1957, la huelga grande de los Telefónicos (XXI)

La normalización (IV)

En la nota anterior reproduje parte de una conversación con Diego Pérez, el representante de la minoría por Buenos Aires. El Quinto Congreso de la Federación fue tortuoso y amañado desde antes de empezar; la elección de los delegados congresales se hizo con la proscripción del peronismo (probablemente también de los comunistas), ni la mayoría ni la minoría de Buenos Aires tenían en sus filas a simpatizantes de esa fuerza política. A ese pecado de origen se sumó otra maniobra oscura; en los congresos anteriores las Delegaciones (entidades que por su número de afiliados no alcanzaban a ser consideradas Seccionales) podían asistir a las deliberaciones como oyentes, tal vez en algún caso se les permitiera el uso de la palabra, pero no tenían representantes con derecho a voto. Así iba a ser también en el Quinto Congreso, pero, según la versión de Diego Pérez, a último momento el interventor de la Federación resolvió que las Delegaciones también contaran con representantes, y eso desequilibró totalmente el desarrollo del encuentro.

No dispongo de ningún documento oficial, supongo que la designación de delegados de esas entidades menores debió estar sujeta a la misma lógica que los delegados de las seccionales, ser elegidos en sus lugares de origen por el voto de los afiliados. Si fue así, esos delegados debieron estar en los planes de la intervención ya en las elecciones de febrero. Pero dejando de lado este problema, lo concreto fue que hubo representantes por las delegaciones y que fueron 16. En ese Congreso se eligió el Secretariado que quedó constituido por

Héctor Andreatta, Secretario general

Teobaldo Tombessi, Secretario adjunto

Ángel Pravisani, Secretario administrativo

Diego Pérez, Secretario de prensa

Manuel Dopazo, secretario de relaciones gremiales

José Piacentini, Secretario de actas

Osvaldo Soliveres, Luis Bruno y Néstor Álvarez, suplentes.

- ¿Qué me podés decir de Tombessi?

A tombessi lo conocí en la época de la intervención en FOETRA. Él venía como representante de La Plata, estaba considerado como el gorila número 1 y era el gorila número 1. No es que no fuera peronista, él era antiperonista. Después, si lo sacabas de allí, era un buen tipo, y hasta un buen compañero.

No sé qué le habrían hecho, pero tenía un rechazo visceral al peronismo. Era un tartamudo bastante inocentón que se portó muy bien durante todo el conflicto. Después, el que le movió el piso fue Monserrat, que ya había sido dirigente en La Plata antes de la revolución. Éste le tomó el sindicato en el 58 (me parece que todavía no había asumido Frondizi). Nosotros, desde la Federación, le mandamos como interventor a Tejada, De San Juan. Tejada era peronista, pero los de Monserrat igual lo fajaron.

Después de eso, cuando se hicieron las elecciones,

ganó Monserrat, y Tombessi desapareció de la historia sindical.

- ¿Y de Pravisani?

Pravisani era un hombre del interior, de Santiago del Estero, que, por entonces, era de capital privado. Él ingresa en el secretariado porque era uno de los pocos, que viniendo de una empresa de capital privado estaba a favor nuestro. Todos los demás estaban alineados con Buenos Aires.

Lo propusimos como Secretario Administrativo porque era un compañero que compartía nuestros puntos de vista. Y, de paso, le restábamos algunos votos a Buenos Aires.

- Y vos, ¿cómo llegaste al secretariado?

Bueno, nosotros integrábamos la minoría de Buenos Aires. Teníamos 7 delegados congresales y, los compañeros de la Azul, me propusieron para que integrara el secretariado. Además a nosotros nos interesaba la parte de Prensa y Propaganda porque nos parecía que allí nos podíamos desenvolver mejor; acordate que ya habíamos estado allí con la intervención. Entonces, a pesar de que nos habían ofrecido la Secretaría Adjunta, pedimos que nos mandaran a Prensa.

- De Dopazo, me dijiste que él ingresó por las delegaciones.

Exactamente. Ellos lo propusieron para el secretariado. Era un buen compañero; muy capaz, pero, después de participar en el secretariado, no supe más nada de él.

- ¿Y José Piacentini?

Él ingresó por Rosario. Era un compañero de mantenimiento, creo que de Construcciones, un buen obrero. A él lo designaron sus compañeros de rosario.

Bueno, en todos los casos la designación ya venía del sindicato. El mismo Andreata venía nominado por Standard. Allí no hubo ninguna designación individual. Incluso, en nuestro caso, la propuesta la decidimos en una asamblea de la Azul.

La muerte en el agua

Faltaba una semana para que comenzara la primavera, era de madrugada cuando tres muchachitos que volvían de bailar llegaron hasta la remisería del barrio buscando un coche. La persiana estaba baja, la costumbre era golpearla para que salieran a atender. Fue entonces cuando llegó un patrullero y los vio. Jóvenes, morochos y en la madrugada, para los policías se convirtieron automáticamente en sospechosos. Bajaron a interrogarlos y, ante el primer intento de resistencia real o imaginaria, comenzaron a golpearlos. Los vecinos vieron como los maltrataban, también vieron llegar otros dos patrulleros, vieron que nuevos agentes se sumaban al apaleamiento.

Después del “ablande” inicial cargaron a los jovencitos en los coches y se dirigieron hacia el Riachuelo. Eran una docena de policías rodeando a unos chicos muy asustados. El menor de ellos tenía 14 años, el mayor había cumplido 19. Les dijeron que iban a enseñarles a no andar golpeando persianas, les apuntaron con sus armas y los llevaron hasta la orilla. Allí les ordenaron que se tiraran al agua, que si sabían nadar, nadaran. Dos de ellos tuvieron más miedo de las armas que de las aguas oscuras y malolientes, alguna vez habían nadado, decidieron saltar. El tercero gritó que no sabía nadar, que iba a ahogarse si se tiraba, que le perdonaran la vida. Lo empujaron.

Los dos primeros consiguieron mantenerse a flote, torpemente bracearon hasta la orilla, temblando de frío y de miedo salieron del agua. No se veía a los policías, tampoco a Ezequiel, el que había sido empujado por el oficial de la Federal. Familiares y vecinos se movilizaron para buscar al chico y hacer la denuncia, en este caso fueron escuchados sin chocar con una muralla de encubrimientos. A pesar de eso los dos que habían sobrevivido fueron hostigados por amigos de los agentes de la Comisaría 34.

Durante una larga semana Ezequiel Demonty permaneció desaparecido, lo habían empujado al agua a la altura del Puente Uriburu, la búsqueda se hizo desde Puente de la Noria hacia abajo. Buzos de la Prefectura y bomberos de la zona participaron, algún testigo de esos que nunca faltan dijo haberlo visto saliendo del Riachuelo del lado de provincia. Finalmente el cuerpo salió a flote cerca del puente Victorino de la Plaza; el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra había reclamado que no hubiese impunidad ni protección para los responsables del crimen; en términos similares se expresó Juan José Álvarez, el Ministro de Justicia de la Nación.

Todo esto ocurrió hace quince años, entre el 13 y el 21 de septiembre de 2002, todavía se pueden leer las noticias en las páginas digitales de Clarín, La Nación y Página12. No hubo entonces una ministra que dijera “Tenemos que cuidar a los que nos cuidan”, el contexto político no le era favorable, el gobierno que la contó entre sus integrantes se había derrumbado meses atrás dejando un reguero de muertos en las calles. No hubo una voluminosa diputada haciendo comparaciones macabras sobre el cadáver del muchacho y el de Walt Disney. No hubo un barbado showman televisivo mostrando pueblos donde los habitantes se parecían todos a Ezequiel.

Los compañeros de escuela del joven asesinado propusieron que se cambiara el nombre del Puente Uriburu por el de Ezequiel Demonty simbolizando en él a todas las víctimas de los excesos represivos. La iniciativa fue aprobada en el Congreso hace dos años, algo impensable con el gobierno macrista.

Los principales responsables del crimen, los policías Gastón Javier Somohano, Alfredo Ricardo Fornasari y Gabriel Alejandro Barrionuevo, fueron condenados a prisión perpetua. Otros uniformados, Luis Emilio Funes y Luis Antonio Gutiérrez, recibieron condenas menores.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XX)

La normalización (III)

Finalicé la nota anterior con uno de los diálogos que mantuve con Diego Pérez a mediados de los ’80. Fue por entonces que comencé a reunir información sobre la huelga de 1957, él me atendió amablemente, me proporcionó datos de esos que no figuran en los documentos públicos. Hablaba de memoria, incluso incurrió en algunos errores que se fueron rectificando en el curso de la conversación. Rememoró la elección para salir de la intervención al sindicato Buenos Aires y luego habló de la que tuvo lugar en febrero de 1957 para designar a los delegados congresales. En esa oportunidad la proscripción del peronismo habría sido total.

En esa elección ganó la lista Verde (con 2.300 votos) y en segundo lugar se ubicó la Azul (con poco más de mil votos). Teniendo en cuenta esos números es posible suponer que el total de votantes fue alrededor de 3.500; como entonces los afiliados eran más o menos 15 mil, la abstención fue muy grande. Buenos Aires iba con 18 representantes al congreso, con lo que ingresaron 11 por la mayoría y 7 por la minoría

- Contame cómo fue el Quinto Congreso.

El Quinto Congreso comenzó el 18 de marzo de 1957 y terminó el 9 de abril.

Las seccionales que participaron en ese congreso fueron: Buenos Aires, Bahía Blanca, corrientes, Córdoba, Chaco-Formosa, Entre Ríos, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Misiones, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Standard Electric y Tucumán. En total eran 18 seccionales.

Además de las seccionales estaban las delegaciones, que eran organizaciones que por el número de afiliados no les alcanzaba para ser seccionales. Las que participaron fueron: Asociación Mutual de Teléfonos del Estado (AMTE), Azul, Chascomús, Chivilcoy, General Pico, Junín, Luján, pergamino, Tandil y Zárate.

- Vos sabés que, de acuerdo a mis datos, hivilcoy fue al congreso con dos delegados, al igual que Zárate, Luján, Pergamino y, creo que también, Junín. Sin embargo hay alguna seccional, como Salta, que va al congreso con un delegado. Si las delegaciones no podían alcanzar el rango de seccional por tener un menor número de afiliados, ¿cómo podían ir al congreso con un número de delegados superior al de una seccional?

Diego Pérez se sonríe y luego me contesta.

¿Vos querés que yo te diga cuál fue “el perro”? Lo que pasó es que las delegaciones fueron incorporadas a último momento para que participaran del Congreso. Originalmente no estaba previsto que las delegaciones participaran con ese número de delegados. En los congresos de FOETRA participaban las seccionales; las delegaciones podían concurrir, pero tenían voz y no, voto. Fue el interventor, quien a último momento, decidió que las delegaciones podían participar del congreso.

Yo nunca supe si esa decisión tuvo que ver con un sentimiento muy arraigado de ese momento sobre el fortalecimiento del federalismo, o si fue por alguna rencilla del interventor con la Seccional Buenos Aires. Lo cierto es que Peiceré, a último momento, decidió incluir en la convocatoria a las delegaciones. Y las delegaciones se movieron en el congreso como un bloque.

La evidencia está en que antes de la elección del secretariado, habían comprometido su apoyo al candidato que resultó triunfador, y que un representante de la Delegación Zárate, Dopazo, fue elegido para integrar el secretariado.

Esto lo vamos a ver más adelante, pero si no se hubiesen dado así las cosas, no habríamos podido revertir el peso de la mayoría de Buenos Aires. Pensá que nosotros éramos 7 representantes por la minoría, sobre 23 delegados de Buenos Aires.

- De acuerdo a mis anotaciones Buenos Aires no concurrió con 23 delegados sino con 18.

Posiblemente yo esté confundido. Tal vez sea en el Sexto Congreso, cuando ya los estatutos están modificados, cuando Buenos Aires concurre con 23 delegados y sin representación por la minoría.

- Los datos que yo tengo me los proporcionó Alfredo López, y, según eso, hubo 70 delegados por las seccionales y 16 por las delegaciones. En total, 86 delegados.

Eso te muestra el peso que tuvieron las delegaciones en el congreso. Por ejemplo, en la elección del Secretario General, que fue la primera que se hizo, hubo 44 votos para Andreatta y 35 para Valente. Talvez hubo alguna abstención.

En la segunda votación, para Secretario Adjunto, volvió a repetirse 44 a 35. Y las votaciones que siguieron, para cubrir el resto de los cargos, fueron 44 votos a favor y 35 anulados, porque dentro de la urna metían papeles con puteadas. Después de las dos primeras votaciones la oposición no propuso ningún candidato para el resto de los cargos.

Nos pasamos más de tres horas votando, porque la votación era secreta y había que hacer el recuento de los votos para cada cargo.

- ¿Puede considerarse que allí hubo un cierto favor oficial para que Andreatta saliera como Secretario General?

La intervención no pudo manejar el congreso. Lo que hizo el interventor fue colocar una cierta cantidad de delegados como para que la conducción de Buenos Aires no pudiera copar el congreso...

- ¿Y eso, por qué?

No lo sé. Creo que había una cierta animosidad del interventor con la conducción del Sindicato Buenos Aires. El interventor era Peiceré, un oficial de la marina mercante, que después fue subsecretario en un gobierno posterior.

Por supuesto, a nosotros nos beneficiaba esa animosidad de Peiceré con la conducción de Buenos Aires.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XIX)

La normalización (II)

La nota anterior concluyó con el testimonio de Héctor Mango sobre la elección que se hizo en 1956 para salir de la intervención que pesaba sobre la Seccional Buenos Aires de FOETRA. No está de más reiterar que ese era el nombre del actual sindicato Buenos Aires.

Yo trato de ser muy riguroso con la exactitud histórica, los testimonios que fui presentando corresponden a diferentes militantes de esa época, en lo posible busco corroborar cada dato con la escasa documentación disponible. Explico esto porque en ese período se hicieron varias elecciones sucesivas y la memoria de los protagonistas a veces confunde una con otra. Para ser claro, tras la intervención de los sindicatos la designación de los delegados no siguió un único camino: al principio se dispuso que el empleado más antiguo de la sección fuera el representante de sus compañeros; después se admitió la elección tradicional, esto ocurrió a principios de 1956. Más adelante se hizo la designación de los paritarios que negociaron el aumento de sueldo, luego fue el turno de la elección de autoridades en la seccional, finalmente se hizo otra elección para designar los delegados congresales que normalizarían la Federación. Boletas, actas y periódicos son documentos de inestimable valor, pero los archivos sindicales y del propio Ministerio de Trabajo fueron vaciados por distintas intervenciones y administradores irresponsables. Cuando los testimonios son coincidentes, aunque no disponga de otros documentos, admito los datos sin entrar en mayores explicaciones. Pero cuando se presenta una contradicción o si la situación es poco clara prefiero hacer las reservas del caso. Esto ocurre con la elección de 1956 para designar a las autoridades del sindicato.

Héctor Mango mencionó que la lista peronista era encabezada por un delegado de Valentín Gómez de apellido Gallino; su información me pareció totalmente inobjetable. Otro de los consultados, Diego Pérez, me dijo que esa lista era encabezada por Allan Díaz., y también me pareció fundamentado el dato. Otros militantes de la época coinciden con Diego Pérez en que Díaz ingresó a la dirección del Sindicato representando a la minoría, así lo consigné en notas anteriores. Por el momento el tema queda abierto, para avanzar con la historia reproduzco uno de los diálogos que tuve con Diego Pérez.

- ¿Cómo fue la normalización del Sindicato y el Quinto Congreso de FOETRA?

El gobierno había establecido una serie de pautas para que los sindicatos y federaciones adecuaran sus estatutos. Había que ir a la CGT, que estaba intervenida, para que te dieran el folleto con las indicaciones sobre cómo tenían que ser los estatutos para que te los aprobaran. Esa fue la tarea del Quinto Congreso, para lo cual hubo que elegir delegados congresales en todos los sindicatos.

Los sindicatos ya se habían normalizado con anterioridad. En el Sindicato Buenos Aires Había ganado la Lista Verde, encabezada por Pedro Valente. En la Lista Azul, que era donde estaba yo, había una gran cantidad de delegados de Ingeniería, por lo cual la gente de mantenimiento nos miraba de reojo. En esa elección también había participado la Lista Roja (o Roja y Blanca) que llevaba como candidatos a los peronistas que no estaban inhibidos. Y hubo una cuarta lista, creo que era Lista Blanca, que era afín al Partido Comunista y cuyo dirigente más destacado era Cortez.

Los comunistas tenían mucha fuerza en la Construcción, Químicos, Canillitas, Gastronómicos y la Madera.

La lista peronista llevaba a Allan Díaz como candidato y, me parece, que también estaban Napolitano y Agustín Cuello. Salieron segundo detrás de la Verde (que había sacado alrededor de 3 mil votos), por eso ingresaron a la Comisión Administrativa por la minoría. Creo que fueron tres miembros los que ingresaron por la minoría y uno era Allan Díaz.

Estas elecciones fueron, probablemente, en julio o agosto de 1956. Y, mes más o mes menos, tienen que haberse realizado las elecciones en el resto de los sindicatos porque si no hubiese sido así, no se podría haber convocado para elegir delegados congresales que normalizaran la Federación.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XVIII)

La normalización

En los primeros meses de 1957 se completó la llamada normalización de FOETRA; hablar de normalización suena como un sinsentido teniendo en cuenta todo lo ocurrido desde el golpe de estado. Sin embargo conservo esa denominación porque es la que ya quedó institucionalizada por la historiografía oficial; en algún momento habrá que acuñar un nuevo nombre para referirse al proceso que se abrió cuando las autoridades de facto permitieron que se realizaran elecciones en los sindicatos como cierre formal de las persecuciones y proscripciones.

Para situarnos mejor en el tema es necesaria una breve recapitulación comenzando con las palabras con que el general Lonardi se dirigió a los trabajadores al asumir el gobierno el 23 de septiembre de 1955: “Deseo la colaboración de los obreros, y me atrevo a pedirles que acudan a mí con la misma confianza que lo hacían con el gobierno anterior. Buscarán en vano al demagogo, pero… siempre encontrarán un padre o un hermano”. Las edulcoradas palabras del mensaje no tuvieron en cuenta que el sector más reaccionario de los golpistas quería imponer la mano dura. Las ocupaciones de los sindicatos fueron un adelanto, la única colaboración tolerada fue la de los opositores al peronismo; antes de cumplir dos meses Lonardi fue obligado a renunciar.

La dupla Aramburu-Rojas fue recibida con una huelga general; ese mismo día 13 de noviembre la represión causó víctimas fatales entre los huelguistas rosarinos. Dos días después el ausentismo obrero todavía era muy alto en el Gran Buenos Aires donde ya se habían producido varios centenares de detenciones. Para cortar de cuajo la resistencia, el día 16 fue intervenida la CGT y todos los sindicatos asociados, fueron depuestas y encarceladas las autoridades sindicales, como interventor en la central obrera se nombró a un capitán de navío –Alberto Patrón- hasta el apellido del interventor parecía una declaración de principios. Simultáneamente se declaró la ilegalidad de la huelga. Aquel decreto llevaba las firmas de Aramburu y Rojas, del ministro de Trabajo, Raúl Migone, y de los ministros de Ejército, Marina y Aeronáutica: Arturo Ossorio Arana, Teodoro Hartung y Ramón Abrahín.

El paso siguiente fue disolver todas las Comisiones internas, y difundir comunicados amenazantes como el que señalaba que todo el que persistiera en perturbar el orden público sería “detenido y confinado, conforme a expresas facultades otorgadas por el Estado de Sitio”.

Otro hecho merece ser mencionado en esta historia por ser representativo del profundo antiperonismo de los golpistas. En la noche del 22 de noviembre un grupo de tareas a las órdenes del teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig procedió a secuestrar el cadáver de Evita que se encontraba en el segundo piso de la CGT. Durante varios años ese cuerpo permaneció desaparecido, recién fue reintegrado a su familia en septiembre de 1971.

A principios de enero de 1956un comunicado del Ministerio de Trabajo sostenía que la detención de obreros y dirigentes no era por razones de política gremial sino por “la actividad política subversiva, contrarrevolucionaria y absolutamente insensata” de quienes “quieren pescar a río revuelto y que desean perturbar el ambiente de paz y trabajo que el país necesita”. (La Nación 5.1.1956).

Se advertía que las fuerzas represivas harían uso de sus armas para impedir atentados y sabotajes, y poco después el interventor de la Provincia de Buenos Aires, Coronel Bonnecarrere, amenazaba a “los agitadores que instigaran a las masas obreras a abandonar el trabajo”, y a los que difundieran “noticias falsas con el deseo de provocar conflictos o perturbaciones colectivas”.

La finalidad de tanta violencia represiva era doblegar cualquier resistencia a las medidas económicas antiobreras. La más inmediata fue la prórroga de todas las convenciones que vencían en febrero, la acompañó el decreto fijando el salario mínimo en $ 1.120. De esta última disposición fueron excluidos los telefónicos, el reclamo salarial de 1956 tuvo su origen en esa exclusión.

En abril de 1956 se promulgó el decreto 7.107 proscribiendo, entre otros, a todos los que hubiesen sido dirigentes en la CGT o los sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1956. La proscripción se hizo extensiva a los sindicalistas que hubiesen participado del Congreso cegetista de 1949, cuando se modificaron los estatutos de la central y se la declaró “fiel depositaria de la Doctrina Peronista”. (Daniel James, Resistencia e integración)

Después de esta tanda proscriptiva Aramburu se sintió lo suficientemente seguro como para anunciar en su mensaje del 1º de mayo que el movimiento sindical argentino sería normalizado en 150 días. Según Daniel James entre agosto y octubre se hicieron las elecciones para designar comisiones internas en los gremios, y las primeras elecciones para normalizar los sindicatos fueron en octubre. Respecto a la elección en sindicato Buenos Aires recurro al testimonio de Héctor Mango.

“Cuando en 1956 se preparaban las elecciones para la normalización del sindicato un muchacho amigo, Matías Bellavista, me propuso que nos acercáramos a una reunión de compañeros peronistas que se juntaban en el Sindicato Argentino de Prensa. Allí conocí a Jonch, pero la figura principal era Jorge Lupo, quien había sido agregado obrero en una embajada argentina. Era el candidato natural para encabezar nuestra lista, pero fue inhabilitado por el interventor en el sindicato. Lo anecdótico fue que en otro sindicato, el de panaderos, pudo participar Magdaleno, un hombre que también había sido agregado obrero”.

El primer candidato de nuestra lista fue un compañero de Valentín Gómez, de apellido Gallino, el segundo fue el delegado general de Cuyo, uno que prometía traer una carrada de votos. Era una chantada, perdimos la elección, habíamos creído que la ganábamos fácil, y la gente de Valente nos ganó limpiamente”.

Imágenes

Un cadáver

El secuestro de la señora María Esther Gianotti de Molfino se produjo en Lima el 12 de junio de 1980; seis días después, en compañía de dos hombres “de inconfundible acento argentino” llegó por la mañana hasta un departamento en la calle del Tutor en Madrid. El lugar fue alquilado por uno de sus acompañantes presentando un documento a nombre de Julio César Ramírez. En la tarde los dos hombres abandonaron el departamento y le dijeron al conserje que no molestaran a la señora porque estaba descansando tras el largo viaje.

Pasaron tres días sin que los hombres regresaran y sin que la mujer saliera del departamento; desde la conserjería llamaron a la policía preocupados por el olor nauseabundo que salía del interior. Al forzar la puerta los agentes se encontraron con el cadáver de la señora de Molfino; estaba en la cama bajo una pila de frazadas, y para acelerar su descomposición se había dejado encendida la calefacción.

El cuerpo no presentaba signos de violencia, la autopsia no encontró rastros de la substancia que se habría usado para asesinarla. La operación de los servicios de la dictadura fue un éxito. La señora de Molfino estaba ligada a las Madres de Plaza de Mayo, se encontraba exiliada en Perú y allí fue secuestrada junto a otros cuatro argentinos que hasta hoy siguen desaparecidos. Uno de ellos era Julio César Ramírez, su documento fue el que se usó para alquilar el departamento en Madrid. ¿Cómo se la trasladó desde Perú hasta España? ¿Cómo se la obligó a acompañar a sus asesinos sin ofrecer resistencia y sin pedir auxilio? ¿Cómo la mataron? Éstas y muchas otras preguntas permanecen sin respuestas hasta hoy.

Pero más allá de la escalofriante eficiencia criminal, lo que hay que reconocer es la habilidad para generar un impacto político que desconcertó a los opositores a la dictadura. Por unas semanas los propagandistas del régimen pudieron decir que los desaparecidos no eran tales, que se paseaban libremente por Europa alquilando departamentos, que la “campaña antiargentina” era una gran mentira. Tal vez alguno de esos servicios todavía permanezca en actividad asesorando a funcionarios y periodistas.

Destructores

Durante casi cuatro años Héctor J. Cámpora permaneció asilado en la embajada de México en Buenos Aires. Poco después del golpe de estado que instaló a la última dictadura consiguió ingresar al edificio diplomático. El gobierno mexicano le concedió el asilo, comenzaron las negociaciones para tratar de obtener el salvoconducto que le permitiría salir del país. La Junta militar le negó sistemáticamente el permiso, si intentaba salir sería inmediatamente detenido.

Se sabía que tenía cáncer, una buena asistencia médica tal vez podría curarlo o al menos aliviar su situación. Pedirle humanitarismo a la dictadura era absurdo, tratar de obtener apoyo caritativo por parte de la iglesia ligada al régimen no parecía viable. Su salud se fue deteriorando, las gestionas en su favor chocaban con la intransigencia dictatorial. Un sobrino suyo, Mario Alberto Cámpora, decidió pedir la mediación de la embajada norteamericana; en un cable desclasificado el embajador de entonces, Raúl Castro, recomendó rechazar la gestión porque el ex presidente era “un símbolo mayúsculo de corrupción y de servilismo ante los elementos subversivos”.

Recién cuando su dolencia entró en estado terminal se lo autorizó a abandonar el encierro. A fines de noviembre de 1979 pudo viajar a México donde falleció al año siguiente. En la actualidad hay funcionarios gubernamentales que siguen el ejemplo dictatorial, la cárcel o la amenaza de cárcel sigue usándose para tratar de quebrar voluntades y conductas dignas.

Celebración

El mandamás jujeño celebró su primer año de gobierno con el suicidio en la cárcel de un preso que se negó a testimoniar contra Milagro Sala. Curiosa forma de celebración la de Gerardo Morales, tal vez imagine que en su segundo aniversario sean dos los suicidas. Está haciendo lo posible para que eso ocurra, Mirta Guerrero intentó ahorcarse con una toalla y Milagro Sala se tajeó los brazos con un vidrio.

Ya hay quienes lo miran con una mezcla de asombro y envidia.

Victoria

Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada embriagado de alcohol y de gloria; una multitud lo vitoreaba y un lugarteniente le decía: “disfrute, jefe”. Un par de días antes otros manifestantes habían sido apaleados por orden suya, un dirigente obrero había sido muerto a poca distancia de esa Plaza. El dictador estaba en éxtasis, se sentía como héroe máximo de la historia, nada ni nadie podría desplazarlo del lugar que tan bien se había ganado. Unas semanas más tarde otra multitud lo cubría de insultos, la derrota sufrida en la guerra le mostraba la otra cara de la fortuna.

No fue la primera ni la última vez que un inútil con veleidades de genio fue repudiado por el pueblo; lo malo es que en esa caída millares de inocentes fueron víctimas inconscientes de esas fantasías. Otro inútil que bailoteó en el mismo balcón que Galtieri debiera tenerlo en cuenta, pero más que él debería recordarlo el pueblo que lo colocó allí.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XVII)

El reclamo salarial de 1956 (V)

Al finalizar agosto la situación tuvo un vuelco inesperado. El Tribunal arbitral era un organismo que funcionaba en el ámbito del Ministerio de Trabajo, se suponía que actuaba con independencia de los intereses de obreros y patrones, y se esperaba que su juicio fuera ecuánime. El presidente del tribunal era el Doctor Juan Carlos Palacios, y tanto él como los abogados del ministerio que lo acompañaban en la gestión habían mostrado una imparcialidad asombrosa. Un día en que Mazzitelli y Vázquez fueron al Ministerio para averiguar en qué estado se encontraba el trámite, vieron pasar a varios funcionarios: el ministro de comunicaciones, Ramón Casanova, el gerente general de la empresa, Miguel Mujica y el director de personal, Adolfo Otero.

“Ahí había muchas mamparas, y nosotros estábamos en un lugar medio oscuro. Después, los propios abogados del tribunal nos dijeron que los representantes de la patronal habían ido a presionarlos para que laudaran contra nosotros”.

La versión parece bastante verosímil, porque los integrantes del Tribunal renunciaron en bloque para no ceder a la presión. Ya estaban cumplidos los plazos, el laudo tenía que salir de alguna manera, y un tribunal sustituto presidido por el doctor Juan Domingo Liberato fue nombrado de urgencia. Martelli, el subsecretario de trabajo, llamó a Mazzitelli y Vázquez, y les dijo: “muchachos, ustedes tienen razón, pero las cosas no van a poder ser como ustedes quieren”. El asombro y la indignación de ambos no tenía límites. Mazzitelli completó el relato diciéndome:

“Yo ya no quería volver más al ministerio, pero del gremio nos mandaron de nuevo; y hubo un laudo de lo más ambiguo y contradictorio. Por un lado nos daban la razón a nosotros, pero en otro artículo favorecían a la empresa”.

Probablemente lo que Mazzitelli definía como aspecto favorable del laudo era la decisión ministerial de no aceptar la modificación de la jornada laboral. Tampoco autorizaba a la Empresa para que siguiera haciendo ofrecimientos individuales de mejores remuneraciones a cambio de mayor tiempo de trabajo. Pero allí se terminaban los aspectos positivos, porque al entrar en el tema salarial el laudo echaba por tierra todas las expectativas de los trabajadores. Desde un principio dos números habían estado dando vueltas en la negociación: por un lado los 1.400 que los trabajadores pedían como sueldo básico inicial, y por otro los 1.120 fijados por la política oficial. Algún trascendido del primer tribunal había hecho albergar la esperanza de que el dictamen se aproximara a las pretensiones de los telefónicos, pero el segundo tribunal se ciñó al libreto gubernamental.

Sin embargo las controversias no terminaron allí. La renuncia del primer tribunal y su remplazo por el segundo produjo una demora de casi una semana en la emisión del laudo. La resolución que se dio a conocer, si bien era regresiva con respecto a la que se esperaba del tribunal renunciante, arrastraba algunas desprolijidades que daban lugar a dobles interpretaciones, y la empresa reclamó que se aclarara la cuestión. Esa aclaración se produjo dos semanas más tarde, y como era de esperar desfavorecía aún más a los trabajadores. Si ya existía malestar por el laudo del 7 de septiembre, la indignación creció mucho más cuando se conoció la segunda versión conseguida por la empresa. El gremio aclaró que no había pedido al tribunal que hiciera ninguna reinterpretación, que la nueva resolución implicaba disminuciones importantes en algunos cuadros, que la pública difusión de las modificaciones buscaba crear malestar y división entre los trabajadores, y que, en consecuencia, rechazaba los cambios difundidos por el Ministerio y la Empresa.

La arbitrariedad gubernamental-patronal venía estirándose desde principios del año, y ahora se sumaba un nuevo atropello a los intereses de los trabajadores. El reclamo de los telefónicos fue desoído durante semanas, en la seccional Buenos aires ya había asumido la conducción surgida de las elecciones normalizadoras y de inmediato se organizaron medidas de fuerza. Los paros fueron respaldados tanto por la mayoría como por la minoría de la nueva dirección sindical, y se conformó un Comité de huelga en el que además de participar los militantes de las lisas Verde y Roja también dio cabida a los miembros de la Lista Azul.

La represión no se hizo esperar, a las amenazas patronales siguieron algunas detenciones, en el caso particular de Pedro Valente, el Secretario General, “lo fueron a buscar a su casa un domingo por la mañana, de allí lo llevaron a Tribunales y luego a Villa Devoto”. En el heterogéneo Comité de huelga se produjeron discusiones, las desconfianzas generaron acusaciones cruzadas, y finalmente el plenario de delegados resolvió levantar las medidas de fuerza.

Como consecuencia de tantos manoseos, entre los trabajadores telefónicos creció un enorme descontento que se manifestaría con toda intensidad en la huelga de 1957.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XVI)

El reclamo salarial de 1956 (IV)

La negociación que hasta ese momento se encontraba paralizada comenzó a moverse lentamente. El avance no fue espectacular, pero dada la quietud precedente, los cambios después de la presión sindical fueron significativos. En la semana siguiente se realizaron algunas reuniones, una de ellas fue con el general Aramburu a quien los representantes sindicales entregaron un memorial cuyos puntos principales eran el reclamo salarial y el pedido de reincorporación de cesantes. Otra entrevista fue con el ministro de comunicaciones, ingeniero Ygartúa, pero la que debía realizarse con el Tribunal Arbitral, el organismo del Ministerio de Trabajo encargado de laudar entre las partes cuando éstas no hubiesen llegado a acuerdo, fue postergada por una semana. Aunque el fondo del problema se encontraba sin resolver, había suficientes novedades como para informar al gremio.

El viernes 10 de agosto, siete días después de la multitudinaria movilización que comenté en la nota anterior, se efectuó un plenario de delegados telefónicos en el local de la CGT. La reunión fue presidida por el interventor en FOETRA, teniente Mascheroni, quien había acompañado a los representantes paritarios en las entrevistas de esa semana. El funcionario dio un informe sobre las gestiones realizadas por la Comisión Paritaria y Asesora. Dijo que en el encuentro con el presidente Aramburu, se le hizo entrega de un memorial “que contempla las justas aspiraciones de los trabajadores telefónicos”. Los temas centrales de ese memorial eran escalafón y Reincorporación de los cesantes. También informó que los miembros paritarios se habían reunido con el titular de Comunicaciones, y que en la semana siguiente serían recibidos por el vicepresidente Rojas. Instó a los asambleístas a mantenerse unidos, a esperar confiados la solución del problema, y opinó que por el cariz que habían alcanzado las gestiones cualquier medida de fuerza sería perjudicial.

Esta última observación tenía que ver con la resolución del plenario anterior, aquel que había declarado la huelga y cuya ratificación estaba pendiente de una asamblea general de afiliados. A pesar de esa advertencia, hubo una moción para que se efectuase un paro de una hora por turno el mismo día en que estaba prevista la reunión con el Tribunal arbitral. La moción fue rechazada por los delegados, pero en cambio aprobaron que se convocara a dos nuevos plenarios, uno para evaluar los resultados de las gestiones que habían sido anunciadas, y otro hacia fin de mes, cuando estaba previsto que finalizara el funcionamiento de la Comisión paritaria.

Una semana después de haberse reunido con el general Aramburu, los delegados telefónicos se encontraron con el contralmirante Rojas. Al igual que el primero, éste también les prometió estudiar el caso con toda la prontitud que le fuese posible. No queda claro por qué esa duplicación de gestiones en niveles de gobierno que se supondrían muy semejantes, pero la situación de la época parecía requerir de la doble aprobación para que algo fuese resuelto. También se realizó la primera reunión oficial con el tribunal arbitral, el organismo encargado de “dar solución definitiva e inapelable a los diferendos entre las partes que negocian la renovación de los convenios”.

Ya para entonces habían pasado más de seis meses desde el vencimiento del convenio anterior, el poder adquisitivo del salario estaba muy deteriorado, y la situación económica de los telefónicos debía ser muy penosa. Mientras se esperaba que el Tribunal arbitral emitiera su resolución, el interventor Mascheroni decidió gestionar ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones un adelanto a cuenta del aumento que se estaba discutiendo. Su pedido fue que se pagara $ 1.120 a quienes cobraran el sueldo mínimo, y que en los demás casos se aumentara en un 15 por ciento la remuneración que venían cobrando. Es imposible saber si esa fue una iniciativa suya o si alguien se la sugirió. Tampoco es posible saber qué segundas intenciones podía haber detrás de esa solicitud, si es que las hubo. Pero apenas se conoció la iniciativa se efectuó un plenario de delegados en la Seccional Buenos Aires, se rechazó la gestión del interventor en la Federación por incosulta, se le exigió que retirase su pedido a la Empresa, y en su reemplazo los delegados y activistas reunidos reclamaron a la dirección empresaria que pagara el aumento fijado por el decreto 2.739/56 del que habían quedado excluidos.

Es de suponer que la autorización para realizar el plenario como para emitir el comunicado tenía que estar en conocimiento del interventor de la Seccional Buenos Aires, Guillermo Tamassi. Por supuesto, esto no es central en el relato, pero sería un ejemplo de las rencillas entre los dos niveles de intervención: el de la seccional y el de la Federación. Volviendo al episodio, Mascheroni dio un comunicado diciendo que la reunión en la Seccional Buenos Aires no podía ser considerada representativa de los delegados de ese sindicato, pues la mayor parte de los asistentes no lo eran. Según su versión, con los delegados se mezclaban “grupos de reconocida filiación política que quieren forzar a tomar resoluciones que afectan la unidad y los intereses del gremio”. Finalizaba diciendo que persistía en su propósito de conseguir el pago de los anticipos gestionados, no estando dispuesto “a tolerar resoluciones forzadas por elementos extremistas que no tienen en cuenta la situación económica del personal telefónico”. Esa gestión dio lugar a algún otro equívoco, porque los diarios hablaron de una propuesta de FOETRA para fijar el salario mínimo en $ 1.120. Eso obligó a que Mascheroni saliera a desmentir la información, aunque tomó el recaudo de hacer firmar el nuevo comunicado también por los dos representantes obreros en la paritaria.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XV)

El reclamo salarial de 1956 (III)

Dije anteriormente que los interventores llegaron a estar muy involucrados con los reclamos de los trabajadores. Esto puede resultar inverosímil a la luz de lo ocurrido con otras intervenciones de años posteriores, pero una muestra de ese compromiso, o por lo menos de la tolerancia con las demandas laborales, está en la publicación de comunicados y volantes con el respaldo de FOETRA durante todo el período. Podría decirse que la preocupación principal de los interventores y sus colaboradores era que no se filtrara ningún comentario elogioso sobre el gobierno derrocado o críticas muy directas a los gobernantes de turno. De ahí para abajo había bastante tolerancia, la falta de soluciones podía ser atribuida a malos funcionarios, o a “saboteadores del proceso democratizador en que estaba empeñado el gobierno revolucionario”.

Los ejemplos en este sentido son muy numerosos, en notas anteriores comenté la solicitada de FOETRA conteniendo los reclamos telefónicos, y también hice mención del comunicado firmado por la Seccional Buenos Aires con las resoluciones del plenario que en principio declaraba la huelga y que convocaba a una asamblea general para ratificar la medida.

Es de suponer que esas aperturas hacia los trabajadores merecerían llamados de atención de parte de las autoridades, y que los interventores tendrían que hacer equilibrios para no sacar los pies del plato. Algo de eso pudo suceder con una asamblea convocada por los delegados de Buenos Aires. Estos habían solicitado que la misma se efectuase en el local de FOETRA, que aunque tenía una capacidad limitada era más amplio que el de Cangallo 2574. También es posible que la intervención de la Seccional Buenos Aires quisiera forzar la mano del interventor en la Federación, obligándolo a otorgar el permiso para la asamblea o haciéndole pagar los costos por no autorizarla.

Enrique Mascheroni, el interventor en FOETRA, rechazó la solicitud argumentando que no se había gestionado el correspondiente permiso policial. Tampoco consideraba justificada la realización de una asamblea general del gremio en esos momentos. Sostenía que la intervención había facilitado la difusión de información sobre las tratativas con la Empresa, que continuaría haciéndolo, y exhortaba a los trabajadores a seguir confiando en la intervención “en la seguridad de que los intereses del gremio serán defendidos e interpretados con toda fidelidad, utilizando para ello las vías legales que aseguren la legitimidad de las conquistas que los telefónicos están tratando de obtener”.

Sin embargo, a partir de las 18.30 de ese viernes 3 de agosto, los trabajadores telefónicos comenzaron a concentrarse frente al local de Ambrosetti 134. Era una movilización importante integrada por los paritarios telefónicos, el cuerpo de delegados y militantes de todos los sectores del gremio. El diario La Prensa escribió que la estimación policial hablaba de 2 mil asistentes; El diario Democracia elevó ese número al doble, pero más allá de cuál fuera la cantidad de asistentes, lo indudable era la demostración de fuerza y el poder de convocatoria del conjunto de las agrupaciones.

Era una asamblea de hecho. Los telefónicos concentrados permanecieron en el lugar reclamando que se los dejase deliberar y, finalmente, a eso de las 20 el interventor se reunió con ocho delegados y miembros de la Comisión Paritaria para escuchar sus reclamos y para trasmitirles las disposiciones oficiales sobre discusiones salariales. Después invitó a sus interlocutores para que salieran al balcón y pidieran a sus compañeros que se desconcentraran en orden.

Pero los que esperaban en la calle reclamaron a gritos que se hablara del aumento o que se fijara la fecha para la huelga. Ante esta situación el teniente Mascheroni habló con autoridades del Ministerio de Comunicaciones y luego volvió al balcón para leer un comunicado oficial en el que las empresas se comprometían a reclamar al Tribunal arbitral que acelerara su resolución sobre el tema salarial, y que luego se avanzaría con el tratamiento del nuevo escalafón.

Los manifestantes no se mostraron muy conformes con la respuesta, y a gritos preguntaron cuánto y cuándo se cobraría. En el balcón todos debían estar un poco desconcertados, los delegados trasmitían las preguntas al interventor, y éste terminó por anunciar que el lunes siguiente, a las 16, volvería a reunirse con los integrantes sindicales de la Comisión paritaria y los ocho delegados nombrados por el plenario del día 31. Eran las 21.30 cuando los asambleístas se desconcentraron.

Poner freno al macrismo

Dos meses atrás fue desaparecido Santiago Maldonado, la semana pasada comenzó a publicitarse que el gobierno tiene confeccionada una lista con 562 nombres; eufemísticamente Macri plantea que quiere subirlos a un cohete para un viaje sin retorno; por el momento Clarín (del 5 de octubre) reconoce que son 562, 30 mil es una cifra con lúgubres resonancias.

Poner freno al macrismo

Milagro Sala volvió a ser trasladada al penal de Alto Comedero. En piyama, descalza y esposada fue sacada del domicilio- prisión donde había sido alojada durante las últimas semanas. Ciertos críticos presuntamente democráticos le atribuían actitudes autoritarias a la dirigente popular, repetían los mismos argumentos con que los medios progubernamentales intoxican diariamente a la población. El verdadero autoritarismo está en otra parte, en un gobierno nacional que cada vez se derechiza más, que no vacila en reeditar las listas negras que en otro tiempo confeccionaba la Triple A, ni en recurrir a la desaparición forzada como método de represión. Envalentonado por el apoyo de los empresarios, el blindaje mediático y la complicidad de pseudoopositores, el equipo gobernante prepara todavía mayores atrocidades. Sin ningún pudor anuncia la próxima flexibilización laboral, los nuevos incrementos tarifarios y un mayor desmantelamiento de la justicia, la educación y la salud pública.

La escalada fascista no parece tener límites, los reiterados atropellos a las libertades públicas buscan implantar el terror y la desesperanza, o conseguir reacciones irreflexivas por parte de los damnificados. Las provocaciones se multiplican, el propio secuestro de Milagro en la mañana del sábado tuvo un injustificado despliegue de violencia; no sólo se incumplieron las disposiciones legales más elementales, la patota que la devolvió a la cárcel propinó golpes e injurias con total impunidad. Gerardo Morales es señalado como el responsable directo de esos atropellos, pero no es el único. Detrás de él está el gobierno nacional que lo apuntala política y económicamente, está la Corte Suprema que desde hace meses cajonea el caso, están los Blaquier con su negro historial de explotación y secuestros durante la dictadura. Pero además debe recordarse que la coalición que ganó la gobernación hace un par de años estaba formada por Cambiemos y el partido que a nivel nacional dirige Sergio Massa. El vicegobernador jujeño pertenece a esa fuerza política, el massismo es corresponsable de la violencia instalada en la provincia.

Es imprescindible empezar a ponerle freno al autoritarismo gubernamental. Eso no será fácil ni se conseguirá con rapidez, pero hay que comprometerse con esa tarea democrática. Para ello hay que unir las fuerzas hoy dispersas, a peronistas, radicales, marxistas, y a todos los demócratas honestos que no se identifiquen con el actual gobierno. Esto vale para Jujuy pero también para todo el país. Dentro de una semana hay elecciones, ese puede ser un buen punto de partida para iniciar el cambio de rumbo. En el caso particular de la Provincia de Buenos Aires todo está muy claro; hay que renovar tres senadores, dos ingresarán por la mayoría y uno por la minoría. La tendencia marcada por las PASO indica que tanto Cristina como Esteban Bullrich ingresarán al Senado, el que debe definirse es quién será el tercer senador.

No hay lugar para especulaciones mezquinas ni planteos testimoniales, incluso hasta los que en agosto votaron por el macrismo están a tiempo de rectificar. La oposición con posibilidades reales lleva a Jorge Taiana como candidato para ocupar esa senaduría, todas las otras variantes tienden a favorecer al gobierno de Macri. A los dubitativos, a los intoxicados por la prensa hegemónica, a los que optaron por otros candidatos en las PASO, tiene que quedarles claro que el próximo 22 de octubre la única opción cierta es la ofrecida por Unidad Ciudadana. Después habrá tiempo para discutir, pero ahora la disyuntiva está entre Taiana de un lado, y del otro los que desaparecieron a Santiago y mantienen ilegalmente encarcelada a Milagro.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XIV)

El reclamo salarial de 1956 (II)

El 27 de julio el teniente Bolino, jefe del Departamento Sindical de la CGT, informó que la Empresa ofrecía reiniciar las tratativas desistiendo de un posible arbitraje del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, cuatro días después el Gerente General de la Empresa desautorizó esa información.

El 31 de julio, en Cangallo 2574, se realizó el plenario de delegados que resolvió declarar la “huelga general en principio, facultar a la Comisión Paritaria para que determine la fecha de ejecución de esa medida y convocar a una Asamblea General del gremio para ratificar la resolución”. Puede resultar curioso que los representantes paritarios fueran investidos de la autoridad para fijar la fecha de realización de un paro, pero en ese momento eran los únicos que habían sido elegidos democráticamente por el conjunto de los trabajadores. Los delegados de base, aquellos que habían sido designados efectivamente por sus compañeros de trabajo, sólo tenían una representación local, mientras que los miembros paritarios, Pascual Mazzitelli y José Vázquez, ostentaban la representación de todos los telefónicos del país.

En el comunicado emitido por el sindicato se agregó una aclaración a la resolución del plenario, y merece ser incluida aquí, porque es ilustrativa del espíritu de la época y de los recaudos que se tomaban hacia fuera y hacia adentro del gremio:

“La medida es motivada exclusivamente por un conflicto gremial provocado expresamente por los malos funcionarios de la Empresa, y es deseo unánime del gremio evitar toda confusión con móviles políticos de ninguna índole”.

Era obvio que las maniobras dilatorias de la empresa colocaban en una situación muy difícil a los colaboradores de la intervención, porque ellos eran visualizados como una suerte de conducción paralela del gremio. Pero también los interventores, tanto los de las seccionales como el de la Federación, quedaban en una posición muy deslucida. Es cierto que los últimos eran únicamente delegados gubernamentales al frente de los sindicatos, pero llegaron a involucrarse mucho en todo el reclamo, y hasta debieron compartir el enojo de sus colaboradores cuando expresaban: “El gremio no puede aceptar menos de $ 1.400 de sueldo básico, y tampoco el desconocimiento reiterado de la organización sindical por parte de la Empresa”.

Al día siguiente del plenario de los telefónicos de Buenos Aires, Raúl Migone, el ministro de trabajo tan aplaudido por Serafino Romualdi, salió a hacer declaraciones. Consideraba que las previsiones de los asalariados con respecto a futuros aumentos en los precios eran exageradas. Las caídas salariales eran cosas del pasado gobierno tiránico, pero con la Revolución todo estaba reencauzándose. Después se mostró como un prestidigitador de datos estadísticos, y dijo que el salario real había bajado de 100 en 1948, a 97,5 en septiembre de 1955. En contraste, el gobierno de la Revolución Libertadora podía mostrar que el salario real había subido desde 100, en junio de 1955, a 101,5 en junio de ese año 1956.

Luego vino la amenaza: “Queremos reiterar que en lo que se refiere a los servicios públicos, el gobierno está firmemente decidido, por lo menos mientras dure la actual emergencia, a no permitir ningún movimiento de violencia que interrumpa la prestación de los mismos”. Puso como ejemplo un paro de una hora efectuado por los lucifuercistas exclusivamente en el sector administrativo, para no afectar la producción eléctrica. “Los trabajadores de Luz y fuerza, que son ilustrados y unidos, conocen ya bien que el gobierno no permite movimientos de fuerza en los servicios públicos”.

Después anunció que el ministerio se iba a reunir con los telefónicos, como ya lo había hecho con los bancarios y como estaba haciéndolo con lucifuercistas y ferroviarios. Y deslizó la advertencia de que “trataremos que los telefónicos comprendan que ni el gobierno, ni las paritarias, ni el Tribunal arbitral pueden actuar bajo la presión de resoluciones de huelga”.

Recordando aquellas declaraciones de Migone y otras de tono parecido de distintos funcionarios oficiales, Juan Carlos Romero me comentó: “Los bancarios realizaron paros parciales y obtuvieron $ 1.300 de sueldo básico. Los ferroviarios realizaron paros parciales y los recibió la Junta Consultiva para escuchar sus reclamos. Luz y Fuerza realizó un paro parcial el 1º de agosto, y al día siguiente comenzaron a estudiar el caso. Los telefónicos proponían lo mismo, y se los amenazó a través de artículos en la prensa y con las conferencias de los funcionarios públicos”.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XIII)

El reclamo salarial de 1956

La jornada laboral de 7 horas, y la semana de 35 horas, eran conquistas de los trabajadores telefónicos, aunque para la mentalidad reaccionaria de quienes habían usurpado el poder en 1955 se trataba de una concesión demagógica otorgada por la “Segunda tiranía”. El objetivo golpista de liquidar todas las mejoras sociales de los últimos años incluía también el retorno a la antigua jornada de trabajo, pero esa pretensión era resistida por todos los telefónicos, independientemente de su adhesión u oposición al peronismo.

Algo semejante ocurría con respecto al reclamo de mejora salarial, el último convenio databa de 1954, los ingresos de los telefónicos se habían deteriorado mucho, y A pesar de las promesas gubernamentales para renovar los convenios, se prorrogó la vigencia de todas las convenciones colectivas que vencían a fines de febrero de 1956.

Otro hecho contribuyó a agravar el malestar de los telefónicos: el aumento salarial de emergencia dispuesto por decreto en febrero de 1956 no fue aplicado a los trabajadores del sector.

La simpatía que los colaboradores de la intervención podían sentir con respecto a la denominada Revolución Libertadora no alcanzaba para que justificaran la política antiobrera del nuevo régimen. Ellos eran tan trabajadores como el resto de los telefónicos, provenían de una tradición sindical que los había hecho librar importantes luchas en el pasado, y aunque esa disposición combativa se hubiera atenuado (según la opinión de sus críticos), no transigían con el gobierno respecto a la jornada de trabajo ni renunciaban a la lucha para obtener mejoras salariales.

Los colaboradores también fueron consecuentes con la defensa de los trabajadores perseguidos y castigados por sus convicciones políticas. Desde un principio se preocuparon por demandar la reincorporación de quienes habían sido cesanteados. Pasvcual Mazzitelli, a cuyo testimonio ya he recurrido con anterioridad, me contó que desde fines de 1955, y cuando todavía se encontraba al frente de la intervención en FOETRA el capitán Kesler, Valente recurrió a su mediación para pedir a Igartúa, ministro de comunicaciones, la reincorporación de todos los cesantes. Igartúa no quería acceder, pero Valente siguió insistiendo “porque aunque los cesantes eran comunistas, igual eran trabajadores y había que defenderlos”. Después de tantas gestiones Igartúa terminó por acceder, pero le dijo al capitán Kesler: “Mire, nosotros vamos a reincorporar a los comunistas, pero los primeros arrepentidos van a ser los del sindicato”. Y con una sonrisa, Mazzitelli completó el relato: “Y algo de cierto hubo, porque en la primera reunión después de la reincorporación, lo que hicieron fue tirarse contra nosotros. Pero no nos interesaba, eso era parte de la lucha sindical”.

Vuelvo ahora a la cuestión salarial. Los convenios que vencían en febrero del ’56 fueron prorrogados por decreto, un aumento salarial de emergencia que establecía un salario mínimo de $ 1.120 no fue aplicado a los telefónicos, y en marzo de ese año comenzaron a hacerse elecciones en los gremios para designar a los representantes sindicales que negociarían las nuevas escalas y condiciones laborales. Esto generó una fuerte participación en los distintos sectores de trabajo, se formaron comisiones para aportar iniciativas y reclamos de las especialidades, y aunque en muchos casos los representantes sectoriales fueran digitados por la intervención, en otros muchos se produjeron designaciones desde los propios compañeros. La apertura participativa no parece haber sido resistida ni por la intervención ni por los colaboradores, y con la suma de aportes y sugerencias se dio forma a un anteproyecto de convenio-escalafón que fue presentado a las empresas el 23 de abril.

Después de la nacionalización del servicio telefónico iniciado en septiembre de 1946 y completado en marzo de 1948, la mayor parte del servicio estaba en manos del estado. Las compañías privadas tenían influencia en las provincias de la Mesopotamia, Mendoza y en el norte del país, pero el mayor número de abonados era servido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y consecuentemente ésta era la que nucleaba a la mayor parte de los 32 mil trabajadores telefónicos de ese entonces. Por lo tanto la suerte de la negociación estaba atada en buena medida a la política que implementara el gobierno con respecto a la cuestión salarial en general, y a los telefónicos en particular.

El proyecto presentado por FOETRA fue cajoneado por más de un mes. Recién el 1 de junio, después de la presión gremial, fueron iniciadas las tratativas. En ese momento el sueldo mínimo del trabajador telefónico era de $ 825, el gremio reclamaba que se lo elevara a $ 1.400, y la representación patronal proponía un incremento del 25 por ciento, con lo cual quedaba por debajo de los $ 1.120 fijados como sueldo mínimo por el decreto de Febrero. Toda otra mejora debía ser consecuencia del aumento en la productividad, y eso, traducido al lenguaje de la mesa de negociación implicaba aumento de la jornada de trabajo y establecimiento de horario cortado.

La pretensión empresaria era inaceptable, la discusión se empantanó, y a partir del 29 de junio la organización sindical no tuvo ninguna información más de parte de la Empresa ni del Ministerio de Trabajo. Tanta demora debería haber activado automáticamente el funcionamiento de un tribunal que laudara en el diferendo, pero el silencio oficial era absoluto. Por eso, en un plenario de delegados realizado el 20 de julio en el local de la CGT, se decidió solicitar una entrevista con el presidente Aramburu, y se resolvió fijar el 31 de julio como último plazo para esperar una contestación oficial.

1957, la huelga grande de los Telefónicos (XII)

La intervención (IV)

En la nota anterior dije que después del golpe de estado, al frente del Sindicato Buenos Aires fue designado como interventor Guillermo Tamassi, y en la Federación el capitán Kesler; éste último fue luego reemplazado por el teniente primero Mascheroni. Como colaboradores de la intervención en el sindicato estuvo el grupo encabezado por Pedro Valente, histórico dirigente desplazado en 1947. En la Federación los colaboradores habrían sido más heterogéneos, entre ellos se destacó Diego Pérez, delegado general del edificio de Leandro Alem 734.

“nosotros le imponíamos al interventor quienes queríamos que colaboraran. Por ejemplo, por marzo o abril del ’56 se forma una comisión para estudiar el convenio y el interventor nombra a dedo a los integrantes; y nosotros, los 44 delegados de Ingeniería, nos fuimos a Ambrosetti a decirle al interventor que los representantes nuestros los nombrábamos nosotros. Es que nosotros éramos representativos, habíamos sido elegidos por nuestros compañeros, y por eso discutíamos entre nosotros y decidíamos si colaborábamos o no, y en qué lo hacíamos”.

Entusiasmado con sus recuerdos Diego Pérez dice: “Puede parecer mentira, pero en pleno gobierno militar sacamos un periódico de cuatro páginas para el 1º de Mayo, rindiendo homenaje a los mártires de 1886”. Pero la anécdota no concluye allí, porque nuestro informante aprovecha para despacharse contra los “viejos de la Verde”.

“Y casi vamos en cana, porque gente del Sindicato Buenos Aires nos fue a denunciar al interventor. Y el interventor los sacó cagando porque les dijo que era una vergüenza que gente de trabajo fuera a denunciar a otros trabajadores”.

Por un momento hasta siento simpatía por ese interventor que no conocí. Se que era un representante de la dictadura de Aramburu, que había llegado allí con un presunto discurso democratizador, pero que la democracia que pregonaba tenía como fundamento la proscripción de las mayorías. Sin embargo no digo nada y dejo que Diego Pérez continúe con su relato.

“En la Federación el interventor nos daba margen para movernos, y nosotros tratábamos de aprovecharlo al máximo. Yo no soy antiperonista, pero tampoco soy peronista. Estaba cansado de que se hablara del 1º de Mayo como la “Fiesta de los trabajadores”. Por eso dijimos con los muchachos, “Vamos a mostrarles a todos de dónde viene lo del 1º de Mayo”. Y ya que estamos te completo la historia.

Era 27 o 28 de abril y nosotros queríamos tener el periódico para el 1º de Mayo. Queríamos que en la tapa apareciera el dibujo de un obrero con una bandera flameando y detrás toda una manifestación de trabajadores. Entonces empezamos a recorrer agencias publicitarias para ver si nos hacían el dibujo. Cuando les decíamos lo que queríamos, nos preguntaban para qué lo queríamos; después nos miraban como si fuéramos marcianos y terminaban diciéndonos que no tenían ningún dibujante. Te imaginás, estábamos en pleno gobierno militar.

Ya teníamos que mandar todo a la imprenta y no teníamos el dibujo. Entonces me acordé que en el mausoleo con los restos de uno de los mártires de Chicago se leía la frase: “Llegará un día, en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy tratáis de acallar”. Lo consulté con Raúl Aragón y Juan Carlos Pérez, y dijimos: Pongamos esta frase en el centro de la tapa y todo el resto lo dejamos en blanco, simbolizando el silencio. Y así salió”.

La distinción entre jóvenes y viejos, y el lugar en que cada uno de ellos prestaba colaboración, es importante para comprender la historia posterior. La vieja dirigencia tenía su propio estilo (si es que realmente fue así) y los jóvenes les reclamaban más dinamismo y combatividad para conseguir las cosas. Sea por eso o por otras circunstancias, lo cierto es que se fue produciendo un distanciamiento entre ambos sectores y esto se reflejaría posteriormente al conformarse las listas para la normalización del sindicato. Pero también se manifestó durante la gestión de los respectivos interventores quienes habrían terminado alineados con sus colaboradores. Algunos cortocircuitos que se habrían producido entre los interventores  del Sindicato y la Federación eran explicados, desde el campo de los “viejos”, como resultado de las intrigas de los “jóvenes”. Estos últimos, por su parte, rechazaban las imputaciones por calumniosas  y acusaban a Oscar Tabasco (alineado con Pedro Valente) de propalar esas versiones infamantes.

La brecha entre ambos sectores se fue ensanchando y terminaron integrando listas separadas en los comicios normalizadores de 1956. Los históricos formaron la Lista Verde y llevaron a Pedro Valente como candidato a Secretario general, mientras que los jóvenes conformaron la Lista Azul. Como es obvio, ninguna de las dos listas se identificaba con el peronismo que, más o menos disimulado, conformó su propia lista, la Lista Roja, encabezada por Allan Díaz. También participó en estos comicios la Lista Blanca, afín al Partido Comunista.