1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXIII)

Huelga general (V)

El lunes 23 de septiembre la ENTel afirmaba que se había producido un mejoramiento en el servicio porque habían retornado al trabajo el 25 por ciento de los huelguistas y que, además, se había incorporado nuevo personal a la Empresa. FOETRA señalaba que las cifras proporcionadas por la Empresa, tanto sobre personal retornado al trabajo como sobre las incorporaciones, eran absolutamente falsas. Mientras tanto se producían nuevas medidas de fuerza en apoyo a telefónicos. Ese día realizaron paros solidarios los gráficos, bancarios, trabajadores de la alimentación, químicos y aceiteros.

Otro acontecimiento se produjo ese día lunes; venía relacionado con el conflicto de los telefónicos pero, tenía otras implicancias y conexiones que eran mucho más complejas. Los gremios que en la madrugada del día viernes habían decidido convocar a un paro de 24 horas en apoyo a los reclamos obreros, volvieron a reunirse y pusieron fecha a esa convocatoria. El paro quedó previsto para el viernes 27 si no tenían resultado positivo las gestiones mediadoras que se pensaban realizar durante la semana.

Ese conjunto de gremios aún no tenía una denominación que los identificara; eran “las organizaciones que no se retiraron del Congreso Extraordinario de la CGT” cuando se rompieron las deliberaciones el 5 de septiembre, y no todos solían participar en todas las reuniones. El jueves anterior habían sido 53 los reunidos en el local de Vitivinícolas; habían sido 55 los firmantes de una nota al presidente pidiéndole una entrevista, y eran 38 los que habían deliberado ese lunes en el local de Luz y Fuerza. Por eso la forma elegida por Clarín para informar la decisión fue: “Harán 38 gremios un paro de 24 horas el viernes. Adherirán al mismo 24 entidades más”

La decisión que esas organizaciones habían adoptado en forma unánime era la siguiente:

“1. Que el paro de 24 horas ya determinado por el plenario del día 19 se realice el viernes 27 a partir de las 0 horas, si no hubiere una solución concreta a los problemas planteados en la reunión que la Comisión respectiva celebrará con el Presidente de la Nación el miércoles 25.

2. Que se realice una reunión plenaria el día miércoles 25 a los efectos de que la Comisión nombrada informe sobre la entrevista mantenida con el Presidente provisional.

3. Que el paro programado podrá suspenderse únicamente a 24 horas del momento de su iniciación.

4. Que en el caso de que hubiere represalias contra los trabajadores, el paro decretado proseguirá por tiempo indeterminado”.

La reunión en la que delegados de las 62 organizaciones sindicales expondrían sus problemas, había sido anunciada oficialmente ese mismo día, después de una reunión entre representantes sindicales y el ministro del Interior. En la agenda presidencial figuraba que el día miércoles, a las 12 horas, serían recibidos los dirigentes obreros en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. Se había previsto que asistieran a las deliberaciones el general Aramburu, el contralmirante Rojas, el ministro de Trabajo y Previsión, el subsecretario de esa cartera y otros altos funcionarios de la presidencia.

Fue con posterioridad a esa reunión mantenida con el ministro Alconada Aramburú, que los dirigentes sindicales volvieron a encontrarse en el local de Luz y Fuerza para ponerle fecha al paro programado desde unos días antes. Y, como consecuencia de ello, el gobierno canceló la entrevista al día siguiente. La explicación fue que “el Jefe de Gobierno acepta críticas, sugerencias y observaciones, pero no acepta imposiciones”.

El empantanamiento del conflicto telefónico era evidente; el gobierno dialogaba con los representantes del sector “democrático” y se negaba a hacerlo con los más confrontativos, pero no daba ninguna solución, ni a uno, ni a otro. La que se libraba era una guerra de desgaste. A pesar de que el servicio se encontraba bastante deteriorado como consecuencia de la falta de mantenimiento y de algunos actos de sabotaje, la situación no era tan grave, por lo menos en los sectores que el gobierno podía considerar neurálgicos. Miguel Mugica, el vicepresidente de la Empresa, reconocía que el lugar donde peor se encontraba el servicio era en Rosario, pero, al mismo tiempo, sostenía que en Córdoba las cosas andaban bastante bien.

Todos los funcionarios recitaban el libreto de que la solución pasaba por el aumento de la productividad, y que eso significaba aceptar una jornada de trabajo más prolongada y discontinua, como ya lo estaba haciendo la mayor parte del nuevo personal que estaba siendo incorporado. El recazo al aumento de la jornada era unánime en todos los sectores del gremio; ese era un punto innegociable, y su sola mención por parte de los funcionarios, ya era una muestra de la mala disposición empresaria para llegar a cualquier acuerdo.

Así estaban las cosas mientras se anunciaba, para el jueves 26, la realización de una asamblea general en la Federación Argentina de Box. Esa asamblea, convocada por las autoridades del Sindicato Buenos Aires, debía servir para mantener el estrecho contacto entre la conducción y los trabajadores. Esa comunicación es siempre necesaria en cualquier organización democrática, pero se vuelve imprescindible cuando se está en medio de una lucha, y más aún, si se trata de una confrontación tan complicada como la que se estaba desarrollando en ese momento.

Cada trabajador, en medio de un conflicto, necesita saber que otros trabajadores, de otros edificios u otras especialidades, están llevando adelante su misma lucha y que todos se mantienen firmes. La asamblea es el lugar donde se realiza ese contacto, donde se puede visualizar las vacilaciones o las firmezas, las dudas o las certidumbres, y donde se puede cohesionar al conjunto de los compañeros entre sí, y a estos con su conducción. Por eso la asamblea, más que un ámbito para el debate y el intercambio de ideas, es el lugar donde se refirman los compromisos y se recuperan fuerzas para seguir adelante. Tal vez fue por eso mismo que la asamblea fue prohibida por la policía: “Se notifica a los representantes de FOETRA que la División Coordinación Policial del Ministerio del Interior, no autoriza la asamblea programada para el jueves 26, a las 9, en Castro Barros 75”.

Pero si no podía realizarse la asamblea, por lo menos había una abundante información escrita. Volantes y comunicados de prensa trataban de cubrir la información que necesitaban los trabajadores en huelga. En uno de esos comunicados decía FOETRA: “La continuación de la huelga general, con la disciplina que lo caracteriza, demuestra fehaciente y terminantemente, que el gremio telefónico, firme, unido y disciplinado se mantiene actualmente como vanguardia de la clase trabajadora en la concreción de las reivindicaciones sociales”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXII)

Huelga general (IV)

El viernes 20 de septiembre fue un día de intensas negociaciones. Comenzaron a las 13 entre representantes del Sindicato Buenos Aires de FOETRA y funcionarios de la presidencia; siguieron, a las 20.30, con gestiones mediadoras de los sindicalistas “democráticos” ante el presidente de facto, y finalizaron con la reunión que se prolongó hasta cerca de la media noche, entre dirigentes de la Federación y el contralmirante Isaac Rojas. Como puede verse, tanto los dirigentes de la Federación como los del Sindicato se entrevistaban con los funcionarios gubernamentales para encontrar una solución a los reclamos de los telefónicos.

Los locales del gremio telefónico se encontraban clausurados desde dos días antes al suspenderse la personería gremial de FOETRA, por eso el Sindicato Buenos Aires funcionaba de hecho en la Federación de Empleados de Comercio. Allí fue donde se reunieron a partir de las 13 los dirigentes del sindicato y representantes de la presidencia de la Nación. Por el sindicato habían estado Pedro Valente, José Vázquez y la compañera Scocieri, y Martínez Zemboráin, junto a otros funcionarios, por la parte gubernamental. Esa primera reunión finalizó a las 15 y volvió a reiniciarse a partir de las 17, y tanto en la primera como en la segunda parte, estuvo presente el Secretario General de Empleados de Comercio, Armando March.

Los dirigentes sindicales señalaron que, para poder ir a una asamblea a plantear el levantamiento de la huelga, era necesaria la devolución de la personería gremial y el cese de toda otra disposición adoptada como consecuencia del paro, además de un aumento general de $ 500. Los enviados del gobierno sostenían que no se podía comprometer ninguna resolución oficial mientras FOETRA no levantara el estado de huelga. Finalmente, cerca de las 20, los funcionarios gubernamentales se retiraron para efectuar consultas con la presidencia.

Aquel fue un día en que siguieron sumándose adhesiones a los trabajadores en conflicto. La Unión de Trabajadores de Entidades deportivas y el Sindicato de Aceiteros anunciaban paros en apoyo a los huelguistas para la semana siguiente. También expresaban su solidaridad los Marítimos, Trabajadores del Vestido, Trabajadores de la Construcción, Gastronómicos, Trabajadores de la Industria Papelera y muchos más. Pero lo que sería destacado por los diarios serían algunos incidentes a raíz del paro de los mercantiles en apoyo a FOETRA.

Aunque el paro de los empleados de comercio se cumplió en toda la ciudad, sus efectos fueron más llamativos en la zona céntrica. En la calle Florida algunos piquetes de huelguistas increpaban a los empleados que seguían trabajando después de las 17. La guardia de infantería, que se había desplegado por la zona con algunos carros de asalto, procedió a efectuar varias detenciones. El incidente más fuerte se produjo en el local de Bartolomé Mitre 757, cuando el dueño del negocio desenfundó un arma para impedir la actuación de un piquete. La consecuencia fue una vidriera rota y algunos detenidos.

Pero, ese viernes, hubo un anuncio solidario que merece ser destacado muy especialmente porque fue hecho por los gremios, que hasta ese momento eran definidos como “los que se quedaron en el Congreso de la CGT” o como “los sindicatos que habitualmente se reúnen en Sanidad”. A partir de la semana siguiente, ese agrupamiento comenzaría a ser conocido como “Las 62 Organizaciones”.

Sus integrantes se habían reunido en la noche del jueves con la intención de debatir sobre las gestiones que venían realizando para conseguir la reanudación del congreso cegetista. A esa reunión concurrieron representantes de FOETRA Y AATRA para informar sobre sus respectivos conflictos y allí recibieron las muestras de solidaridad a las que me referí hace un par de notas. Al evaluar la gravedad de los conflictos de telefónicos y telegrafistas, pasó a segundo plano el problema de la reanudación del Congreso Extraordinario de la CGT; hubo una moción del representante de la Madera para que se tratara en primer término la solidaridad con esas luchas, y a eso se dedicó el resto de la reunión que se prolongó hasta las 7.30 del día viernes.

La reunión aprobó una moción del representante de Luz y Fuerza consistente en:

1º, Voto de aliento a los trabajadores de FOETRA y AATRA y a todos aquellos que están luchando por las reivindicaciones obreras.

2º, Repudio a toda medida que tienda a desmembrar el movimiento gremial y la unidad de los trabajadores.

3º, Declarar el estado de alerta en todas las organizaciones obreras.

4º, Nombrar una comisión especial para gestionar ante los funcionarios del estado, incluso el presidente provisional de la Nación, la derogación del decreto reglamentando las huelgas (Decreto 824/56) y solución a las demandas presentadas por los gremios.

A todo esto se sumó un 5º punto (propuesto por el representante del Calzado) declarando un paro de 24 horas si las gestiones mediadoras no tenían éxito. El paro se extendería por tiempo indeterminado, en caso de represalias.

El capitán Ramón Casanova, presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, convocó a una conferencia de prensa el sábado 21, por la mañana. La suya era la respuesta del gobierno a las gestiones de los trabajadores, pero aparecía como hecha por una instancia inferior. Ese recurso, que todo gobierno utiliza, pone en boca de un funcionario subalterno lo que el gobierno quiere decir. Si las cosas no salen bien o si hay que cambiar la posición, el que se equivocó fue el funcionario de menor jerarquía y no, su superior.

El argumento usado para rechazar el reclamo de los trabajadores era que la demanda sindical excedía los recursos de la Empresa. El pedido de $700 de aumento, implicaría una erogación anual de 360 millones. Como los recursos de ENTel estaban muy por debajo de esa cifra, la única posibilidad habría sido aumentar las tarifas. El argumento era bastante efectista, porque buscaba poner a todos los abonados en contra de los trabajadores aunque las cifras fuesen falsas.

Siguió diciendo que, en realidad, el único punto que impedía llegar a un acuerdo era el tema del aumento de sueldos. Daba por resuelto el reclamo en torno al salario familiar y a la reincorporación del personal cesanteado a partir del golpe de estado, aunque ninguna de esas cuestiones había llegado a tratarse. Finalmente dijo que la posibilidad de incremento en los sueldos pasaba por la aceptación de establecer una jornada de trabajo más prolongada y, además, discontinua.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXI)

Huelga general (III)

Es conveniente recordar cómo estaban distribuidas las fuerzas internas durante el conflicto. Tras el golpe de estado y la posterior intervención de las organizaciones sindicales había seguido un proceso de “normalización” bastante complejo. Antiguas rivalidades se combinaron con las proscripciones implementadas por los golpistas. En el Sindicato Buenos Aires, el de mayor número de afiliados, había triunfado la Lista Verde encabezada por Pedro Valente; en la Federación se impuso una alianza dirigida por el secretario general del Sindicato Standard Electri, Héctor Andreatta, quien fue acompañado por una lista minoritaria de Buenos Aires y otros dirigentes del interior. Los peronistas que habían estado al frente de FOETRA hasta el golpe de estado no disponían de representantes en la Federación, sólo tenían una participación minoritaria en la conducción del Sindicato Buenos Aires. Estos son los trazos gruesos, el mapa se hace más complejo si se toman las composiciones internas de los sindicatos y delegaciones del interior.

La composición del Secretariado Nacional de FOETRA era heterogénea, su característica más distintiva era la de haber surgido en oposición a la mayoría de Buenos Aires. En el Consejo Federal Buenos Aires y sus aliados eran mayoritarios, el equilibrio entre el Secretariado y el Consejo era inestable. A pesar de eso se había conseguido unificar las fuerzas para el reclamo, de hecho hubo una suerte de dirección compartida, la propuesta reivindicativa del Secretariado fue respaldada por el Congreso extraordinario y las medidas de fuerza las reglamentó el Consejo Federal. Se coincidía con la justicia del reclamo, pero se desconfiaba sobre la forma en que fue planteado y en las segundas intenciones que podía haber detrás. Cuando entrevisté a Pedro Valente éste se encontraba muy enfermo y su hijo fue quien deslizó algunos comentarios que pueden servir para ilustrarnos.

“La huelga fue declarada por los peronistas como una forma de revancha contra la Revolución Libertadora; pedir 700 o nada era un reclamo para impedir cualquier posibilidad de arreglo, lo mismo que esa exigencia de la cabeza del capitán Casanova, el presidente de la empresa. Los comunistas apoyaban para llevar agua para su molino”.

Reproduzco el comentario aunque no haya sido dicho por alguien que haya tenido una importante participación directa en el conflicto, más bien lo hago para mostrar una forma de razonamiento muy extendida, una opinión que parece surgida de un fuerte sentimiento antiperonista y anticomunista. No parece que esas opiniones fuesen muy sensatas; seguramente los militantes peronistas y comunistas (como muchos otros) estuviesen en contra del gobierno de facto, pero por sí mismos no habrían podido declarar las medidas de fuerza, ni su apoyo hubiese sido suficiente si el resto de los afiliados no hubiesen estado de acuerdo. Entre los propios integrantes de la Lista Verde existía mucho malestar con las medidas gubernamentales, un importante militante histórico de ese sector me confesó que desde un principio apoyó la huelga. También me explicó que Pedro Valente trató de disuadirlo, pero no por simpatía con los atropellos golpistas sino por no estar seguro sobre las posibilidades de éxito.

“Yo era partidario de la huelga pero en el Sindicato Buenos Aires había muchos compañeros que no estaban de acuerdo con eso; y no porque estuvieran del lado del gobierno sino por una cuestión de razonamiento.

Un día yo estaba almorzando en lo de mi suegra y me llama Valente por teléfono. “Te llamo porque estamos aquí cerca (en un bar de Floresta) con algunos delegados de Mar del Plata, Río Cuarto, Córdoba y otros lugares y quiero que vos vengas”. Yo me fui para la reunión y Don Pedro me dijo: “Mirá Pascual, yo sé que vos tenés un entripado bárbaro por lo del laudo en el Ministerio y que querés la huelga. Pero los que tenemos cierta experiencia consideramos que no es conveniente la huelga en este momento, porque un gobierno militar no va a admitir que lo pasés por encima”.

Y después agarró un papel, trazó una línea horizontal y comenzó a dibujar una curva que se iba levantando hasta alcanzar su punto más alto y después descendía. ”A la huelga sale todo el mundo, de entrada es un exitaso; más o menos a los 15 días alcanzas el pico. Pero después viene la declinación, porque los militares no te van a aceptar que vos le hagás la huelga. No te lo van a aceptar porque ellos sacaron un decreto y el pedido de aumento masivo es irrazonable. Se puede pedir otra cosa, arbitrar otros medios, pero en estas condiciones la huelga va al muere”.

Esto me comentó Pascual Masitelli cuando lo consulté sobre la posición de los dirigentes del sindicato con respecto a la medida de fuerza. Pero también puso mucho énfasis en destacar el firme apoyo durante todo el conflicto: “Valente, como hombre disciplinado, defendió la huelga a capa y espada; él, como hombre de principios, defendió la huelga más que nadie”.

Precisamente si vengo reproduciendo pasajes de comunicados y volantes es porque son documentos invalorables sobre el apoyo de Buenos Aires (y de todos los sectores internos en general) durante la huelga. Más allá de las diferencias políticas lo significativo fue la gran cohesión de los distintos sectores para enfrentar a las empresas y al gobierno. Esa unidad en la acción no se limitó a buenos Aires, todo el territorio nacional fue escenario de la lucha. El comentario entusiasta de diego Pérez resulta ilustrativo.

“La huelga tuvo total acatamiento en todo el país; hasta en pequeñas localidades que no tenían una tradición de actividad sindical se sumaron en forma entusiasta al conflicto. Porque nosotros hicimos un planteamiento bien desde la base; las decisiones se tomaron en asamblea, después fueron al Congreso y luego las tomó el Secretariado Nacional”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXX)

Huelga general (II)

El día 19 se comenzó a liberar a los detenidos, entre ellos a los dirigentes de la Federación. Ese jueves se informó que la mitad de los trabajadores apresados en los diversos allanamientos habían recuperado su libertad. Inicialmente se había hablado de alrededor de 170 detenciones; la información oficial decía que ya habían recuperado su libertad 86 de los detenidos, pero en un comunicado el Sindicato Buenos Aires informaba que permanecían detenidos 200 compañeros. Finalmente todos serían liberados; sin embargo eso no significó que el proceso judicial hubiese quedado resuelto. Diego Pérez fue muy preciso con esto: “varios años después, las causas todavía seguían abiertas”.

Por su parte, la Empresa comenzaba a mostrarse triunfalista diciendo que los trabajadores empezaban a retornar al trabajo al garantizarse la seguridad de quienes querían trabajar. Las cosas no debían ser tan ciertas porque al mismo tiempo se admitía que había trabajadores que iban a ser sancionados por su adhesión al conflicto y que se iba a tomar nuevo personal para cubrir las tareas técnicas y administrativas. El vocero empresario no vacilaba en señalar que en la provincia de Entre Ríos el servicio se había normalizado. Lo curioso es que ENTel no prestaba servicio en esa provincia porque el mismo era cumplido por la Compañía Entrerriana de Teléfonos. Es posible que, después de tres semanas de conflicto y de las embestidas represivas de la Empresa y del gobierno, se hubiesen producido algunas deserciones, pero no debieron ser tantas como quería mostrar la información oficial.

Desde el lado de FOETRA la visión era totalmente distinta. En un comunicado emitido el día 19, se decía:

“Con la unidad y disciplina características del gremio telefónico se cumplió en todo el país la orden de huelga general que, a partir de las 8 del día de ayer, dictó FOETRA. La jornada cumplida con entereza, fue la condigna respuesta al atropello realizado por un poder prepotente que por no avenirse a lo que debe concederse a los trabajadores, intentó aplastar nuestro magnífico movimiento por medio de detenciones masivas de los activistas sindicales. Los centenares de detenciones no han disminuido el espíritu de lucha del gremio ni han logrado quebrar la organización, porque cada afiliado ha sabido tomar el puesto de combate que le corresponde, sin deserciones ni desmayos.

Los locales de FOETRA han sido avasallados y se encuentran clausurados, pero la organización del movimiento se mantiene intacta, tanto en cada sindicato como en nuestros contactos con todo el país. El Ministerio de Trabajo y Previsión ha suspendido la inscripción gremial de FOETRA burlando toda norma jurídica democrática, pero se equivoca si cree que con ello podrá barrer con nuestra gloriosa Federación”.

Y para que no hubiera dudas ni confusiones se enfatizaba que “La huelga continuará hasta que el organismo gremial ordene su levantamiento por medio de los delegados y activistas en forma fidedigna”.

Las muestras de solidaridad fueron numerosísimas a lo largo de todo el conflicto y provinieron de todos los sectores del campo gremial.

Una delegación de Telefónicos fue recibida en la sede de Obreros y Empleados Vitivinícolas donde se encontraban reunidos representantes de 53 sindicatos que participaban del interrumpido Congreso Normalizador de la CGT; sólo faltaban 9 de los que a partir de la semana siguiente comenzarían a ser conocidos como “Las 62 Organizaciones”. Telefónicos y Telegrafistas recibieron renovadas muestras de solidaridad, entre ellas, el anuncio de que los trabajadores de la Alimentación realizarían paros de 15 minutos por turno en apoyo a la lucha de FOETRA y AATRA.

Similares muestras de solidaridad se daban en otros gremios. Ese mismo día, los empleados de comercio cumplían un paro entre las 17 y las 24 horas, en apoyo a telefónicos y telegrafistas. Otro tanto hacían los metalúrgicos, con paros de 15 minutos por turno, y los Trabajadores de la imprenta comprometían su apoyo con paros de una hora, en todo el país, para el lunes siguiente. También los Químicos anunciaban medidas de fuerza para apoyar a los huelguistas, al mismo tiempo que los Bancarios, Aeronáuticos y otros gremios programaban la realización de asambleas para resolver su adhesión.

El viernes 20, por la noche, una nutrida delegación de dirigentes sindicales fue recibida en Casa de gobierno por el general Aramburu y el contralmirante Rojas. Esos dirigentes eran definidos como Pertenecientes a “los sindicatos que se retiraron del Congreso Normalizador de la CGT” y que, una semana después, comenzarían a ser llamados “los 32 gremios democráticos”.

Los dirigentes que hicieron uso de la palabra fueron Luis Danussi, de la Federación Gráfica Bonaerense, Salvador Marcovechio, de la Federación de Empleados de Comercio, y Juan Corral, de la Unión Ferroviaria. Aunque el tema de fondo era el costo de vida, el congelamiento salarial, el incremento de los precios y la legislación que reprimía el derecho de huelga, todos aprovecharon para mostrar su preocupación y solidaridad con los conflictos de telefónicos y telegrafistas.

El primero de ellos dijo que “se busca una solución a los conflictos planteados por los telefónicos y los radiotelegrafistas. Se debe llegar a una solución, cuanto antes, porque las medidas represivas adoptadas por el gobierno, inquietan y perturban todo el sentir popular”. El representante de los empleados de comercio dijo “el conflicto de los telefónicos y radiotelegrafistas debe ser solucionado, ya que el mismo tiene un origen justo y el estado no puede ni debe ser impermeable a esta situación. (...) El decreto de congelación de salarios impidió encontrar el punto de equilibrio entre los precios y los salarios, por lo cual se vuelve urgente su derogación”. Por último, el dirigente ferroviario se refirió al conflicto diciendo “No es fácil encontrar el equilibrio, pero se debe tratar de llevar un poco más de tranquilidad a la clase obrera”.

Aramburu hizo una larga intervención en la que eludió referirse a los conflictos sobre los que se le pedía una definición. Entonces tomó la palabra Sebastián Marotta quien “insistió en lograr por lo menos una solución de emergencia hasta tanto se obtenga una fórmula definitiva en todas las cuestiones planteadas”. A lo que contestó Aramburu: “El gobierno va a estudiar todos estos problemas; y con respecto al conflicto de los telefónicos tratará de solucionarlo”.

Probablemente fue después de esa reunión, Cuando representantes de FOETRA mantuvieron una prolongada entrevista con Isaac Rojas. Entre las 21.55 y las 23.25 “estuvieron reunidos con el Señor vicepresidente, a quien ilustraron ampliamente acerca del motivo de la huelga”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXIX)

Huelga general

Después de muchas negociaciones infructuosas reclamando aumento de sueldo y reincorporación de cesantes, los telefónicos iniciaron paros progresivos el martes 27 de agosto. Durante tres semanas las medidas de fuerza fueron en aumento, el gobierno dictatorial que al mismo tiempo era el empleador principal se mantuvo inflexible. Al cumplirse el segundo aniversario del golpe de estado se anunció que las fuerzas armadas se harían cargo de la custodia de los edificios telefónicos, y el martes 17 de septiembre no sólo se ocuparon militarmente las instalaciones sino que comenzaron los arrestos masivos de trabajadores.

Las detenciones que se iniciaron el día martes con la ocupación de la Repetidora de Adrogué continuaron en la noche y durante el día siguiente. Sobre esos hechos, la información periodística fue bastante minuciosa.

“El juez nacional en lo penal especial, Dr. Ovidio Fernández Alonso, dispuso autorizar por la secretaría del Dr. Benito Yúdice, que la Policía Federal procediera al allanamiento de los domicilios y detención de unos 170 empleados telefónicos por considerarlos incursos en las penalidades previstas por el artículo 197 del código penal, que reprime los atentados contra los medios de transporte y comunicaciones. En cuanto a la lista de los detenidos, a los cuales se aloja en el Departamento Central de Policía, fue confeccionada por el Ministerio de Comunicaciones y remitida por la Policía Federal al juez Fernández Alonso, a fin de que el magistrado facultara su intervención”.

Entre los numerosos detenidos se encontraba el Secretario General de FOETRA, Héctor Andreatta, apresado en la localidad de San Isidro. Cuando le pregunté a Diego Pérez quiénes eran los miembros del Secretariado que habían sido detenidos me comentó:

“Si mal no recuerdo, fueron Andreatta, Pravisani y Piacentini. Las cosas ocurrieron así.

Los compañeros de la repetidora de Adrogué fueron detenidos a las 5 de la tarde. Nosotros creo que nos enteramos recién a las 7. Después siguieron llegando noticias de otras detenciones y, después de las 10 de la noche es cuando le mandamos el telegrama a la Empresa intimándola para que dejaran en libertad a todos los compañeros o nos íbamos a declarar en huelga general a partir de las 8 de la mañana. Después de eso, y para que no metieran preso a todo el Secretariado, les dijimos a Pravisani y Piacentini que se fueran para el sindicato Standard Electric, en San Isidro. Tombessi se fue para La Plata y Dopazo también se fue afuera. Y en Ambrosetti nos quedamos Andreatta y yo.

A eso de las 6 se concentraron frente al local los compañeros de los talleres de la calle Hidalgo que venían a averiguar que noticias había. Les dijimos que habíamos declarado la huelga general a partir de las 8 y, después que ellos se fueron, Andreatta se fue para San Isidro a dormir un rato. Yo me quedé una hora más, pero, como no pasaba nada, les dije a los muchachos que me iba a dormir a casa. Me acuerdo que uno de ellos me dijo si estaba loco, porque en mi casa ya debía estar esperando la policía. Entonces me fui a la casa de mi hermana. El compañero tenía razón, esa noche fueron dos veces a la casa de mis viejos, que es donde yo vivía.

Serían las 2 de la tarde cuando estaba volviendo para Ambrosetti 134. Unos compañeros me paran en José María Moreno y Rivadavia y me preguntan a dónde iba. Cuando les dije que iba para la federación me contaron que a eso de las 8 y media había caído la cana y se los había llevado presos a todos. En realidad en Ambrosetti no hubo ningún detenido.

Los fondos de la Federación daban con los de una casa que tenía salida por Acoyte. Cuando llegó la policía todos los que estaban dentro (las compañeras administrativas que entraban a las 7 de la mañana y algún compañero con permiso gremial) saltaron la pared y se escaparon por detrás. Hay que decir que algunos policías eran bastante tolerantes. Muchos debían ser peronistas, y si podían hacer la vista gorda, lo hacían.”

El paro por tiempo indeterminado, que debía cumplirse en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, se hizo extensivo a todo el país como consecuencia del apresamiento de los dirigentes del nivel nacional. Y para que no quedara ninguna duda respecto a la disposición combativa de los telefónicos, el Sindicato Buenos Aires dio a conocer un comunicado que en su parte resolutiva señalaba:

“La huelga general se mantendrá hasta que hayan desaparecido las causas que la determinaron, debiéndose impartir la orden de levantamiento únicamente por las autoridades de la Federación o el Sindicato, previa aclaración de las razones que motiven dicho levantamiento”.

El comunicado, firmado por Pedro Valente y Norberto Espínola, informaba que se contemplaba la formación de subcomités de huelga en todos los lugares de trabajo.

Al mismo tiempo las muestras de solidaridad con los trabajadores telefónicos siguieron aumentando. El secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica dispuso la realización de un paro de 15 minutos (de 9 a 9,15, de 15 a 15,15 y de 24 a 0,15), mientras manifestaban su adhesión la Asociación Bancaria (Regional Buenos Aires), la Federación de vendedores de Diarios, Revistas y Afines, y el Sindicato Unido Petroleros del Estado. También expresaron su apoyo solidario la Comisión de Acción Política de la Unión Cívica Radical Intransigente y el Dr. Alfredo Palacios, diputado constituyente por el Partido Socialista. La Comisión de Acción Política de la UCRI, que recibió a los representantes telefónicos y repudió las detenciones, estaba presidida por el Dr. Alejandro Gómez, futuro vicepresidente de la Nación.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXVIII)

Tres primeras semanas (VI)

Era una fecha muy especial; se cumplían dos años del golpe de estado y el gobierno de facto quería seguir mostrando que era tan duro como el primer día. Tal vez por eso, además de las declaraciones conmemorativas de las principales figuras del gobierno, hacia la noche se anunció que las fuerzas armadas se harían cargo de la custodia de todas las oficinas y edificios telefónicos “con el fin de asegurar la normal prestación de los servicios y, a la vez, garantizar la libertad de trabajo”.

Según recuerda Diego Pérez, “hubo cédulas emitidas por el Ministerio de Guerra movilizando al personal de mantenimiento (especialmente a Interior, Revisadores y Conservación Cables).

Se llegó así al 17 de septiembre. Tuerzas del ejército ocuparon la Repetidora de Adrogué a las 17 horas de ese día, apresando a todos los trabajadores que se encontraban en el lugar. A medida que pasaron las horas se conocieron las detenciones masivas, en su lugar de trabajo o domicilio, de delegados, colaboradores y afiliados activos, sin ninguna discriminación. Las primeras cifras indicaban que 170 trabajadores habían sido privados de su libertad.

Por eso el Secretariado Nacional emplazó al Poder Ejecutivo para que dejara en libertad a los detenidos, en caso contrario se declararía la huelga general por tiempo indeterminado a partir de las 8 horas del día siguiente. La contestación del gobierno fue suspender la personería gremial de FOETRA y reprimir las concentraciones públicas de los trabajadores telefónicos”.

Ese martes 17 se reunió el Concejo de Administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y, “tras examinar la situación del conflicto telefónico y las medidas de seguridad adoptadas por el Poder Ejecutivo”, dictó una resolución intimando al personal a “reintegrarse a sus tareas a partir de las 0 horas del día 19”. El incumplimiento de esa exhortación haría pasible al personal de las sanciones de “suspensión, cesantía o exoneración, como mejor corresponda”. Paralelamente, el ministro de comunicaciones informó que había solicitado al Ministerio de Trabajo y Previsión, el retiro de la personería gremial de FOETRA.

Pero los anuncios del ministro no terminaron allí. Agregó que “la empresa estatal denunció ante las autoridades policiales, la comisión de hechos previstos en la ley penal”. Y, a partir de esas denuncias, se produjeron las detenciones comentadas más arriba.

Esa noche, poco después de las 22.30, se inició la reunión en FOETRA en la que se decidió dar plazo hasta las 8 de la mañana del día miércoles 18 para que todos los detenidos fueran dejados en libertad. Si el reclamo no era satisfecho, se paralizarían las tareas en todo el ámbito del Sindicato Buenos Aires; y si se producía la detención de algún miembro del Secretariado Nacional, el paro se extendería a todo el país.

El martes 17 también fue suspendida la personería gremial de los Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines, a raíz del conflicto que venían sosteniendo por reivindicaciones similares a las planteadas por los telefónicos.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXVII)

Tres primeras semanas (V)

A partir de ese momento comenzaron a conocerse adhesiones de otros gremios para con los trabajadores telefónicos. La Confederación de Empleados de Comercio, que era dirigida por Armando March, informó que los 52 delegados congresales ante el Congreso Extraordinario de la CGT, se solidarizaban con la lucha de los telefónicos. En los días siguientes las muestras de adhesión se irían ampliando. La Fraternidad y la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta también darían a conocer comunicados de solidaridad, mientras la Federación de Luz y Fuerza anunciaría un paro de cinco minutos para el martes de la semana siguiente, en apoyo de los telefónicos.

Pero todavía ocurrió algo más ese día miércoles. Cerca de las 20 horas, se concentraron unas 1500 personas frente al local del Sindicato, que en esa época estaba en General Perón 2574. La información periodística con la que me manejé no brinda detalles sobre quiénes eran los manifestantes; Parece evidente que se trataba de militantes telefónicos, pero el motivo de la movilización no era únicamente el conflicto que vengo historiando.

Después de las elecciones en los distintos sindicatos debía realizarse la normalización de la CGT, se había convocado a Congreso Extraordinario, pero las deliberaciones quedaron interrumpidas a poco de haberse comenzado. Un grupo de delegados congresales se retiró, luego comenzaron negociaciones para tratar de reconciliar a las partes enfrentadas: “Los que se quedaron” y “Los que se retiraron”. En el papel mediador se ubicó La Fraternidad con el beneplácito del interventor.

“Los que se quedaron” serían conocidos luego como “Las 62 Organizaciones”, y “Los que se retiraron” pasarían a llamarse “32 Gremios Democráticos”. Con estas referencias puede resultar más comprensible la información periodística que reproduzco.

“Alrededor de las 20, unas 1.500 personas, Según la estimación policial, se habían reunido en la sede del sindicato de telefónicos del estado, Cangallo 2574. Poco más tarde un grupo numeroso se encolumnó hacia la sede de La Fraternidad, donde estaban reunidos delegados al Congreso de la CGT, para instarlos a llegar a un acuerdo y lograr una central obrera unida. Momentos más tarde, la mayor parte se retiró, pero un grupo de unas 600 personas se dirigió por Rivadavia hacia Avenida de Mayo portando una bandera argentina y entonando estribillos.

Al llegar a Santiago del Estero, y como a pesar de los requerimientos policiales los manifestantes proseguían su marcha, se comenzó a emplear gases lacrimógenos. Cinco bombas estallaron y el grupo se disgregó. Habiendo detenido la policía, según lo informó, a seis persona, cuatro del gremio y dos particulares. Se aclaró que una vez interrogados iban a ser puestos en libertad.

Otras sesenta personas se habían dirigido, mientras tanto, hacia la sede de la CGT; pero allí fueron persuadidos de disolverse en orden, lo que así hicieron”.

Vuelvo ahora al conflicto telefónico. El día 13 continuaron las medidas de fuerza. En Tráfico los paros ya eran de 30 minutos por turno y, el resto de la jornada, se continuaba trabajando a reglamento. Una resolución del Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza de los telefónicos en las provincias de Santiago del Estero, San Juan, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Formosa y Tucumán, donde el servicio era brindado por empresas de capital privado.

Pero hubo algo más inquietante que eso. Al igual que en los días anteriores, el conflicto merecía la atenta consideración del Poder Ejecutivo. En una reunión presidida por Aramburu, se siguió analizando qué pasaba con los telefónicos. “Asistieron a las deliberaciones, el vicepresidente Rojas, Los ministros de Comunicaciones, Trabajo y Previsión e Interior, los titulares de las carteras de Ejército, Marina y Aeronáutica y miembros de los servicios de Coordinación policial”.

Durante el fin de semana las cosas no cambiaron mucho, salvo por el hecho de que los trabajadores de Tráfico seguían extendiendo la duración de su medida de fuerza. Además de trabajar a reglamento, realizaban un paro parcial que, el día domingo, llegó a los 50 minutos por turno y que, el día lunes, se iba a extender a una hora por turno. Todas las comunicaciones que necesitaban de la intermediación de operadoras se veían comprometidas y el panorama era que lo iban a estar aún más en los próximos días.

La guerra de comunicados también formaba parte del conflicto y, aunque con recursos más limitados que los de la empresa y el gobierno, FOETRA contestaba a las acusaciones de que había motivaciones extragremiales tras el reclamo de los telefónicos. También trataba de convencer a los usuarios de que la responsabilidad por los perjuicios en el servicio era de la empresa. Y denunciaba la inconstitucionalidad de las medidas gubernamentales, al mismo tiempo que reclamaba su revisión. Para esto último, enviaba telegramas al presidente Aramburu y a la Convención Nacional Constituyente.

La resolución de FOETRA, para ese día lunes 16 de septiembre, era que el personal de Tráfico parara durante 60 minutos por turno, pero “si en un edificio hubiera personal de Tráfico y de otras dependencias, y a estos últimos no se les permitiera el acceso al mismo, o fueran desalojados, los empleados de Tráfico deberán hacer inmediato abandono de sus tareas y realizar un paro de 24 horas en el lugar de trabajo en señal de protesta”.

Respecto a lo ocurrido en ese día hay alguna confusión. Parece que hubo algunos lugares donde se habría llegado a esa medida extrema y otros donde el paro de tráfico sólo fue de una hora. Lo cierto es que el endurecimiento de las posiciones había metido al conflicto en un camino sin retorno. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones hizo público un informe elevado al Poder Ejecutivo en el que dejaba en claro (por si fuera necesaria tal aclaración) que había actuado siguiendo las directivas del gobierno; que la discusión de cualquier aumento salarial estaba atado al incremento de la jornada de trabajo; y que, por haberse visto desbordada en su posibilidad de manejo del conflicto, proponía la aplicación del Código penal contra los trabajadores telefónicos. Sobre esto me comentaba Diego Pérez:

“La empresa no encontró mejor recurso que pretender aplicar al personal el artículo 197 del Código Penal, cuyo texto disponía: Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años quien interrumpiese o entorpeciese las comunicaciones telegráficas o telefónicas o resistiese violentamente al restablecimiento de las comunicaciones interrumpidas”.