1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXIX)

Huelga general

Después de muchas negociaciones infructuosas reclamando aumento de sueldo y reincorporación de cesantes, los telefónicos iniciaron paros progresivos el martes 27 de agosto. Durante tres semanas las medidas de fuerza fueron en aumento, el gobierno dictatorial que al mismo tiempo era el empleador principal se mantuvo inflexible. Al cumplirse el segundo aniversario del golpe de estado se anunció que las fuerzas armadas se harían cargo de la custodia de los edificios telefónicos, y el martes 17 de septiembre no sólo se ocuparon militarmente las instalaciones sino que comenzaron los arrestos masivos de trabajadores.

Las detenciones que se iniciaron el día martes con la ocupación de la Repetidora de Adrogué continuaron en la noche y durante el día siguiente. Sobre esos hechos, la información periodística fue bastante minuciosa.

“El juez nacional en lo penal especial, Dr. Ovidio Fernández Alonso, dispuso autorizar por la secretaría del Dr. Benito Yúdice, que la Policía Federal procediera al allanamiento de los domicilios y detención de unos 170 empleados telefónicos por considerarlos incursos en las penalidades previstas por el artículo 197 del código penal, que reprime los atentados contra los medios de transporte y comunicaciones. En cuanto a la lista de los detenidos, a los cuales se aloja en el Departamento Central de Policía, fue confeccionada por el Ministerio de Comunicaciones y remitida por la Policía Federal al juez Fernández Alonso, a fin de que el magistrado facultara su intervención”.

Entre los numerosos detenidos se encontraba el Secretario General de FOETRA, Héctor Andreatta, apresado en la localidad de San Isidro. Cuando le pregunté a Diego Pérez quiénes eran los miembros del Secretariado que habían sido detenidos me comentó:

“Si mal no recuerdo, fueron Andreatta, Pravisani y Piacentini. Las cosas ocurrieron así.

Los compañeros de la repetidora de Adrogué fueron detenidos a las 5 de la tarde. Nosotros creo que nos enteramos recién a las 7. Después siguieron llegando noticias de otras detenciones y, después de las 10 de la noche es cuando le mandamos el telegrama a la Empresa intimándola para que dejaran en libertad a todos los compañeros o nos íbamos a declarar en huelga general a partir de las 8 de la mañana. Después de eso, y para que no metieran preso a todo el Secretariado, les dijimos a Pravisani y Piacentini que se fueran para el sindicato Standard Electric, en San Isidro. Tombessi se fue para La Plata y Dopazo también se fue afuera. Y en Ambrosetti nos quedamos Andreatta y yo.

A eso de las 6 se concentraron frente al local los compañeros de los talleres de la calle Hidalgo que venían a averiguar que noticias había. Les dijimos que habíamos declarado la huelga general a partir de las 8 y, después que ellos se fueron, Andreatta se fue para San Isidro a dormir un rato. Yo me quedé una hora más, pero, como no pasaba nada, les dije a los muchachos que me iba a dormir a casa. Me acuerdo que uno de ellos me dijo si estaba loco, porque en mi casa ya debía estar esperando la policía. Entonces me fui a la casa de mi hermana. El compañero tenía razón, esa noche fueron dos veces a la casa de mis viejos, que es donde yo vivía.

Serían las 2 de la tarde cuando estaba volviendo para Ambrosetti 134. Unos compañeros me paran en José María Moreno y Rivadavia y me preguntan a dónde iba. Cuando les dije que iba para la federación me contaron que a eso de las 8 y media había caído la cana y se los había llevado presos a todos. En realidad en Ambrosetti no hubo ningún detenido.

Los fondos de la Federación daban con los de una casa que tenía salida por Acoyte. Cuando llegó la policía todos los que estaban dentro (las compañeras administrativas que entraban a las 7 de la mañana y algún compañero con permiso gremial) saltaron la pared y se escaparon por detrás. Hay que decir que algunos policías eran bastante tolerantes. Muchos debían ser peronistas, y si podían hacer la vista gorda, lo hacían.”

El paro por tiempo indeterminado, que debía cumplirse en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, se hizo extensivo a todo el país como consecuencia del apresamiento de los dirigentes del nivel nacional. Y para que no quedara ninguna duda respecto a la disposición combativa de los telefónicos, el Sindicato Buenos Aires dio a conocer un comunicado que en su parte resolutiva señalaba:

“La huelga general se mantendrá hasta que hayan desaparecido las causas que la determinaron, debiéndose impartir la orden de levantamiento únicamente por las autoridades de la Federación o el Sindicato, previa aclaración de las razones que motiven dicho levantamiento”.

El comunicado, firmado por Pedro Valente y Norberto Espínola, informaba que se contemplaba la formación de subcomités de huelga en todos los lugares de trabajo.

Al mismo tiempo las muestras de solidaridad con los trabajadores telefónicos siguieron aumentando. El secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica dispuso la realización de un paro de 15 minutos (de 9 a 9,15, de 15 a 15,15 y de 24 a 0,15), mientras manifestaban su adhesión la Asociación Bancaria (Regional Buenos Aires), la Federación de vendedores de Diarios, Revistas y Afines, y el Sindicato Unido Petroleros del Estado. También expresaron su apoyo solidario la Comisión de Acción Política de la Unión Cívica Radical Intransigente y el Dr. Alfredo Palacios, diputado constituyente por el Partido Socialista. La Comisión de Acción Política de la UCRI, que recibió a los representantes telefónicos y repudió las detenciones, estaba presidida por el Dr. Alejandro Gómez, futuro vicepresidente de la Nación.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXVIII)

Tres primeras semanas (VI)

Era una fecha muy especial; se cumplían dos años del golpe de estado y el gobierno de facto quería seguir mostrando que era tan duro como el primer día. Tal vez por eso, además de las declaraciones conmemorativas de las principales figuras del gobierno, hacia la noche se anunció que las fuerzas armadas se harían cargo de la custodia de todas las oficinas y edificios telefónicos “con el fin de asegurar la normal prestación de los servicios y, a la vez, garantizar la libertad de trabajo”.

Según recuerda Diego Pérez, “hubo cédulas emitidas por el Ministerio de Guerra movilizando al personal de mantenimiento (especialmente a Interior, Revisadores y Conservación Cables).

Se llegó así al 17 de septiembre. Tuerzas del ejército ocuparon la Repetidora de Adrogué a las 17 horas de ese día, apresando a todos los trabajadores que se encontraban en el lugar. A medida que pasaron las horas se conocieron las detenciones masivas, en su lugar de trabajo o domicilio, de delegados, colaboradores y afiliados activos, sin ninguna discriminación. Las primeras cifras indicaban que 170 trabajadores habían sido privados de su libertad.

Por eso el Secretariado Nacional emplazó al Poder Ejecutivo para que dejara en libertad a los detenidos, en caso contrario se declararía la huelga general por tiempo indeterminado a partir de las 8 horas del día siguiente. La contestación del gobierno fue suspender la personería gremial de FOETRA y reprimir las concentraciones públicas de los trabajadores telefónicos”.

Ese martes 17 se reunió el Concejo de Administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y, “tras examinar la situación del conflicto telefónico y las medidas de seguridad adoptadas por el Poder Ejecutivo”, dictó una resolución intimando al personal a “reintegrarse a sus tareas a partir de las 0 horas del día 19”. El incumplimiento de esa exhortación haría pasible al personal de las sanciones de “suspensión, cesantía o exoneración, como mejor corresponda”. Paralelamente, el ministro de comunicaciones informó que había solicitado al Ministerio de Trabajo y Previsión, el retiro de la personería gremial de FOETRA.

Pero los anuncios del ministro no terminaron allí. Agregó que “la empresa estatal denunció ante las autoridades policiales, la comisión de hechos previstos en la ley penal”. Y, a partir de esas denuncias, se produjeron las detenciones comentadas más arriba.

Esa noche, poco después de las 22.30, se inició la reunión en FOETRA en la que se decidió dar plazo hasta las 8 de la mañana del día miércoles 18 para que todos los detenidos fueran dejados en libertad. Si el reclamo no era satisfecho, se paralizarían las tareas en todo el ámbito del Sindicato Buenos Aires; y si se producía la detención de algún miembro del Secretariado Nacional, el paro se extendería a todo el país.

El martes 17 también fue suspendida la personería gremial de los Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines, a raíz del conflicto que venían sosteniendo por reivindicaciones similares a las planteadas por los telefónicos.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXVII)

Tres primeras semanas (V)

A partir de ese momento comenzaron a conocerse adhesiones de otros gremios para con los trabajadores telefónicos. La Confederación de Empleados de Comercio, que era dirigida por Armando March, informó que los 52 delegados congresales ante el Congreso Extraordinario de la CGT, se solidarizaban con la lucha de los telefónicos. En los días siguientes las muestras de adhesión se irían ampliando. La Fraternidad y la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta también darían a conocer comunicados de solidaridad, mientras la Federación de Luz y Fuerza anunciaría un paro de cinco minutos para el martes de la semana siguiente, en apoyo de los telefónicos.

Pero todavía ocurrió algo más ese día miércoles. Cerca de las 20 horas, se concentraron unas 1500 personas frente al local del Sindicato, que en esa época estaba en General Perón 2574. La información periodística con la que me manejé no brinda detalles sobre quiénes eran los manifestantes; Parece evidente que se trataba de militantes telefónicos, pero el motivo de la movilización no era únicamente el conflicto que vengo historiando.

Después de las elecciones en los distintos sindicatos debía realizarse la normalización de la CGT, se había convocado a Congreso Extraordinario, pero las deliberaciones quedaron interrumpidas a poco de haberse comenzado. Un grupo de delegados congresales se retiró, luego comenzaron negociaciones para tratar de reconciliar a las partes enfrentadas: “Los que se quedaron” y “Los que se retiraron”. En el papel mediador se ubicó La Fraternidad con el beneplácito del interventor.

“Los que se quedaron” serían conocidos luego como “Las 62 Organizaciones”, y “Los que se retiraron” pasarían a llamarse “32 Gremios Democráticos”. Con estas referencias puede resultar más comprensible la información periodística que reproduzco.

“Alrededor de las 20, unas 1.500 personas, Según la estimación policial, se habían reunido en la sede del sindicato de telefónicos del estado, Cangallo 2574. Poco más tarde un grupo numeroso se encolumnó hacia la sede de La Fraternidad, donde estaban reunidos delegados al Congreso de la CGT, para instarlos a llegar a un acuerdo y lograr una central obrera unida. Momentos más tarde, la mayor parte se retiró, pero un grupo de unas 600 personas se dirigió por Rivadavia hacia Avenida de Mayo portando una bandera argentina y entonando estribillos.

Al llegar a Santiago del Estero, y como a pesar de los requerimientos policiales los manifestantes proseguían su marcha, se comenzó a emplear gases lacrimógenos. Cinco bombas estallaron y el grupo se disgregó. Habiendo detenido la policía, según lo informó, a seis persona, cuatro del gremio y dos particulares. Se aclaró que una vez interrogados iban a ser puestos en libertad.

Otras sesenta personas se habían dirigido, mientras tanto, hacia la sede de la CGT; pero allí fueron persuadidos de disolverse en orden, lo que así hicieron”.

Vuelvo ahora al conflicto telefónico. El día 13 continuaron las medidas de fuerza. En Tráfico los paros ya eran de 30 minutos por turno y, el resto de la jornada, se continuaba trabajando a reglamento. Una resolución del Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza de los telefónicos en las provincias de Santiago del Estero, San Juan, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Formosa y Tucumán, donde el servicio era brindado por empresas de capital privado.

Pero hubo algo más inquietante que eso. Al igual que en los días anteriores, el conflicto merecía la atenta consideración del Poder Ejecutivo. En una reunión presidida por Aramburu, se siguió analizando qué pasaba con los telefónicos. “Asistieron a las deliberaciones, el vicepresidente Rojas, Los ministros de Comunicaciones, Trabajo y Previsión e Interior, los titulares de las carteras de Ejército, Marina y Aeronáutica y miembros de los servicios de Coordinación policial”.

Durante el fin de semana las cosas no cambiaron mucho, salvo por el hecho de que los trabajadores de Tráfico seguían extendiendo la duración de su medida de fuerza. Además de trabajar a reglamento, realizaban un paro parcial que, el día domingo, llegó a los 50 minutos por turno y que, el día lunes, se iba a extender a una hora por turno. Todas las comunicaciones que necesitaban de la intermediación de operadoras se veían comprometidas y el panorama era que lo iban a estar aún más en los próximos días.

La guerra de comunicados también formaba parte del conflicto y, aunque con recursos más limitados que los de la empresa y el gobierno, FOETRA contestaba a las acusaciones de que había motivaciones extragremiales tras el reclamo de los telefónicos. También trataba de convencer a los usuarios de que la responsabilidad por los perjuicios en el servicio era de la empresa. Y denunciaba la inconstitucionalidad de las medidas gubernamentales, al mismo tiempo que reclamaba su revisión. Para esto último, enviaba telegramas al presidente Aramburu y a la Convención Nacional Constituyente.

La resolución de FOETRA, para ese día lunes 16 de septiembre, era que el personal de Tráfico parara durante 60 minutos por turno, pero “si en un edificio hubiera personal de Tráfico y de otras dependencias, y a estos últimos no se les permitiera el acceso al mismo, o fueran desalojados, los empleados de Tráfico deberán hacer inmediato abandono de sus tareas y realizar un paro de 24 horas en el lugar de trabajo en señal de protesta”.

Respecto a lo ocurrido en ese día hay alguna confusión. Parece que hubo algunos lugares donde se habría llegado a esa medida extrema y otros donde el paro de tráfico sólo fue de una hora. Lo cierto es que el endurecimiento de las posiciones había metido al conflicto en un camino sin retorno. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones hizo público un informe elevado al Poder Ejecutivo en el que dejaba en claro (por si fuera necesaria tal aclaración) que había actuado siguiendo las directivas del gobierno; que la discusión de cualquier aumento salarial estaba atado al incremento de la jornada de trabajo; y que, por haberse visto desbordada en su posibilidad de manejo del conflicto, proponía la aplicación del Código penal contra los trabajadores telefónicos. Sobre esto me comentaba Diego Pérez:

“La empresa no encontró mejor recurso que pretender aplicar al personal el artículo 197 del Código Penal, cuyo texto disponía: Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años quien interrumpiese o entorpeciese las comunicaciones telegráficas o telefónicas o resistiese violentamente al restablecimiento de las comunicaciones interrumpidas”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXVI)

Tres primeras semanas (IV)

Hay detalles, muy pequeños detalles, que parecen dar la clave de cual va a ser el resultado final del conflicto, mucho antes de que este se produzca. Es fácil decir eso cuando ya se sabe lo que ocurrió finalmente. Pero no está de más el señalar esas cosas. El jueves 5 de septiembre tenían que comenzar las negociaciones, pero la Empresa se fue en cuestiones formalistas en lugar de entrar al fondo del problema. Al día siguiente, cuando FOETRA había endurecido su posición y llegaba a la mesa de discusión con nuevos paros en los lugares de trabajo, los portavoces empresarios dijeron que no se podía negociar bajo presión, y reclamaron el levantamiento de las medidas de fuerza. Una vez conseguido eso, en lugar de aprovechar el escaso tiempo de tregua de que se disponía, no se fijó la hora de inicio de las negociaciones para la mañana del día lunes, sino para las 5 de la tarde. Por último, cuando llegó el momento de hablar sobre el reclamo de aumento salarial, la Empresa planteó que cualquier discusión sobre incremento de remuneraciones estaba condicionada a un aumento de la productividad.

Esto era, isa y llanamente, patear el tablero. Con los aumentos de precios que se habían venido operando, el salario de los trabajadores había sufrido una reducción muy grande; en realidad no se estaba hablando de un aumento de sueldos, sino de un intento por tratar de recuperar el poder adquisitivo perdido. Por eso, la pretensión empresaria de atar el readecuamiento salarial a un aumento de la productividad era, simplemente, petrificar la pérdida sufrida por los asalariados.

El miércoles 11 se reiniciaron las medidas de fuerza. Ahora se sumaba Tráfico, que, además de trabajar a reglamento durante toda la jornada, realizaba paros de 10 minutos por turno.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Esa misma noche se dio a conocer un decreto ilegalizando las medidas de fuerza de los telefónicos. La resolución del Poder Ejecutivo no sólo declaraba ilegales los paros, sino que facultaba a la ENTel, “para adoptar las medidas disciplinarias que considere adecuadas con respecto al personal que no reanude sus tareas en la fecha y hora que se le fije”.

El cinismo con el que se justificaba la resolución parecía una provocación adicional a los trabajadores. Se comenzaba diciendo que la solución ya había sido alcanzada el día 4 cuando se dejó sin efecto la resolución 1.712 (aquella que imponía el arbitraje del Poder Ejecutivo) y quedaron conformadas dos comisiones, una, para estudiar la revisión de las sanciones impuestas al personal, y otra, a la que se denominaba “Coordinadora técnico administrativa”. Para el libretista oficial, con eso se había dado satisfacción a todos los reclamos y ya no quedaba nada más por discutir.

Luego venía lo de la sorpresa empresaria por la reanudación de los paros a partir del día 6, como si la Empresa hubiera sido burlada en su buena fe, y el reproche a los trabajadores por lo que se consideraba una medida extemporánea. Ante este señalamiento, los representantes sindicales habían pedido una prórroga para convocar a las asambleas y levantar los paros, a fin de que la Coordinadora Técnico Administrativa pudiera comenzar a funcionar a partir del lunes 9. Pero la incomprensión obrera no había terminado allí; “las asambleas del gremio resolvieron, indebidamente, levantar el paro sólo por 48 horas” en lugar de hacerlo en forma definitiva. Y por si eso fuera poco, el día lunes, los representantes sindicales llegaron con “una exigencia extraña”, el reclamo de aumento de sueldo.

La Asamblea General que había quedado convocada desde cuatro días antes, sesionó ese miércoles 11 de septiembre hasta cerca de la media noche. Los diarios del día siguiente dirían que “alrededor de 6 mil trabajadores, aprobaron por unanimidad todo lo actuado por el Concejo Federal de FOETRA”. Además de resolverse la continuación de las medidas de fuerza, los asambleístas decidieron que si se producía la sanción a alguno de los trabajadores por su participación en el conflicto, o si se detenía a alguno de los dirigentes, se declararía de inmediato la huelga general del gremio telefónico en todo el país.

Al día siguiente el conflicto se agudizó aún más. Poco antes de medio día, las jefaturas informaron al personal que estaba cumpliendo con el paro, Que si no se normalizaban las tareas de inmediato, los huelguistas serían suspendidos y deberían hacer abandono del lugar, tal como lo establecía el decreto 10.822 del día anterior.

La inmensa mayoría de los trabajadores, de los 79 edificios telefónicos que existían en el área del Sindicato Buenos Aires, rechazaron la intimación y continuaron con el paro en el mismo lugar. Juan Carlos Romero, que por entonces era delegado en Ingeniería, recordó que en Diagonal Sur donde él trabajaba, se llamó a la policía para que desalojara el edificio. Algo similar ocurrió en otras dependencias de la Empresa. En cada una se llamó a la policía, en todas se labró el acta Correspondiente, y todos fueron desalojados.

Los telefónicos expulsados de los edificios se fueron concentrando en distintos lugares de la ciudad: sobre Avenida de Mayo, en Plaza Miserere, en Barrancas de Belgrano y en otros sitios. Las manifestaciones callejeras no duraban mucho porque eran disueltas por la policía, aunque, aparentemente, sin grandes violencias.

En la tarde, Norberto Espínola, Secretario del Sindicato Buenos Aires, declaraba a un periodista:

”La actitud de la empresa constituye un verdadero lock out patronal. Esta mañana nosotros continuábamos cumpliendo con el programa de paros dispuesto por el Concejo Federal cuando, a las 11.30, los jefes de todas las secciones reunieron al personal y les leyeron el decreto del Poder Ejecutivo. Después se nos intimó a suspender los paros o hacer abandono de nuestro lugar de trabajo. Como no acatamos esa imposición, se llamó a la Guardia de Infantería y a policías de las seccionales para que nos desalojaran. Entonces el personal decidió labrar actas para dejar constancia de que eran obligados por la fuerza pública a hacer abandono de su lugar de trabajo”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXV)

Tres primeras semanas (III)

Transcurrido poco más de una semana de conflicto, el viernes 6 de septiembre los representantes patronales reclamaron que se suspendiesen las medidas de fuerza para sentarse a negociar. La parte obrera señaló que no podía acceder sin consultar previamente a sus representados, que les informarían del reclamo, y si los trabajadores estaban de acuerdo se reiniciaría el diálogo tras el fin de semana.

Algo más ocurrió ese viernes 6 de septiembre. Ese día, en la Casa de Gobierno, el presidente se encontraba ausente por enfermedad. Pero el vicepresidente, contralmirante Isaac Rojas, se reunía con los ministros militares y el titular de Interior para decidir en qué condiciones una huelga era lícita o en qué casos podría ser declarada ilegal. Esa misma noche se dio a conocer el decreto ley con los resultados de las deliberaciones.

Serían consideradas ilegales las huelgas que afecten el cumplimiento del servicio público, las que atenten contra la seguridad o la salud de la población, las que tengan por objeto la privación de un artículo de primera necesidad o que desconozcan un laudo arbitral.

Para ser considerada legal la huelga debía haber cumplido con el procedimiento de conciliación ante el Ministerio de Trabajo; además su motivación sólo podía ser alcanzar modificaciones en las condiciones de trabajo y haberse resuelto en votación secreta de todos los trabajadores. Pero las exigencias no se detenían allí. La parte patronal debía ser informada por escrito con tres días hábiles de anterioridad, como mínimo, lo mismo que el Ministerio de Trabajo. Y, para terminar de cerrar el paquete, se exigía que la medida de fuerza no fuera sólo con el abandono de labores, sino que también se dejara el lugar de trabajo.

Ninguna de las cláusulas era una cuestión menor, y casi todas ellas podían esgrimirse para declarar ilegal al conflicto de los telefónicos. Parecía una resolución “hecha a medida” y era como para causar inquietud entre los trabajadores.

Para que no quedasen dudas sobre quienes eran los destinatarios potenciales del decreto represivo, simultáneamente se dio a conocer un comunicado de la Secretaría general de gobierno, donde se informaba que: “En el día de la fecha, el Gobierno Provisional consideró detenidamente los problemas planteados por el personal del Ferrocarril Nacional General San Martín, en la zona de Cuyo, y el de los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones”. Después de manifestar su preocupación por los perjuicios que ocasionaban dichos conflictos “el Gobierno de la Revolución, ratifica su inquebrantable decisión de asegurar la normalidad de todos los servicios públicos que son indispensables para la actividad normal”.

El sábado 7, a partir de las 16 horas, se realizó la asamblea de los afiliados al Sindicato Buenos Aires. La crónica periodística dice que la concurrencia fue muy numerosa y que las deliberaciones fueron muy acaloradas. Debieron serlo, realmente, porque se prolongaron por más de tres horas, con la intervención de numerosos oradores. Uno de ellos propuso que el tema salarial y el de la reincorporación de los cesantes fuera discutido con la Empresa, en forma conjunta, y no, en dos comisiones separadas. Pero, sobre ese punto, ya había un criterio establecido, y no se lo modificó. Finalmente, la Asamblea autorizó “por gran mayoría” el levantamiento de las medidas de fuerza por 48 horas, y se convocó a una nueva asamblea para el miércoles 11.

Al igual que en el Sindicato Buenos Aires, durante ese fin de semana se realizaron asambleas de afiliados en los demás sindicatos telefónicos del país. Con ese respaldo, se reunió el Concejo Federal, informando luego: “Por unanimidad votose levantar los paros por espacio de 48 horas, hasta la 0 hora del día miércoles, plazo que considérase suficiente para que la comisión mixta pueda reanudar sus conversaciones y materializar el acuerdo con el pedido de FOETRA, en especial sobre el reclamo de aumento de $700 y la reincorporación de obreros y empleados cesantes”.

En una de las numerosas entrevistas que tuve con Diego Pérez, le comenté que el tono de las decisiones parecía ser muy rígido, y le pregunté si no había existido la posibilidad de flexibilizar un poco las resoluciones para dar un mayor margen de maniobra a los negociadores sindicales. Si bien lo estricto del mandato podía ser esgrimido como muestra de firmeza del frente interno, también es cierto que los plazos rigurosos no permitían la libertad de maniobra ni extender los tiempos de negociación.

“La gente no quería saber nada con treguas prolongadas; nada de una o dos semanas. La efervescencia era tan grande que si le hablabas de un poco más de tiempo, te mataban. Imaginate que si llegabas a una asamblea, con compañeros que estaban en un 99 por ciento con el paro, y les decías de suspender por varios días las medidas, te comían crudo. Las bases habían rebasado todo criterio que permitiera atemperar un poco las cosas”.

Había sobrados motivos para la irritada impaciencia de los trabajadores. Ya el año anterior habían sido defraudados con el laudo gubernamental, a ello se había sumado el decreto congelador de salarios a principios de ese año, y luego las demoras de la patronal para ofrecer soluciones; todo contribuía para aumentar la intransigencia. Los dirigentes eran receptivos de ese malestar y reflejaron esa percepción en una resolución adoptada el día lunes 9, el mismo día en que se sentaban a negociar con las empresas. Allí se decía que una vez concluido el plazo de negociación, y si no había ninguna propuesta para ser considerada por los trabajadores, se reanudarían los paros de actividades durante toda la jornada, debiéndose sumar los compañeros de tráfico en forma progresiva.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXIV)

Tres primeras semanas (II)

El reclamo de los trabajadores telefónicos para lograr un aumento de sueldo decoroso y la reincorporación de los cesantes por razones políticas fue sistemáticamente desoído. Ante esa situación se convocó a un congreso extraordinario de FOETRA que inició sus deliberaciones el 12 de agosto de 1957 y decidió intimar a las empresas para que dieran respuesta a las demandas. Vencido el plazo comenzaron las medidas de fuerza con paros de una hora por turno, y luego de una semana el cese de actividades llegó a las 7 horas por turno.

En la mañana del miércoles 4 de septiembre, miembros del Secretariado de FOETRA se entrevistaron con el ministro de comunicaciones. Según informaría ENTel, el ministro le comunicó a los representantes gremiales que el Poder Ejecutivo había decidido “constituir una comisión para reconsiderar la situación del personal separado del servicio, y la designación de otra comisión integrada por tres funcionarios de ENTel y tres de FOETRA, para el estudio del aumento de la producción y de las remuneraciones”. El ministro también se comprometió a anular la resolución 1.712 por la que se establecía que la solución del conflicto quedaba subordinada a una decisión del Poder Ejecutivo.

Esa misma tarde se reunió el Concejo Federal con los miembros del Secretariado y luego de escuchar su informe decidió aceptar la propuesta para solucionar la situación del personal castigado con traslados y cesantías por el gobierno militar; esto permitiría que el representante sindical pudiera participar en la defensa de los sancionados por aplicación del Régimen de faltas, dándose un plazo de 60 días para que todos los casos quedaran resueltos.

También se decidió que, como paso previo al inicio de cualquier negociación, las empresas se comprometieran a dar un adelanto de $ 400 a todo el personal, a cuenta del aumento de sueldo que se estaba reclamando. Se dejaba en claro que dicho adelanto sólo debía entenderse como parte del arreglo final, basado en la exigencia de un aumento de emergencia de $ 700 con retroactividad al 1 de julio.

La resolución del Consejo Federal agregaba que “se fijará un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de aceptación de estas condiciones para que la comisión a constituirse, solucione totalmente el petitorio gremial”.

El día jueves se reunieron los representantes de los trabajadores y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, pero todo se limitó a un encuentro protocolar sin ningún tipo de oferta salarial concreta. Por eso, en la tarde, el Secretariado de FOETRA emitió un comunicado informando que a partir del día siguiente, y hasta tanto hubiera una propuesta seria sobre el tema de fondo, se retomaban los paros en los lugares de trabajo. Para ese momento la paralización de las tareas alcanzaba a toda la jornada.

El principal titular de Clarín, el viernes 6 de septiembre, era: “Bombardea la aviación cubana el foco rebelde de Cienfuegos”. En la mañana del día anterior se había sublevado la dotación naval de Cienfuegos bajo la dirección del Movimiento 26 de Julio comandado por Fidel Castro. Los sublevados lograron dominar la base naval de Cayo Loco, y con la participación de milicianos rebeldes se armó a los sectores populares que comenzaron a combatir en distintos puntos de la ciudad. Se luchó durante todo el día y buena parte de la noche, hasta que las tropas enviadas desde Santa Clara, Camagüey y La Habana consiguieron doblegar los focos de resistencia revolucionaria.

Pero ese día también se informaba que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones había designado sus representantes para negociar con los trabajadores en conflicto; ellos eran el ingeniero Benjamín y los señores Duglioti y Somma. Por el lado de los trabajadores concurrirían Lidia Barcelona, José Vázquez y Pascual Masitelli. Los dos últimos ya habían participado en el reclamo salarial del año anterior, aquel que finalizó con el laudo tan controvertido. Como puede verse, a pesar de la dura disputa que había precedido a la elección del Secretariado Nacional de FOETRA, en la representación paritaria se incluía a miembros del Sindicato Buenos Aires. Seguramente la convivencia no debía ser fácil pero no encontré ningún testimonio que hablase de zancadillas o saboteo de las negociaciones, por el contrario, el frente interno se mantuvo unido en el conflicto con las empresas.

Estaba previsto que ese viernes, por la mañana, ambas partes se reunieran en el local de Defensa 131. Pero cuando llegó el momento de la reunión, los representantes empresarios manifestaron su sorpresa por la reanudación de las medidas de fuerza por parte de FOETRA, y agregaron que, en esas condiciones, las conversaciones no podrían realizarse. En realidad la reanudación de las medidas de fuerza estaba motivada por las dilaciones patronales; todas las empresas telefónicas (tanto la estatal como las privadas) habían sido debidamente informadas y la presunta sorpresa no pasaba de ser una chicana. Esto lo sabían los voceros de ambas partes, pero, desde el lado patronal se podían dar el lujo de reclamar la suspensión de las medidas de fuerza para sentarse a negociar.

Los representantes sindicales también tenían sobrados motivos para mantenerse firmes, pero no podían mantener una intransigencia irresponsable; como tampoco podían decidir por si mismos el levantamiento de los paros, se convino en poner el problema a consideración de los trabajadores y que fueran ellos quienes decidieran si se suspendían, o no, las medidas de fuerza. Se acordó que, si era resuelta la tregua, las negociaciones se realizarían el día lunes.

Por la noche se realizó un plenario de delegados del Sindicato Buenos Aires, en Estados Unidos 1532, y se convocó a Asamblea General de Afiliados para el día siguiente a las 15 horas, en la Federación Argentina de Box.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXIII)

Tres primeras semanas

El 8 de julio el Secretariado Nacional de FOETRA se dirigió a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, a la Compañía Argentina de Teléfonos y a Siemens Argentina solicitando un aumento de emergencia de $ 700 para todo el personal “teniendo en cuenta el incesante aumento del costo de vida, los bajos salarios percibidos y la congelación, por el término de un año, de los mismos”.

Ante las dilaciones y evasivas se decidió convocar a un Congreso extraordinario; fue ese sexto Congreso el que resolvió intimar a las empresas el 13 de agosto. La resolución Nº 8 expresaba que el decreto 824/57, y su reglamentario, el 825/57 del mes de enero, era una medida arbitraria del poder estatal que violaba el derecho de la clase trabajadora a tener un nivel de vida digno; que la pretensión de contener la inflación congelando por un año más los salarios era una medida capitalista, ya que no se congelaban los precios ni los gastos excesivos el propio Estado; por eso el Congreso resolvió desconocer los decretos congelatorios, continuar la lucha por un salario acorde al costo de vida y actuar en forma solidaria con el movimiento obrero para conseguir la derogación de esas disposiciones gubernamentales.

Otra resolución del mismo día, la Nº 12, emplazó a la ENTel y las empresas privadas para reincorporar a los casi 400 cesantes por razones políticas, y que se anularan las separaciones del cargo, los traslados y otras sanciones.

Al no haber respuestas el Secretariado Nacional remitió el siguiente telegrama a las empresas:

“Cumplido el plazo fijado por el sexto congreso intimamos a conceder aumento de emergencia y dar solución a la situación del personal sancionado arbitrariamente, antes de las 0 hora del día martes 27 de agosto. Comunicamos paros progresivos en hora inmediata al vencimiento del plazo señalado. Colaciónese”.

El Concejo Federal de FOETRA fue el encargado de reglamentar las medidas de fuerza. Éstas comenzaron, el martes 27 de agosto, con paro de una hora por turno en todos los departamentos de la Empresa, con excepción de Tráfico que trabajaría a reglamento.

Tráfico era exceptuado de la medida de fuerza más dura porque en ese tiempo todas las comunicaciones de larga distancia, tanto las internacionales como las nacionales, pasaban a través de operadoras. Pero también la comunicación con los suburbios de Buenos Aires dependía, en su casi totalidad, del auxilio de operadoras. Por eso Tráfico participaba del conflicto trabajando a reglamento.

El programa establecía que los paros se irían incrementando en una hora cada día hasta llegar, el viernes 30, a cuatro horas por turno de trabajo. Durante el fin de semana las guardias serían trabajadas con normalidad, retomándose el conflicto a partir del lunes 2 de septiembre. En ese momento los paros serían de cinco horas por turno, y continuaría ampliándose el tiempo de paro, para llegar, el miércoles, a parar durante todo el día. Si para entonces no se había encontrado ninguna solución, se continuaría, en los días siguientes, con paro durante toda la jornada, manteniendo la concurrencia al lugar de trabajo.

El principal titular del diario La Razón, aquel 1 de septiembre de 1957, indicaba que Cinco buques rusos habían pasado por el Báltico dirigiéndose hacia el Mar Mediterráneo. La guerra fría amenazaba recalentarse, y Medio Oriente era, al igual que hoy, un polvorín que podía estallar en cualquier momento. Siria recibía armamento de la Unión Soviética y Estados Unidos se enfurecía por lo que consideraba una injerencia. En Jordania se juzgaba a un grupo de 23 oficiales del ejército por complotar contra el gobierno del Rey Hussein, aliado de Estados Unidos. El ministro francés de relaciones exteriores declaraba, durante su visita a Chile, que Francia no se arrepentía de su intervención militar en Egipto, el año anterior, salvo por no haber podido ocupar la totalidad de la zona del Canal de Suez. Y en Argelia se registraban durísimos enfrentamientos militares contra las tropas colonialistas francesas. Mientras tanto, en Guatemala, 13 partidos políticos se preparaban para las elecciones en que se elegiría al sucesor del asesinado corondel Castillo Armas quien, tres años atrás, había derrocado al presidente Arbenz con un golpe de estado financiado por la United Fruit.

Pero si esas eran las noticias que ocupaban la tapa de La Razón, en el interior había una extensa información sobre el conflicto telefónico. Se señalaba que a partir del día siguiente los afiliados a FOETRA continuarían con paros de cinco horas por turno “en apoyo de sus demandas de un aumento de emergencia de $ 700, el pago del salario familiar y la reincorporación del personal declarado cesante por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones”. Ese domingo, por la mañana, la organización sindical informó que había sido notificada sobre la resolución del ministro de comunicaciones por la cual se sometía el conflicto a la consideración del Poder Ejecutivo, mientras se emplazaba a FOETRA para que, en el término de cinco días, presentara un memorial alegando sus derechos.

FOETRA aclaraba que, en ningún momento, había solicitado ni aceptado la intervención del Poder Ejecutivo para que arbitrara en el conflicto. Y rechazaba ese arbitraje por ser contrario a sus principios y a su experiencia. Agregaba que tampoco se podía encuadrar el conflicto dentro de las disposiciones del decreto 879/57 “por no haber existido en ningún momento gestiones conciliatorias por parte de la Empresa”.