El mayo argentino (7)

Tucumán y la protesta estudiantil

A media tarde del lunes 26 los estudiantes tucumanos realizaron numerosas asambleas en las que resolvieron la adhesión al paro general programado por las dos centrales obreras para el viernes 30. En las mismas reuniones acordaron la concurrencia a la misa que oficiarían los sacerdotes del templo San Gerardo por encargo del Movimiento Universitario Católico. La concurrencia desbordó la iglesia, y debió seguir la ceremonia desde la calle. Una vez concluido el oficio, los asistentes se dirigieron hacia la Universidad Central, donde se congregaron alrededor de las 10 de la noche. Poco después, reiniciaron la marcha, y a medida que avanzaban por la calle Ayacucho, nuevos grupos de manifestantes se fueron sumando a la columna.

Al llegar a la esquina de General Paz y 9 de Julio los manifestantes se detuvieron y entonaron el Himno Nacional. Luego continuaron la marcha y fueron a desembocar en la calle Congreso, por donde se dirigieron hacia la Plaza Independencia. Cuando llegaron a la intersección con Crisóstomo Álvarez se encontraron con el cordón policial que les cerraba el paso. Fueron recibidos con descargas de gases lacrimógenos, a los que respondieron con piedras y palos. Por momentos la lucha se volvió cuerpo a cuerpo, hasta que llegaron refuerzos policiales montados a caballo. A latigazos obligaron a la dispersión de los jóvenes, muchos de los cuales encontraron refugio en las casas del vecindario.

Serafín Ruiz, un muchacho de 19 años, estudiante de Filosofía y Letras, fue alcanzado en el pecho por una bomba lacrimógena, y debió ser hospitalizado en estado delicado. El corresponsal del diario Crónica, Jesús Font, fue perseguido, arrojado al suelo y golpeado, hasta que consiguieron arrancarle la cámara fotográfica con la que había registrado imágenes de la represión. Lo mismo ocurrió con Oscar Garrocho, periodista de La Gazeta, y al igual que Font, debió ser curado de sus heridas en la Asistencia Pública.

Los estudiantes de San Luis realizaron una marcha para homenajear a sus compañeros asesinados en Corrientes y Rosario. La movilización concluyó frente a la catedral donde se colocó una bandera enlutada y rodeada de antorchas. El obispo de la provincia, Monseñor Cafferata, ofició una misa, y durante el sermón comparó la situación de ese momento con la que vivió el país en 1810. “Como entonces, la Patria encuentra en los jóvenes a sus más firmes defensores”.

Ese lunes 26 se dio a conocer que Onganía comenzaría a reunirse con sindicalistas a partir del miércoles siguiente. Sus primeros interlocutores iban a ser los dirigentes de la Asociación Obrera Textil. En reuniones posteriores pensaba recibir a las conducciones de la Federación de Luz y Fuerza y de la Unión Obrera Molinera. La actitud cómplice del participacionismo era más desvergonzada, porque coincidía con el momento en que ambas CGT acordaban realizar un paro general el viernes 30.

La posición adoptada por el plenario de la CGT Azopardo fue bastante lavada. La condena a la “injustificada represión policial” recién aparecía en cuarto lugar, detrás del reclamo salarial, la crítica del alza del costo de vida y la oposición a la Ley del Sábado inglés. La CGT de los Argentinos, por el contrario, destacaba que la medida de fuerza era en repudio a los asesinatos de Cabral, Bello y Blanco.

“Me gustan los estudiantes”

El martes 27 Tucumán volvió a ser el centro de la protesta estudiantil. A las 8 de la noche, universitarios y secundarios se congregaron en el patio central de la Universidad. Después de lo ocurrido en días anteriores se preveía una fuerte represión, por eso los estudiantes secundarios más jóvenes fueron invitados a retirarse. La columna que se puso en marcha estaba formada por alrededor de un millar y medio de manifestantes. El grupo de jóvenes que iba a la vanguardia tenía la misión de ir destruyendo los focos del alumbrado público. Sin ser detenidos por la policía se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Al llegar a la esquina de San Martín y Muñecas comenzaron a apedrear la Casa de gobierno y los automóviles de los funcionarios, entre ellos el del propio gobernador Avellaneda.

La policía dejaba hacer porque era una forma de mostrar su descontento ante la falta de mejoras salariales, pero no iba a dejar que las cosas fueran demasiado lejos. Tenían previsto actuar con la misma violencia de siempre, aunque antes querían dejar que los funcionarios “se asustasen un poco”. Cuando los estudiantes dieron vuelta un jeep policial con la intención de incendiarlo, se inició la represión. Los policías cargaron contra los manifestantes empleando gases lacrimógenos y garrotes de madera. La vehemencia represiva era la habitual, pero se topó con una firme y tenaz resistencia. Finalmente los efectivos provinciales fueron desbordados y debieron replegarse.

Los estudiantes se habían adueñado de toda la zona, dejando a oscura las calles y contando con el apoyo del vecindario que les brindaba refugio en sus casas para que eludieran las acometidas represivas. Cuando eran las 22.30, la policía provincial pidió la colaboración de la Federal, que acudió con la dotación de dos carros de asalto y otros efectivos. Lo primero que hicieron los refuerzos fue dar una vuelta por los alrededores de la Plaza Independencia, y, mediante un altavoz, intimar al desalojo de todas las calles en un plazo de cinco minutos. Después de eso la acometida fue brutal. Los efectivos de la guardia de infantería entraban en los bares y otros lugares públicos de los alrededores, ordenaban el desalojo en un minuto, y empezaban a sacar a los ocupantes a empujones y garrotazos. Cuando uno de los carros de asalto tuvo que detenerse frente a una barricada, recibió el impacto de dos o tres bombas molotov, y los ocupantes tuvieron que salir corriendo para no resultar quemados. En otros casos los policías fueron atacados desde las casas vecinas, por lo que muchos domicilios particulares fueron allanados deteniéndose a los ocupantes.

Algunos detalles contenidos en la información periodística ayudan a formarse una idea sobre la magnitud del enfrentamiento. Durante la operación, fueron agotadas las 1.200 granadas de gas con que contaba la policía provincial. No sólo se pidió el auxilio de la Policía Federal, sino que se requirió también la colaboración de personal de la gendarmería nacional destacado en Salta. En respuesta a esa solicitud 400 hombres de la gendarmería fueron desplazados desde Salta hacia Tucumán. En el recuento final se indicaba que se había detenido a un centenar de manifestantes, que 40 personas habían resultado heridas, y que 4 de ellas estaban graves. Entre los heridos se contaba a un anciano atropellado por uno de los carros de asalto, a una mujer que había sufrido fracturas por no haber cumplido con rapidez la orden de desalojar la zona céntrica, y una estudiante de filosofía, María Teresa Robles, a quien hubo que realizar una traqueotomía.

Como consecuencia de esos sucesos se produjo la renuncia del jefe de policía, y éste fue reemplazado interinamente por el teniente coronel Rogelio Villarreal. De hecho, el ejército estaba involucrado en la operación represiva, y aunque Villarreal tratase de disimularlo, tuvo que admitir que los efectivos de gendarmería llegados como refuerzos dependerían directamente del Comando de la V Brigada de Infantería.

En un mensaje a la población el gobernador Avellaneda decía: “La ciudad ha sido esta noche escenario de hechos incalificables (...) se ha atentado contra la Casa de Gobierno, causándose destrozos en instalaciones y vehículos, y en el alumbrado público”. Después atribuyó la responsabilidad a “la infiltración de peligrosos agitadores” que portaban armas de fuego y que llegaron a explotar la inexperiencia de los estudiantes secundarios. Y finalizaba con el reclamo para que los padres ejercieran una mayor vigilancia sobre sus hijos, al tiempo que declaraba asueto en todos los establecimientos de educación primarios, secundarios y universitarios hasta fin de mes. La criminalización del estudiantado era tan grosera que en un comunicado de la gobernación se indicaba que era peligrosa la circulación de menores de edad en lugares públicos que estuvieran en inmediaciones de locales universitarios.

(Continuará)