Estado de sitio
Tras 30 días de conflicto de los cuales 10 eran de huelga, la
situación no experimentaba cambios. En apariencia se había
deslizado alguna propuesta para que los telefónicos flexibilizaran
su posición y otro tanto harían las empresas. Los rumores hablaban
de una posibilidad de arreglo inminente y Sindicato Buenos Aires
solicitó autorización policial para realizar una asamblea general
de afiliados. Al mismo tiempo un representante de FOETRA viajó a
Santa Fe para reunirse con dirigentes y trabajadores de la zona. Pero
el pedido de autorización hecho por el sindicato fue rechazado, y el
gobierno salió a desmentir toda posibilidad de acuerdo mientras los
trabajadores insistiesen en reclamar aumento de sueldo.
El lunes 30 de septiembre, tres días después del paro general
efectuado por las 62 Organizaciones para apoyar a los telefónicos,
el general Aramburu se reunió con directivos de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones y el ministro del área. Después se informó
que las versiones de un inminente acuerdo carecían de fundamento, y
para acentuar la inflexibilidad del gobierno se reiteró que los días
de huelga no serían abonados. Esa misma noche dirigentes nacionales
de los telefónicos reiteraron que se había estado cerca de lograr
un acuerdo y lamentaban la decisión gubernamental.
Al día siguiente FOETRA publicó una extensa solicitada dirigiéndose
“a la opinión pública y a los hermanos trabajadores de todos los
otros gremios”. Recordó las gestiones realizadas antes de llegar
al conflicto, las maniobras dilatorias de la Empresa, la indicación
para que dirigieran el reclamo al Ministerio de comunicaciones, la
respuesta de éste diciendo que el problema debía resolverse en la
Empresa que era autárquica. Después siguieron los paros, las
detenciones masivas, la ocupación de los locales sindicales por la
policía, el cancelamiento de la personería gremial.
Sobre la insistencia gubernamental para pasar a trabajar 45 horas
semanales en lugar de 35, y Establecer el horario cortado en lugar de
la jornada continua; FOETRA recordó que la jornada de 7 horas era
una conquista de los telefónicos y de otros gremios como bancarios,
empleados públicos, de empresas del estado, etc.
Enumeró los aumentos de precios en “el pan, la leche, la manteca,
la carne, el vino y otros artículos esenciales para la mesa de los
trabajadores”. Era imprescindible aumentar los sueldos, “no por
planteos políticos o ideológicos sino por ser la única salida para
sobrevivir. Y agregaba:
“Al gremio telefónico le ha tocado ser el primero en salir a esta
lucha, pero nadie desconoce que el problema es general. Creemos que
debe pensarse mucho antes de continuarse con la política de detener
la inflación en base a la miseria de la clase trabajadora. De nada
sirve sanear la economía del país sin tener en cuenta que el precio
a pagar es el hambre de los que en realidad producen”.
Luego agradecía la solidaridad de todos los sindicatos del país:
“Nuestra lucha es la lucha de todos los gremios en estos momentos”,
y agradecemos “esa magnífica lección de solidaridad humana y de
unidad de la clase trabajadora”.
La información sobre el estado del servicio telefónico era
oscilante, se pasaba de decir que estaba mejorando a afirmar que los
actos de sabotaje estaban a punto de incomunicar al país. Lo primero
era absolutamente falso, lo último probablemente estuviera
sobredimensionado. Lo cierto fue que, tal como ya había adelantado
el ministro de comunicaciones, se citó a personal de Plantel, unos
450 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La citación estaba
firmada por el Capitán de navío Ramón Casanova (presidente de la
empresa), Ángel H. Cabral (ministro de comunicaciones) y el General
de brigada Julio A Teglia (comandante general de comunicaciones del
interior). El intimado debía presentarse con la citación en su
lugar de trabajo donde “será protegido por personal militar”.
El gerente administrativo de la empresa, Carlos Macchi, salió a
desmentir que se hubiera intimado a los telefónicos que tuvieran
otro empleo estatal para que retomaran la tarea en la empresa, so
pena de perder ambos trabajos.
También ese 1 de octubre la Compañía Argentina de Teléfonos,
prestataria del servicio en Mendoza, San Juan, Tucumán Salta y
Santiago del Estero) y la Compañía Entrerriana de Teléfonos,
ambas pertenecientes a la multinacional Éricsson, intimaron al
personal a reintegrarse al trabajo por haber sido declarada ilícita
la huelga.
Al día siguiente FOETRA informó que el personal de Conservación y
construcción que había sido intimado continuaba cumpliendo con la
medida de fuerza. Simultáneamente se conoció que el jefe de la
oficina de Chascomús había recibido de manos de la policía la
intimación para presentarse en el término de 48 horas, de lo
contrario sería obligado a asistir por la fuerza pública.
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