lunes, 13 de noviembre de 2017

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXVI)

Tres primeras semanas (IV)

Hay detalles, muy pequeños detalles, que parecen dar la clave de cual va a ser el resultado final del conflicto, mucho antes de que este se produzca. Es fácil decir eso cuando ya se sabe lo que ocurrió finalmente. Pero no está de más el señalar esas cosas. El jueves 5 de septiembre tenían que comenzar las negociaciones, pero la Empresa se fue en cuestiones formalistas en lugar de entrar al fondo del problema. Al día siguiente, cuando FOETRA había endurecido su posición y llegaba a la mesa de discusión con nuevos paros en los lugares de trabajo, los portavoces empresarios dijeron que no se podía negociar bajo presión, y reclamaron el levantamiento de las medidas de fuerza. Una vez conseguido eso, en lugar de aprovechar el escaso tiempo de tregua de que se disponía, no se fijó la hora de inicio de las negociaciones para la mañana del día lunes, sino para las 5 de la tarde. Por último, cuando llegó el momento de hablar sobre el reclamo de aumento salarial, la Empresa planteó que cualquier discusión sobre incremento de remuneraciones estaba condicionada a un aumento de la productividad.
Esto era, isa y llanamente, patear el tablero. Con los aumentos de precios que se habían venido operando, el salario de los trabajadores había sufrido una reducción muy grande; en realidad no se estaba hablando de un aumento de sueldos, sino de un intento por tratar de recuperar el poder adquisitivo perdido. Por eso, la pretensión empresaria de atar el readecuamiento salarial a un aumento de la productividad era, simplemente, petrificar la pérdida sufrida por los asalariados.
El miércoles 11 se reiniciaron las medidas de fuerza. Ahora se sumaba Tráfico, que, además de trabajar a reglamento durante toda la jornada, realizaba paros de 10 minutos por turno.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Esa misma noche se dio a conocer un decreto ilegalizando las medidas de fuerza de los telefónicos. La resolución del Poder Ejecutivo no sólo declaraba ilegales los paros, sino que facultaba a la ENTel, “para adoptar las medidas disciplinarias que considere adecuadas con respecto al personal que no reanude sus tareas en la fecha y hora que se le fije”.
El cinismo con el que se justificaba la resolución parecía una provocación adicional a los trabajadores. Se comenzaba diciendo que la solución ya había sido alcanzada el día 4 cuando se dejó sin efecto la resolución 1.712 (aquella que imponía el arbitraje del Poder Ejecutivo) y quedaron conformadas dos comisiones, una, para estudiar la revisión de las sanciones impuestas al personal, y otra, a la que se denominaba “Coordinadora técnico administrativa”. Para el libretista oficial, con eso se había dado satisfacción a todos los reclamos y ya no quedaba nada más por discutir.
Luego venía lo de la sorpresa empresaria por la reanudación de los paros a partir del día 6, como si la Empresa hubiera sido burlada en su buena fe, y el reproche a los trabajadores por lo que se consideraba una medida extemporánea. Ante este señalamiento, los representantes sindicales habían pedido una prórroga para convocar a las asambleas y levantar los paros, a fin de que la Coordinadora Técnico Administrativa pudiera comenzar a funcionar a partir del lunes 9. Pero la incomprensión obrera no había terminado allí; “las asambleas del gremio resolvieron, indebidamente, levantar el paro sólo por 48 horas” en lugar de hacerlo en forma definitiva. Y por si eso fuera poco, el día lunes, los representantes sindicales llegaron con “una exigencia extraña”, el reclamo de aumento de sueldo.

La Asamblea General que había quedado convocada desde cuatro días antes, sesionó ese miércoles 11 de septiembre hasta cerca de la media noche. Los diarios del día siguiente dirían que “alrededor de 6 mil trabajadores, aprobaron por unanimidad todo lo actuado por el Concejo Federal de FOETRA”. Además de resolverse la continuación de las medidas de fuerza, los asambleístas decidieron que si se producía la sanción a alguno de los trabajadores por su participación en el conflicto, o si se detenía a alguno de los dirigentes, se declararía de inmediato la huelga general del gremio telefónico en todo el país.
Al día siguiente el conflicto se agudizó aún más. Poco antes de medio día, las jefaturas informaron al personal que estaba cumpliendo con el paro, Que si no se normalizaban las tareas de inmediato, los huelguistas serían suspendidos y deberían hacer abandono del lugar, tal como lo establecía el decreto 10.822 del día anterior.
La inmensa mayoría de los trabajadores, de los 79 edificios telefónicos que existían en el área del Sindicato Buenos Aires, rechazaron la intimación y continuaron con el paro en el mismo lugar. Juan Carlos Romero, que por entonces era delegado en Ingeniería, recordó que en Diagonal Sur donde él trabajaba, se llamó a la policía para que desalojara el edificio. Algo similar ocurrió en otras dependencias de la Empresa. En cada una se llamó a la policía, en todas se labró el acta Correspondiente, y todos fueron desalojados.
Los telefónicos expulsados de los edificios se fueron concentrando en distintos lugares de la ciudad: sobre Avenida de Mayo, en Plaza Miserere, en Barrancas de Belgrano y en otros sitios. Las manifestaciones callejeras no duraban mucho porque eran disueltas por la policía, aunque, aparentemente, sin grandes violencias.
En la tarde, Norberto Espínola, Secretario del Sindicato Buenos Aires, declaraba a un periodista:

”La actitud de la empresa constituye un verdadero lock out patronal. Esta mañana nosotros continuábamos cumpliendo con el programa de paros dispuesto por el Concejo Federal cuando, a las 11.30, los jefes de todas las secciones reunieron al personal y les leyeron el decreto del Poder Ejecutivo. Después se nos intimó a suspender los paros o hacer abandono de nuestro lugar de trabajo. Como no acatamos esa imposición, se llamó a la Guardia de Infantería y a policías de las seccionales para que nos desalojaran. Entonces el personal decidió labrar actas para dejar constancia de que eran obligados por la fuerza pública a hacer abandono de su lugar de trabajo”.

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