1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLIII)

Últimas semanas (III)

La reunión del 10 de octubre entre el general aramburu y los representantes de las 62 Organizaciones y los 32 Gremios mostró el apoyo de los dos grandes nucleamientos a la lucha que los telefónicos venían sosteniendo desde varias semanas atrás. Norma Ciorciari, única mujer que integraba la delegación, lo expresó al comenzar su intervención: “Antes que nada, como un anticipo de la unidad definitiva de los trabajadores argentinos, celebro los puntos de coincidencia registrados en esta reunión. Asimismo, nos complace que de común acuerdo se haya permitido a FOETRA hacer oír su voz en esta oportunidad”.

El congreso para normalizar la central obrera se había fracturado prácticamente al comenzar sus deliberaciones, se definieron dos grandes agrupamientos, Las 62 que confrontaban abiertamente con el gobierno, Los 32 que sostenían una posición más dialoguista. A pesar de las diferencias se pusieron de acuerdo para solicitar una reunión conjunta en la Casa Rosada y para que la representante de los telefónicos concurriera con el respaldo de ambos sectores.

Ella recordó que venían insistiendo con la propuesta de una reunión en la que estuvieran representantes de la empresa, de las autoridades nacionales y de los trabajadores, para que el Poder Ejecutivo pudiera juzgar cual era la parte intransigente e insensible en la negociación, porque FOETRA no estaba en la calle por un mero capricho de dirigentes.

“En todas las reuniones hemos tratado de plantear soluciones (…) y solamente hemos escuchado esa campana de las 35 horas a las 44 horas. Las 35 horas que sostienen y defienden los telefónicos es una conquista y no un capricho de un funcionario; es una conquista que llevó a los telefónicos 20 años de lucha por su condición de trabajo insalubre”.

Ejemplificó con el trabajo desarrollado por los compañeros en las cámaras subterráneas, con las tareas de las operadoras de Tráfico, “14 mil mujeres en todo el país (…) que en el mismo mes de diciembre tenemos que trabajar con estufas y ventilación”. Le recordó a Aramburu que en un principio el ministro de comunicaciones había dicho que el horario no se tocaría; “ahora nos encontramos con que el primer punto que quiere discutirse es el de los horarios”. Y reiteró que los telefónicos habían salido a la lucha “por la reincorporación de cesantes y por un aumento que consideramos necesario”. Mirándolo a la cara le dijo:

“La insensibilidad de la empresa se pone de manifiesto a cada instante, hasta tal punto que anteayer se nos dijo que usted esperaba solamente 45 minutos para solucionar este conflicto o en su defecto pondría en práctica medidas drásticas. Nosotros entendemos que no es esa la solución. Pensamos que el problema telefónico debe resolverse con soluciones positivas, efectivas y de inmediato”.

Nosotros queremos que se nos respete y que no se diga que la conquista de las 35 horas es una herencia de ningún funcionario. Es una conquista legítimamente recuperada por el gremio telefónico”.

Toda la exposición de Norma Ciorciari fue respetuosa pero firme, hasta cuando citó un comunicado de FOETRA:

“Esta mañana hemos leído un comunicado referente a la huelga de los telefónicos y hablaré con la sinceridad que nos ha pedido el señor presidente.

En ese comunicado se dice que cuando una empresa anda mal un día, puede ser por culpa de los obreros, si anda mal un mes, los jefes son los responsables; pero si la compañía no anda bien un año, entonces debe desaparecer su directorio. Juzgue y medite lo que le decimos, es la impresión de todo el gremio telefónico.

No estamos contra nadie, queremos colaborar con la Nación, ponemos nuestro esfuerzo con los conocimientos que tenemos en materia telefónica. Lo que no queremos es que en esta circunstancia se trate de colocar de rodillas a un gremio que vive de pie”.

Había sido irónica al argumentar sobre la inconsistencia del planteo patronal para aumentar la productividad: en el Departamento de Tráfico, aunque se pagara más “no podríamos hablar más rápido”. También lo fue al ridiculizar la pretensión de recalificación del personal: “¿Cómo exigir una calificación si los jefes no saben calificar? Eso no es culpa nuestra, nosotros no los nombramos”.

A diferencia de lo que había ocurrido con otros dirigentes que hablaron ante que ella, Ni Aramburu ni ninguno de los funcionarios que lo asistían la interrumpió con preguntas ni hizo comentarios cuando finalizó. Desde el punto de vista argumental tal vez se sentían desbordados, pero el conflicto se venía desarrollando desde hacía un mes y medio y no era porque los trabajadores carecieran de razones justas.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLII)

Últimas semanas (II)

Cuando comencé esta serie de notas dije que el conflicto telefónico de 1957 había sido uno de los más importantes del período y tal vez el más importante en la historia del gremio. Consiguió adhesiones y respaldos de todos los sectores del sindicalismo argentino, en la reunión que mantuvieron con Aramburu los representantes de las 62 Organizaciones y los 32 Gremios mostraron su solidaridad con los trabajadores en huelga y reclamaron una solución al gobierno. El encuentro se realizó en Casa de gobierno el jueves 10 de octubre, seis días después de haberse reimplantado el estado de sitio y cuando habían pasado cuatro días desde la reunión entre el general presidente y los dirigentes de FOETRA.

Cada sector concurrió con 10 representantes; por entonces no eran muchas las mujeres destacadas en la actividad sindical, hubo una sola figura femenina en la delegación que llegó a la Casa Rosada, lo hizo en representación de los telefónicos, y aunque fue contabilizada como parte de los 32, se aclaró que contaba con el respaldo de los dos grandes sectores gremiales.

La minuciosa información oficial dijo que el encuentro se prolongó desde las 12.03 hasta las 15.40. Después de saludar a todos los invitados Aramburu se sentó en la cabecera de la gran mesa del Salón de Acuerdos. A su derecha se ubicó el coronel Peralta; el ministro de trabajo, Tristán Guevara y los representantes de los 32 Gremios: Norma Ciorciari, de FOETRA; Martín Ibáñez, de la Unión Ferroviaria; Armando March, de Empleados de Comercio; Braulio Núñez, de FONIVA; Riego Rivas, de FATI; Gustavo Suárez, de Municipales; Augusto Guibourg, de Bancarios; Roberto Canoniero, de Locutores; Tobías García, de Papeleros y Héctor J. Ares, del Personal Civil de la Nación.

A la izquierda se colocaron el jefe de la Casa militar; el ministro de industria y comercio, Julio César Cueto Rúa, y los representantes de las 62 Organizaciones: Juan Carlos loholaberry, Textil; Pedro Conde Magdaleno, de Panaderos; José Miguel Zárate, de Construcción; Artemio Agustín Patiño, del Tanino; Vicente Mareschi, de Madereros; Héctor Dente, de Metalúrgicos; Manuel Tarullas, de Unión Tranviaria Automotor; Alberto Lema, de Luz y Fuerza; Jorge Álvarez, de Sanidad y Eleuterio Cardozo, de la Carne.

Tras el comienzo de la reunión el primero en hablar fue Armando March, dirigente de Empleados de comercio y de los 32 Gremios, quien destacó como auspicioso que estuvieran presentes los representantes de distintos sectores gremiales. Y tras las formalidades introductorias dijo:

“Existe un gremio que se debate en una huelga prolongada a la que todos le prestamos nuestro solidario apoyo, gremio que viene representado en esta circunstancia por la única compañera, la señorita Norma Ciorciari, a invitación de los dos sectores que hoy están aquí presentes. Este hecho de que ninguno podamos atribuirnos a esa Organización de justificada combatividad, está diciendo que cuando la clase trabajadora tiene necesidades todos ponemos el hombro para tratar de que las dificultades existentes sean superadas”.

Más adelante recordó que los sueldos y jornales que se cobraban en ese momento habían sido establecidos en febrero de 1956, es decir veinte meses antes. Los precios no habían dejado de aumentar “creando una situación por demás angustiosa a todo el sector laboral del país”.

El segundo en intervenir fue Eleuterio Cardozo, dirigente de la Federación de la Carne y de las 62 Organizaciones. Al comenzar recordó que se vieron obligados a llegar al paro del 27 de septiembre por no haber sido escuchados en sus reclamos. Y después reseñó los cinco puntos que llevaban a la reunión: Aumento general de sueldos, libertad de los presos sindicales y levantamiento del estado de sitio, derogación del decreto 824 de congelamiento de salarios, derogación del decreto 10.596 que limita el derecho de huelga, inmediata solución de los conflictos de telefónicos, telegrafistas, FONIVA y demás gremios.

No fue el único en referirse a los telefónicos; cuando le tocó el turno a Riego Rivas, de Gráficos, comenzó diciendo que existían problemas económicos generales, que en esos casos los trabajadores son los más desfavorecidos y que los capitalistas nunca sufren las crisis. “No se pueden resolver los problemas con el hambre del pueblo; hablo con crudeza porque este no es tiempo de mojigaterías”.

Más adelante agregó: “En 1956 se renovaron los convenios y los aceptamos bajo protesta; desde entonces hasta ahora el salario se devaluó en un 30 por ciento. Es impostergable una solución”. Y sobre los conflictos de telefónicos, telegrafistas y FONIVA, dijo:

“No es cierto que baste con que cualquier charlatán se ponga en una asamblea obrera a exigir la huelga para que los trabajadores vayan a la huelga. Cuando los trabajadores van a la huelga es porque hay una poderosa causa que los impulsa.

Por eso el gobierno debería agotar los esfuerzos para buscar soluciones a esos conflictos que se volverán inevitables sin una solución de tipo económico. No se pide acceder a un mayor consumo sino recuperar el consumo que se perdió en los dos últimos años”.

A su turno Alberto Lema, de Luz y Fuerza, se ocupó del conflicto telefónico al refutar el recetario gubernamental de atar el aumento salarial al aumento de la producción. Dijo que si no se modernizaba la maquinaria y se pretendía aumentar la producción la única forma de lograrlo era mediante el aumento de la jornada de trabajo, como se quería hacer con los telefónicos.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XLI)

Últimas semanas

La reimplantación del estado de sitio en Capital Federal y provincia de Buenos Aires podía tener otros condimentos, pero la huelga fue decisiva para que se tomara esa medida. Una cuarta parte de los detenidos el mismo día 4 de octubre fueron telefónicos, pero también se produjeron cambios hacia el interior de la propia empresa. La más significativa fue el desplazamiento (se lo llamó renuncia) de Miguel Mugica, el gerente general, después de varias reuniones en Casa de gobierno entre el Capitán Casanova y Aramburu.

Durante el conflicto los encuentros para negociar fueron numerosos, Los integrantes del Secretariado Nacional de FOETRA se entrevistaron muchas veces con los representantes de la Empresa, y aunque hubo momentos de vacío prolongado, la tónica predominante fue el diálogo, a veces con más de una reunión en el mismo día. También los dirigentes del Sindicato Buenos Aires pusieron en juego todas sus relaciones, además de entrevistas directas con la dirección empresaria, se esforzaron para que sus allegados en otros gremios interpusieran sus buenos oficios en distintos niveles del gobierno nacional.

“Donde aparecía una posibilidad de contacto, allí íbamos”. Tal vez la gestión más audaz haya sido el llamado a presidencia, pero si prosperó fue porque el conflicto telefónico era de gran importancia y estaba en el centro de atención gubernamental. El tono amable del encuentro en Olivos hizo alentar esperanzas a los dirigentes de FOETRA, esa expectativa se reflejó en la comunicación pública que se brindó a la prensa y a los integrantes del Consejo Federal. Aquí es oportuno hacer una acotación; Diego Pérez me comentó que cada reunión, cada contacto, cada propuesta oficial u oficiosa era informada al Consejo Federal mediante un comunicado, luego los Sindicatos reproducían la información hacia los demás compañeros del gremio.

Volviendo a las expectativas tras el encuentro con Aramburu, dos días después fueron convocados a una nueva reunión con el Consejo de administración de la Empresa. En esa oportunidad estuvo presente un coronel de apellido Peralta; éste se mostró amable, escuchó con atención y tomó nota de la posición sindical, pero cuando días después volvieron a encontrarse con él les recitó el mismo libreto que venían escuchando desde semanas atrás.

Los artículos periodísticos ponían el acento en el deterioro del servicio –ya se hablaba de 100 mil teléfonos incomunicados- y de los perjuicios que sufría la población. Los comentarios más benévolos aceptaban el reclamo salarial, pero pedían que los trabajadores comprendieses la imposibilidad de la empresa para otorgar un aumento masivo que terminaría disparando una nueva escalada inflacionaria. La reunión de Olivos era usada para ejemplificar sobre la buena disposición del presidente, era una persona que se esforzaba por escuchar a las partes buscando soluciones que satisficieran a todos. Presentar al Estado como una entidad situada por encima de los intereses en conflicto es un recurso clásico de todos los gobiernos.

Ese era el contexto en el cual se desarrollaba el conflicto: una sociedad dividida por intereses económicos y políticos contrapuestos, un gobierno dictatorial que maquillaba parte de su autoritarismo con planteos presuntamente democráticos, un martilleo periodístico que todo el día y todos los días moldeaba la conciencia de la sociedad reclamando nuevos sacrificios de los sectores más postergados.

Diariamente se realizaban reuniones en Casa de gobierno entre el general presidente y los funcionarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; tanta asiduidad podía ser un elemento de presión sobre los huelguistas, pero ciertamente mostraba la preocupación por un conflicto que se alargaba mucho más allá de lo esperado. Aunque el desgaste de los trabajadores era grande, las deserciones habían sido mínimas. Un comentario de Pascual Masitelli puede resultar ilustrativo sobre cómo se encontraban los ánimos del lado obrero.

“Se pidió el aumento, se fue a la huelga. Valente, como hombre disciplinado, defendió la huelga a capa y espada; él, como hombre de principios, defendió la huelga más que nadie. Y cuando pasaron unos cuantos días, muchos de los que habían querido empezar el conflicto le pidieron una reunión, que se hizo en Empleados de Comercio, ahí al lado de Garaje Liceo. Y ahí le pidieron al Sindicato Buenos Aires el levantamiento de la huelga.

Yo recuerdo que me dio tanto fastidio que les dije para qué habían aceptado ser delegados si le tenían miedo a la lucha. Cuando se empieza una huelga para conseguir mejores condiciones de trabajo o un mejor salario, se pierde o se gana pero no hay que tener nunca miedo. Y que era lamentable que alguno de esos compañeros que pedían el levantamiento de la medida de fuerza fueran los mismos que habían pedido la huelga.

Yo no digo que esos compañeros fueran unos flojos porque eran más jóvenes o más nuevos en la empresa. Mire, había gente que había entrado conmigo en el 38 y que me llamaban a mi casa para decirme que entrara a trabajar; ellos sabían que el general Teglia me había mandado una intimación diciendo que si no volvía al trabajo iba a quedar cesante. O sea que no era una cuestión de jóvenes o viejos; ellos querían que yo entrara a trabajar porque sabían que teníamos influencia en mucha gente; yo estaba en Flores, y hasta de Ituzaingó nos seguían. Si yo volvía al trabajo, todos ellos iban a entrar”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XL)

Estado de sitio (IV)

Cuando hablé con algunos de los dirigentes de la huelga de 1957 les pregunté por las negociaciones que llevaron adelante. Se daba por sobreentendido que el interlocutor natural de los trabajadores era la empresa; tendría que haber dicho las empresas, pero por su dimensión e importancia, la que determinaba el curso de la negociación era la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Las otras, CAT, CET y Siemens, eran simples actores de reparto en esa obra. Pero por encima de la empresa estatal estaba el propio Estado, y aunque en toda relación entre patronal y trabajadores el Estado juega un papel importante, esa importancia se vuelve mayor cuando éste también tiene el rol de empleador. En definitiva, la confrontación entre trabajadores y patronal termina siendo una lucha entre trabajadores y Estado sin ningún tipo de disimulo, mediación o maquillaje.

Volviendo al tema de la negociación, desde un primer momento el reclamo de aumento salarial fue dirigido al conjunto de las compañías. Tradicionalmente el acuerdo era definido por la entidad de mayor importancia en el sector, lo que acordara la Empresa Nacional de Telecomunicaciones sería seguido por las demás. La empresa estatal usó todas las artimañas dilatorias antes y después de iniciarse el conflicto; aunque era evidente que el gobierno no era ajeno a las maniobras, desde FOETRA y los sindicatos se actuó como si se tratase de dos instancias diferentes. No lo hicieron por ignorancia ni ingenuidad, mostrarse respetuosos de las instituciones era una regla no escrita para dejar abierta una posibilidad negociadora a un nivel más alto.

A mediados de septiembre el conflicto escaló bruscamente, primero se usó a la policía, luego intervinieron las fuerzas armadas. Las masivas detenciones se hicieron con participación judicial, ya no bastó con los buenos oficios de otros dirigentes sindicales y debieron buscarse instancias más altas para tratar de encontrar una solución. El interventor en la CGT, ministros, jefes militares, fueron algunas de las posibilidades exploradas. Cuando todavía no había terminado septiembre, los dirigentes de la Federación se entrevistaron con Isaac Rojas. Esto me dijo Diego Pérez:

“Rojas nos recibió durante unos 15 o 20 minutos. Tratamos de explicarle nuestros puntos de vista, no se mostró muy dispuesto al diálogo y nos dijo: “O levantan el paro o ya están saliendo para Ushuaia”. Le contestamos que el paro sólo podía ser levantado por la asamblea, que nosotros no podíamos hacerlo, entonces se levantó y nos ordenó retirarnos.

En esa reunión estuvimos Andreatta, Pravisani, Piacentini y yo. Nos acompañó Schettini, el jefe de Coordinación Federal. Lo increíble es que cuando fuimos a esa reunión todos nosotros teníamos pedido de captura”.

Sin embargo esa no fue la instancia más alta, el domingo 6 de octubre la entrevista fue con Aramburu. Tuve la posibilidad de hablar con dos de los dirigentes que estuvieron en esa reunión, y el episodio merece ser recordado aunque más no sea por lo original de la gestión. En la noche del sábado 5 estaban dos compañeros en la Secretaría de Prensa de FOETRA, uno de ellos comentó que tenía el número de teléfono del edecán de Aramburu. El otro, Raúl Aragón, le dijo que un dato como ese podía ser muy útil. Raúl me contó cuál fue esa utilidad.

“Llamé al número que me indicó el compañero, cuando atendieron di mi nombre y apellido y dije que estaba comunicándome desde FOETRA, y quería saber si el presidente podría conceder una entrevista a los dirigentes del gremio. Preguntaron los motivos de la solicitud y que les diera el número desde el cual llamaba para verificarlo. Después de comprobar que los datos eran ciertos me dijeron que volverían a comunicarse para dar una respuesta”.

Alrededor de la medianoche llegó la contestación, informaron que Aramburu los esperaba a las 10 de la mañana en la residencia presidencial de Olivos.

Diego Pérez llegó a Ambrosetti a eso de las 9 y se encontró con la novedad. Habló con Andreatta diciéndole que tenían que ir a Olivos: “me mandó a la mierda y me dijo que no era momento de hacer jodas de ese tipo”. La discusión que siguió podría haber servido para una comedia, pero no era una obra cómica sino pura realidad. “Se hacía cada vez más tarde y no podía convencer a Andreatta; al final lo amenacé con denunciarlo ante el Congreso y el Consejo Federal por no haber aprovechado esa posibilidad de solucionar el conflicto”. Convencido o no, Andreatta decidió encabezar la delegación integrada por Diego Pérez, Pravisani, Piacentini y Aragón. Con tantas discusiones preliminares llegaron a la residencia presidencial cuando ya eran las 11.15.

A pesar de haber llegado tarde los hicieron pasar, y aunque Aramburu tenía invitados para el almuerzo los atendió durante casi una hora. Escuchó con atención, tomó nota de las inquietudes y propuestas, prometió estudiarlas.

Con Diego Pérez hablé sobre el tema en 1986, Con Raúl Aragón lo hice doce años después. Ambos testimonios me ofrecían total credibilidad, eran más fiables que la versión periodística que incurría en algunos errores. Pero lo más importante no pude hablarlo con ellos porque fue mucho después cuando me di cuenta que esa entrevista había tenido lugar dos días después de implantarse el estado de sitio. En la nota anterior comenté que el decreto 12.171 se firmó en la noche del viernes 4 de octubre; al día siguiente fue cuando Raúl Aragón llamó a Casa de gobierno y solicitó la entrevista con Aramburu, y en la mañana del domingo fueron recibidos en Olivos.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXIX)

Estado de sitio (III)

En la nota anterior comenté que el viernes 4 de octubre se dieron a conocer un gran número de noticias que hablaban de atentados contra las líneas telefónicas en todo el país. Ese mismo día, desde la mañana, comenzaron las reuniones en la presidencia. Los nombres y los cargos de varios de los participantes pueden resultar hoy desconocidos, en ese momento causaban inquietud.

Ofició de dueño de casa el general Aramburu, a su lado se situó el contralmirante Isaac Rojas. Rodeando la mesa se ubicaron el jefe del estado mayor del Ejército, general Luis Leguizamón Martínez; el jefe del estado mayor Naval, contralmirante Jorge Perrén; el jefe del estado mayor de la Fuerza Aérea, comodoro Anselmo Simois; el secretario de Informaciones del estado, general Juan Carlos Cuaranta; el interventor de la Confederación General del Trabajo, capitán de navío Alberto Patrón Laplacette, y el presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones , capitán de navío Ramón Casanova.

Simultáneamente en el Ministerio del Interior estuvieron el subjefe de la Policía Federal, capitán de fragata Aldo Molinari, y el jefe de coordinación policial, coronel Eugenio Schettini.

Después de las 18 se realizó otra reunión en Casa de gobierno en la que, junto a Aramburu y Rojas, estuvieron los ministros de las fuerzas armadas, el jefe de la Policía Federal, contralmirante José Antonio Dellepiani, el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, el interventor federal en la provincia, coronel Emilio Bonnecarrere, el secretario de Informaciones del estado, el director de Coordinación Federal, capitán de corbeta Pedro H. Messina, y jefes de los servicios de inteligencia del gobierno.

Finalizada la última reunión comenzó a hablarse de la suspensión de garantías constitucionales en algunas regiones del país. Los informantes oficiosos hablaron “de una serie de actos de sabotaje que demuestran la perfecta coordinación y sincronización, por la simultaneidad y similitud en los atentados”.

Según la interpretación gubernamental los actos de sabotaje respondían a organizaciones del exterior, y el objetivo perseguido era aislar algunas provincias de la Capital Federal y, a su vez, al país con naciones limítrofes tales como Chile, Bolivia y Paraguay.

Paralelamente se buscaba “obstaculizar los servicios públicos esenciales como los de Obras sanitarias, producir cortes de líneas, incendiar vehículos y levantar líneas férreas”. A modo de ejemplo se dijo que a las 23 horas del día 1 de octubre se habían producido 7 atentados en distintos puntos del país. Como FOETRA había rechazado públicamente esos actos, se concluía que los mismos no venían del interior de los gremios sino de fuera.

Hasta allí no se hablaba del conflicto telefónico, aunque se deslizaba el comentario que “los cortes de líneas habrían aislado algunas bases militares, aéreas y navales, las que cubrían sus necesidades con recursos especiales”. Sin embargo, prestando atención a la lista de participantes en la primera reunión de la mañana, se descubría el nombre del capitán Casanova, presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

Recién a las 22 el Subsecretario del Interior, César García Puente, reunió a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno para notificarles que el ministro del Interior le había encargado informar que desde la cero hora regía el estado de sitio en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Fue entonces cuando se dijo explícitamente que la razón era “preservar el orden frente a los actos de sabotaje contra las instalaciones telefónicas”. El funcionario adelantó que se suscribirían “las medidas necesarias”, aunque no dio a conocer el texto del decreto 12.171 y dijo no saber si ya se habían realizado detenciones.

Efectivamente, alrededor de 200 trabajadores fueron apresados el primer día, luego se informó que sólo la cuarta parte de ellos eran telefónicos; los demás pertenecían a otros gremios, pero la amplitud del estado de sitio permitía la discrecionalidad. Aparentemente hubo mucho de detenciones al boleo, un par de días después la mayor parte de los trabajadores habían recuperado la libertad.

Simultáneamente se siguió informando de nuevos daños al plantel telefónico. Se puso el acento en los cortes efectuados en cables troncales, en los 2.500 teléfonos públicos vandalizados y en los 35 mil abonados incomunicados. Al no brindarse precisiones sobre la ubicación de los damnificados no es posible saber si se contabilizaba a la totalidad. Las cifras variaban permanentemente, pero al margen de la intención desinformadora la percepción era que nunca el servicio había estado tan mal.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXVIII)

Estado de sitio (II)

Tal vez parezca superfluo, pero conviene recordar que el gobierno de 1957 era una dictadura surgida del golpe de estado de dos años antes. Su autocalificación como Revolución Libertadora, y la campaña de demonización del gobierno anterior, tendía a legitimar un régimen de origen espurio. El autoritarismo tiránico atribuido al peronismo pretendía encubrir que las autoridades de facto habían llegado a ese lugar luego de un golpe dentro del golpe, y teniendo como antecedente una brutal matanza de la población civil con el bombardeo de Plaza de Mayo.

Una de las medidas fundacionales del gobierno fue la destitución de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la designación de sus reemplazantes mediante un decreto presidencial. A pesar de eso, el primer presidente golpista fue considerado demasiado moderado, dos meses después de instalado en la Casa de Gobierno fue sustituido por el general Aramburu. Los restos de libertades públicas fueron barridos al anularse la Constitución Nacional y dictarse diversas resoluciones proscriptivas. Acompañando esas medidas estaba la vigencia del estado de sitio, una suerte de barniz legalista que servía para justificar los excesos represivos hablando de presuntos riesgos de conmoción interna. Ese estado de excepción fue levantado para realizar las elecciones de constituyentes en junio de 1957.

Cuando los telefónicos iniciaron las medidas de fuerza el 27 de agosto no había estado de sitio, Para justificar las masivas detenciones que tuvieron lugar a partir del 17 de septiembre se recurrió a jueces que, como mencioné en notas anteriores, emitieron las correspondientes órdenes de captura. Los límites entre lo legal y lo ilegal eran difusos, pero dejaban un margen para protestas y reclamos.

En la nota anterior comenté que la información sobre el estado del servicio telefónico era oscilante, según el interés que tuviera el gobierno hablaba de significativos mejoramientos o de inminentes colapsos. La incorporación de nuevas operadoras era presentada como fuente de mejores comunicaciones con las centrales manuales de los suburbios, pero el entusiasmo empresario no duraba más de un par de días, luego se volvía al libreto más apocalíptico. La decisión de intimar al personal de mantenimiento es un indicio de que las cosas no andaban tan bien como pretendía la propaganda oficial. De todos modos ya había signos de cansancio entre los huelguistas, ya hablaré de eso.

Los cortes de cables telefónicos eran uno de los indicadores sobre la marcha del conflicto. Aunque FOETRA rechazara públicamente los sabotajes, esos actos no podían tener un origen totalmente externo. Había regiones donde los atentados se producían con mayor intensidad, pero ningún lugar del país quedó libre de tales medidas. Tampoco hubo diferencia entre lo ocurrido en la empresa estatal o en las privadas, eso habla de la unanimidad de la lucha a nivel nacional. Pero lo que me interesa destacar es la gran cantidad de noticias que se publicaron entre el 3 y el 4 de octubre.

“En Rosario los cortes incomunicaron la ciudad con Santa Fe y Córdoba. También se afectó a Mendoza, Tucumán, San Juan, San Luis, Salta y Catamarca”.

“En córdoba la policía federal y la provincial investigan los cortes de cables producidos en los últimos días y que incomunicaron totalmente la ciudad con Buenos Aires, Rosario y Villa María. Las instalaciones dañadas están en la esquina de 25 de Mayo y Boulevard Wheelwright. Otros daños afectaron distintas zonas de la ciudad y conexiones con el interior provincial”.

“Los cortes efectuados en Bajada Alvear y Esquiú incomunicaron gran parte del barrio Alta Córdoba; otros cortes perjudicaron a varias decenas de abonados en distintos barrios y a la planta transmisora de Radio Nacional. En la parte suburbana fueron afectados Cerro de Las Rosas, la Escuela Militar de Aviación y las fábricas de automotores Fiat, Someca, Cóncord y otras”.

En Buenos Aires quedaron fuera de servicio 1200 abonados de la central Agüero, 200 de Pampa, 200 de San Martín, 500 de San Fernando, 150 de San Isidro y un número menor en Núñez.

Seguían incomunicadas con la Capital: San Luis, Salta, Posadas, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero; mientras eran condicionales las comunicaciones con Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Mar del Plata, Corrientes, Resistencia y Paraná.

La información que he reseñado era proporcionada por las empresas y el gobierno, únicas entidades con capacidad para concentrar y sistematizar todos esos datos. Puedo suponer que los daños tenían existencia real, que tal vez algunos no fueran tan graves como se los presentaba, pero en líneas generales los perjuicios eran muchos y muy extendidos. Que todos ellos tuvieran difusión pública casi el mismo día es indicativo que se estaba preparando el clima para tomar una dura medida: la reimplantación del estado de sitio.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXVII)

Estado de sitio

Tras 30 días de conflicto de los cuales 10 eran de huelga, la situación no experimentaba cambios. En apariencia se había deslizado alguna propuesta para que los telefónicos flexibilizaran su posición y otro tanto harían las empresas. Los rumores hablaban de una posibilidad de arreglo inminente y Sindicato Buenos Aires solicitó autorización policial para realizar una asamblea general de afiliados. Al mismo tiempo un representante de FOETRA viajó a Santa Fe para reunirse con dirigentes y trabajadores de la zona. Pero el pedido de autorización hecho por el sindicato fue rechazado, y el gobierno salió a desmentir toda posibilidad de acuerdo mientras los trabajadores insistiesen en reclamar aumento de sueldo.

El lunes 30 de septiembre, tres días después del paro general efectuado por las 62 Organizaciones para apoyar a los telefónicos, el general Aramburu se reunió con directivos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y el ministro del área. Después se informó que las versiones de un inminente acuerdo carecían de fundamento, y para acentuar la inflexibilidad del gobierno se reiteró que los días de huelga no serían abonados. Esa misma noche dirigentes nacionales de los telefónicos reiteraron que se había estado cerca de lograr un acuerdo y lamentaban la decisión gubernamental.

Al día siguiente FOETRA publicó una extensa solicitada dirigiéndose “a la opinión pública y a los hermanos trabajadores de todos los otros gremios”. Recordó las gestiones realizadas antes de llegar al conflicto, las maniobras dilatorias de la Empresa, la indicación para que dirigieran el reclamo al Ministerio de comunicaciones, la respuesta de éste diciendo que el problema debía resolverse en la Empresa que era autárquica. Después siguieron los paros, las detenciones masivas, la ocupación de los locales sindicales por la policía, el cancelamiento de la personería gremial.

Sobre la insistencia gubernamental para pasar a trabajar 45 horas semanales en lugar de 35, y Establecer el horario cortado en lugar de la jornada continua; FOETRA recordó que la jornada de 7 horas era una conquista de los telefónicos y de otros gremios como bancarios, empleados públicos, de empresas del estado, etc.

Enumeró los aumentos de precios en “el pan, la leche, la manteca, la carne, el vino y otros artículos esenciales para la mesa de los trabajadores”. Era imprescindible aumentar los sueldos, “no por planteos políticos o ideológicos sino por ser la única salida para sobrevivir. Y agregaba:

“Al gremio telefónico le ha tocado ser el primero en salir a esta lucha, pero nadie desconoce que el problema es general. Creemos que debe pensarse mucho antes de continuarse con la política de detener la inflación en base a la miseria de la clase trabajadora. De nada sirve sanear la economía del país sin tener en cuenta que el precio a pagar es el hambre de los que en realidad producen”.

Luego agradecía la solidaridad de todos los sindicatos del país: “Nuestra lucha es la lucha de todos los gremios en estos momentos”, y agradecemos “esa magnífica lección de solidaridad humana y de unidad de la clase trabajadora”.

La información sobre el estado del servicio telefónico era oscilante, se pasaba de decir que estaba mejorando a afirmar que los actos de sabotaje estaban a punto de incomunicar al país. Lo primero era absolutamente falso, lo último probablemente estuviera sobredimensionado. Lo cierto fue que, tal como ya había adelantado el ministro de comunicaciones, se citó a personal de Plantel, unos 450 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La citación estaba firmada por el Capitán de navío Ramón Casanova (presidente de la empresa), Ángel H. Cabral (ministro de comunicaciones) y el General de brigada Julio A Teglia (comandante general de comunicaciones del interior). El intimado debía presentarse con la citación en su lugar de trabajo donde “será protegido por personal militar”.

El gerente administrativo de la empresa, Carlos Macchi, salió a desmentir que se hubiera intimado a los telefónicos que tuvieran otro empleo estatal para que retomaran la tarea en la empresa, so pena de perder ambos trabajos.

También ese 1 de octubre la Compañía Argentina de Teléfonos, prestataria del servicio en Mendoza, San Juan, Tucumán Salta y Santiago del Estero) y la Compañía Entrerriana de Teléfonos, ambas pertenecientes a la multinacional Éricsson, intimaron al personal a reintegrarse al trabajo por haber sido declarada ilícita la huelga.

Al día siguiente FOETRA informó que el personal de Conservación y construcción que había sido intimado continuaba cumpliendo con la medida de fuerza. Simultáneamente se conoció que el jefe de la oficina de Chascomús había recibido de manos de la policía la intimación para presentarse en el término de 48 horas, de lo contrario sería obligado a asistir por la fuerza pública.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXVI)

Huelga general (VIII)

Poco antes del viernes 27 la agencia France-Presse calificaba al paro proyectado por Las 62 como un ultimátum al gobierno. La medida de fuerza en apoyo a telefónicos y telegrafistas se había decidido días antes, pero se le había puesto fecha de realización en la víspera de la reunión programada con el presidente de facto. La reacción gubernamental fue cancelar el encuentro argumentando que el general Aramburu no aceptaba presiones. A partir de ese momento comenzaron negociaciones procurando que la medida de fuerza fuera suspendida. El ministro de trabajo utilizó una mezcla de presión y seducción, prometió que si los dirigentes desistían del paro, al lunes siguiente serían recibidos en la casa de gobierno. Después mejoró la oferta, el encuentro podría concretarse el mismo viernes 27, y hasta puso a disposición de los sindicalistas una línea telefónica directa para que pudieran comunicarse con él si aceptaban la propuesta.

Dar marcha atrás era dejar abandonados a los trabajadores en conflicto, y aunque eso ocurriría muchas veces en años posteriores, en ese momento Las 62 eran una expresión del sindicalismo combativo y se mantuvieron firmes. También los telefónicos venían sosteniendo con firmeza la lucha; el servicio se encontraba muy deteriorado y aunque la propaganda oficial pretendía mostrar mejoras inexistentes, la coincidencia del reclamo con los radiotelegrafistas prácticamente habían aislado al país del mundo exterior.

Aunque la incorporación de nuevo personal era un recurso efectista que no resolvía gran cosa, las empresas publicitaban esos ingresos para convencer a los usuarios de que se estaban mejorando las prestaciones, y a los huelguistas para que desistieran de sus reclamos. El enfrentamiento con rompehuelgas y carneros fue un aspecto inseparable del conflicto, en todo el país se reprodujeron situaciones como las informadas en Rosario donde una larga fila de interesados en reemplazar a los trabajadores en huelga fue hostigada por los telefónicos. “Policías y soldados del regimiento 11 de infantería debieron intervenir en la sede empresaria situada en la calle Mitre, entre Córdoba y Santa Fe”.

Al deterioro provocado por la falta de mantenimiento se sumó el causado por actos de sabotaje. La organización sindical rechazó toda responsabilidad, mientras el gobierno insistía en adjudicarles la autoría. Unos pocos ejemplos de lo que ocurría a fines de septiembre puede dar una idea sobre cómo estaban las cosas. “A causa del paro no ha podido ser subsanado el corte de cables efectuado en la localidad de San Isidro, por eso continúan incomunicadas 1200 líneas telefónicas”. “En Rosario tres centrales telefónicas quedaron incomunicadas; en Avellaneda y Barracas fueron cortados dos cables que comunican con el aeropuerto de Ezeiza”. “También en Puente Márquez, sobre la ruta a Luján, se cortaron cables que luego fueron reparados por una brigada móvil custodiada por personal militar”.

La participación de militares para tratar de paliar los deterioros y la falta de personal no resultó muy efectiva, al igual que la incorporación de nuevos empleados parecía más bien un recurso propagandístico. La Empresa obtenía más éxitos con los adicionales que pagaba a los carneros; el ministro de comunicaciones –Ángel H. Cabral- declaró a periodistas cordobeses que los trabajadores telefónicos que no se habían plegado al paro recibían un adicional de $ 50 diarios, mientras que los que realizaban tareas extraordinarias tenían un premio de $ 100 por día. A pesar de eso el servicio desmejoraba notoriamente y el gobierno se proponía movilizar militarmente a unos 500 telefónicos para lo cual preparaba un decreto ley.

Así se llegó al viernes 27 sin que ninguna de las partes cediera en sus posiciones. La huelga resultó contundente, pero el gobierno y los 32 gremios democráticos se apresuraron a descalificarla. De algún modo éstos últimos estaban entrampados, porque apoyaban decididamente el reclamo de los telefónicos y al mismo tiempo definían el paro de Las 62 como “un intento perturbador”.

El comunicado con que el nuevo nucleamiento informó sobre el resultado de la huelga podría ser considerado como la partida de nacimiento de las 62 Organizaciones. Este tipo de afirmaciones siempre resulta discutible, pero según mis apuntes esa fue la primea vez que se usó oficialmente la denominación. El documento comenzaba diciendo: “La clase trabajadora argentina ha respondido con unidad, con disciplina y con firme espíritu combativo al paro de 24 horas declarado por las 62 Organizaciones Sindicales que asumieron la responsabilidad histórica de esta lucha en todo el país”.

Después de afirmar que la huelga había sido una grandiosa demostración de fuerza y de solidaridad de la clase, anticipó que abría grandes perspectivas para “las futuras luchas que los trabajadores y las demás fuerzas progresistas del pueblo deberán librar para obtener soluciones reales a los grandes problemas de orden económico, social e institucional que padece el país”. Y a continuación el documento obrero reiteró los objetivos de la jornada de lucha.

“Los trabajadores queremos la solución satisfactoria de los conflictos que sostienen los compañeros telefónicos y telegrafistas y de los demás gremios en lucha. Queremos que se ponga dique a una tremenda carestía de la vida y que la crisis la paguen los grandes capitalistas y terratenientes y no los trabajadores. Queremos un aumento de emergencia para hacer frente de inmediato al creciente costo de vida. Queremos que se derogue el decreto 824 que prorroga los convenios y por ende congela los salarios. Queremos la derogación sin más dilaciones del decreto 10.596 que pretende arrasar con el derecho de huelga y demás derechos sindicales”.

Más adelante el extenso documento señalaba que no habría soluciones si no se satisfacían los reclamos de los telefónicos, radiotelegrafistas y demás gremios; que para ello era necesario hacer ceder a los grandes capitalistas y terratenientes, y que a esa solución no contribuía la desafiante declaración del contraalmirante Rojas que había proclamado: “Nada de aumentos de sueldos, más producción”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXV)

Huelga general (VII)

El mismo día en que se cumplía un mes de comenzada la lucha de los telefónicos se realizó la huelga general convocada por las 62 Organizaciones. “Jornada de solidaridad y de protesta”, la definirían los organizadores, y pondrían el acento en reiterar que “los trabajadores queremos la solución satisfactoria de los conflictos que sostienen los compañeros telefónicos y telegrafistas”. El enfrentamiento con las empresas de comunicaciones ya llevaba un mes, pero desde diez días antes se había convertido en huelga general a causa de las duras medidas represivas implementadas por el gobierno militar. Las masivas detenciones de delegados y activistas eran las de mayor impacto. Un antiguo trabajador que durante el conflicto era delegado general en la oficina Flores me hizo valiosos comentarios.

Manuel Gómez participaba de la Lista Azul, la que había conseguido la representación por la minoría cuando se realizaron las elecciones para normalizar FOETRA. En el mismo edificio donde él era delegado general trabajaba Pascual Masitelli, histórico dirigente de la Lista Verde a quien me he referido varias veces en estas notas. A pesar de estar en agrupaciones enfrentadas se respetaban recíprocamente, la anécdota que me refirió Manuel Gómez sobre Masitelli habla de la consideración que tenía por aquel.

“Pascual era jefe de Plantel Interior, era un compañero que ya tenía como veinte años de empresa y se había afiliado al sindicato apenas ingresó. Cuando empezaron los paros lo llamaron sus jefes para que no participara, pero él les contestó: “ustedes quédense en su lugar que yo me quedo en el mío”. Y cumplió con todas las medidas de fuerza como lo había hecho siempre”.

Cuando comenzaron las redadas policiales en todos los edificios ya se habían organizado comités de huelga locales; el delegado general tenía designado un sustituto por si era detenido, la consigna era mantener la organización. Manuel Gómez me contó que en su caso estuvo reunido con sus compañeros de trabajo hasta la medianoche del 17 de septiembre, junto a ellos recibió la noticia de que FOETRA se había declarado en huelga. Se fue a su casa a descansar, eran las 3 de la mañana cuando llegó la policía a detenerlo. Lo despertaron los golpes en la puerta, mientras se vestía cinco agentes iniciaron el allanamiento. “Revolvieron todo, se llevaron una carpeta en la que tenía 150 comunicados del gremio”. Me llamó la atención que recordara el detalle con tanta precisión, entonces agregó: “Yo era delegado general y conservaba todos los comunicados y resoluciones importantes”.

El trato fue bastante considerado teniendo en cuenta las circunstancias, los policías aclaraban continuamente que no tenían nada contra él “pero tenemos orden de llevarlo”. Primero fueron a la seccional 48, más tarde a la 2. Allí fue encontrándose con otros delegados generales, también con dirigentes y activistas del sindicato, entre ellos, Pascual Masitelli. Luego fueron trasladados al Departamento Central de Policía y desde allí a Devoto. “En Devoto estuvimos presos más de 80 delegados generales. Después de cuatro días vino un capitán de apellido alemán que nos preguntó si nos habían tratado bien”. A partir de ese momento fueron liberándolos.

Le dije que, según los datos que yo había reunido, el número de detenidos que mencionaba en Devoto estaba por debajo del total de apresados en esos días; él no tenía conocimiento de lo que podía haber ocurrido en otros lugares de reclusión. Al quedar en libertad se enteró que muchos delegados habían conseguido escapar a los arrestos. “Hasta los canas me dijeron ¿sabiendo que los íbamos a ir a buscar por qué no se rajó?” Sonreí ante su comentario, recordé lo que me había dicho Diego Pérez sobre cierta tolerancia de los policías: “muchos debían ser peronistas, y si podían hacer la vista gorda, lo hacían”.

Pero estos últimos eran los comentarios simpáticos, lo importante era que ya iba un mes de confrontación con la empresa sin que se vislumbrara ninguna posibilidad de solución. Los salarios no se habían modificado en el último año mientras los precios habían experimentado un gran aumento; el gobierno sostenía que cualquier incremento salarial (en realidad recuperación del poder adquisitivo) debía estar precedido de un aumento en la productividad. Si para recuperar el poder de compra de un salario era necesario trabajar más, era obvio que se estaba superexplotando al trabajador. Pero no era necesario explicar la situación en términos de plusvalía extraordinaria, en la pretensión gubernamental había mucho de revancha clasista. Diego Pérez lo definió en términos simples: “Si decían que habían venido para terminar con los excesos del peronismo, más bien daba la impresión de que lo único que querían era pisarle la cabeza a los trabajadores”.

El reclamo salarial fue desoído sistemáticamente, todas las instancias negociadoras habían sido agotadas. Los paros escalonados de los telefónicos y las medidas solidarias de distintos gremios chocaron con la intransigencia gubernamental. Se acumulaban las provocaciones buscando que el resultado del conflicto se convirtiera en un “caso testigo”, un modelo al cual se ajustasen futuros reclamos. Por eso se había dicho: “De su resultado depende la suerte futura de todos los trabajadores; una derrota de telefónicos y telegrafistas significará en realidad, una derrota para toda la clase obrera organizada”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXXIV)

Huelga general (VI)

La afirmación de que los telefónicos estaban a la vanguardia de la clase trabajadora podía parecer, en otras circunstancias, un simple recurso retórico. Pero, en ese momento, los dos nucleamientos en que se encontraba dividida la clase obrera, coincidían en asignarle ese rol. Esto habla de un buen manejo por parte de la dirección de la Federación y, también, de un correcto comportamiento de todos los sectores internos del gremio.

No está de más recordar que la conducción del Sindicato Buenos Aires ejercía una suerte de dirección compartida del conflicto, no sólo por dirigir al sindicato con mayor número de afiliados, sino por la influencia que ejercía sobre el Concejo Federal. El Concejo se encontraba en sesión permanente desde la iniciación del conflicto; había reglamentado la realización de los paros iniciales, participaba de las negociaciones designando a los paritarios (que eran miembros de la conducción del Sindicato Buenos Aires) y sus integrantes habían estado junto a Pedro Valente durante las asambleas generales efectuadas en Buenos Aires. La cercanía de Pedro Valente con los dirigentes de “Los 32 gremios democráticos” le abrían algunos canales de diálogo con el gobierno. Sin embargo, en esas oportunidades, mantuvo con firmeza el reclamo de aumento salarial y la revisión de las sanciones del gobierno militar contra los telefónicos.

Por su parte, el Secretariado Nacional de FOETRA, conseguía que ese apoyo de “Los 32” no se transformara en rechazo (o por lo menos indiferencia) de “Las 62 Organizaciones”. No sólo se habían logrado declaraciones solidarias, también estaban los paros de apoyo y la huelga general convocada por ese sector que se realizaría el viernes 27. El nucleamiento (que por esa época reunía a peronistas, comunistas y otros sectores combativos) no sólo había manifestado su apoyo incondicional a la lucha de los telefónicos, también diría que la suerte del movimiento obrero estaba atada a la suerte que tuvieran los conflictos de telefónicos y telegrafistas. En la extensa declaración que dieran a conocer en la víspera de la huelga dirían:

“Agotadas las gestiones de carácter conciliatorio efectuadas para solucionar el conflicto que castiga severamente a los gremios de telefónicos, telegrafistas, del tabaco y otros, y fracasada la solicitud de audiencia para entrevistar al presidente provisional de la Nación, los trabajadores se ven en la obligación de adoptar la medida de paralizar sus actividades”. Y agregaba más adelante “La lucha librada en este momento por telefónicos y telegrafistas no son sino las escaramuzas de avanzada con que la oligarquía antinacional pretende provocar al obrerismo argentino. De su resultado depende la suerte futura de todos los trabajadores; una derrota de telefónicos y telegrafistas significará en realidad, una derrota para toda la clase obrera organizada”.

La huelga del día 27 merece que le dediquemos algunas líneas. Fue una medida de enorme importancia, aunque los diarios de mayor difusión trataran de minimizar su alcance. Ya el día jueves la Intervención militar en la CGT había dado a conocer un comunicado en el que, con típico lenguaje patronal, expresaba:

“Con la irresponsabilidad que siempre los ha caracterizado, un grupo de dirigentes ha decretado una huelga general para el día de mañana. Es necesario que los trabajadores, que en definitiva van a ser los únicos perjudicados por esta medida, comprendan la tremenda injusticia que con ella cometen estos pretendidos dirigentes. Estos señores, que por extraña coincidencia, son los mismos que desde hace una década gobiernan ciertos gremios, política y discrecionalmente, no perderán nada con la huelga que decretan. Están muy bien pagados por los mismos a quienes dejarán sin jornal mañana. Ellos no trabajan en fábricas, ellos no pueden ser sancionados; esta es la causa por la cual tan desaprensivamente ordenan las huelgas”.

Una declaración de la Confederación de Empleados de Comercio mostraba curiosas coincidencias con la posición castrense. Después de reiterar su determinación de no plegarse al paro, afirmaba que “no ha de dejarse arrastrar en esta oportunidad ni en ninguna otra, por condenables maniobras tras las cuales se agitan solapados y deshonestos intereses foráneos de llevar a la masa trabajadora por el camino de la fuerza incontrolada y perturbadora, hacia un destino suicida”.

Otras organizaciones pertenecientes a los “32 Gremios democráticos” se expresaban de modo bastante parecido al de los empleados de comercio. Pero había otros gremios, que sin encuadrarse en este sector, rechazaban sumarse al paro declarado por las “62 Organizaciones”. Los “neutrales” no constituían un nucleamiento tan definido como los otros dos y, por lo menos en apariencia, no querían verse comprometidos con las decisiones de ninguno de ellos. La Fraternidad era un representante característico de este grupo intermedio; durante esas semanas había aparecido como el mediador para tratar de conciliar a los otros dos sectores acerca de la continuidad del congreso cegetista, y ante el paro declaraba que, si bien consideraba justas sus demandas, no adhería a el porque no había sido resuelto en forma unificada por todo el movimiento obrero.

Pero a pesar de las amenazas oficiales de declarar ilegal la huelga (con lo que se permitía el descuento de haberes a los trabajadores y las multas a los sindicatos) y contra las oposiciones y los distanciamientos de otras organizaciones sindicales, el paro fue contundente. Las apreciaciones más conservadoras estimaron en 900 mil el número de huelguistas en todo el país.