Dos finales en junio

El asesinato de Jáuregui

El viernes 27 de junio de 1969, día previo al tercer aniversario del golpe que encumbrara la dictadura de Onganía, y cuando todavía estaban en carne viva los sucesos de mayo, se había proyectado la realización de una concentración en la Plaza Miserere para repudiar la inminente visita de Nelson Rockefeller, enviado especial del presidente Richard Nixon. Aún antes de que el acto se convocara, se sabía que iba a haber represión. El despliegue policial en la ciudad era tan impresionante que no llegamos a formar algo parecido a una columna para avanzar hacia la plaza. Los pequeños grupos eran rápidamente dispersados, y el ruido de las sirenas policiales era intimidante.

Estuve por allí como otros compañeros, no podíamos agruparnos, andábamos dispersos, cruzándonos y haciéndonos señas como para buscar nuevos sitios donde poder reorganizarnos. Recuerdo que Juan Carlos Romero contaría que se había cruzado en la esquina de Pueyrredón y Bartolomé Mitre con Scipione, el dirigente de La Fraternidad que formaba parte del Consejo Directivo de la CGT de los Argentinos. Estaba allí como para indicar que ese era el punto de concentración, aunque al igual que el resto de los convocados, debía moverse de un lado a otro sin conseguir reunirse con otros manifestantes.

Pero lo trágico ocurrió a unas pocas cuadras de la plaza. El diario Crónica titularía su edición del día siguiente: “Un manifestante fue muerto, y un policía herido de bala”. La versión policial indicaba que en la esquina de Tucumán y Anchorena se había producido un enfrentamiento entre policías y manifestantes, incluso con intercambio de disparos entre unos y otros. El novelesco relato continuaba diciendo que un policía alcanzado por un disparo en el pecho, desde el suelo había tirado contra el presunto agresor dándole muerte. La verdadera historia era muy distinta.

No sé si Emilio Jáuregui fue perseguido porque había conseguido encolumnarse o si la policía lo había reconocido y había querido darle caza. Lo cierto es que lo corrieron por la calle Anchorena, y a la altura de Tucumán lo encerraron entre dos coches policiales sin identificación, Un Rámbler y un Falcon, y lo balearon. Terminaron de rematarlo cuando ya estaba en el suelo. Una fotografía publicada por la revista “Así” mostraba el lugar donde había caído, el contorno del cuerpo dibujado por la tiza de los forenses, y las marcas de balas en el pavimento: exactamente en el lugar donde había estado el cuerpo de Emilio.

Fue velado en el local de la Federación Gráfica Bonaerense, y desde allí fue trasladado hasta el cementerio de La Recoleta, porque Emilio era descendiente, por vía materna, de Vicente López y Planes, el autor del Himno nacional. El cortejo fúnebre que marchó a pie desde Paseo Colón e Independencia fue encabezado por sus padres, su esposa Ana, y junto a ellos Susana Valle, la hija del general Valle, y los dirigentes de la CGT de los Argentinos Ricardo De Luca, Lorenzo Pepe, Jorge Di Pascuale y Horacio Carballeda. Si el acompañamiento de la militancia fue importante, también lo fue el de la policía. Carros de asalto, patrulleros y motociclistas rodearon al cortejo durante toda la marcha.

Estuve entre los que concurrimos al cementerio, pero el despliegue policial en el interior era tan intimidante como lo había sido en la calle durante el recorrido. Los policías de civil no trataban de pasar disimulados, sino que hacían el fichaje con ostentación, y preparaban la represión a la vista de todos. Nosotros nos ubicamos frente a la bóveda familiar donde iba a colocarse el féretro. Al lado de éste se situaron los compañeros que iban a hacer uso de la palabra, y detrás de nosotros, a unos veinte pasos, se formó una fila de agentes de la guardia de infantería sosteniendo entre sus manos los clásicos garrotes de madera.

Confieso que yo estaba más atento al movimiento de los policías que al contenido de los discursos. Mi memoria no es muy confiable en ese aspecto, pero creo que el primero en hablar fue Jozami, para decir que con el asesinato del ex Secretario de FATPREN había caído un compañero que fue un ejemplo de luchador por la libertad de su pueblo. Después habló Ricardo De Luca, tal vez lo hizo algún otro, pero cuando el último comenzó su discurso, el jefe del operativo ordenó que se cargara contra todos nosotros, los de la guardia de infantería avanzaron a la carrera, y allí comenzaron los golpes y las corridas. La persecución se continuó en los alrededores, con gases lacrimógenos y detenciones a mansalva.

Aún recuerdo la imagen de Ana, la esposa de Emilio, arrodillada en el suelo y aferrando una de las manijas del féretro que contenía el cadáver de su marido. Así se la veía en una de las fotografías que ilustraban la bárbara represión policial.

Muerte de Vandor y estado de sitio

El lunes 30 por la mañana, mientras Onganía recibía a su ilustre visitante un grupo armado ingresó en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicada en el barrio de Parque Patricios. Una vez dentro, fueron reduciendo al personal y los custodios, llegaron hasta el despacho de Augusto Vandor, y lo ultimaron a balazos. Para asegurarse el cumplimiento del objetivo y cubrir su retirada, colocaron una carga explosiva dentro de la oficina.

Mucho tiempo después sus ejecutores dieron a conocer un comunicado adjudicándose la autoría del hecho. Allí decían:

“Siendo las 11.36 del 30 de junio de 1969, el Comando "Héroe de la Resistencia Domingo Blajaquis" del Ejército Nacional Revolucionario que ocupó el local de la UOM, sito en la calle La Rioja 1945, cumpliendo el "Operativo Judas", procedió al ajusticiamiento del traidor Augusto Timoteo Vandor, complementando la acción con la voladura parcial del edificio para no afectar fincas vecinas”.

El nombre de Ejército Nacional Revolucionario habría sido un invento para desorientar a los servicios de inteligencia. Los verdaderos ejecutores pertenecían a la organización Descamisados, la que tiempo después se incorporaría a Montoneros.

Esa misma tarde el gobierno endureció aún más la represión, decretó el estado de sitio, intervino numeroso sindicatos pertenecientes a la CGT de los Argentinos, detuvo a muchos de sus dirigentes y expulsó a alguno de ellos del país.

La ley 18.262 tuvo un solo artículo, apenas 18 palabras que fueron suficientes para implantar el estado de sitio, medida que recién sería levantada el 22 de mayo de 1973. Era un texto que no entraba en sutilezas ni se detenía a establecer en qué momento preciso comenzaba la medida de excepción. El ministro del interior, general Francisco Ímaz, se encargó de recalcar que la ley se aplicaría con el máximo de rigor y sin indulgencia.

Con la tinta todavía fresca comenzaron a realizase los allanamientos e intervenciones de los distintos sindicatos. Los primeros de la lista fueron la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato Argentino de Obreros Navales y la Asociación de Empleados de Farmacia.

El procedimiento más espectacular se realizó en el local de Paseo Colón 731, porque allí también funcionaba la CGT a. Cerca de las 10 de la noche llegaron los efectivos de la guardia de infantería y detuvieron a todos los que se encontraban en el local de la Gráfica. Entre los dirigentes apresados figuraban Jorge Dipascuale, José Ferraresi, Susana Valle, Alfredo Carballeda, César Coronel y Antonio Scipione. Igual suerte corrieron todos los empleados y activistas sindicales que estaban allí. Entre los detenidos no figuró Raimundo Ongaro porque, con otros dirigentes gráficos, se encontraba en la localidad cordobesa de Bialet Massé, donde se realizaba el congreso nacional de su gremio. El arresto de Ongaro se produjo directamente en Córdoba, hasta donde fueron a buscarlo los agentes de Coordinación Federal. El argumento esgrimido durante la detención no dejaba de tener una pizca de cinismo: dijeron que tenían orden de llevárselo para preservar su integridad física porque había indicios de que podía sufrir un atentado como el que había terminado con la vida de Augusto Vandor.

Esa noche también se produjo la detención del histórico dirigente de los obreros del Frigorífico Lisandro de la Torre. A las 4 de la madrugada cinco agentes de Coordinación Federal golpearon la puerta del departamento de Sebastián Borro, mientras todo el monoblok situado en Avellaneda era rodeado por efectivos policiales. Desde su casa fue trasladado al departamento central de policía, y desde allí a la cárcel de Villa Devoto. Pero ésta, al igual que las anteriores, era sólo una muestra de lo que estaba ocurriendo en todo el país. Se estimaba que más de 300 arrestos se habían producido durante las primeras horas del estado de sitio.

Para ese lunes 30 de junio estaba prevista una movilización en Buenos Aires, se la había denominado Marcha del silencio, y sería previa al paro programado por la CGT de los Argentinos para el día siguiente. Ambas medidas, la marcha y el paro del 1 de julio, serían el cierre de la semana de protestas organizada por la central obrera. La Marcha del silencio pretendía ser un acto importante, incluso compañeros del interior del país se habían movilizado hacia Buenos Aires para participar de esa manifestación. Los diarios indicaban que unos 500 estudiantes viajaron desde Rosario, y que algunos de ellos habían sido detenidos en la noche del sábado al llegar a Retiro. Pero la mayoría había tomado la precaución de bajar en la estación Migueletes y dispersarse en otros medios de transporte para entrar en la ciudad.

Si el despliegue policial ya era imponente a causa de la visita de Nelson Rockefeller, después de la ejecución de Vandor se intensificó aún más. Yo no recuerdo que haya podido concretarse nada parecido a la programada Marcha del silencio, lo que sí se cumplió fue el paro previsto para el martes 1 de julio. La medida de fuerza tuvo amplísimo acatamiento en Córdoba, también se llevó adelante en otras ciudades del interior, pero su acatamiento en Buenos Aires fue sólo parcial.

Agrego un solo comentario; las muertes de Jáuregui y Vandor están separadas por menos de 72 horas; el primero es asesinado por la policía al servicio de la dictadura, el segundo es muerto por un grupo revolucionario. Son dos finales muy distintos, “con el asesinato del ex Secretario de FATPREN había caído un compañero que fue un ejemplo de luchador por la libertad de su pueblo”, con la muerte del segundo la dictadura pretendió justificar el endurecimiento de la violencia antipopular.