Huelga general (VIII)
Poco antes del viernes 27 la agencia France-Presse calificaba al paro
proyectado por Las 62 como un ultimátum al gobierno. La medida de
fuerza en apoyo a telefónicos y telegrafistas se había decidido
días antes, pero se le había puesto fecha de realización en la
víspera de la reunión programada con el presidente de facto. La
reacción gubernamental fue cancelar el encuentro argumentando que el
general Aramburu no aceptaba presiones. A partir de ese momento
comenzaron negociaciones procurando que la medida de fuerza fuera
suspendida. El ministro de trabajo utilizó una mezcla de presión y
seducción, prometió que si los dirigentes desistían del paro, al
lunes siguiente serían recibidos en la casa de gobierno. Después
mejoró la oferta, el encuentro podría concretarse el mismo viernes
27, y hasta puso a disposición de los sindicalistas una línea
telefónica directa para que pudieran comunicarse con él si
aceptaban la propuesta.
Dar marcha atrás era dejar abandonados a los trabajadores en
conflicto, y aunque eso ocurriría muchas veces en años posteriores,
en ese momento Las 62 eran una expresión del sindicalismo combativo
y se mantuvieron firmes. También los telefónicos venían
sosteniendo con firmeza la lucha; el servicio se encontraba muy
deteriorado y aunque la propaganda oficial pretendía mostrar mejoras
inexistentes, la coincidencia del reclamo con los radiotelegrafistas
prácticamente habían aislado al país del mundo exterior.
Aunque la incorporación de nuevo personal era un recurso efectista
que no resolvía gran cosa, las empresas publicitaban esos ingresos
para convencer a los usuarios de que se estaban mejorando las
prestaciones, y a los huelguistas para que desistieran de sus
reclamos. El enfrentamiento con rompehuelgas y carneros fue un
aspecto inseparable del conflicto, en todo el país se reprodujeron
situaciones como las informadas en Rosario donde una larga fila de
interesados en reemplazar a los trabajadores en huelga fue hostigada
por los telefónicos. “Policías y soldados del regimiento 11 de
infantería debieron intervenir en la sede empresaria situada en la
calle Mitre, entre Córdoba y Santa Fe”.
Al deterioro provocado por la falta de mantenimiento se sumó el
causado por actos de sabotaje. La organización sindical rechazó
toda responsabilidad, mientras el gobierno insistía en adjudicarles
la autoría. Unos pocos ejemplos de lo que ocurría a fines de
septiembre puede dar una idea sobre cómo estaban las cosas. “A
causa del paro no ha podido ser subsanado el corte de cables
efectuado en la localidad de San Isidro, por eso continúan
incomunicadas 1200 líneas telefónicas”. “En Rosario tres
centrales telefónicas quedaron incomunicadas; en Avellaneda y
Barracas fueron cortados dos cables que comunican con el aeropuerto
de Ezeiza”. “También en Puente Márquez, sobre la ruta a Luján,
se cortaron cables que luego fueron reparados por una brigada móvil
custodiada por personal militar”.
La participación de militares para tratar de paliar los deterioros y
la falta de personal no resultó muy efectiva, al igual que la
incorporación de nuevos empleados parecía más bien un recurso
propagandístico. La Empresa obtenía más éxitos con los
adicionales que pagaba a los carneros; el ministro de comunicaciones
–Ángel H. Cabral- declaró a periodistas cordobeses que los
trabajadores telefónicos que no se habían plegado al paro recibían
un adicional de $ 50 diarios, mientras que los que realizaban tareas
extraordinarias tenían un premio de $ 100 por día. A pesar de eso
el servicio desmejoraba notoriamente y el gobierno se proponía
movilizar militarmente a unos 500 telefónicos para lo cual
preparaba un decreto ley.
Así se llegó al viernes 27 sin que ninguna de las partes cediera en
sus posiciones. La huelga resultó contundente, pero el gobierno y
los 32 gremios democráticos se apresuraron a descalificarla. De
algún modo éstos últimos estaban entrampados, porque apoyaban
decididamente el reclamo de los telefónicos y al mismo tiempo
definían el paro de Las 62 como “un intento perturbador”.
El comunicado con que el nuevo nucleamiento informó sobre el
resultado de la huelga podría ser considerado como la partida de
nacimiento de las 62 Organizaciones. Este tipo de afirmaciones
siempre resulta discutible, pero según mis apuntes esa fue la primea
vez que se usó oficialmente la denominación. El documento comenzaba
diciendo: “La clase trabajadora argentina ha respondido con unidad,
con disciplina y con firme espíritu combativo al paro de 24 horas
declarado por las 62 Organizaciones Sindicales que asumieron la
responsabilidad histórica de esta lucha en todo el país”.
Después de afirmar que la huelga había sido una grandiosa
demostración de fuerza y de solidaridad de la clase, anticipó que
abría grandes perspectivas para “las futuras luchas que los
trabajadores y las demás fuerzas progresistas del pueblo deberán
librar para obtener soluciones reales a los grandes problemas de
orden económico, social e institucional que padece el país”. Y a
continuación el documento obrero reiteró los objetivos de la
jornada de lucha.
“Los trabajadores queremos la solución satisfactoria de los
conflictos que sostienen los compañeros telefónicos y telegrafistas
y de los demás gremios en lucha. Queremos que se ponga dique a una
tremenda carestía de la vida y que la crisis la paguen los grandes
capitalistas y terratenientes y no los trabajadores. Queremos un
aumento de emergencia para hacer frente de inmediato al creciente
costo de vida. Queremos que se derogue el decreto 824 que prorroga
los convenios y por ende congela los salarios. Queremos la derogación
sin más dilaciones del decreto 10.596 que pretende arrasar con el
derecho de huelga y demás derechos sindicales”.
Más adelante el extenso documento señalaba que no habría
soluciones si no se satisfacían los reclamos de los telefónicos,
radiotelegrafistas y demás gremios; que para ello era necesario
hacer ceder a los grandes capitalistas y terratenientes, y que a esa
solución no contribuía la desafiante declaración del
contraalmirante Rojas que había proclamado: “Nada de aumentos de
sueldos, más producción”.
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