Huelga general (IV)
El viernes 20 de septiembre fue un día de intensas negociaciones.
Comenzaron a las 13 entre representantes del Sindicato Buenos Aires
de FOETRA y funcionarios de la presidencia; siguieron, a las 20.30,
con gestiones mediadoras de los sindicalistas “democráticos”
ante el presidente de facto, y finalizaron con la reunión que se
prolongó hasta cerca de la media noche, entre dirigentes de la
Federación y el contralmirante Isaac Rojas. Como puede verse, tanto
los dirigentes de la Federación como los del Sindicato se
entrevistaban con los funcionarios gubernamentales para encontrar una
solución a los reclamos de los telefónicos.
Los locales del gremio telefónico se encontraban clausurados desde
dos días antes al suspenderse la personería gremial de FOETRA, por
eso el Sindicato Buenos Aires funcionaba de hecho en la Federación
de Empleados de Comercio. Allí fue donde se reunieron a partir de
las 13 los dirigentes del sindicato y representantes de la
presidencia de la Nación. Por el sindicato habían estado Pedro
Valente, José Vázquez y la compañera Scocieri, y Martínez
Zemboráin, junto a otros funcionarios, por la parte gubernamental.
Esa primera reunión finalizó a las 15 y volvió a reiniciarse a
partir de las 17, y tanto en la primera como en la segunda parte,
estuvo presente el Secretario General de Empleados de Comercio,
Armando March.
Los dirigentes sindicales señalaron que, para poder ir a una
asamblea a plantear el levantamiento de la huelga, era necesaria la
devolución de la personería gremial y el cese de toda otra
disposición adoptada como consecuencia del paro, además de un
aumento general de $ 500. Los enviados del gobierno sostenían que no
se podía comprometer ninguna resolución oficial mientras FOETRA no
levantara el estado de huelga. Finalmente, cerca de las 20, los
funcionarios gubernamentales se retiraron para efectuar consultas con
la presidencia.
Aquel fue un día en que siguieron sumándose adhesiones a los
trabajadores en conflicto. La Unión de Trabajadores de Entidades
deportivas y el Sindicato de Aceiteros anunciaban paros en apoyo a
los huelguistas para la semana siguiente. También expresaban su
solidaridad los Marítimos, Trabajadores del Vestido, Trabajadores de
la Construcción, Gastronómicos, Trabajadores de la Industria
Papelera y muchos más. Pero lo que sería destacado por los diarios
serían algunos incidentes a raíz del paro de los mercantiles en
apoyo a FOETRA.
Aunque el paro de los empleados de comercio se cumplió en toda la
ciudad, sus efectos fueron más llamativos en la zona céntrica. En
la calle Florida algunos piquetes de huelguistas increpaban a los
empleados que seguían trabajando después de las 17. La guardia de
infantería, que se había desplegado por la zona con algunos carros
de asalto, procedió a efectuar varias detenciones. El incidente más
fuerte se produjo en el local de Bartolomé Mitre 757, cuando el
dueño del negocio desenfundó un arma para impedir la actuación de
un piquete. La consecuencia fue una vidriera rota y algunos
detenidos.
Pero, ese viernes, hubo un anuncio solidario que merece ser destacado
muy especialmente porque fue hecho por los gremios, que hasta ese
momento eran definidos como “los que se quedaron en el Congreso de
la CGT” o como “los sindicatos que habitualmente se reúnen en
Sanidad”. A partir de la semana siguiente, ese agrupamiento
comenzaría a ser conocido como “Las 62 Organizaciones”.
Sus integrantes se habían reunido en la noche del jueves con la
intención de debatir sobre las gestiones que venían realizando para
conseguir la reanudación del congreso cegetista. A esa reunión
concurrieron representantes de FOETRA Y AATRA para informar sobre sus
respectivos conflictos y allí recibieron las muestras de solidaridad
a las que me referí hace un par de notas. Al evaluar la gravedad de
los conflictos de telefónicos y telegrafistas, pasó a segundo plano
el problema de la reanudación del Congreso Extraordinario de la CGT;
hubo una moción del representante de la Madera para que se tratara
en primer término la solidaridad con esas luchas, y a eso se dedicó
el resto de la reunión que se prolongó hasta las 7.30 del día
viernes.
La reunión aprobó una moción del representante de Luz y Fuerza
consistente en:
1º, Voto de aliento a los trabajadores de FOETRA y AATRA y a todos
aquellos que están luchando por las reivindicaciones obreras.
2º, Repudio a toda medida que tienda a desmembrar el movimiento
gremial y la unidad de los trabajadores.
3º, Declarar el estado de alerta en todas las organizaciones
obreras.
4º, Nombrar una comisión especial para gestionar ante los
funcionarios del estado, incluso el presidente provisional de la
Nación, la derogación del decreto reglamentando las huelgas
(Decreto 824/56) y solución a las demandas presentadas por los
gremios.
A todo esto se sumó un 5º punto (propuesto por el representante del
Calzado) declarando un paro de 24 horas si las gestiones mediadoras
no tenían éxito. El paro se extendería por tiempo indeterminado,
en caso de represalias.
El capitán Ramón Casanova, presidente de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, convocó a una conferencia de prensa el sábado
21, por la mañana. La suya era la respuesta del gobierno a las
gestiones de los trabajadores, pero aparecía como hecha por una
instancia inferior. Ese recurso, que todo gobierno utiliza, pone en
boca de un funcionario subalterno lo que el gobierno quiere decir. Si
las cosas no salen bien o si hay que cambiar la posición, el que se
equivocó fue el funcionario de menor jerarquía y no, su superior.
El argumento usado para rechazar el reclamo de los trabajadores era
que la demanda sindical excedía los recursos de la Empresa. El
pedido de $700 de aumento, implicaría una erogación anual de 360
millones. Como los recursos de ENTel estaban muy por debajo de esa
cifra, la única posibilidad habría sido aumentar las tarifas. El
argumento era bastante efectista, porque buscaba poner a todos los
abonados en contra de los trabajadores aunque las cifras fuesen
falsas.
Siguió diciendo que, en realidad, el único punto que impedía
llegar a un acuerdo era el tema del aumento de sueldos. Daba por
resuelto el reclamo en torno al salario familiar y a la
reincorporación del personal cesanteado a partir del golpe de
estado, aunque ninguna de esas cuestiones había llegado a tratarse.
Finalmente dijo que la posibilidad de incremento en los sueldos
pasaba por la aceptación de establecer una jornada de trabajo más
prolongada y, además, discontinua.
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