El mayo argentino (8)

Extraños en la noche

Para la noche del miércoles 28 estaba prevista una reunión obrero-estudiantil frente al local de la FOTIA, en General Paz y Congreso. A pesar de la violencia represiva de días anteriores la disposición para la protesta popular no pareció verse amenguada. La concurrencia fue importante, y el cronista de Clarín evaluaba el número de asistentes en 3.500, y arriesgaba hasta un análisis sociológico al calcular que el 90 por ciento de los presentes eran estudiantes, y el 10 por ciento restante obreros.

Después de escuchar a los oradores los presentes se movilizaron hasta la Universidad situada a seis cuadras de allí. Aunque se habría acordado la desconcentración en orden, un grupo importante de jóvenes levantó barricadas en unas ocho manzanas del centro de la ciudad. Aparentemente la idea era hacerse fuertes en espera de la represión policial. Pero la policía no apareció.

Quien apareció fue un actor que no estaba en los cálculos de los manifestantes: el lumpen. A través del relato del corresponsal de Crónica se nota una cierta extrañeza por esa presencia inesperada. Ya antes del anochecer grupos definidos como “atorrantes”, “patoteros” o “malvivientes” comenzaron a movilizarse desde los barrios de emergencia San Antonio del Bajo, El Prepo y El Palomar, situados en las proximidades del Río Salí. Antes de que algunos de ellos irrumpieran en el centro tucumano habían causado desmanes en otros sitios, y la mayoría parecía haberse quedado sobre el acceso a la ruta nacional Nº 9. Allí atacaron el puesto policial, y cuando la guardia caminera se dio a la fuga, bloquearon un par de rutas y detuvieron todo el tráfico, asaltando a los viajeros y destrozando los automotores.

Varios grupos ingresaron en la ciudad, comenzaron a dañar los automóviles estacionados, a romper las vidrieras de los negocios céntricos, y se lanzaron al pillaje. Algunos se dedicaron a la destrucción del alumbrado público, en una mezcla de vandalismo y de crear las mejores condiciones para moverse con impunidad. La ausencia policial facilitaba el movimiento de los ladrones, y lo inesperado de la situación determinó la rápida deliberación de los dirigentes de la Junta Coordinadora del movimiento estudiantil, encabezada por Oscar Marteu del Movimiento Reformista.

La decisión fue rechazar a los delincuentes, y después de varios enfrentamientos consiguieron desalojarlos del centro de la ciudad. De golpe los roles se habían cambiado, y los manifestantes pasaron a ser los guardianes del orden público. Lo que siguió fue desmontar las barricadas, limpiar las calles y habilitarlas para el paso de los vehículos. Alrededor de la medianoche un grupo muy reducido de jóvenes trató de movilizar a los demás contra la casa de gobierno, incluso arrojaron una bomba molotov delante del edificio, pero la inmensa mayoría de los estudiantes rechazó la actitud. Cerca de las 2 de la madrugada todo había vuelto a la normalidad.

Cuando revisaba los diarios de la época para este trabajo la lectura de esta información me sorprendió. No recordaba esa noticia (si es que alguna vez la leí), pero es probable que hubiese quedado desdibujada detrás de todas las otras cosas que ocurrieron. Porque recién pudo ser publicada el día 29, y la dramática información de ese momento ocultó todo lo demás. Sin embargo, creo que lo ocurrido en la ciudad de Tucumán en la noche del 28 de mayo merece algunos comentarios.

Han pasado muchos años desde entonces, no dispongo de más datos que los de esos recortes periodísticos, y como no me gusta hacer ficción cuando repaso la historia, trataré de ser muy cauteloso con mis conclusiones. Lo primero que queda claro es que la policía había dejado liberada la zona para que actuasen los delincuentes. Los efectivos del destacamento sobre la ruta abandonaron el lugar alrededor de las 20; desde las 21 los ladrones se dedicaron al vandalismo y el robo de los vehículos atascados, e incluso provocaron la muerte del trabajador Ángel Rosario Rearte. Siguieron actuando con total impunidad durante toda la noche, y recién a las 5 de la mañana volvió a aparecer la policía por el lugar, cuando ya hacía más de una hora que los grupos se habían marchado.

Sería aventurado afirmar que se había incentivado o inducido la actuación de los malvivientes, pero me inclino a suponer que los policías estuvieron detrás de tan inesperada presencia. Pienso que la intención era crear malestar en la población, que se asociara las movilizaciones de protesta con los actos de pillaje y vandalismo, y que la gente terminara reclamando “seguridad” y “mano dura” contra manifestantes y delincuentes. Recursos de este tipo se han empleado muchas veces en nuestra historia, algunas veces desde el poder, y en otras ocasiones desde la oposición.

Tal vez algunos cuestionaran a los estudiantes que decidieron repeler a los vándalos, pero, en principio, me parece que la actitud fue correcta. También es obvio que se exteriorizaban tendencias bastante disímiles entre los manifestantes. Algunos querían continuar con el hostigamiento a la Casa de Gobierno, y la mayoría estaba por la desconcentración ordenada. También, en principio, creo que después de lo que había estado ocurriendo, la segunda posición era la más correcta. Por supuesto, estos episodios tucumanos merecerían una investigación mucho más profunda, pero eso excede el objetivo de este trabajo.

“Salió la nueva ley”

Veamos qué ocurría en otros lugares del país ese miércoles 28 de mayo. La adhesión de los centros estudiantiles universitarios y secundarios al paro dispuesto por ambas CGT era prácticamente unánime. En la capital santafesina la sede de la Universidad Nacional del Litoral fue ocupada por centenares de estudiantes que exigían respuesta a sus reclamos para que se dejasen sin efecto las sanciones aplicadas por las autoridades, y para que se retirase a la policía de las casas de estudios. Coincidentemente el gobernador, contraalmirante Vázquez, viajaba a Buenos Aires para informar al Poder Ejecutivo sobre la situación provincial, y eran desplazados hacia la capital efectivos de la policía rural y de islas para reforzar la vigilancia en la ciudad. También Rosario vivía momentos de gran tensión, las calles eran patrulladas por la gendarmería, y a pesar de las órdenes del comandante militar, se anunciaban actos de protesta para el día 29. A ello se agregaba la decisión de los abogados rosarinos de no hacerse cargo de la defensa del oficial Juan Agustín Lescano, el asesino del estudiante Adolfo Bello. Este no era un dato menor, porque entre los que se negaban a ejercer la defensa del criminal estaban el abogado Arturo Carlomagno, ex jefe de policía de Rosario, y Ángel Bruera, ex fiscal penal. Algo parecido ocurría en la delegación de la policía federal en Mendoza, donde quien renunciaba a la institución era el médico Santiago Armando Zizzia, declarando que era totalmente solidario con las declaraciones públicas de su esposa condenando la brutal represión policial del día 25 de mayo.

También ese miércoles, los delegados telefónicos del Sindicato Buenos Aires realizamos un plenario en el local de la Federación, para organizar la parte práctica de nuestra participación en el paro del día 30. La adhesión ya había sido decidida por el Secretariado Nacional de FOETRA, y contaba con el apoyo de todas las agrupaciones del gremio. Entretanto, el plenario de gremios de la CGT de Avellaneda, decidió la expulsión de su secretario general, Lorenzo Dángelo, y otros dirigentes que se habían manifestado en contra del paro previsto para ese viernes. La contracara se dio en la reunión que la llamada Nueva Corriente de Opinión (participacionismo) celebró en el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público. Allí se dieron cita 36 de las 48 organizaciones que formaban el sector, e hicieron público su rechazo a la medida de fuerza dispuesta por las dos CGT. La declaración fue coincidente en el tiempo con la que dio el secretario de trabajo, Ruben San Sebastián, anunciando la “manifiesta ilegalidad de la medida de fuerza”, y que las organizaciones que lo promovían se hacían pasibles de las sanciones establecidas por las leyes vigentes. Y esa misma noche se sumó una nueva ley al arsenal represivo de la dictadura.

La ley 18.232 fue dada a conocer en las últimas horas de ese miércoles, comenzaba a regir a partir de la 0 hora del día siguiente, y establecía que una cantidad de hechos que eran definidos como delitos, pasarían a ser juzgados por tribunales militares. Para ello se crearían consejos de guerra especiales, constituidos por orden presidencial y de acuerdo a lo que propusiera la Junta de Comandantes en Jefe. En la extensa y difusa relación de delitos se incluía a muchos que ya figuraban en los códigos de Justicia Militar y Penal de la Nación, sosteniéndose que era necesaria la nueva disposición ante la existencia de un plan subversivo, encaminado a afectar la paz y la seguridad social”.

En las horas previas al anuncio, Onganía había presidido una reunión del CONASE, Consejo Nacional de Seguridad, en la que habían participado los comandantes de las tres armas, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y el jefe de la policía federal. Aunque no se dio una comunicación oficial, se hizo trascender que se había considerado la situación estudiantil y el paro general previsto para ese viernes. Como resultado de ello, se dispuso que los Comandos de las Fuerzas Armadas quedaban autorizados para poner a disposición de los gobernadores que lo solicitasen, efectivos militares que reforzarían a las policías en el mantenimiento del orden público.

(Continuará)