La huelga general
El enorme peso del Cordobazo en la historia a veces nos hace olvidar que esos acontecimientos tuvieron lugar en el marco de una conflictividad creciente en todo el país. La huelga general estaba programada para el viernes 30, en la ciudad mediterránea se adelantó el comienzo de la medida de fuerza para el 29 de mayo a las 10 de la mañana; pero al llegar el día 30 el paro se extendió a todo el territorio nacional. En muchos lugares fue acompañado con movilizaciones y actos callejeros, valgan algunos ejemplos.
Tucumán. En Tafí Viejo, frente a los talleres ferroviarios donde normalmente trabajaban 5 mil personas fueron detenidos tres trabajadores (Juan Humberto Díaz, Joaquín Héctor Carreras y Fernando Correa) que integraban un piquete de huelga y a los que se acusó de haber agredido a un rompehuelga. El hecho se produjo poco después de las 5 de la mañana, y alrededor de las 10 unos 500 compañeros de los acusados intentaron rescatarlos de la comisaría de Villa Obrera donde los tenían encerrados.
La gendarmería repelió a los trabajadores y trasladó a los prisioneros a la capital provincial. Después de esto los obreros cortaron las vías en las inmediaciones del Tiro Argentino y fueron atacados nuevamente por la gendarmería. Los represores emplearon armas largas hiriendo a Pastor Enrique Agiusa (o Ayusa), Mateo Cabrera y Ramón Brizuela, el último de sólo 16 años de edad.
Los agredidos consiguieron rechazar a sus atacantes, pero estos regresaron cerca de las 17 y volvieron a balearlos, sumando 9 heridos más a los anteriores. El estado de alguno de ellos era muy grave, Ayusa había sido alcanzado por tres disparos, Cabrera tenía una herida en el abdomen y el menor Brizuela había perdido mucha sangre.
Mientras tanto en la ciudad de Tucumán los estudiantes apoyados por profesionales y obreros ocuparon el Tribunal de Justicia. Allí fueron atacados con gases y bastones de madera, y resistieron al embate con piedras y petardos. Los detenidos en esos sucesos y en Tafí Viejo fueron cerca de un centenar. Esa misma tarde empezó a funcionar el Consejo especial de guerra encargado de juzgar a todos los detenidos durante los actos de protesta. Alrededor de las 19 unos 2 mil obreros azucareros de los ingenios San Juan, Concepción, Las Peñas, Salta y Esperanza se movilizaron en las inmediaciones del Río Salí, y se concentraron frente al local de la FOTIA a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad de Tucumán. Un centenar de policías provinciales y gendarmes provistos de armas largas les cerraron el paso, temerosos de que los trabajadores iniciaran una marcha hacia la capital. En la noche, los delegados gremiales reunidos en la CGT declararon el estado de huelga en toda la provincia, y la fijación de la fecha para concretar la medida de fuerza quedó en manos de un plenario a realizarse el sábado o domingo.
Más al norte, en Salta, se produjeron numerosos atentados y movilizaciones. Ya el día 29 habían estallado bombas en Canal 11, y durante el día 30 otros 7 artefactos detonaron en instalaciones de Gas del Estado en Chachapoyas y en distintos sectores de la capital salteña y sus alrededores. Se produjeron más de cien detenciones bajo acusaciones tan diversas como arrojar clavos miguelitos en las calles, volantear y participar de actos, o ser considerados sospechosos por las autoridades. Hasta los asistentes a una misa en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, que se realizaba en homenaje a los caídos en Corrientes, Rosario y otros lugares, fueron dispersados violentamente por la policía.
En Santa Fe la vigilancia policial fue reforzada con patrullas militares y se estableció un comando conjunto en la guarnición militar Santa Fe. A pesar del despliegue de efectivos alcanzó a iniciarse una movilización de obreros y estudiantes en el centro de la ciudad. La columna fue dispersada por las fuerzas represivas y se detuvo a más de 60 manifestantes que fueron puestos a disposición de los tribunales militares. Otro conjunto de trabajadores fue atacado en Facundo Zubiría y Luciano Torres, una barriada obrera, pero allí los manifestantes consiguieron eludir la persecución con el apoyo del vecindario. Escaramuzas y corridas se produjeron en otros sectores de la ciudad y un jeep policial fue alcanzado por una bomba molotov.
El largo mayo del ‘69
Trato de poner un poco de orden en mis apuntes, mayo fue un mes tan cargado de acontecimientos que se vuelve necesario retroceder aunque más no sea unas horas. El jueves 29, en el mismo momento en que la ciudad de Córdoba era sacudida por los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías, en Buenos Aires se realizaba el acto central por el Día del Ejército. Frente al Colegio Militar de la Nación el dictador Juan Carlos Onganía pasó revista a las tropas en compañía del comandante en jefe del ejército, Alejandro Lanusse. Después se celebró una misa de campaña, y a continuación Lanusse leyó su discurso: “La Revolución Argentina continúa su marcha, sin apresuramientos y sin detenciones hacia la meta oportunamente fijada”. Eran palabras de soberbia que no atendían a reclamos ni protestas; frente al clamor popular la dureza castrense iba en aumento.
Al día siguiente mientras se desarrollaba la huelga general fue promulgada la ley 18.234 modificando la ley de Represión de las actividades comunistas. La disposición anterior también era un engendro dictatorial; en su nueva versión no sólo castigaba a “quienes tengan participación activa en los hechos tipificados como de adoctrinamiento o alteración con fines comunistas”, sino también a los que expresen una pasiva complacencia. La ley se hacía eco de lo expresado por Lanusse el día anterior en el Colegio Militar: “frente a los desafíos planteados ya no queda lugar para los espectadores”. Es difícil leer este pasaje y no asociarlo con el planteo que hacían los integrantes de la Junta militar que asaltó el poder una década más tarde. Estos últimos se proponían perseguir y erradicar de la sociedad “a los subversivos, a quienes los apoyen, a sus simpatizantes, a los indiferentes”. Quien no se pusiera del lado de la dictadura era un enemigo.
La ley 18.234 llevaba las firmas de Juan Carlos Onganía y del ministro del Interior Guillermo Borda. Cuando fue publicada en el Boletín Oficial una semana más tarde Borda ya no era ministro. Todos los integrantes del gabinete debieron renunciar como consecuencia de lo ocurrido durante los días anteriores. El Cordobazo obligó a realizar cambios que recién se concretaron en los primeros días de junio, la historia no entiende los límites burocráticos del calendario.
Otra secuela de las puebladas de mayo fue el desplazamiento de varios gobernadores en la primera semana de junio: Carlos Caballero, de Córdoba, brigadier Ricardo Fábrega, de Entre Ríos, Guillermo Iribarne, de La Rioja, Roberto Avellaneda, de Tucumán, general Guillermo Brizuela, de Catamarca, Hugo Alberto Rovaletti, de Salta, contralmirante Eladio Vázquez, de Santa Fe, y general Francisco Ímaz, de Buenos Aires. Las obligadas renuncias de ministros y gobernadores dejaron en un segundo plano las de todos los rectores de las universidades nacionales.
En esos días se habían producido centenares de detenciones, muchos de los apresados fueron condenados por los tribunales militares, otros permanecían incomunicados sin ninguna acusación más o menos concreta. Entre estos últimos se encontraban los dirigentes de la CGT de los Argentinos, Raimundo Ongaro, Ricardo De Luca, Floreal Lencinas, Pedro Avellaneda y Antonio Scipione. En distintas delegaciones del interior se votaron medidas de fuerza que esperaban por el acompañamiento de la CGT Azopardo, algunos de sus dirigentes demoraban su apoyo, otros decían que no se debía abusar de las huelgas.
En esta central coexistían los llamados “dialoguistas” y “participacionistas”, una divisoria muy tenue entre discretos acompañantes de la dictadura y cómplices desembozados. Precisamente el mismo día 30 de mayo un participacionista recalcitrante como Estanislao Rosales se había reunido con Onganía reiterando que su gremio no adhería a la huelga y que la CGT Azopardo se había excedido al apoyarla.
A partir de mayo de 1969 la lucha contra el régimen y contra el sistema dio un salto cualitativo. La violencia dictatorial engendró un rechazo que venía creciendo en forma incontenible, las puebladas de Corrientes, Tucumán y Rosario fueron los peldaños que precedieron al Cordobazo. Ya nada podría ser igual desde entonces, y nada fue igual. Peronistas, marxistas y Socialcristianos habrían de coincidir en la acción futura, la violencia dejó de ser patrimonio exclusivo de los sectores dominantes, también los sectores populares se sintieron legitimados para apropiarse el método.
En una nota anterior mencioné las palabras de un sacerdote de la ciudad mendocina de Maipú: “si nos muerden, tendremos que morder, y si nos apalean, tendremos que apalear”. El planteo podía parecer antiético porque en ese caso se trataba de un representante religioso proponiendo el uso de la violencia. Sin embargo un año antes otro sacerdote –Camilo Torres- había caído combatiendo al régimen opresor de su país con las armas en la mano.
Los grandes protagonistas en Mayo del ’69 fueron los trabajadores y los estudiantes luchando contra la dictadura; venían haciéndolo desde varios años atrás, continuarían haciéndolo pero no sólo desde los lugares de trabajo y desde los claustros. Ya habían salido a las calles para luchar contra la opresión, ya se habían enfrentado a la violencia del régimen, ya habían padecido apaleamientos y muertes. En adelante nuevas formas organizativas y nuevos métodos de lucha se pondrían en práctica.
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El Mayo argentino.
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