Tres primeras semanas
(III)
Transcurrido poco más de una semana de conflicto, el viernes 6 de
septiembre los representantes patronales reclamaron que se
suspendiesen las medidas de fuerza para sentarse a negociar. La parte
obrera señaló que no podía acceder sin consultar previamente a sus
representados, que les informarían del reclamo, y si los
trabajadores estaban de acuerdo se reiniciaría el diálogo tras el
fin de semana.
Algo más ocurrió ese viernes 6 de septiembre. Ese día, en la Casa
de Gobierno, el presidente se encontraba ausente por enfermedad. Pero
el vicepresidente, contralmirante Isaac Rojas, se reunía con los
ministros militares y el titular de Interior para decidir en qué
condiciones una huelga era lícita o en qué casos podría ser
declarada ilegal. Esa misma noche se dio a conocer el decreto ley con
los resultados de las deliberaciones.
Serían consideradas ilegales las huelgas que afecten el cumplimiento
del servicio público, las que atenten contra la seguridad o la salud
de la población, las que tengan por objeto la privación de un
artículo de primera necesidad o que desconozcan un laudo arbitral.
Para ser considerada legal la huelga debía haber cumplido con el
procedimiento de conciliación ante el Ministerio de Trabajo; además
su motivación sólo podía ser alcanzar modificaciones en las
condiciones de trabajo y haberse resuelto en votación secreta de
todos los trabajadores. Pero las exigencias no se detenían allí. La
parte patronal debía ser informada por escrito con tres días
hábiles de anterioridad, como mínimo, lo mismo que el Ministerio de
Trabajo. Y, para terminar de cerrar el paquete, se exigía que la
medida de fuerza no fuera sólo con el abandono de labores, sino que
también se dejara el lugar de trabajo.
Ninguna de las cláusulas era una cuestión menor, y casi todas ellas
podían esgrimirse para declarar ilegal al conflicto de los
telefónicos. Parecía una resolución “hecha a medida” y era
como para causar inquietud entre los trabajadores.
Para que no quedasen dudas sobre quienes eran los destinatarios
potenciales del decreto represivo, simultáneamente se dio a conocer
un comunicado de la Secretaría general de gobierno, donde se
informaba que: “En el día de la fecha, el Gobierno Provisional
consideró detenidamente los problemas planteados por el personal del
Ferrocarril Nacional General San Martín, en la zona de Cuyo, y el de
los trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones”.
Después de manifestar su preocupación por los perjuicios que
ocasionaban dichos conflictos “el Gobierno de la Revolución,
ratifica su inquebrantable decisión de asegurar la normalidad de
todos los servicios públicos que son indispensables para la
actividad normal”.
El sábado 7, a partir de las 16 horas, se realizó la asamblea de
los afiliados al Sindicato Buenos Aires. La crónica periodística
dice que la concurrencia fue muy numerosa y que las deliberaciones
fueron muy acaloradas. Debieron serlo, realmente, porque se
prolongaron por más de tres horas, con la intervención de numerosos
oradores. Uno de ellos propuso que el tema salarial y el de la
reincorporación de los cesantes fuera discutido con la Empresa, en
forma conjunta, y no, en dos comisiones separadas. Pero, sobre ese
punto, ya había un criterio establecido, y no se lo modificó.
Finalmente, la Asamblea autorizó “por gran mayoría” el
levantamiento de las medidas de fuerza por 48 horas, y se convocó a
una nueva asamblea para el miércoles 11.
Al igual que en el Sindicato Buenos Aires, durante ese fin de semana
se realizaron asambleas de afiliados en los demás sindicatos
telefónicos del país. Con ese respaldo, se reunió el Concejo
Federal, informando luego: “Por unanimidad votose levantar los
paros por espacio de 48 horas, hasta la 0 hora del día miércoles,
plazo que considérase suficiente para que la comisión mixta pueda
reanudar sus conversaciones y materializar el acuerdo con el pedido
de FOETRA, en especial sobre el reclamo de aumento de $700 y la
reincorporación de obreros y empleados cesantes”.
En una de las numerosas entrevistas que tuve con Diego Pérez, le
comenté que el tono de las decisiones parecía ser muy rígido, y le
pregunté si no había existido la posibilidad de flexibilizar un
poco las resoluciones para dar un mayor margen de maniobra a los
negociadores sindicales. Si bien lo estricto del mandato podía ser
esgrimido como muestra de firmeza del frente interno, también es
cierto que los plazos rigurosos no permitían la libertad de maniobra
ni extender los tiempos de negociación.
“La gente no quería saber nada con treguas prolongadas; nada de
una o dos semanas. La efervescencia era tan grande que si le hablabas
de un poco más de tiempo, te mataban. Imaginate que si llegabas a
una asamblea, con compañeros que estaban en un 99 por ciento con el
paro, y les decías de suspender por varios días las medidas, te
comían crudo. Las bases habían rebasado todo criterio que
permitiera atemperar un poco las cosas”.
Había sobrados motivos para la irritada impaciencia de los
trabajadores. Ya el año anterior habían sido defraudados con el
laudo gubernamental, a ello se había sumado el decreto congelador de
salarios a principios de ese año, y luego las demoras de la patronal
para ofrecer soluciones; todo contribuía para aumentar la
intransigencia. Los dirigentes eran receptivos de ese malestar y
reflejaron esa percepción en una resolución adoptada el día lunes
9, el mismo día en que se sentaban a negociar con las empresas. Allí
se decía que una vez concluido el plazo de negociación, y si no
había ninguna propuesta para ser considerada por los trabajadores,
se reanudarían los paros de actividades durante toda la jornada,
debiéndose sumar los compañeros de tráfico en forma progresiva.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario