El bombardeo a Plaza de Mayo

“El bombardeo de una ciudad abierta por parte de fuerzas armadas del propio país es un acto de terrorismo que registra pocos antecedentes en la historia mundial”. Así comienza el prólogo que Eduardo Luis Duhalde escribió para la primera edición del libro Bombardeo del 16 de junio de 1955. Hoy se cumplen 65 años de aquel acto criminal donde miembros de las fuerzas armadas con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos descargaron sus bombas y ametrallaron a la población civil con el confesado objetivo de aniquilar a todo un gobierno. El plan original era realizar ese ataque en el momento en que el presidente de la Nación se encontrara reunido con todo su gabinete. Un operativo de esa envergadura produciría inevitablemente centenares de víctimas civiles, lo que suelen denominarse "daños colaterales" en la desaprensiva jerga golpista.

Para esta nota recupero buena parte de lo que publiqué en este blog al repasar los antecedentes de la mayor huelga del gremio telefónico. Respeté el texto original aunque tendría que haber hecho algunas pequeñas correcciones, la más significativa sobre el número de víctimas fatales. Entonces la información de que disponía mencionaba "no menos de 350 muertos", las investigaciones posteriores identificaron a 308 asesinados por los golpistas.

Los golpistas de 1955

El jueves 16 de junio de 1955 aviones de la Marina bombardearon la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, la Avenida Paseo Colón y la Residencia presidencial. Otros aviones se encargaron de ametrallar la Avenida de Mayo desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, mientras un grupo compuesto por efectivos navales y comandos civiles tiroteaban la Casa Rosada desde el lado de Plaza Colón. El criminal ataque dejó un saldo de no menos de 350 muertos y más de un millar de heridos, casi 80 de ellos quedarían inválidos de por vida.

La responsabilidad principal por el ataque golpista fue de la Marina, con una menor participación de la Fuerza Aérea, y una adhesión prácticamente simbólica por parte del Ejército. En un extenso artículo de la periodista María Seoane publicado en el diario Clarín al cumplirse 50 años del golpe, se dan las siguientes precisiones:

“La conspiración que terminará con los bombardeos en Plaza de Mayo comenzó a principios de 1955, pero recrudeció en abril de ese año. El capitán de Aeronáutica Julio César Cáceres en su testimonio (fojas 842) admitirá que el capitán de Fragata Francisco Manrique era el encargado de reclutar para la rebelión entre los marinos. Que se reunían en una quinta en Bella Vista, propiedad de un tal Laramuglia, no sólo Manrique, sino también Antonio Rivolta del Estado Mayor General Naval; el contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, jefe del Estado Mayor de la Infantería de Marina y los jefes de la aviación naval en la base de Punta Indio, los capitanes de fragata Néstor Noriega y Jorge Bassi, así como el jefe del Batallón de Infantería de Marina B4 de Dársena Norte, capitán de navío Juan Carlos Argerich.”

El enlace civil entre Toranzo Calderón y los capitanes de la Base de Morón de la Fuerza Aérea y el comandante de Aviación Agustín de la Vega, fue el nacionalista católico Luis María de Pablo Pardo. Este personaje también se encargaba de la conexión con el general León Bengoa, del III Cuerpo de Ejército con asiento en Paraná. De Pablo Pardo era un fervoroso antiperonista que ya había participado del intento golpista del general Benjamín Menéndez en 1951. Después del bombardeo del 16 de junio escapó a Brasil, pero regresó para ser premiado por Lonardi con la designación como ministro del interior. De Pablo Pardo sólo duró un día en el cargo, porque al día siguiente de asumir en el ministerio, Lonardi fue obligado a renunciar como presidente.

Originalmente el plan de los golpistas era atacar la Casa Rosada el día miércoles 22, cuando Perón se encontrase reunido con los colaboradores con los que compartía las decisiones de gobierno. Sabían que esa reunión se realizaba miércoles por medio a las 10 de la mañana, por eso pensaban iniciar el bombardeo a esa hora, y terminar con esa parte de la operación en unos pocos minutos. Luego vendría el asalto por parte de comandos civiles que atacarían desde la entrada principal sobre la calle Balcarce a los defensores que hubiesen sobrevivido al bombardeo. Simultáneamente dos compañías de infantes de marina atacarían desde el lado de Plaza Colón. No sólo se contaría con el factor sorpresa y con un brutal bombardeo preliminar, también tendrían de su parte una abrumadora superioridad numérica y un armamento mucho más moderno que el de los granaderos que defendían la Casa de gobierno.

Para Marcelo Larraquy la idea del bombardeo había sido planteada por el capitán de fragata Jorge Bassi a otros compañeros de armas por lo menos dos años atrás. Al principio el proyecto pareció demasiado fantástico, pero fue ganando adeptos entre los conspiradores, se fueron puliendo los detalles y terminó por ser adoptado. Aprovechando un viaje a Europa de un buque escuela de los cadetes navales, los marinos habían adquirido fusiles semiautomáticos FN, de procedencia belga, fuera del programa de la compra oficial. La Armada los hizo ingresar de contrabando, y con ellos armó a los infantes que atacaron la Casa Rosada. Estaba previsto que el centro de operaciones fuera la base aeronaval de Punta Indio. De allí despegarían los aviones. En media hora o cuarenta minutos ya estarían sobrevolando Buenos Aires. El Aeropuerto de Ezeiza funcionaría como central de reabastecimiento para los aviones después del primer ataque. Desde hacía más de un año se estaba construyendo allí, en forma clandestina, un depósito para almacenar las bombas y el combustible. Los explosivos fueron trasladados desde la base aérea Comandante Espora, de Bahía Blanca, hacia Punta Indio y Ezeiza.

Una operación militar de esa magnitud, en la que iban a participar varios centenares de efectivos, y con una logística enormemente compleja, no podía pasar desapercibida. Los servicios de inteligencia funcionaron bien, y funcionaron tanto en una dirección como en la otra. Las fuerzas leales al gobierno detectaron los preparativos golpistas, tal vez no llegaron a tener una información completa, pero supieron que se estaba preparando algo importante. Los conspiradores, por su parte, también supieron que los otros sabían, tal vez no supieron cuánto sabían, pero ya no contaban totalmente con el factor sorpresa. Si esperaban hasta el miércoles 22 podía ser demasiado tarde, por eso decidieron adelantar la operación para el día 16.

El ataque

A las 10 de la mañana el capitán Noriega partió con su avión desde Punta Indio. Llevaba dos bombas de demolición de cien kilos cada una. Para ese momento los efectivos a las órdenes del capitán Bassi ya habían tomado Ezeiza y esperaban la llegada de los infantes de marina que viajaban en cinco aviones de transporte. El cielo estaba encapotado, la visibilidad era tan escasa que desde el Ministerio de Marina no alcanzaba a verse la Casa de Gobierno distante tres cuadras. En esas condiciones el bombardeo se hacía casi imposible, por eso Noriega decidió mantenerse en el aire en los alrededores de la ciudad uruguaya de Colonia. Confiaba en que el tiempo mejoraría. La autonomía de vuelo de su aeronave era de cuatro horas.

El jefe del Ejército, general Franklin Lucero, fue informado de los movimientos que se habían producido en Punta Indio y que Ezeiza había sido tomada. Previendo un ataque aéreo le propuso a Perón que se instalara en el Ministerio de Guerra, a corta distancia de la Casa Rosada.

Poco después de las 12.30 mejoró la visibilidad y Noriega descargó la primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Tras él siguieron los otros aviones de la escuadrilla y se desató un infierno de fuego en la Plaza de Mayo y sus alrededores. 14 toneladas de explosivos fueron lanzados por los sediciosos sobre la zona céntrica de la ciudad, en tres oleadas de bombardeo en las que participaron una treintena de aviones. Sobre Paseo Colón un trolebús recibió un impacto directo: allí murieron 65 personas.

Los aviones que se encargaban de sembrar la muerte por el centro de la ciudad de Buenos Aires llevaban pintado en su fuselaje un símbolo compuesto por una cruz y una V. La inscripción era traducida como “Cristo vence” y era interpretada como una adhesión con la jerarquía eclesiástica que se encontraba decididamente alineada con la conspiración golpista.

Ese mismo día se conocía la decisión de la autoridad vaticana excomulgando a Perón. La medida del Papa Pío XII había sido tomada en represalia por una resolución del gobierno argentino que, unos días antes, había expulsado del país a un par de sacerdotes comprometidos con los opositores al régimen. Un castigo tan duro contra un presidente de fe católica mostraba toda su desmesura, cuando se recordaba que ese mismo Papa se había negado a aplicar una sanción semejante contra Hitler o Mussolini.

Unos veinte minutos después de que cayera la primera bomba, y cuando los infantes de marina trataban de quebrar la resistencia de los granaderos que defendían la Casa Rosada, llegaron los primeros refuerzos leales desde el Regimiento de Palermo. También los trabajadores fueron convocados por la dirigencia cegetista: El secretario general Hugo Di Pietro usó la cadena radial para reclamar el apoyo obrero al gobierno peronista. En camiones y colectivos los trabajadores se acercaron hasta la zona de los combates, la mayoría no tenían armas pero tenían voluntad de pelear en defensa del gobierno. Muchos de ellos cayeron al ser ametrallados desde el aire o al quedar en medio del fuego cruzado entre leales e insurrectos. Toda la zona del Bajo era el escenario principal de las operaciones militares. Pero los ataques aéreos iban desde el congreso de la Nación, pasando por toda la Avenida de Mayo, el Departamento de Policía, el edificio de Obras Públicas y el local de la CGT. También el Palacio Unzué, la antigua residencia presidencial ubicada en la calle Agüero, fue blanco de las bombas sediciosas.

Entre los trabajadores que se acercaron hasta la zona de los enfrentamientos estaba un joven que tres años antes había ingresado en la mesa de pruebas de la oficina Devoto. Antes había trabajado en un pequeño taller textil, pero en 1951 se quedó sin empleo. Un vecino le sugirió que le escribiera una carta a Oscar Nicolini, el ministro de comunicaciones, luego le hizo llegar el pedido de trabajo: “y así fue como entré en Teléfonos del Estado cuando tenía 16 años”.

Según propia confesión, era un muchachito al que sólo le interesaba jugar al fútbol e ir a bailar; sus padres tenían simpatías por el peronismo, pero ni ellos ni los hijos tenían ninguna militancia. El 16 de junio se fue junto con un compañero hasta la CGT y vio como los aviones volaban sobre Independencia ametrallando a la gente; “no podía creer que fueran tan hijos de puta”. Sintió una enorme indignación, pensó que debía hacer algo para comprometerse con los trabajadores masacrados, por eso decidió afiliarse al sindicato.

“Estaba muy indignado, aunque nunca me había interesado, también me fui hasta el local de la Juventud Peronista que estaba por la calle Charcas. El partido a nivel nacional había sido intervenido, el interventor era Leloir; y en el distrito Capital el interventor era John William Cooke. Para intervenir la Juventud se había designado al doctor Framinián, que era un buen tipo. Allí conocí a Carlos Gallo, que venía trabajando con el “profesor González”, que era realmente profesor, pero de educación física”.

Diez años después, aquel muchacho llamado Héctor Mango, llegaría a ser Secretario General del sindicato Buenos Aires de FOETRA.

Dos finales en junio

El asesinato de Jáuregui

El viernes 27 de junio de 1969, día previo al tercer aniversario del golpe que encumbrara la dictadura de Onganía, y cuando todavía estaban en carne viva los sucesos de mayo, se había proyectado la realización de una concentración en la Plaza Miserere para repudiar la inminente visita de Nelson Rockefeller, enviado especial del presidente Richard Nixon. Aún antes de que el acto se convocara, se sabía que iba a haber represión. El despliegue policial en la ciudad era tan impresionante que no llegamos a formar algo parecido a una columna para avanzar hacia la plaza. Los pequeños grupos eran rápidamente dispersados, y el ruido de las sirenas policiales era intimidante.

Estuve por allí como otros compañeros, no podíamos agruparnos, andábamos dispersos, cruzándonos y haciéndonos señas como para buscar nuevos sitios donde poder reorganizarnos. Recuerdo que Juan Carlos Romero contaría que se había cruzado en la esquina de Pueyrredón y Bartolomé Mitre con Scipione, el dirigente de La Fraternidad que formaba parte del Consejo Directivo de la CGT de los Argentinos. Estaba allí como para indicar que ese era el punto de concentración, aunque al igual que el resto de los convocados, debía moverse de un lado a otro sin conseguir reunirse con otros manifestantes.

Pero lo trágico ocurrió a unas pocas cuadras de la plaza. El diario Crónica titularía su edición del día siguiente: “Un manifestante fue muerto, y un policía herido de bala”. La versión policial indicaba que en la esquina de Tucumán y Anchorena se había producido un enfrentamiento entre policías y manifestantes, incluso con intercambio de disparos entre unos y otros. El novelesco relato continuaba diciendo que un policía alcanzado por un disparo en el pecho, desde el suelo había tirado contra el presunto agresor dándole muerte. La verdadera historia era muy distinta.

No sé si Emilio Jáuregui fue perseguido porque había conseguido encolumnarse o si la policía lo había reconocido y había querido darle caza. Lo cierto es que lo corrieron por la calle Anchorena, y a la altura de Tucumán lo encerraron entre dos coches policiales sin identificación, Un Rámbler y un Falcon, y lo balearon. Terminaron de rematarlo cuando ya estaba en el suelo. Una fotografía publicada por la revista “Así” mostraba el lugar donde había caído, el contorno del cuerpo dibujado por la tiza de los forenses, y las marcas de balas en el pavimento: exactamente en el lugar donde había estado el cuerpo de Emilio.

Fue velado en el local de la Federación Gráfica Bonaerense, y desde allí fue trasladado hasta el cementerio de La Recoleta, porque Emilio era descendiente, por vía materna, de Vicente López y Planes, el autor del Himno nacional. El cortejo fúnebre que marchó a pie desde Paseo Colón e Independencia fue encabezado por sus padres, su esposa Ana, y junto a ellos Susana Valle, la hija del general Valle, y los dirigentes de la CGT de los Argentinos Ricardo De Luca, Lorenzo Pepe, Jorge Di Pascuale y Horacio Carballeda. Si el acompañamiento de la militancia fue importante, también lo fue el de la policía. Carros de asalto, patrulleros y motociclistas rodearon al cortejo durante toda la marcha.

Estuve entre los que concurrimos al cementerio, pero el despliegue policial en el interior era tan intimidante como lo había sido en la calle durante el recorrido. Los policías de civil no trataban de pasar disimulados, sino que hacían el fichaje con ostentación, y preparaban la represión a la vista de todos. Nosotros nos ubicamos frente a la bóveda familiar donde iba a colocarse el féretro. Al lado de éste se situaron los compañeros que iban a hacer uso de la palabra, y detrás de nosotros, a unos veinte pasos, se formó una fila de agentes de la guardia de infantería sosteniendo entre sus manos los clásicos garrotes de madera.

Confieso que yo estaba más atento al movimiento de los policías que al contenido de los discursos. Mi memoria no es muy confiable en ese aspecto, pero creo que el primero en hablar fue Jozami, para decir que con el asesinato del ex Secretario de FATPREN había caído un compañero que fue un ejemplo de luchador por la libertad de su pueblo. Después habló Ricardo De Luca, tal vez lo hizo algún otro, pero cuando el último comenzó su discurso, el jefe del operativo ordenó que se cargara contra todos nosotros, los de la guardia de infantería avanzaron a la carrera, y allí comenzaron los golpes y las corridas. La persecución se continuó en los alrededores, con gases lacrimógenos y detenciones a mansalva.

Aún recuerdo la imagen de Ana, la esposa de Emilio, arrodillada en el suelo y aferrando una de las manijas del féretro que contenía el cadáver de su marido. Así se la veía en una de las fotografías que ilustraban la bárbara represión policial.

Muerte de Vandor y estado de sitio

El lunes 30 por la mañana, mientras Onganía recibía a su ilustre visitante un grupo armado ingresó en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicada en el barrio de Parque Patricios. Una vez dentro, fueron reduciendo al personal y los custodios, llegaron hasta el despacho de Augusto Vandor, y lo ultimaron a balazos. Para asegurarse el cumplimiento del objetivo y cubrir su retirada, colocaron una carga explosiva dentro de la oficina.

Mucho tiempo después sus ejecutores dieron a conocer un comunicado adjudicándose la autoría del hecho. Allí decían:

“Siendo las 11.36 del 30 de junio de 1969, el Comando "Héroe de la Resistencia Domingo Blajaquis" del Ejército Nacional Revolucionario que ocupó el local de la UOM, sito en la calle La Rioja 1945, cumpliendo el "Operativo Judas", procedió al ajusticiamiento del traidor Augusto Timoteo Vandor, complementando la acción con la voladura parcial del edificio para no afectar fincas vecinas”.

El nombre de Ejército Nacional Revolucionario habría sido un invento para desorientar a los servicios de inteligencia. Los verdaderos ejecutores pertenecían a la organización Descamisados, la que tiempo después se incorporaría a Montoneros.

Esa misma tarde el gobierno endureció aún más la represión, decretó el estado de sitio, intervino numeroso sindicatos pertenecientes a la CGT de los Argentinos, detuvo a muchos de sus dirigentes y expulsó a alguno de ellos del país.

La ley 18.262 tuvo un solo artículo, apenas 18 palabras que fueron suficientes para implantar el estado de sitio, medida que recién sería levantada el 22 de mayo de 1973. Era un texto que no entraba en sutilezas ni se detenía a establecer en qué momento preciso comenzaba la medida de excepción. El ministro del interior, general Francisco Ímaz, se encargó de recalcar que la ley se aplicaría con el máximo de rigor y sin indulgencia.

Con la tinta todavía fresca comenzaron a realizase los allanamientos e intervenciones de los distintos sindicatos. Los primeros de la lista fueron la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato Argentino de Obreros Navales y la Asociación de Empleados de Farmacia.

El procedimiento más espectacular se realizó en el local de Paseo Colón 731, porque allí también funcionaba la CGT a. Cerca de las 10 de la noche llegaron los efectivos de la guardia de infantería y detuvieron a todos los que se encontraban en el local de la Gráfica. Entre los dirigentes apresados figuraban Jorge Dipascuale, José Ferraresi, Susana Valle, Alfredo Carballeda, César Coronel y Antonio Scipione. Igual suerte corrieron todos los empleados y activistas sindicales que estaban allí. Entre los detenidos no figuró Raimundo Ongaro porque, con otros dirigentes gráficos, se encontraba en la localidad cordobesa de Bialet Massé, donde se realizaba el congreso nacional de su gremio. El arresto de Ongaro se produjo directamente en Córdoba, hasta donde fueron a buscarlo los agentes de Coordinación Federal. El argumento esgrimido durante la detención no dejaba de tener una pizca de cinismo: dijeron que tenían orden de llevárselo para preservar su integridad física porque había indicios de que podía sufrir un atentado como el que había terminado con la vida de Augusto Vandor.

Esa noche también se produjo la detención del histórico dirigente de los obreros del Frigorífico Lisandro de la Torre. A las 4 de la madrugada cinco agentes de Coordinación Federal golpearon la puerta del departamento de Sebastián Borro, mientras todo el monoblok situado en Avellaneda era rodeado por efectivos policiales. Desde su casa fue trasladado al departamento central de policía, y desde allí a la cárcel de Villa Devoto. Pero ésta, al igual que las anteriores, era sólo una muestra de lo que estaba ocurriendo en todo el país. Se estimaba que más de 300 arrestos se habían producido durante las primeras horas del estado de sitio.

Para ese lunes 30 de junio estaba prevista una movilización en Buenos Aires, se la había denominado Marcha del silencio, y sería previa al paro programado por la CGT de los Argentinos para el día siguiente. Ambas medidas, la marcha y el paro del 1 de julio, serían el cierre de la semana de protestas organizada por la central obrera. La Marcha del silencio pretendía ser un acto importante, incluso compañeros del interior del país se habían movilizado hacia Buenos Aires para participar de esa manifestación. Los diarios indicaban que unos 500 estudiantes viajaron desde Rosario, y que algunos de ellos habían sido detenidos en la noche del sábado al llegar a Retiro. Pero la mayoría había tomado la precaución de bajar en la estación Migueletes y dispersarse en otros medios de transporte para entrar en la ciudad.

Si el despliegue policial ya era imponente a causa de la visita de Nelson Rockefeller, después de la ejecución de Vandor se intensificó aún más. Yo no recuerdo que haya podido concretarse nada parecido a la programada Marcha del silencio, lo que sí se cumplió fue el paro previsto para el martes 1 de julio. La medida de fuerza tuvo amplísimo acatamiento en Córdoba, también se llevó adelante en otras ciudades del interior, pero su acatamiento en Buenos Aires fue sólo parcial.

Agrego un solo comentario; las muertes de Jáuregui y Vandor están separadas por menos de 72 horas; el primero es asesinado por la policía al servicio de la dictadura, el segundo es muerto por un grupo revolucionario. Son dos finales muy distintos, “con el asesinato del ex Secretario de FATPREN había caído un compañero que fue un ejemplo de luchador por la libertad de su pueblo”, con la muerte del segundo la dictadura pretendió justificar el endurecimiento de la violencia antipopular.

El mayo argentino (10)

La huelga general

El enorme peso del Cordobazo en la historia a veces nos hace olvidar que esos acontecimientos tuvieron lugar en el marco de una conflictividad creciente en todo el país. La huelga general estaba programada para el viernes 30, en la ciudad mediterránea se adelantó el comienzo de la medida de fuerza para el 29 de mayo a las 10 de la mañana; pero al llegar el día 30 el paro se extendió a todo el territorio nacional. En muchos lugares fue acompañado con movilizaciones y actos callejeros, valgan algunos ejemplos.

Tucumán. En Tafí Viejo, frente a los talleres ferroviarios donde normalmente trabajaban 5 mil personas fueron detenidos tres trabajadores (Juan Humberto Díaz, Joaquín Héctor Carreras y Fernando Correa) que integraban un piquete de huelga y a los que se acusó de haber agredido a un rompehuelga. El hecho se produjo poco después de las 5 de la mañana, y alrededor de las 10 unos 500 compañeros de los acusados intentaron rescatarlos de la comisaría de Villa Obrera donde los tenían encerrados.

La gendarmería repelió a los trabajadores y trasladó a los prisioneros a la capital provincial. Después de esto los obreros cortaron las vías en las inmediaciones del Tiro Argentino y fueron atacados nuevamente por la gendarmería. Los represores emplearon armas largas hiriendo a Pastor Enrique Agiusa (o Ayusa), Mateo Cabrera y Ramón Brizuela, el último de sólo 16 años de edad.

Los agredidos consiguieron rechazar a sus atacantes, pero estos regresaron cerca de las 17 y volvieron a balearlos, sumando 9 heridos más a los anteriores. El estado de alguno de ellos era muy grave, Ayusa había sido alcanzado por tres disparos, Cabrera tenía una herida en el abdomen y el menor Brizuela había perdido mucha sangre.

Mientras tanto en la ciudad de Tucumán los estudiantes apoyados por profesionales y obreros ocuparon el Tribunal de Justicia. Allí fueron atacados con gases y bastones de madera, y resistieron al embate con piedras y petardos. Los detenidos en esos sucesos y en Tafí Viejo fueron cerca de un centenar. Esa misma tarde empezó a funcionar el Consejo especial de guerra encargado de juzgar a todos los detenidos durante los actos de protesta. Alrededor de las 19 unos 2 mil obreros azucareros de los ingenios San Juan, Concepción, Las Peñas, Salta y Esperanza se movilizaron en las inmediaciones del Río Salí, y se concentraron frente al local de la FOTIA a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad de Tucumán. Un centenar de policías provinciales y gendarmes provistos de armas largas les cerraron el paso, temerosos de que los trabajadores iniciaran una marcha hacia la capital. En la noche, los delegados gremiales reunidos en la CGT declararon el estado de huelga en toda la provincia, y la fijación de la fecha para concretar la medida de fuerza quedó en manos de un plenario a realizarse el sábado o domingo.

Más al norte, en Salta, se produjeron numerosos atentados y movilizaciones. Ya el día 29 habían estallado bombas en Canal 11, y durante el día 30 otros 7 artefactos detonaron en instalaciones de Gas del Estado en Chachapoyas y en distintos sectores de la capital salteña y sus alrededores. Se produjeron más de cien detenciones bajo acusaciones tan diversas como arrojar clavos miguelitos en las calles, volantear y participar de actos, o ser considerados sospechosos por las autoridades. Hasta los asistentes a una misa en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, que se realizaba en homenaje a los caídos en Corrientes, Rosario y otros lugares, fueron dispersados violentamente por la policía.

En Santa Fe la vigilancia policial fue reforzada con patrullas militares y se estableció un comando conjunto en la guarnición militar Santa Fe. A pesar del despliegue de efectivos alcanzó a iniciarse una movilización de obreros y estudiantes en el centro de la ciudad. La columna fue dispersada por las fuerzas represivas y se detuvo a más de 60 manifestantes que fueron puestos a disposición de los tribunales militares. Otro conjunto de trabajadores fue atacado en Facundo Zubiría y Luciano Torres, una barriada obrera, pero allí los manifestantes consiguieron eludir la persecución con el apoyo del vecindario. Escaramuzas y corridas se produjeron en otros sectores de la ciudad y un jeep policial fue alcanzado por una bomba molotov.

El largo mayo del ‘69

Trato de poner un poco de orden en mis apuntes, mayo fue un mes tan cargado de acontecimientos que se vuelve necesario retroceder aunque más no sea unas horas. El jueves 29, en el mismo momento en que la ciudad de Córdoba era sacudida por los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías, en Buenos Aires se realizaba el acto central por el Día del Ejército. Frente al Colegio Militar de la Nación el dictador Juan Carlos Onganía pasó revista a las tropas en compañía del comandante en jefe del ejército, Alejandro Lanusse. Después se celebró una misa de campaña, y a continuación Lanusse leyó su discurso: “La Revolución Argentina continúa su marcha, sin apresuramientos y sin detenciones hacia la meta oportunamente fijada”. Eran palabras de soberbia que no atendían a reclamos ni protestas; frente al clamor popular la dureza castrense iba en aumento.

Al día siguiente mientras se desarrollaba la huelga general fue promulgada la ley 18.234 modificando la ley de Represión de las actividades comunistas. La disposición anterior también era un engendro dictatorial; en su nueva versión no sólo castigaba a “quienes tengan participación activa en los hechos tipificados como de adoctrinamiento o alteración con fines comunistas”, sino también a los que expresen una pasiva complacencia. La ley se hacía eco de lo expresado por Lanusse el día anterior en el Colegio Militar: “frente a los desafíos planteados ya no queda lugar para los espectadores”. Es difícil leer este pasaje y no asociarlo con el planteo que hacían los integrantes de la Junta militar que asaltó el poder una década más tarde. Estos últimos se proponían perseguir y erradicar de la sociedad “a los subversivos, a quienes los apoyen, a sus simpatizantes, a los indiferentes”. Quien no se pusiera del lado de la dictadura era un enemigo.

La ley 18.234 llevaba las firmas de Juan Carlos Onganía y del ministro del Interior Guillermo Borda. Cuando fue publicada en el Boletín Oficial una semana más tarde Borda ya no era ministro. Todos los integrantes del gabinete debieron renunciar como consecuencia de lo ocurrido durante los días anteriores. El Cordobazo obligó a realizar cambios que recién se concretaron en los primeros días de junio, la historia no entiende los límites burocráticos del calendario.

Otra secuela de las puebladas de mayo fue el desplazamiento de varios gobernadores en la primera semana de junio: Carlos Caballero, de Córdoba, brigadier Ricardo Fábrega, de Entre Ríos, Guillermo Iribarne, de La Rioja, Roberto Avellaneda, de Tucumán, general Guillermo Brizuela, de Catamarca, Hugo Alberto Rovaletti, de Salta, contralmirante Eladio Vázquez, de Santa Fe, y general Francisco Ímaz, de Buenos Aires. Las obligadas renuncias de ministros y gobernadores dejaron en un segundo plano las de todos los rectores de las universidades nacionales.

En esos días se habían producido centenares de detenciones, muchos de los apresados fueron condenados por los tribunales militares, otros permanecían incomunicados sin ninguna acusación más o menos concreta. Entre estos últimos se encontraban los dirigentes de la CGT de los Argentinos, Raimundo Ongaro, Ricardo De Luca, Floreal Lencinas, Pedro Avellaneda y Antonio Scipione. En distintas delegaciones del interior se votaron medidas de fuerza que esperaban por el acompañamiento de la CGT Azopardo, algunos de sus dirigentes demoraban su apoyo, otros decían que no se debía abusar de las huelgas.

En esta central coexistían los llamados “dialoguistas” y “participacionistas”, una divisoria muy tenue entre discretos acompañantes de la dictadura y cómplices desembozados. Precisamente el mismo día 30 de mayo un participacionista recalcitrante como Estanislao Rosales se había reunido con Onganía reiterando que su gremio no adhería a la huelga y que la CGT Azopardo se había excedido al apoyarla.

A partir de mayo de 1969 la lucha contra el régimen y contra el sistema dio un salto cualitativo. La violencia dictatorial engendró un rechazo que venía creciendo en forma incontenible, las puebladas de Corrientes, Tucumán y Rosario fueron los peldaños que precedieron al Cordobazo. Ya nada podría ser igual desde entonces, y nada fue igual. Peronistas, marxistas y Socialcristianos habrían de coincidir en la acción futura, la violencia dejó de ser patrimonio exclusivo de los sectores dominantes, también los sectores populares se sintieron legitimados para apropiarse el método.

En una nota anterior mencioné las palabras de un sacerdote de la ciudad mendocina de Maipú: “si nos muerden, tendremos que morder, y si nos apalean, tendremos que apalear”. El planteo podía parecer antiético porque en ese caso se trataba de un representante religioso proponiendo el uso de la violencia. Sin embargo un año antes otro sacerdote –Camilo Torres- había caído combatiendo al régimen opresor de su país con las armas en la mano.

Los grandes protagonistas en Mayo del ’69 fueron los trabajadores y los estudiantes luchando contra la dictadura; venían haciéndolo desde varios años atrás, continuarían haciéndolo pero no sólo desde los lugares de trabajo y desde los claustros. Ya habían salido a las calles para luchar contra la opresión, ya se habían enfrentado a la violencia del régimen, ya habían padecido apaleamientos y muertes. En adelante nuevas formas organizativas y nuevos métodos de lucha se pondrían en práctica.

Índice

El Mayo argentino.

1. Introducción

   El 1º de mayo en Mataderos y en el interior del país

2. Del Noreste a Córdoba, pasando por Tucumán

   La muerte se hace presente en Corrientes

3. El asesinato de Adolfo Bello

   El Rosariazo

4. Rosario, zona de emergencia militar. Los Consejos de guerra

5. Protestas en todo el país

6. La detención de Ongaro

   Una fiesta patria muy particular

7. Tucumán y la protesta estudiantil

   “Me gustan los estudiantes”

8. Extraños en la noche

   “Salió la nueva ley”

9. El Cordobazo

10. La huelga general

    El largo mayo del ‘69

El mayo argentino (9)

Al repasar las notas ya publicadas descubro que estuve dando por descontado un conocimiento previo por parte de los lectores; por eso son necesarios algunos datos que no fueron mencionados antes. El paro general convocado por ambas centrales sindicales –la CGT de los Argentinos y la CGT Azopardo- era para el viernes 30 de mayo en todo el país. Pero las regionales cordobesas –la CGT de los Argentinos y la CGT Legalista- habían decidido que el cese de actividades no fuera un “paro dominguero “sino que estuviera acompañado con una intensa movilización; para que fuera realmente un “paro activo” la medida de fuerza comenzaría el jueves 29 a las 10 de la mañana. Con ello se aseguraba la participación de los obreros que se encolumnarían a la salida de sus lugares de trabajo para marchar hacia el centro de la ciudad.

La descripción que hizo el periodista Ernesto Ponsati sigue siendo estremecedora: “Desde el sur se movilizaron miles de trabajadores del SMATA. Desde el sudeste, avanzaron los obreros de los complejos fabriles de Ferreyra. En el oeste se movilizaron los estudiantes, progresando desde la zona del Clínicas hacia el centro. En el norte comenzó a moverse el sindicato de Luz y Fuerza, y más tarde, cerca de las 13, aparecieron por avenida General Paz y el Mercado Norte operarios de fábricas como Ilasa y otras.”

El Cordobazo

Las primeras informaciones, muy fragmentarias y confusas, hablaban de compactas columnas de obreros y estudiantes que habían conseguido romper las barreras policiales y que en distintas zonas de la ciudad hacían retroceder a las fuerzas represivas. Se hacía referencia a ocho frentes distintos donde la policía comenzaba replegarse, reemplazando los gases lacrimógenos por las armas de fuego y provocando las primeras víctimas entre los manifestantes.

La zona de la estación terminal de ómnibus se convirtió en un verdadero campo de batalla. El pánico se extendió, y se multiplicaron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas represivas.

Alrededor de las 11.15 se produjo una verdadera batalla campal frente al Correo Central, en la esquina de Colón y San Martín. La policía pretendió detener el avance de la columna de Luz y Fuerza, pero los trabajadores respondieron con todo tipo de proyectiles a las granadas de gases lacrimógenos. Los manifestantes se disgregaban para volver a reagruparse en distintas esquinas donde levantaban barricadas y encendían fogatas. Vecinos y empleados de la zona contribuían con papeles, maderas y otros materiales combustibles, en una adhesión espontánea que fue determinante para todo el curso de los acontecimientos.

Aproximadamente a las 11.30 los estudiantes ingresaron al Palacio de Justicia, sobre el Paseo Sobremonte, y se instalaron en el salón de los pasos perdidos. Junto a los abogados y público en general improvisaron un acto en el que intervinieron varios oradores. Algo semejante ocurrió en la Municipalidad. Allí los manifestantes se reagruparon en la explanada del palacio y continuaron con el acto hasta que intervino la policía.

A las 13, en Boulevard Junín y Chacabuco se levantaron barricadas. Se habría intentado el incendio de los surtidores de nafta. Los agentes recibieron la orden de concentrarse alrededor del Departamento de policía en el casco chico de la ciudad.

La columna de la planta Santa Isabel, de la empresa IKA, ingresó en la ciudad por la ruta Nº 36 y llegó hasta la Avenida Vélez Sarfield donde desbordó la barrera policial. Poco después los manifestantes volvieron a chocar con la policía en el Hogar Escuela Pablo Pizzurno. Se sucedieron los enfrentamientos y la represión tiró a matar: el asesinato de Máximo Mena hizo crecer la indignación de los obreros.

A las 13.10 llegaron a la Clínica Buenos Aires tres heridos de armas de fuego.

A las 13.30 comenzaron a actuar los efectivos de gendarmería que estaban frente al departamento central de policía.

A las 13.50 se informó en Sanidad Policial que habían recibido 13 heridos, 6 de ellos eran policías con balazos.

En la esquina de Independencia y Boulevard Junín se habían levantado barricadas, se hostigaba a la policía y ésta se mostraba impotente para hacer frente a los manifestantes. Se argumentaba que se habían agotado las reservas de gases lacrimógenos y que los vehículos policiales se habían quedado sin combustible.

La explosión de furia popular se extendió a todos los barrios y zonas vecinas, donde trabajadores y estudiantes protagonizaron continuos enfrentamientos contra la policía, gendarmería y tropas del ejército.

A las 15 comenzó el incendio en el Registro Civil de Colón al 1100.

A las 15.30 se conoció la noticia de la muerte del obrero de apellido Castillo, baleado por la policía en las cercanías de la Plaza Vélez Sársfield.

Para ese momento la lucha se desarrollaba en 15 frentes distintos diseminados por la ciudad, y el comandante del III Cuerpo de Ejército informó que las fuerzas a su cargo entrarían en operaciones. En el primer comunicado emitido por el jefe represor se anunció la formación de consejos de guerra para juzgar a los manifestantes que fueran detenidos. No habían pasado ni 24 horas desde que se diera a conocer la ley 18.232 (ver nota anterior) cuando comenzó a ser aplicada.

El comunicado Nº 4 indicaba que “para restablecer el orden y la paz pública en la ciudad”, a partir de las 17 las fuerzas armadas comenzarían a actuar con todos sus medios. El general Lahoz, comandante militar de la zona de emergencia, dispuso la intervención de efectivos de la guarnición de Aeronáutica. Suboficiales y cadetes de esa fuerza ocuparon la zona del barrio Nueva Córdoba, enfrentándose con centenares de manifestantes que habían bloqueado las calles con barricadas. Hubo numerosos tiroteos, aparentemente con francotiradores apostados en las azoteas.

Para facilitar el accionar represivo se impuso el toque de queda entre las 20.30 y las 6.30 del día siguiente.

A las 22, en el casco céntrico, las fuerzas represivas habían recuperado totalmente el control de la zona. Barrio Talleres, en la zona sur de la ciudad, y en Pueblo San Martín, las fuerzas represivas no habían podido intervenir, y continuaban en manos de los manifestantes. El edificio de Obras Públicas y la construcción de la terminal de ómnibus, continuaban presas de las llamas.

El viernes 30 de mayo aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron la ciudad, aparentemente la misión era identificar los puntos donde presuntos grupos armados resistían aún el embate represivo. Hasta ese momento el Barrio Clínicas no había podido ser doblegado, por eso el último comunicado del general Lahoz le fue dedicado especialmente: anunciaba que ese era el próximo y último objetivo de las fuerzas represivas.

Fuerzas conjuntas de ejército y gendarmería iniciaron la ocupación del Barrio Clínicas a las 17 del día viernes. Era considerado el último bastión de los rebeldes, y en los furiosos enfrentamientos se produjo un número impreciso de muertos, heridos y detenciones. Para facilitar las operaciones el toque de queda fue adelantado en tres horas y media. Los defensores del lugar levantaron barricadas y se hicieron fuertes en los techos de unas cuarenta manzanas tratando de contener la embestida represiva. Tal vez fuera cierto que tenían algunas armas de fuego, pero los elementos disponibles eran mucho más primitivos: piedras, palos, gomeras, recortes metálicos, petardos e improvisados garrotes. Seguramente las armas más peligrosas de que disponían eran las bombas molotov.

Durante tres horas los atacantes fueron mantenidos a raya por los obreros y estudiantes parapetados en el barrio. La mayor parte de los enfrentamientos se desarrollaron a oscuras, porque los ocupantes habían cortado la luz, como ya lo habían hecho en otras situaciones similares. Militares y gendarmes fueron progresando muy lentamente, filtrándose por distintos lugares, y emplazando nidos de ametralladoras pesadas en sitios considerados estratégicos. Finalmente, a las 8 de la noche, se dio intervención a efectivos de la IV brigada de infantería aerotransportada, los que habrían tenido a su cargo el asalto del edificio de Mendoza 220. Aunque la información militar no es para nada confiable, allí habrían sido detenidas unas 30 personas. Pero lo que resulta totalmente increíble es que dispusieran de un verdadero arsenal, compuesto por armas de fuego y hasta granadas de mano.

Al anochecer del viernes 30 se conoció la primera sentencia del tribunal militar: Miguel Ángel Guzmán fue condenado a 8 años de prisión, por daño calificado y continuo. Horas después se supo de la segunda: Humberto Videla fue condenado a 3 años de prisión por participar en daño calificado y continuo. La tercera condena fue para Agustín Tosco, a quien se sentenció a 8 años y 3 meses de prisión por habérselo encontrado culpable de “intimidación pública y rebelión en concurso ideal”.

A las 6.30 del sábado 31 se levantó el toque de queda. Durante la mañana la inactividad seguía siendo muy acentuada, el transporte público se mantenía paralizado, y las patrullas militares y policiales impedían cualquier agrupamiento de personas. Se suponía que el estado de huelga se mantendría, pero eso recién se sabría más adelante, porque al estar detenidos los principales dirigentes de ambas CGT, la decisión quedaba en manos de los cuerpos intermedios.

Alrededor del mediodía, cuando ya estaba confirmado que la ciudad se encontraba totalmente bajo control militar, Lanusse se hizo presente en Córdoba. Algunos periodistas comenzaron a hablar del Bogotazo cordobés, equiparando los sucesos de la ciudad mediterránea con los que habían tenido lugar 21 años atrás en la capital colombiana, cuando el pueblo reaccionó enardecido frente al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán.

(Continuará)

El mayo argentino (8)

Extraños en la noche

Para la noche del miércoles 28 estaba prevista una reunión obrero-estudiantil frente al local de la FOTIA, en General Paz y Congreso. A pesar de la violencia represiva de días anteriores la disposición para la protesta popular no pareció verse amenguada. La concurrencia fue importante, y el cronista de Clarín evaluaba el número de asistentes en 3.500, y arriesgaba hasta un análisis sociológico al calcular que el 90 por ciento de los presentes eran estudiantes, y el 10 por ciento restante obreros.

Después de escuchar a los oradores los presentes se movilizaron hasta la Universidad situada a seis cuadras de allí. Aunque se habría acordado la desconcentración en orden, un grupo importante de jóvenes levantó barricadas en unas ocho manzanas del centro de la ciudad. Aparentemente la idea era hacerse fuertes en espera de la represión policial. Pero la policía no apareció.

Quien apareció fue un actor que no estaba en los cálculos de los manifestantes: el lumpen. A través del relato del corresponsal de Crónica se nota una cierta extrañeza por esa presencia inesperada. Ya antes del anochecer grupos definidos como “atorrantes”, “patoteros” o “malvivientes” comenzaron a movilizarse desde los barrios de emergencia San Antonio del Bajo, El Prepo y El Palomar, situados en las proximidades del Río Salí. Antes de que algunos de ellos irrumpieran en el centro tucumano habían causado desmanes en otros sitios, y la mayoría parecía haberse quedado sobre el acceso a la ruta nacional Nº 9. Allí atacaron el puesto policial, y cuando la guardia caminera se dio a la fuga, bloquearon un par de rutas y detuvieron todo el tráfico, asaltando a los viajeros y destrozando los automotores.

Varios grupos ingresaron en la ciudad, comenzaron a dañar los automóviles estacionados, a romper las vidrieras de los negocios céntricos, y se lanzaron al pillaje. Algunos se dedicaron a la destrucción del alumbrado público, en una mezcla de vandalismo y de crear las mejores condiciones para moverse con impunidad. La ausencia policial facilitaba el movimiento de los ladrones, y lo inesperado de la situación determinó la rápida deliberación de los dirigentes de la Junta Coordinadora del movimiento estudiantil, encabezada por Oscar Marteu del Movimiento Reformista.

La decisión fue rechazar a los delincuentes, y después de varios enfrentamientos consiguieron desalojarlos del centro de la ciudad. De golpe los roles se habían cambiado, y los manifestantes pasaron a ser los guardianes del orden público. Lo que siguió fue desmontar las barricadas, limpiar las calles y habilitarlas para el paso de los vehículos. Alrededor de la medianoche un grupo muy reducido de jóvenes trató de movilizar a los demás contra la casa de gobierno, incluso arrojaron una bomba molotov delante del edificio, pero la inmensa mayoría de los estudiantes rechazó la actitud. Cerca de las 2 de la madrugada todo había vuelto a la normalidad.

Cuando revisaba los diarios de la época para este trabajo la lectura de esta información me sorprendió. No recordaba esa noticia (si es que alguna vez la leí), pero es probable que hubiese quedado desdibujada detrás de todas las otras cosas que ocurrieron. Porque recién pudo ser publicada el día 29, y la dramática información de ese momento ocultó todo lo demás. Sin embargo, creo que lo ocurrido en la ciudad de Tucumán en la noche del 28 de mayo merece algunos comentarios.

Han pasado muchos años desde entonces, no dispongo de más datos que los de esos recortes periodísticos, y como no me gusta hacer ficción cuando repaso la historia, trataré de ser muy cauteloso con mis conclusiones. Lo primero que queda claro es que la policía había dejado liberada la zona para que actuasen los delincuentes. Los efectivos del destacamento sobre la ruta abandonaron el lugar alrededor de las 20; desde las 21 los ladrones se dedicaron al vandalismo y el robo de los vehículos atascados, e incluso provocaron la muerte del trabajador Ángel Rosario Rearte. Siguieron actuando con total impunidad durante toda la noche, y recién a las 5 de la mañana volvió a aparecer la policía por el lugar, cuando ya hacía más de una hora que los grupos se habían marchado.

Sería aventurado afirmar que se había incentivado o inducido la actuación de los malvivientes, pero me inclino a suponer que los policías estuvieron detrás de tan inesperada presencia. Pienso que la intención era crear malestar en la población, que se asociara las movilizaciones de protesta con los actos de pillaje y vandalismo, y que la gente terminara reclamando “seguridad” y “mano dura” contra manifestantes y delincuentes. Recursos de este tipo se han empleado muchas veces en nuestra historia, algunas veces desde el poder, y en otras ocasiones desde la oposición.

Tal vez algunos cuestionaran a los estudiantes que decidieron repeler a los vándalos, pero, en principio, me parece que la actitud fue correcta. También es obvio que se exteriorizaban tendencias bastante disímiles entre los manifestantes. Algunos querían continuar con el hostigamiento a la Casa de Gobierno, y la mayoría estaba por la desconcentración ordenada. También, en principio, creo que después de lo que había estado ocurriendo, la segunda posición era la más correcta. Por supuesto, estos episodios tucumanos merecerían una investigación mucho más profunda, pero eso excede el objetivo de este trabajo.

“Salió la nueva ley”

Veamos qué ocurría en otros lugares del país ese miércoles 28 de mayo. La adhesión de los centros estudiantiles universitarios y secundarios al paro dispuesto por ambas CGT era prácticamente unánime. En la capital santafesina la sede de la Universidad Nacional del Litoral fue ocupada por centenares de estudiantes que exigían respuesta a sus reclamos para que se dejasen sin efecto las sanciones aplicadas por las autoridades, y para que se retirase a la policía de las casas de estudios. Coincidentemente el gobernador, contraalmirante Vázquez, viajaba a Buenos Aires para informar al Poder Ejecutivo sobre la situación provincial, y eran desplazados hacia la capital efectivos de la policía rural y de islas para reforzar la vigilancia en la ciudad. También Rosario vivía momentos de gran tensión, las calles eran patrulladas por la gendarmería, y a pesar de las órdenes del comandante militar, se anunciaban actos de protesta para el día 29. A ello se agregaba la decisión de los abogados rosarinos de no hacerse cargo de la defensa del oficial Juan Agustín Lescano, el asesino del estudiante Adolfo Bello. Este no era un dato menor, porque entre los que se negaban a ejercer la defensa del criminal estaban el abogado Arturo Carlomagno, ex jefe de policía de Rosario, y Ángel Bruera, ex fiscal penal. Algo parecido ocurría en la delegación de la policía federal en Mendoza, donde quien renunciaba a la institución era el médico Santiago Armando Zizzia, declarando que era totalmente solidario con las declaraciones públicas de su esposa condenando la brutal represión policial del día 25 de mayo.

También ese miércoles, los delegados telefónicos del Sindicato Buenos Aires realizamos un plenario en el local de la Federación, para organizar la parte práctica de nuestra participación en el paro del día 30. La adhesión ya había sido decidida por el Secretariado Nacional de FOETRA, y contaba con el apoyo de todas las agrupaciones del gremio. Entretanto, el plenario de gremios de la CGT de Avellaneda, decidió la expulsión de su secretario general, Lorenzo Dángelo, y otros dirigentes que se habían manifestado en contra del paro previsto para ese viernes. La contracara se dio en la reunión que la llamada Nueva Corriente de Opinión (participacionismo) celebró en el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público. Allí se dieron cita 36 de las 48 organizaciones que formaban el sector, e hicieron público su rechazo a la medida de fuerza dispuesta por las dos CGT. La declaración fue coincidente en el tiempo con la que dio el secretario de trabajo, Ruben San Sebastián, anunciando la “manifiesta ilegalidad de la medida de fuerza”, y que las organizaciones que lo promovían se hacían pasibles de las sanciones establecidas por las leyes vigentes. Y esa misma noche se sumó una nueva ley al arsenal represivo de la dictadura.

La ley 18.232 fue dada a conocer en las últimas horas de ese miércoles, comenzaba a regir a partir de la 0 hora del día siguiente, y establecía que una cantidad de hechos que eran definidos como delitos, pasarían a ser juzgados por tribunales militares. Para ello se crearían consejos de guerra especiales, constituidos por orden presidencial y de acuerdo a lo que propusiera la Junta de Comandantes en Jefe. En la extensa y difusa relación de delitos se incluía a muchos que ya figuraban en los códigos de Justicia Militar y Penal de la Nación, sosteniéndose que era necesaria la nueva disposición ante la existencia de un plan subversivo, encaminado a afectar la paz y la seguridad social”.

En las horas previas al anuncio, Onganía había presidido una reunión del CONASE, Consejo Nacional de Seguridad, en la que habían participado los comandantes de las tres armas, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y el jefe de la policía federal. Aunque no se dio una comunicación oficial, se hizo trascender que se había considerado la situación estudiantil y el paro general previsto para ese viernes. Como resultado de ello, se dispuso que los Comandos de las Fuerzas Armadas quedaban autorizados para poner a disposición de los gobernadores que lo solicitasen, efectivos militares que reforzarían a las policías en el mantenimiento del orden público.

(Continuará)

El mayo argentino (7)

Tucumán y la protesta estudiantil

A media tarde del lunes 26 los estudiantes tucumanos realizaron numerosas asambleas en las que resolvieron la adhesión al paro general programado por las dos centrales obreras para el viernes 30. En las mismas reuniones acordaron la concurrencia a la misa que oficiarían los sacerdotes del templo San Gerardo por encargo del Movimiento Universitario Católico. La concurrencia desbordó la iglesia, y debió seguir la ceremonia desde la calle. Una vez concluido el oficio, los asistentes se dirigieron hacia la Universidad Central, donde se congregaron alrededor de las 10 de la noche. Poco después, reiniciaron la marcha, y a medida que avanzaban por la calle Ayacucho, nuevos grupos de manifestantes se fueron sumando a la columna.

Al llegar a la esquina de General Paz y 9 de Julio los manifestantes se detuvieron y entonaron el Himno Nacional. Luego continuaron la marcha y fueron a desembocar en la calle Congreso, por donde se dirigieron hacia la Plaza Independencia. Cuando llegaron a la intersección con Crisóstomo Álvarez se encontraron con el cordón policial que les cerraba el paso. Fueron recibidos con descargas de gases lacrimógenos, a los que respondieron con piedras y palos. Por momentos la lucha se volvió cuerpo a cuerpo, hasta que llegaron refuerzos policiales montados a caballo. A latigazos obligaron a la dispersión de los jóvenes, muchos de los cuales encontraron refugio en las casas del vecindario.

Serafín Ruiz, un muchacho de 19 años, estudiante de Filosofía y Letras, fue alcanzado en el pecho por una bomba lacrimógena, y debió ser hospitalizado en estado delicado. El corresponsal del diario Crónica, Jesús Font, fue perseguido, arrojado al suelo y golpeado, hasta que consiguieron arrancarle la cámara fotográfica con la que había registrado imágenes de la represión. Lo mismo ocurrió con Oscar Garrocho, periodista de La Gazeta, y al igual que Font, debió ser curado de sus heridas en la Asistencia Pública.

Los estudiantes de San Luis realizaron una marcha para homenajear a sus compañeros asesinados en Corrientes y Rosario. La movilización concluyó frente a la catedral donde se colocó una bandera enlutada y rodeada de antorchas. El obispo de la provincia, Monseñor Cafferata, ofició una misa, y durante el sermón comparó la situación de ese momento con la que vivió el país en 1810. “Como entonces, la Patria encuentra en los jóvenes a sus más firmes defensores”.

Ese lunes 26 se dio a conocer que Onganía comenzaría a reunirse con sindicalistas a partir del miércoles siguiente. Sus primeros interlocutores iban a ser los dirigentes de la Asociación Obrera Textil. En reuniones posteriores pensaba recibir a las conducciones de la Federación de Luz y Fuerza y de la Unión Obrera Molinera. La actitud cómplice del participacionismo era más desvergonzada, porque coincidía con el momento en que ambas CGT acordaban realizar un paro general el viernes 30.

La posición adoptada por el plenario de la CGT Azopardo fue bastante lavada. La condena a la “injustificada represión policial” recién aparecía en cuarto lugar, detrás del reclamo salarial, la crítica del alza del costo de vida y la oposición a la Ley del Sábado inglés. La CGT de los Argentinos, por el contrario, destacaba que la medida de fuerza era en repudio a los asesinatos de Cabral, Bello y Blanco.

“Me gustan los estudiantes”

El martes 27 Tucumán volvió a ser el centro de la protesta estudiantil. A las 8 de la noche, universitarios y secundarios se congregaron en el patio central de la Universidad. Después de lo ocurrido en días anteriores se preveía una fuerte represión, por eso los estudiantes secundarios más jóvenes fueron invitados a retirarse. La columna que se puso en marcha estaba formada por alrededor de un millar y medio de manifestantes. El grupo de jóvenes que iba a la vanguardia tenía la misión de ir destruyendo los focos del alumbrado público. Sin ser detenidos por la policía se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Al llegar a la esquina de San Martín y Muñecas comenzaron a apedrear la Casa de gobierno y los automóviles de los funcionarios, entre ellos el del propio gobernador Avellaneda.

La policía dejaba hacer porque era una forma de mostrar su descontento ante la falta de mejoras salariales, pero no iba a dejar que las cosas fueran demasiado lejos. Tenían previsto actuar con la misma violencia de siempre, aunque antes querían dejar que los funcionarios “se asustasen un poco”. Cuando los estudiantes dieron vuelta un jeep policial con la intención de incendiarlo, se inició la represión. Los policías cargaron contra los manifestantes empleando gases lacrimógenos y garrotes de madera. La vehemencia represiva era la habitual, pero se topó con una firme y tenaz resistencia. Finalmente los efectivos provinciales fueron desbordados y debieron replegarse.

Los estudiantes se habían adueñado de toda la zona, dejando a oscura las calles y contando con el apoyo del vecindario que les brindaba refugio en sus casas para que eludieran las acometidas represivas. Cuando eran las 22.30, la policía provincial pidió la colaboración de la Federal, que acudió con la dotación de dos carros de asalto y otros efectivos. Lo primero que hicieron los refuerzos fue dar una vuelta por los alrededores de la Plaza Independencia, y, mediante un altavoz, intimar al desalojo de todas las calles en un plazo de cinco minutos. Después de eso la acometida fue brutal. Los efectivos de la guardia de infantería entraban en los bares y otros lugares públicos de los alrededores, ordenaban el desalojo en un minuto, y empezaban a sacar a los ocupantes a empujones y garrotazos. Cuando uno de los carros de asalto tuvo que detenerse frente a una barricada, recibió el impacto de dos o tres bombas molotov, y los ocupantes tuvieron que salir corriendo para no resultar quemados. En otros casos los policías fueron atacados desde las casas vecinas, por lo que muchos domicilios particulares fueron allanados deteniéndose a los ocupantes.

Algunos detalles contenidos en la información periodística ayudan a formarse una idea sobre la magnitud del enfrentamiento. Durante la operación, fueron agotadas las 1.200 granadas de gas con que contaba la policía provincial. No sólo se pidió el auxilio de la Policía Federal, sino que se requirió también la colaboración de personal de la gendarmería nacional destacado en Salta. En respuesta a esa solicitud 400 hombres de la gendarmería fueron desplazados desde Salta hacia Tucumán. En el recuento final se indicaba que se había detenido a un centenar de manifestantes, que 40 personas habían resultado heridas, y que 4 de ellas estaban graves. Entre los heridos se contaba a un anciano atropellado por uno de los carros de asalto, a una mujer que había sufrido fracturas por no haber cumplido con rapidez la orden de desalojar la zona céntrica, y una estudiante de filosofía, María Teresa Robles, a quien hubo que realizar una traqueotomía.

Como consecuencia de esos sucesos se produjo la renuncia del jefe de policía, y éste fue reemplazado interinamente por el teniente coronel Rogelio Villarreal. De hecho, el ejército estaba involucrado en la operación represiva, y aunque Villarreal tratase de disimularlo, tuvo que admitir que los efectivos de gendarmería llegados como refuerzos dependerían directamente del Comando de la V Brigada de Infantería.

En un mensaje a la población el gobernador Avellaneda decía: “La ciudad ha sido esta noche escenario de hechos incalificables (...) se ha atentado contra la Casa de Gobierno, causándose destrozos en instalaciones y vehículos, y en el alumbrado público”. Después atribuyó la responsabilidad a “la infiltración de peligrosos agitadores” que portaban armas de fuego y que llegaron a explotar la inexperiencia de los estudiantes secundarios. Y finalizaba con el reclamo para que los padres ejercieran una mayor vigilancia sobre sus hijos, al tiempo que declaraba asueto en todos los establecimientos de educación primarios, secundarios y universitarios hasta fin de mes. La criminalización del estudiantado era tan grosera que en un comunicado de la gobernación se indicaba que era peligrosa la circulación de menores de edad en lugares públicos que estuvieran en inmediaciones de locales universitarios.

(Continuará)

El mayo argentino (6)

La detención de Ongaro

El amanecer del sábado 24 en Córdoba es descripto como lluvioso y triste después de los graves sucesos del día anterior. Ongaro, en su carácter de secretario general de la CGT de los Argentinos viaja a la provincia para participar en las deliberaciones de la Regional sobre el paro general previsto para la semana siguiente. Cuando llega a córdoba a las 9.30 de la mañana es detenido apenas baja del tren por seis policías vestidos de civil. Tras Separarlo de los otros compañeros de la delegación fue introducido en un automóvil y trasladado hasta la jefatura de policía.

Raimundo contó que, al preguntar sobre los motivos de su detención, se limitaron a contestarle que cumplían con “órdenes superiores”. Luego llegó el capellán policial, y posteriormente lo hicieron pasar a otra habitación donde fue interrogado por el teniente Miranda, quien se presentó como Director de Informaciones. Cerca de las 14 le informaron que el jefe de policía había estado reunido con el gobernador Caballero, y que éste último había ordenado que lo enviaran de vuelta a Buenos Aires. Desde la Jefatura de Policía fue llevado hasta la Escuela de Aviación Militar, y poco antes de las 15 fue subido a un bimotor en compañía de dos oficiales de la policía.

A la media hora de vuelo el piloto recibió orden del propio gobernador Caballero de desviarse hacia Río Cuarto porque Ongaro iba a ser enviado a La Pampa. Cuando el avión aterrizó, toda la comitiva subió a un automóvil e inició el viaje hacia esa provincia. Pero al llegar a Realicó, una patrulla policial al mando del comisario Garello les informó que las “órdenes superiores” habían cambiado nuevamente, y que ahora debían llevar a Ongaro al Departamento Central de Policía en Buenos Aires.

Finalmente, a las 5 de la mañana del día domingo el prisionero fue entregado a un sorprendido subinspector que no sabía qué hacer con él. En Coordinación Federal no estaban enterados de nada, y se pusieron a interrogar a los policías cordobeses para decidir los próximos pasos. Ongaro fue llevado a Orden Gremial, y allí, casi por rutina, los oficiales empezaron a preguntarle por los motivos de su viaje a la provincia, y sobre qué pensaba del futuro del país. A los policías se sumaron algunos militares, y Raimundo creyó reconocer al “vicecomodoro Pendell, el teniente coronel Seijo y el capitán Balín”. Recién fue liberado a las 7 de la mañana del día lunes, sin ninguna acusación en su contra, y luego de 48 horas de haber permanecido bajo control policial.

Una fiesta patria muy particular

El gobernador tucumano pasó un momento desagradable en la mañana del 25 de mayo cuando presidía los festejos oficiales por la fiesta patria. Las autoridades provinciales se encontraban frente a la estatua de la Libertad, en la Plaza Independencia, y en ese momento grupos de estudiantes hicieron detonar varios petardos, mientras bloqueaban con automóviles los accesos a la plaza. El desconcierto debió ser muy grande, pero se volvió aún mayor cuando parte de los efectivos policiales se negaron a reprimir a los manifestantes, como forma de protesta por insatisfechos reclamos salariales. Mientras esto ocurría en la esquina de 25 de Mayo y Mendoza, otros actos estudiantiles se efectuaban en las esquinas de Maipú y 24 de Septiembre, y Junín y San Martín. Finalmente la policía intervino, e hirió de un balazo al estudiante Ernesto José Rodríguez, y al estudiante Oscar Palierri de un sablazo.

El mal momento no debió ser fácil de digerir para el gobernador porque se sumaba al que había vivido la noche anterior mientras se realizaba la función de gala en el Teatro San Martín. El gobernador Avellaneda había asistido al teatro con todo su gabinete, fue entonces cuando un asistente a la función pidió un minuto de silencio como homenaje a los estudiantes muertos. Todos los concurrentes, excepto las autoridades provinciales, se pusieron de pie y adhirieron al homenaje.

En Mendoza la represión policial fue tan brutal y desmedida como en otras ciudades del país. La protesta estudiantil de días anteriores volvió a reeditarse durante los festejos oficiales del 25 de Mayo. La información periodística consigna que alrededor de un millar y medio de manifestantes fueron atacados por policías uniformados y de civil. La violencia empleada fue tan extrema que causó la indignación hasta de los más indiferentes. El apaleo de estudiantes secundarios y universitarios se realizó a la vista de todos generando la reacción del vecindario. Esa indignada reacción fue reprimida con idéntica saña. Algunas mujeres que reclamaban a gritos que cesaran los malos tratos contra los jóvenes fueron igualmente insultadas y golpeadas. Un templo metodista donde habían buscado refugio algunos estudiantes fue desalojado a bastonazos por los enfurecidos policías. El pastor Sicardi y otros dignatarios de ese credo fueron detenidos junto con los muchachos. También periodistas y fotógrafos del diario Mendoza fueron llevados al Departamento de Policía, y en el propio despacho del jefe de investigaciones les velaron los rollos en que habían registrado las escenas represivas. Hasta el arzobispo mendocino, Monseñor Alfonso Butteler, fue víctima de los gases lacrimógenos cuando regresaba de oficiar el Tedeum.

La fecha patria tuvo características parecidas en San Juan. Estudiantes y trabajadores se congregaron en el local de la CGT de los Argentinos para responder con un homenaje popular al festejo oficial. Cuando los concurrentes al acto salieron a la calle y pretendieron marchar hasta el monumento al Libertador fueron atacados con gases lacrimógenos por policías fuertemente armados. La represión alcanzó hasta a los paseantes por el lugar, y entre los heridos durante el apaleamiento se contó al dirigente sindical Bernardino Romero. Los arrestados superaron la veintena, incluyendo a un periodista del diario Tribuna.

En Corrientes los actos oficiales para celebrar el 25 de Mayo contaron con una reducida participación de funcionarios civiles y militares. Los estudiantes y trabajadores eligieron convocarse en los alrededores de la Plaza Cabral para homenajear a los jóvenes asesinados en los últimos días. La policía cargó contra ellos una y otra vez, en enfrentamientos y corridas que se prolongaron desde las 16 hasta cerca de las 21. Las detenciones fueron numerosas, aunque no se dio información oficial sobre la cantidad de apresados. Lo que sí se informó fue que el Gobierno había instruido al fiscal del estado para que iniciara proceso por subversión a los organizadores del acto de protesta.

Curiosamente en Buenos Aires no fueron los estudiantes sino los actores quienes acapararon la atención periodística. La Asociación Argentina de Actores había decidido hacer público su repudio por la violencia represiva de esos días. Para ello dispuso que sus afiliados leyeran un comunicado de la entidad y que realizaran un minuto de silencio en las funciones teatrales en que participaran. El comunicado decía:

Este 25 de Mayo oscurece su brillo por la inmolación de jóvenes argentinos perpetrada en los últimos días por las llamadas fuerzas del orden. Los intérpretes nacionales agrupados en la Asociación Argentina de Actores guardarán un minuto de silencio en sus lugares habituales de trabajo en repudio de aquellos hechos que enlutan al país. Y recordarán de este modo, en la fecha máxima de nuestra nacionalidad, que la libertad no puede ser cercenada por la brutalidad de quienes circunstancialmente detentan el poder.

La lectura del comunicado fue recibida con aprobación por el público, pero en un par de lugares las derivaciones no estuvieron dentro de lo previsto. En el Teatro Agón se presentaron efectivos de Coordinación Federal armados con metralletas y pistolas lanzagases. Recorrieron la sala y los camarines, y se retiraron después de una prolija y amenazante revisión del lugar. En el Teatro San Telmo la acción represiva fue más lejos, porque luego de revisar las instalaciones, se llevaron detenidos a los actores Juan Carlos Gené, Raúl Ramos y Carlos Carella. Por esa época Carlos Carella era el secretario general de la Asociación Argentina de Actores.

(Continuará)