Últimas semanas (VIII)
La dictadura quería quebrar la resistencia de los telefónicos,
impedirles un repliegue honorable, rendirlos por hambre. En cierto
modo era impotente para imponer su voluntad, aunque el estado de
sitio estaba vigente prácticamente desde principio de octubre en la
zona más neurálgica del conflicto no había conseguido frenar los
deterioros del servicio. Políticamente los resultados también le
habían sido adversos cuando tanto Las 62 Organizaciones como los 32
Gremios se habían unido en el apoyo a los trabajadores en huelga.
Podía mostrar su poder (como lo hizo) impidiendo que los telefónicos
de Buenos Aires hicieran su asamblea, pero era una muestra más de
prepotencia castrense.
Habían pasado diez días desde la intimación
empresario-gubernamental y la inmensa mayoría de los huelguistas
seguían sin doblegarse. En una solicitada publicada el lunes 28 de
octubre FOETRA denunciaba que había querido consultar a sus bases
sobre la propuesta empresaria, todos los sindicatos del interior
pudieron realizar las asambleas, pero el sindicato Buenos Aires, que
nucleaba aproximadamente al 50 por ciento de los telefónicos, no
consiguió el permiso policial para reunirse.
“Evidentemente es más fácil seguir insistiendo por radio y los
diarios que los dirigentes se oponen a la solución del conflicto que
permitir una expresión rotunda y soberana del gremio sobre la
propuesta. No habrá solución al conflicto telefónico hasta tanto
cada uno y todos los afiliados expresen libremente su opinión.
Pretender terminar el diferendo por el reintegro “en masa” del
personal vencido por el hambre, es un sueño que sólo aquellos que
están muy lejos de la realidad pueden acariciar”.
Un titular periodístico de esos días resultaba engañoso: “El
gremio telefónico de Rosario aceptó la propuesta patronal”. Al
entrar en la noticia podía leerse que en la asamblea realizada en el
local de La Fraternidad habían participado un millar y medio de
trabajadores; unánimemente resolvieron aceptar sólo dos puntos de
la propuesta, uno referido a un incremento salarial como premio a una
mayor producción y asistencia, y otro que establecía el aumento del
salario familiar al igualarlo con el que se cobraba en la actividad
privada. Sobre el resto de los puntos se dio mandato para que fuesen
tratados en Comisión paritaria y que el Secretariado Nacional
levantase el estado de huelga cuando lo considerase oportuno. Para
esto último era indispensable la restitución de la personería
gremial y que no se tomasen represalias contra el personal.
La asamblea realizada en Córdoba fue también categórica, no sólo
rechazó el ofrecimiento de la Empresa sino que decidió la
continuación de la huelga. En Buenos Aires los trabajadores no se
pudieron reunir en asamblea general, pero a las asambleas zonales
asistieron casi diez mil que ratificaron su decisión de continuar
con la lucha. En la asamblea de los telefónicos platenses
participaron un millar de afiliados, se aprobaron un par de puntos de
la propuesta empresaria pero se rechazó la modificación de la
jornada de trabajo y que el arreglo del conflicto implicara la
reducción de personal.
En general los grandes sindicatos se mantuvieron firmes, en Mar del
Plata la Empresa consiguió que una parte de los afiliados desertaran
apenas producida la intimación; a la semana siguiente el resto de
ese sindicato terminó sumándose a los que volvieron al trabajo.
Bahía Blanca, General Pico y La Pampa siguieron esos pasos,
levantaron la huelga sin esperar lo que resolvieran los demás
telefónicos del país.
Mientras la Empresa seguía informando que el reintegro al trabajo
iba en aumento, la Federación comunicó que en Buenos Aires sobre un
total de 14.400 trabajadores habían vuelto al trabajo 1.136 y que se
mantenían en huelga 13.264. En el interior, sobre un total de 11.548
volvieron al trabajo 1.624 y seguían en huelga 9.924.
Iban y venían las cifras, extraoficialmente la Empresa informaba que
150 huelguistas rosarinos disconformes con lo resuelto en la Asamblea
se habían reintegrado al trabajo. Por su parte la filial local de
FOETRA sostuvo que la huelga se mantenía a pesar de algunas
deserciones mínimas, sólo el 8,6 por ciento del personal retornó
al trabajo.
La guerra de los comunicados formaba parte del conflicto, cada uno de
los bandos en pugna se atribuía éxitos y, sobre todo, tener la
razón de su lado. La política gubernamental descargaba penurias
sobre la mayor parte de la población, pero la propaganda oficial
podía hablar de derroches demagógicos en el pasado, de pesadas
herencias y poner de su lado a los ingenuos y a los nada ingenuos.
Estaban los que creían porque era fácil creer, y los que
encontraban buenas razones para reforzar su odio clasista. Aramburu
lo había dicho en la reunión del 11 de octubre con los dirigentes
sindicales: “El pueblo argentino ha vivido engañado en un standard
de vida ficticio para venir a parar a la situación actual”. Según
el golpista a cargo del gobierno la ficción demagógica había
terminado, los trabajadores debían reducir sus pretensiones,
trabajar y producir más, en algún momento se derramarían sobre
ellos las riquezas.
Pero dos semanas después de cortadas las tratativas por parte de la
Empresa, los trabajadores seguían resistiendo. Los planteles
carentes de mantenimiento se caían a pedazos, los sabotajes reales e
inventados contribuían al deterioro general. La información
periodística del jueves 31 de octubre hablaba de otros 73 cables
dañados, la única precisión era que todos estaban en el área de
Buenos Aires y suburbios. Para infundir cierta dosis de optimismo un
funcionario hizo crecer el porcentaje de los reintegrados al trabajo,
sin brindar su nombre dijo que ya era un 50 por ciento los
huelguistas que habían abandonado la lucha. Sin embargo las
comunicaciones que dependían de operadoras seguían igual o peor que
en las semanas de más agudo conflicto
El discurso triunfalista chocaba con la realidad, no parecía que la
victoria fuese mejor que la de Pirro contra los romanos. Aquel había
perdido tantos hombres para derrotar a sus enemigos que se le
atribuye haber dicho: “Otra victoria como esta y volveré solo a
casa”.
En el caso del conflicto telefónico las bajas se medían en
abonados; al comenzar noviembre la información más o menos oficiosa
reconocía 230 mil teléfonos incomunicados en todo el país, de
ellos 180 mil correspondían a Capital y suburbios. Estos números
son para tomar con pinzas, son los que aparecían en los diarios y no
eran desmentidos por el gobierno, probablemente fueran los propios
funcionarios quienes los facilitaran. Si los damos por ciertos, el
triunfo empresario-castrense sobre los telefónicos tenía un costo
enorme, para doblegar la resistencia de quienes reclamaban una
remuneración justa no se vacilaba en dejar sin un servicio esencial
a un tercio de los abonados del país.
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