Últimas semanas (IV)
En las últimas notas hablé de la reunión que los dos grandes
nucleamientos que se habían formado al fracturarse el Congreso de la
CGT, Las 62 Organizaciones y Los 32 Gremios, mantuvieron con Aramburu
en Casa de Gobierno. En realidad no fue una sino dos reuniones, la
primera se produjo el jueves 10 de octubre y al día siguiente se
realizó la segunda. Todavía hubo un tercer encuentro, pero ese fue
mucho más breve y acotado, ya no fue con Aramburu sino con el
ministro de trabajo para recibir la respuesta oficial al planteo de
los trabajadores.
Esencialmente la nota anterior estuvo dedicada a la intervención de
Norma Ciorciari cuando expuso el conflicto de los telefónicos. Ella
fue una de las primeras en hacer uso de la palabra junto a varios
representantes sindicales que describieron la situación angustiosa
de los trabajadores del país e insistieron en la necesidad de un
aumento general de salarios. La pérdida del poder adquisitivo tras
el virtual congelamiento de las remuneraciones y el incesante
incremento de precios era una realidad que afectaba a todos los
asalariados. El dirigente gráfico Riego Rivas lo había dicho muy
claramente, desde febrero del año anterior hasta ese momento el
retroceso había sido del 30 por ciento. Más adelante el
representante de UTA, Miguel Tarullas, mostró un cuadro con los
brutales aumentos de precios en productos esenciales. Conde
Magdaleno, de panaderos, se refirió a las ganancias extraordinarias
de las empresas; y Alberto Lema, de Luz y Fuerza, lo mismo que el
mercantil Armando March, sostuvieron que la exigencia de mayor
productividad era imposible de cumplir en muchos sectores laborales.
El encuentro se prolongó casi cuatro horas, según lo dijo el mismo
Aramburu al dar por terminada la reunión del día 10, pero sólo fue
un paréntesis hasta el día siguiente cuando continuaron las
deliberaciones, esta vez con los funcionarios gubernamentales como
expositores principales.
El viernes Aramburu abrió el encuentro dando la palabra al ministro
de Comercio e Industria, Julio César Cueto Rúa, un jurista
habilidoso que cinco años después sería candidato a gobernador de
la provincia de Buenos Aires por la Unión Conservadora. Cueto Rúa
argumentó con el libreto liberal tradicional: el ajuste era
imprescindible para sanear la economía, también lo era incentivar a
los dueños de la tierra para que produjeran con destino a la
exportación. No se debía poner trabas a la capitalización de las
empresas privadas porque necesitaban de esas divisas para comprar
maquinarias y equipamientos que permitirían modernizar las
industrias y aumentar la producción. En la misma línea defendió el
Recorte drástico en los subsidios al consumo popular, rechazó el
estatismo y el intervencionismo, admitió que teóricamente el estado
podía hacerse cargo de algunas ramas de la producción, pero rechazó
esa posibilidad. Como frutilla del postre definió a Estados Unidos
como país modelo del mundo occidental.
El día anterior Tarullas, dirigente del transporte alineado en las
62 Organizaciones, había presentado un cuadro con los aumentos de
precios en productos de consumo popular, Cueto Rúa intentó
refutarlo con datos estadísticos oficiales; seguramente no esperaba
que March, el mercantil enrolado en los 32 Gremios, le saliera al
cruce diciéndole que los precios que mostraba el ministro no eran
los que pagaban los trabajadores en los comercios del barrio. Si el
gobierno esperaba encontrar actitudes complacientes en Los 32 para
atacar a Las 62, se equivocó; en varios pasajes de la reunión las
coincidencias entre los dos nucleamientos fueron manifiestas,
después cada sector seguiría con su propia política, pero allí
ninguno se hizo cómplice de los planteos gubernamentales. El
ministro no tuvo mejor suerte cuando quiso desmentir a Conde
Magdaleno, el dirigente de los panaderos que formaba parte de Las 62,
cuando le dijo que su afirmación sobre ganancias exorbitantes por
parte de Panificación Argentina no se correspondía con lo que
decían los balances. También allí intervino March señalando que
un año antes la misma compañía había mostrado como ganancia lo
que al año siguiente aparecería como pérdida.
El poder adquisitivo de los salarios llevaba un año y medio de
retroceso continuo, pero la única solución propuesta por Cueto Rúa
para aumentarlos era que, previamente, se aumentara la producción,
ya fuera produciendo más durante la jornada de trabajo (trabajo
incentivado) o extendiéndola jornada laboral. En uno u otro caso se
trataba de plusvalía extraordinaria porque el congelamiento o
control de precios no estaba en el ideario del gobierno. En ese
sentido el gabinete era muy homogéneo, el ministro de hacienda era
Adalbert Krieger Vasena, quien volvería a ocupar el mismo cargo con
el dictador Juan Carlos Onganía. Cuando el bancario Augusto Guibourg
se manifestó contra la devaluación del salario diciendo “No es
justo salir de la crisis mediante el hambre del trabajador”, tanto
Krieger como cueto Rúa polemizaron con él.
A esa altura del encuentro los ánimos estaban caldeados, cuando
Conde Magdaleno recordó que el día anterior había pedido
aclaración al ministro de trabajo sobre la restricción del derecho
de huelga, fue el propio Aramburu quien salió a responderle. Dijo
que había países donde ese derecho estaba totalmente prohibido;
ejemplificó con Rusia, tal vez porque Magdaleno había sido agregado
laboral en la Unión Soviética durante el gobierno peronista.
Después agregó que las críticas que se hacían a las regulaciones
establecidas por su gobierno eran totalmente infundadas. Lema, de Luz
y Fuerza, lamentó no tener en ese momento el estudio realizado por
su organización mostrando lo nefasto de la reglamentación
gubernamental; y agregó que ese análisis había sido llevado a
Santa Fe para ponerlo a consideración de la Asamblea constituyente.
Picado en su amor propio el ministro de trabajo dijo que le agradaría
conocer ese estudio. Después aludió a huelgas resueltas sin cumplir
con los procedimientos estatutarios, y a otras en servicios públicos
que no se proponía enumerar porque la reunión ya se había
prolongado tal vez demasiado.
Podía estarse refiriendo a la huelga de los telefónicos, aunque
también telegrafistas, ferroviarios, lucifuercistas y otros
trabajadores de servicios públicos habían estado en conflicto.
Dijo: “Un movimiento de fuerza contra un servicio público tiene
que ser provocado por una situación realmente extraordinaria,
realmente grave”. Uno de los asistentes al encuentro le pidió
hacer una aclaración, pero Tristán Guevara le respondió ofuscado
que primero lo escuchara a él y que luego lo escucharía. Después
agregó que la huelga es un medio violento de lucha al cual no se
puede acudir sino en caso de extrema necesidad. “Hay que establecer
un mecanismo legal que impida abusos. La huelga debe ser con abandono
total del lugar de trabajo, que desaparezca esa forma tan perniciosa
del trabajo a desgano, del trabajo a reglamento o con permanencia en
el lugar de trabajo”.
Todo lo dicho hasta ese momento calzaba como un guante al conflicto
de los telefónicos: los salarios se encontraban congelados desde el
año anterior, los incesantes aumentos de precios lo habían
devaluado a un nivel inadmisible, la propuesta gubernamental era
extender y desdoblar la jornada de trabajo, cualquier reclamo laboral
debía pasar por el tortuoso camino del arbitraje obligatorio y el
cercenamiento del derecho de huelga; pero todavía había más.
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