miércoles, 29 de noviembre de 2017

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXIII)

Huelga general (V)

El lunes 23 de septiembre la ENTel afirmaba que se había producido un mejoramiento en el servicio porque habían retornado al trabajo el 25 por ciento de los huelguistas y que, además, se había incorporado nuevo personal a la Empresa. FOETRA señalaba que las cifras proporcionadas por la Empresa, tanto sobre personal retornado al trabajo como sobre las incorporaciones, eran absolutamente falsas. Mientras tanto se producían nuevas medidas de fuerza en apoyo a telefónicos. Ese día realizaron paros solidarios los gráficos, bancarios, trabajadores de la alimentación, químicos y aceiteros.
Otro acontecimiento se produjo ese día lunes; venía relacionado con el conflicto de los telefónicos pero, tenía otras implicancias y conexiones que eran mucho más complejas. Los gremios que en la madrugada del día viernes habían decidido convocar a un paro de 24 horas en apoyo a los reclamos obreros, volvieron a reunirse y pusieron fecha a esa convocatoria. El paro quedó previsto para el viernes 27 si no tenían resultado positivo las gestiones mediadoras que se pensaban realizar durante la semana.
Ese conjunto de gremios aún no tenía una denominación que los identificara; eran “las organizaciones que no se retiraron del Congreso Extraordinario de la CGT” cuando se rompieron las deliberaciones el 5 de septiembre, y no todos solían participar en todas las reuniones. El jueves anterior habían sido 53 los reunidos en el local de Vitivinícolas; habían sido 55 los firmantes de una nota al presidente pidiéndole una entrevista, y eran 38 los que habían deliberado ese lunes en el local de Luz y Fuerza. Por eso la forma elegida por Clarín para informar la decisión fue: “Harán 38 gremios un paro de 24 horas el viernes. Adherirán al mismo 24 entidades más”
La decisión que esas organizaciones habían adoptado en forma unánime era la siguiente:
“1. Que el paro de 24 horas ya determinado por el plenario del día 19 se realice el viernes 27 a partir de las 0 horas, si no hubiere una solución concreta a los problemas planteados en la reunión que la Comisión respectiva celebrará con el Presidente de la Nación el miércoles 25.
2. Que se realice una reunión plenaria el día miércoles 25 a los efectos de que la Comisión nombrada informe sobre la entrevista mantenida con el Presidente provisional.
3. Que el paro programado podrá suspenderse únicamente a 24 horas del momento de su iniciación.
4. Que en el caso de que hubiere represalias contra los trabajadores, el paro decretado proseguirá por tiempo indeterminado”.
La reunión en la que delegados de las 62 organizaciones sindicales expondrían sus problemas, había sido anunciada oficialmente ese mismo día, después de una reunión entre representantes sindicales y el ministro del Interior. En la agenda presidencial figuraba que el día miércoles, a las 12 horas, serían recibidos los dirigentes obreros en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. Se había previsto que asistieran a las deliberaciones el general Aramburu, el contralmirante Rojas, el ministro de Trabajo y Previsión, el subsecretario de esa cartera y otros altos funcionarios de la presidencia.
Fue con posterioridad a esa reunión mantenida con el ministro Alconada Aramburú, que los dirigentes sindicales volvieron a encontrarse en el local de Luz y Fuerza para ponerle fecha al paro programado desde unos días antes. Y, como consecuencia de ello, el gobierno canceló la entrevista al día siguiente. La explicación fue que “el Jefe de Gobierno acepta críticas, sugerencias y observaciones, pero no acepta imposiciones”.
El empantanamiento del conflicto telefónico era evidente; el gobierno dialogaba con los representantes del sector “democrático” y se negaba a hacerlo con los más confrontativos, pero no daba ninguna solución, ni a uno, ni a otro. La que se libraba era una guerra de desgaste. A pesar de que el servicio se encontraba bastante deteriorado como consecuencia de la falta de mantenimiento y de algunos actos de sabotaje, la situación no era tan grave, por lo menos en los sectores que el gobierno podía considerar neurálgicos. Miguel Mugica, el vicepresidente de la Empresa, reconocía que el lugar donde peor se encontraba el servicio era en Rosario, pero, al mismo tiempo, sostenía que en Córdoba las cosas andaban bastante bien.
Todos los funcionarios recitaban el libreto de que la solución pasaba por el aumento de la productividad, y que eso significaba aceptar una jornada de trabajo más prolongada y discontinua, como ya lo estaba haciendo la mayor parte del nuevo personal que estaba siendo incorporado. El recazo al aumento de la jornada era unánime en todos los sectores del gremio; ese era un punto innegociable, y su sola mención por parte de los funcionarios, ya era una muestra de la mala disposición empresaria para llegar a cualquier acuerdo.
Así estaban las cosas mientras se anunciaba, para el jueves 26, la realización de una asamblea general en la Federación Argentina de Box. Esa asamblea, convocada por las autoridades del Sindicato Buenos Aires, debía servir para mantener el estrecho contacto entre la conducción y los trabajadores. Esa comunicación es siempre necesaria en cualquier organización democrática, pero se vuelve imprescindible cuando se está en medio de una lucha, y más aún, si se trata de una confrontación tan complicada como la que se estaba desarrollando en ese momento.
Cada trabajador, en medio de un conflicto, necesita saber que otros trabajadores, de otros edificios u otras especialidades, están llevando adelante su misma lucha y que todos se mantienen firmes. La asamblea es el lugar donde se realiza ese contacto, donde se puede visualizar las vacilaciones o las firmezas, las dudas o las certidumbres, y donde se puede cohesionar al conjunto de los compañeros entre sí, y a estos con su conducción. Por eso la asamblea, más que un ámbito para el debate y el intercambio de ideas, es el lugar donde se refirman los compromisos y se recuperan fuerzas para seguir adelante. Tal vez fue por eso mismo que la asamblea fue prohibida por la policía: “Se notifica a los representantes de FOETRA que la División Coordinación Policial del Ministerio del Interior, no autoriza la asamblea programada para el jueves 26, a las 9, en Castro Barros 75”.
Pero si no podía realizarse la asamblea, por lo menos había una abundante información escrita. Volantes y comunicados de prensa trataban de cubrir la información que necesitaban los trabajadores en huelga. En uno de esos comunicados decía FOETRA: “La continuación de la huelga general, con la disciplina que lo caracteriza, demuestra fehaciente y terminantemente, que el gremio telefónico, firme, unido y disciplinado se mantiene actualmente como vanguardia de la clase trabajadora en la concreción de las reivindicaciones sociales”.

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