Telefónicos en momentos de incertidumbre

AVANZADA, de memoria (II)

Telefónicos en momentos de incertidumbre

A principios de junio de 1966 los telefónicos estábamos en conflicto; recuerdo que se presentó una propuesta empresaria que no satisfacía nuestros reclamos. Aunque la conducción del sindicato trató de que se la aceptase, fue rechazada en la asamblea que se hizo en la Federación Argentina de Box. Ya antes del derrocamiento de Illía se había desplazado a López Zabaleta de la conducción de la ENTel. En su lugar se nombró un interventor militar, el coronel Eppens, y las nuevas autoridades hicieron algunos cambios cosméticos a la anterior propuesta salarial. Sustancialmente la oferta seguía siendo la misma, desde nuestro punto de vista debía ser rechazada como lo había sido la anterior. Sin embargo después del golpe la dirección del sindicato convocó a una nueva asamblea general, propuso el levantamiento de las medidas de fuerza, y apuntaló su posición con la advertencia de que había “sectores de presunta Avanzada” que buscaban el enfrentamiento de los trabajadores telefónicos con el gobierno militar.

No creo que se hubiese conseguido un nuevo rechazo de los asambleístas, lo que parecía más probable era una aceptación medrosa por parte de los compañeros. Sin embargo el hecho de que se volantease una amenaza tan explícita como la anterior dejaba traslucir una cierta preocupación por parte de los dirigentes del sindicato, y hasta una sobrevaloración de nuestra influencia entre los telefónicos. La reunión se efectuó en el Luna Park, la concurrencia fue importante pero no multitudinaria, y se notó una cierta tensión por la decisión final de los asambleístas. En ese afán por asegurarse el resultado, los dirigentes extremaron los recaudos y hasta cometieron ciertas desprolijidades. NO sólo la del volante de tono policial, sino una acentuada limitación al uso de la palabra. Prácticamente con el comienzo de la deliberación se reclamó la aprobación de la propuesta empresaria y se pidió el cierre de la lista de oradores. Aunque la votación fue contabilizada como favorable, el resultado tuvo todo el sabor de una victoria pírrica.

Había una cierta percepción de que la dictadura iba a reactualizar las prácticas represivas de los peores momentos de Aramburu y Rojas o del Plan Conintes. Las presunciones no eran desacertadas, y a medida que avanzaron los días fueron produciéndose los hechos que las confirmarían.

La primera muestra de brutalidad represiva que recuerdo fue la de la noche de los bastones largos. Ya se había producido la intervención del sindicato de Prensa, también había sido derogada la autonomía universitaria, y en la noche del viernes 29 de julio se decidió dar un escarmiento ejemplificador a quienes resistían esta medida. Algunas facultades estaban tomadas por los estudiantes, y aunque todas iban a ser desalojadas, se puso un particular ensañamiento con la de Ciencias Exactas. La Policía Federal estaba conducida por el general Fonseca, y éste ordenó a sus subordinados que fueran y “molieran a palos” a los que estaban dentro de la facultad. Los policías cumplieron escrupulosamente con la orden recibida, y el desalojo del local universitario ubicado en la Manzana de las luces tuvo muestras de crueldad estremecedoras.

Pocos días después se produjo la intervención de la FATPREN, pero esa fue casi una formalidad luego de haberse hecho lo mismo con el Sindicato de Prensa. Hago especial referencia a lo que ocurría con los compañeros de prensa porque con ellos manteníamos una relación más directa, pero eran varios los sindicatos que estaban siendo golpeados en esos días a todo lo largo y ancho del país, entre ellos, portuarios, ferroviarios y obreros azucareros de Tucumán. También las universidades, consideradas no como casas de estudio sino como nidos de subversivos, sufrían el embate represivo. Ya comenté lo ocurrido en Buenos Aires, pero poco después, el 7 de septiembre, en Córdoba, la policía reprimió brutalmente una asamblea estudiantil y baleó a Santiago Pampillón quien moriría cinco días después. Las palabras de Miguel Ángel Ferrer Deheza, el interventor designado por la dictadura para gobernar la provincia de Córdoba, preanunciaron un futuro aún más luctuoso: "Lamento las víctimas producidas… y las que vendrán". Paralelamente, en un discurso que fuera trasmitido por radio y televisión (y que el diario La Nación comentara en su edición del día 12 de septiembre), Martínez Paz, ministro del Interior, “defendió la política universitaria del gobierno e incluso justificó el uso de la fuerza”.

Aunque el ataque contra los sectores laborales era generalizado hubo algunos gremios que fueron agredidos con mayor ensañamiento. Tengo la convicción que había mucho de ideológico en algunos de esos embates, como en el caso de los universitarios, donde no se hizo distingo entre profesores, estudiantes o trabajadores, y donde se aprovechó cualquier muestra de resistencia para aplicar sanciones ejemplificadoras. El fanatismo anticomunista de la dictadura era continuación de la obsesión existente en los sectores más reaccionarios de la sociedad. La revista Primera Plana, que tan activo papel había jugado en el golpe contra Illia, comentaba dos semanas después de la asunción de Onganía que los representantes de una veintena de organizaciones estudiantiles -entre ellas el Frente Anticomunista de Odontología y el Sindicato Universitario de Derecho- habían pedido audiencia al ministro del Interior para solicitarle “la destrucción de la estructura marxista de la Universidad, la expulsión de los profesores de esa ideología, la intervención a EUDEBA y el fin del gobierno tripartito”.

En otros casos la brutalidad represiva pareció responder a un plan premeditado para provocar reacciones desesperadas o irreflexivas, y de ese modo poder golpear con mayor dureza a quienes no estaban preparados para absolver el golpe. Un caso significativo fue el de los portuarios, que en los primeros días de octubre se encontraron con que su régimen de trabajo era unilateralmente modificado por la Ley 16.972. Intentaron defenderse, pero el sindicato fue intervenido, y cuando quisieron reorganizarse, el secretario general del sindicato, Eustaquio Tolosa, fue arrestado en medio de una asamblea. El lugar y momento para detenerlo fue una clara provocación, porque lo que se buscaba era desarticular a los trabajadores por un largo tiempo.

Los ferroviarios eran otro sector que estaba en la mira desde varios años atrás. Ya en época de Frondizi se había iniciado el ataque contra ese sector. En aquel momento el Plan propuesto por el general norteamericano Thomas Larkin postulaba el levantamiento del 32 por ciento de los ramales ferroviarios y el despido de 70 mil trabajadores. Sólo una parte de aquel proyecto llegó a cumplirse, porque los ferroviarios hicieron una enérgica defensa de sus puestos de trabajo. Pero la idea de desmantelar servicios seguía siendo un objetivo de los gobiernos reaccionarios, y el 2 de diciembre de 1966 la dictadura dispuso la reestructuración del sistema ferroviario, modificó el régimen de trabajo y atacó la estabilidad laboral del personal.

El otro gremio contra el que se dirigió toda la rudeza cuartelera fue el de los azucareros tucumanos. La crisis de ese sector productivo venía por lo menos desde cuatro años antes, con cierre de ingenios y pérdida de puestos de trabajo. La angustiosa situación económica había llevado a que la FOTIA implementara medidas de fuerza como la ocupación de ingenios en 1965. Las ollas populares se transformaron en un símbolo de la resistencia obrera.

La dictadura dispuso la intervención de varios ingenios tucumanos y cerrar otros cinco. Se produjo entonces un desempleo masivo en la región y el éxodo de la población rural dedicada a la producción de caña de azúcar. Como forma de protesta el sindicato dirigido por Atilio Santillán convocó a una concentración en la que fue abatida Hilda Guerrero de Molina. La trabajadora asesinada el 12 de enero de 1967 era madre de cuatro hijos, y los represores policiales parecían parafrasear a Sarmiento: “no me ahorre sangre de obrero”.