Estado de sitio (II)
Tal vez parezca superfluo, pero conviene recordar que el gobierno de
1957 era una dictadura surgida del golpe de estado de dos años
antes. Su autocalificación como Revolución Libertadora, y la
campaña de demonización del gobierno anterior, tendía a legitimar
un régimen de origen espurio. El autoritarismo tiránico atribuido
al peronismo pretendía encubrir que las autoridades de facto habían
llegado a ese lugar luego de un golpe dentro del golpe, y teniendo
como antecedente una brutal matanza de la población civil con el
bombardeo de Plaza de Mayo.
Una de las medidas fundacionales del gobierno fue la destitución de
todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la designación
de sus reemplazantes mediante un decreto presidencial. A pesar de
eso, el primer presidente golpista fue considerado demasiado
moderado, dos meses después de instalado en la Casa de Gobierno fue
sustituido por el general Aramburu. Los restos de libertades públicas
fueron barridos al anularse la Constitución Nacional y dictarse
diversas resoluciones proscriptivas. Acompañando esas medidas estaba
la vigencia del estado de sitio, una suerte de barniz legalista que
servía para justificar los excesos represivos hablando de presuntos
riesgos de conmoción interna. Ese estado de excepción fue levantado
para realizar las elecciones de constituyentes en junio de 1957.
Cuando los telefónicos iniciaron las medidas de fuerza el 27 de
agosto no había estado de sitio, Para justificar las masivas
detenciones que tuvieron lugar a partir del 17 de septiembre se
recurrió a jueces que, como mencioné en notas anteriores, emitieron
las correspondientes órdenes de captura. Los límites entre lo legal
y lo ilegal eran difusos, pero dejaban un margen para protestas y
reclamos.
En la nota anterior comenté que la información sobre el estado del
servicio telefónico era oscilante, según el interés que tuviera el
gobierno hablaba de significativos mejoramientos o de inminentes
colapsos. La incorporación de nuevas operadoras era presentada como
fuente de mejores comunicaciones con las centrales manuales de los
suburbios, pero el entusiasmo empresario no duraba más de un par de
días, luego se volvía al libreto más apocalíptico. La decisión
de intimar al personal de mantenimiento es un indicio de que las
cosas no andaban tan bien como pretendía la propaganda oficial. De
todos modos ya había signos de cansancio entre los huelguistas, ya
hablaré de eso.
Los cortes de cables telefónicos eran uno de los indicadores sobre
la marcha del conflicto. Aunque FOETRA rechazara públicamente los
sabotajes, esos actos no podían tener un origen totalmente externo.
Había regiones donde los atentados se producían con mayor
intensidad, pero ningún lugar del país quedó libre de tales
medidas. Tampoco hubo diferencia entre lo ocurrido en la empresa
estatal o en las privadas, eso habla de la unanimidad de la lucha a
nivel nacional. Pero lo que me interesa destacar es la gran cantidad
de noticias que se publicaron entre el 3 y el 4 de octubre.
“En Rosario los cortes incomunicaron la ciudad con Santa Fe y
Córdoba. También se afectó a Mendoza, Tucumán, San Juan, San
Luis, Salta y Catamarca”.
“En córdoba la policía federal y la provincial investigan los
cortes de cables producidos en los últimos días y que incomunicaron
totalmente la ciudad con Buenos Aires, Rosario y Villa María. Las
instalaciones dañadas están en la esquina de 25 de Mayo y Boulevard
Wheelwright. Otros daños afectaron distintas zonas de la ciudad y
conexiones con el interior provincial”.
“Los cortes efectuados en Bajada Alvear y Esquiú incomunicaron
gran parte del barrio Alta Córdoba; otros cortes perjudicaron a
varias decenas de abonados en distintos barrios y a la planta
transmisora de Radio Nacional. En la parte suburbana fueron afectados
Cerro de Las Rosas, la Escuela Militar de Aviación y las fábricas
de automotores Fiat, Someca, Cóncord y otras”.
En Buenos Aires quedaron fuera de servicio 1200 abonados de la
central Agüero, 200 de Pampa, 200 de San Martín, 500 de San
Fernando, 150 de San Isidro y un número menor en Núñez.
Seguían incomunicadas con la Capital: San Luis, Salta, Posadas, San
Juan, Catamarca y Santiago del Estero; mientras eran condicionales
las comunicaciones con Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Mar del
Plata, Corrientes, Resistencia y Paraná.
La información que he reseñado era proporcionada por las empresas y
el gobierno, únicas entidades con capacidad para concentrar y
sistematizar todos esos datos. Puedo suponer que los daños tenían
existencia real, que tal vez algunos no fueran tan graves como se los
presentaba, pero en líneas generales los perjuicios eran muchos y
muy extendidos. Que todos ellos tuvieran difusión pública casi el
mismo día es indicativo que se estaba preparando el clima para tomar
una dura medida: la reimplantación del estado de sitio.
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