Estado de sitio (III)
En la nota anterior comenté que el viernes 4 de octubre se dieron a
conocer un gran número de noticias que hablaban de atentados contra
las líneas telefónicas en todo el país. Ese mismo día, desde la
mañana, comenzaron las reuniones en la presidencia. Los nombres y
los cargos de varios de los participantes pueden resultar hoy
desconocidos, en ese momento causaban inquietud.
Ofició de dueño de casa el general Aramburu, a su lado se situó el
contralmirante Isaac Rojas. Rodeando la mesa se ubicaron el jefe del
estado mayor del Ejército, general Luis Leguizamón Martínez; el
jefe del estado mayor Naval, contralmirante Jorge Perrén; el jefe
del estado mayor de la Fuerza Aérea, comodoro Anselmo Simois; el
secretario de Informaciones del estado, general Juan Carlos Cuaranta;
el interventor de la Confederación General del Trabajo, capitán de
navío Alberto Patrón Laplacette, y el presidente de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones , capitán de navío Ramón Casanova.
Simultáneamente en el Ministerio del Interior estuvieron el subjefe
de la Policía Federal, capitán de fragata Aldo Molinari, y el jefe
de coordinación policial, coronel Eugenio Schettini.
Después de las 18 se realizó otra reunión en Casa de gobierno en
la que, junto a Aramburu y Rojas, estuvieron los ministros de las
fuerzas armadas, el jefe de la Policía Federal, contralmirante José
Antonio Dellepiani, el jefe de la Policía de la provincia de Buenos
Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, el interventor
federal en la provincia, coronel Emilio Bonnecarrere, el secretario
de Informaciones del estado, el director de Coordinación Federal,
capitán de corbeta Pedro H. Messina, y jefes de los servicios de
inteligencia del gobierno.
Finalizada la última reunión comenzó a hablarse de la suspensión
de garantías constitucionales en algunas regiones del país. Los
informantes oficiosos hablaron “de una serie de actos de sabotaje
que demuestran la perfecta coordinación y sincronización, por la
simultaneidad y similitud en los atentados”.
Según la interpretación gubernamental los actos de sabotaje
respondían a organizaciones del exterior, y el objetivo perseguido
era aislar algunas provincias de la Capital Federal y, a su vez, al
país con naciones limítrofes tales como Chile, Bolivia y Paraguay.
Paralelamente se buscaba “obstaculizar los servicios públicos
esenciales como los de Obras sanitarias, producir cortes de líneas,
incendiar vehículos y levantar líneas férreas”. A modo de
ejemplo se dijo que a las 23 horas del día 1 de octubre se habían
producido 7 atentados en distintos puntos del país. Como FOETRA
había rechazado públicamente esos actos, se concluía que los
mismos no venían del interior de los gremios sino de fuera.
Hasta allí no se hablaba del conflicto telefónico, aunque se
deslizaba el comentario que “los cortes de líneas habrían aislado
algunas bases militares, aéreas y navales, las que cubrían sus
necesidades con recursos especiales”. Sin embargo, prestando
atención a la lista de participantes en la primera reunión de la
mañana, se descubría el nombre del capitán Casanova, presidente de
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
Recién a las 22 el Subsecretario del Interior, César García
Puente, reunió a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno
para notificarles que el ministro del Interior le había encargado
informar que desde la cero hora regía el estado de sitio en Capital
Federal y provincia de Buenos Aires. Fue entonces cuando se dijo
explícitamente que la razón era “preservar el orden frente a los
actos de sabotaje contra las instalaciones telefónicas”. El
funcionario adelantó que se suscribirían “las medidas
necesarias”, aunque no dio a conocer el texto del decreto 12.171 y
dijo no saber si ya se habían realizado detenciones.
Efectivamente, alrededor de 200 trabajadores fueron apresados el
primer día, luego se informó que sólo la cuarta parte de ellos
eran telefónicos; los demás pertenecían a otros gremios, pero la
amplitud del estado de sitio permitía la discrecionalidad.
Aparentemente hubo mucho de detenciones al boleo, un par de días
después la mayor parte de los trabajadores habían recuperado la
libertad.
Simultáneamente se siguió informando de nuevos daños al plantel
telefónico. Se puso el acento en los cortes efectuados en cables
troncales, en los 2.500 teléfonos públicos vandalizados y en los
35 mil abonados incomunicados. Al no brindarse precisiones sobre la
ubicación de los damnificados no es posible saber si se
contabilizaba a la totalidad. Las cifras variaban permanentemente,
pero al margen de la intención desinformadora la percepción era que
nunca el servicio había estado tan mal.
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