Tres primeras semanas
(V)
A partir de ese momento comenzaron a conocerse adhesiones de otros
gremios para con los trabajadores telefónicos. La Confederación de
Empleados de Comercio, que era dirigida por Armando March, informó
que los 52 delegados congresales ante el Congreso Extraordinario de
la CGT, se solidarizaban con la lucha de los telefónicos. En los
días siguientes las muestras de adhesión se irían ampliando. La
Fraternidad y la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta
también darían a conocer comunicados de solidaridad, mientras la
Federación de Luz y Fuerza anunciaría un paro de cinco minutos para
el martes de la semana siguiente, en apoyo de los telefónicos.
Pero todavía ocurrió algo más ese día miércoles. Cerca de las 20
horas, se concentraron unas 1500 personas frente al local del
Sindicato, que en esa época estaba en General Perón 2574. La
información periodística con la que me manejé no brinda detalles
sobre quiénes eran los manifestantes; Parece evidente que se trataba
de militantes telefónicos, pero el motivo de la movilización no era
únicamente el conflicto que vengo historiando.
Después de las elecciones en los distintos sindicatos debía
realizarse la normalización de la CGT, se había convocado a
Congreso Extraordinario, pero las deliberaciones quedaron
interrumpidas a poco de haberse comenzado. Un grupo de delegados
congresales se retiró, luego comenzaron negociaciones para tratar de
reconciliar a las partes enfrentadas: “Los que se quedaron” y
“Los que se retiraron”. En el papel mediador se ubicó La
Fraternidad con el beneplácito del interventor.
“Los que se quedaron” serían conocidos luego como “Las 62
Organizaciones”, y “Los que se retiraron” pasarían a llamarse
“32 Gremios Democráticos”. Con estas referencias puede resultar
más comprensible la información periodística que reproduzco.
“Alrededor de las 20, unas 1.500 personas, Según la estimación
policial, se habían reunido en la sede del sindicato de telefónicos
del estado, Cangallo 2574. Poco más tarde un grupo numeroso se
encolumnó hacia la sede de La Fraternidad, donde estaban reunidos
delegados al Congreso de la CGT, para instarlos a llegar a un acuerdo
y lograr una central obrera unida. Momentos más tarde, la mayor
parte se retiró, pero un grupo de unas 600 personas se dirigió por
Rivadavia hacia Avenida de Mayo portando una bandera argentina y
entonando estribillos.
Al llegar a Santiago del Estero, y como a pesar de los requerimientos
policiales los manifestantes proseguían su marcha, se comenzó a
emplear gases lacrimógenos. Cinco bombas estallaron y el grupo se
disgregó. Habiendo detenido la policía, según lo informó, a seis
persona, cuatro del gremio y dos particulares. Se aclaró que una vez
interrogados iban a ser puestos en libertad.
Otras sesenta personas se habían dirigido, mientras tanto, hacia la
sede de la CGT; pero allí fueron persuadidos de disolverse en
orden, lo que así hicieron”.
Vuelvo ahora al conflicto telefónico. El día 13 continuaron las
medidas de fuerza. En Tráfico los paros ya eran de 30 minutos por
turno y, el resto de la jornada, se continuaba trabajando a
reglamento. Una resolución del Ministerio de Trabajo declaró ilegal
la medida de fuerza de los telefónicos en las provincias de Santiago
del Estero, San Juan, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Formosa y Tucumán,
donde el servicio era brindado por empresas de capital privado.
Pero hubo algo más inquietante que eso. Al igual que en los días
anteriores, el conflicto merecía la atenta consideración del Poder
Ejecutivo. En una reunión presidida por Aramburu, se siguió
analizando qué pasaba con los telefónicos. “Asistieron a las
deliberaciones, el vicepresidente Rojas, Los ministros de
Comunicaciones, Trabajo y Previsión e Interior, los titulares de las
carteras de Ejército, Marina y Aeronáutica y miembros de los
servicios de Coordinación policial”.
Durante el fin de semana las cosas no cambiaron mucho, salvo por el
hecho de que los trabajadores de Tráfico seguían extendiendo la
duración de su medida de fuerza. Además de trabajar a reglamento,
realizaban un paro parcial que, el día domingo, llegó a los 50
minutos por turno y que, el día lunes, se iba a extender a una hora
por turno. Todas las comunicaciones que necesitaban de la
intermediación de operadoras se veían comprometidas y el panorama
era que lo iban a estar aún más en los próximos días.
La guerra de comunicados también formaba parte del conflicto y,
aunque con recursos más limitados que los de la empresa y el
gobierno, FOETRA contestaba a las acusaciones de que había
motivaciones extragremiales tras el reclamo de los telefónicos.
También trataba de convencer a los usuarios de que la
responsabilidad por los perjuicios en el servicio era de la empresa.
Y denunciaba la inconstitucionalidad de las medidas gubernamentales,
al mismo tiempo que reclamaba su revisión. Para esto último,
enviaba telegramas al presidente Aramburu y a la Convención Nacional
Constituyente.
La resolución de FOETRA, para ese día lunes 16 de septiembre, era
que el personal de Tráfico parara durante 60 minutos por turno, pero
“si en un edificio hubiera personal de Tráfico y de otras
dependencias, y a estos últimos no se les permitiera el acceso al
mismo, o fueran desalojados, los empleados de Tráfico deberán hacer
inmediato abandono de sus tareas y realizar un paro de 24 horas en el
lugar de trabajo en señal de protesta”.
Respecto a lo ocurrido en ese día hay alguna confusión. Parece que
hubo algunos lugares donde se habría llegado a esa medida extrema y
otros donde el paro de tráfico sólo fue de una hora. Lo cierto es
que el endurecimiento de las posiciones había metido al conflicto en
un camino sin retorno. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones hizo
público un informe elevado al Poder Ejecutivo en el que dejaba en
claro (por si fuera necesaria tal aclaración) que había actuado
siguiendo las directivas del gobierno; que la discusión de cualquier
aumento salarial estaba atado al incremento de la jornada de trabajo;
y que, por haberse visto desbordada en su posibilidad de manejo del
conflicto, proponía la aplicación del Código penal contra los
trabajadores telefónicos. Sobre esto me comentaba Diego Pérez:
“La empresa no encontró mejor recurso que pretender aplicar al
personal el artículo 197 del Código Penal, cuyo texto disponía:
Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años quien interrumpiese
o entorpeciese las comunicaciones telegráficas o telefónicas o
resistiese violentamente al restablecimiento de las comunicaciones
interrumpidas”.
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