muy dura la situación y que iba a necesitar muy
pronto los pesos para mantener a su familia”.
A partir de esas palabras daban por derrotados a los telefónicos.
Por supuesto, ningún funcionario admitió que se hubiesen hecho
escuchas ilegales, le reclamaron al dirigente mercantil que diera el
nombre de su informante, pero éste dijo que se hacía cargo de lo
que había denunciado y que no revelaría la identidad de quien le
había proporcionado el dato.
Para mi trabajo sobre la huelga telefónica lo esencial de esa
reunión ya fue dicho, sin embargo creo conveniente completar algo
más. March rechazó la “incentivación” en los términos en que
la presentaba el gobierno; primero se debía restablecer el poder
adquisitivo de los salarios, luego congelar los precios y,
posteriormente, acordar fórmulas de incremento de remuneración en
relación con la productividad. Agregó que el pensamiento económico
de los ministros era uno de los tantos posibles, que no era una
verdad absoluta, y que los trabajadores pensaban de manera distinta.
Con la aprobación de los dirigentes de Las 62 sostuvo que había
coincidencia entre los sectores obreros en rechazar la política
económica del gobierno, y por eso le proponían al presidente que la
cambiara.
Fue más lejos todavía, equiparó esa reunión con una sesión
parlamentaria, y dijo que en el parlamento francés existe el voto de
desconfianza, por lo que reclamó a los ministros de Hacienda, de
Comercio e Industria y de Trabajo y Previsión sus renuncias para que
pasaran a ocupar esos lugares otros hombres con otras ideas.
Aramburu dijo irritado: “lamentablemente a esta reunión se han
incorporado temas inaceptables y fuera de lugar”. Antes de que
diera por finalizada la reunión March alcanzó a decirle que ellos
tenían que informar a sus representados y que aquellos decidirían
en definitiva. También el dirigente lucifuercista, Alberto Lema,
adelantó su juicio crítico, pero pidió una copia de la versión
taquigráfica para poder informar a sus compañeros.
Con posterioridad se citó a los dirigentes sindicales que habían
estado en Casa de Gobierno para entregarles una declaración oficial.
Concurrieron 3 por los 32 Gremios y 8 de las 62 Organizaciones, se
los recibió separadamente en el ministerio de Trabajo el jueves 17,
y más tarde el ministro Tristán Guevara reunió a los periodistas
para entregarles la misma declaración.
Visto a la distancia casi parece una provocación al peronismo que
esa declaración tuviera fecha del 17 de octubre. Al margen de ello,
la resolución gubernamental ratificó la política económica y
social que se venía desarrollando, rechazó los aumentos de salarios
reclamados por los trabajadores, insistió con la propuesta de
incremento en las remuneraciones sobre la base de una mayor
productividad, prometió un futuro venturoso e informó que dos días
antes funcionarios del gobierno se habían reunido con representantes
del comercio y la industria para comprometerlos en una orientación
similar.
En el documento se informó que se tomaría en cuenta algunas de las
objeciones hechas al decreto que reglamentaba el derecho de huelga,
pero como esa herramienta de lucha era un recurso último ante
situaciones límite, reclamó el levantamiento de los paros previstos
con fechas definidas o a definirse.
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