La intervención
El conciliador discurso de Lonardi al asumir el gobierno fue
correspondido por la dirigencia cegetista aconsejando a sus
representados la más absoluta calma y que cada trabajador continuara
en su puesto por el camino de la armonía. En la reunión que el
nuevo presidente mantuvo con los representantes sindicales aseguró
que su gobierno respetaría las medidas de justicia social que habían
sido alcanzadas, y que también sería respetada la integridad de la
CGT y de las organizaciones que la formaban. Aseguró que los bienes
de la organización sindical no serían confiscados, y hasta el
diario La Prensa, que había sido de propiedad antiperonista,
continuaría bajo el control de los sindicatos hasta nueva orden. La
designación del abogado de la UOM, Luis Cerruti Costa, como ministro
de Trabajo, era una muestra de la buena disposición gubernamental
hacia el sector obrero.
Una de las primeras medidas del nuevo ministro fue
ordenar que se reabriesen los locales sindicales que habían sido
copados por grupos antiperonistas. Entre estos se encontraban los de
gráficos, ferroviarios, bancarios, petroleros y otros. Los “comandos
civiles” que habían tomado parte en esas ocupaciones eran
identificados como socialistas y radicales, aunque es probable que
esa fuera una generalización simplificadora, y que el abanico de
identidades políticas fuese más amplio. También es probable que
algunas (o muchas) de esas ocupaciones no fuesen espontáneas, sino
que fueran inducidas y hasta orquestadas desde sectores golpistas que
buscaban radicalizar rápidamente el proceso. Esta presunción se
funda en que las bandas asaltantes contaban con la simpatía y
hasta el apoyo logístico de sectores de las fuerzas armadas.
Al tiempo que pedía el cese de las violentas ocupaciones ilegales y
el rápido llamado a elecciones democráticas, la conducción
cegetista renunció en pleno, y en su lugar fue designado un
triunvirato provisional integrado por el textil Andrés Framini, el
lucifuercista Luis Natalini y Dante Viel de Empleados Públicos. El
gobierno aceptó la propuesta y se firmó un acuerdo con la CGT para
convocar a elecciones en todos los gremios en el lapso de 120 días.
Todo parecía encarrilarse hacia una solución armónica, y no fueron
pocos los sindicatos que anunciaron la fecha de los próximos
comicios. Pero no todos los casos fueron semejantes.
Se ha hablado de “comandos civiles” tomando por asalto a los
sindicatos a punta de metralleta. En el caso de Telefónicos las
cosas no fueron así. No hubo ni metralletas ni grupos armados; más
bien fue la transición entre una conducción medrosa, que parecía
apurada por desprenderse de una responsabilidad que la excedía, y el
regreso desordenado y poco prolijo de quienes habían sido
desplazados de la conducción 8 años atrás.
Al principio parece haber habido situaciones que rozaban lo grotesco.
Un grupito que empuja la puerta, alguien que se autoproclama
interventor del sindicato, la emisión de un comunicado del que hoy
no queda ninguna copia, un rechazo de la pretensión intervencionista
por parte de la conducción que encabezaba Rafael Velasco y una
especie de coexistencia durante algunos días, hasta que el 5 de
octubre la situación termina de decantar. Ese día, las autoridades
sindicales que venían de la etapa peronista, traspasan las
instalaciones y todos los bienes del sindicato a una nueva comisión
que será la encargada de administrarlos y convocar a elecciones
“tras un razonable período de normalización”. Eran las 20.30
horas, cuando la Comisión integrada por Pedro Valente, Pascual
Mazzitelli, Roberto Fuentes, Oscar Tabasco, Bernardo Marelli, Diego
Bagur y Armando Blefari terminó de desplazar a la antigua
dirigencia.
La situación era sumamente inestable, por un lado el gobierno
procuraba contemporizar con la dirigencia peronista de los
sindicatos, y al mismo tiempo no quería disgustar a los comandos
civiles que reclamaban el desplazamiento de todos los dirigentes
peronistas en el movimiento obrero. Como ya se dijo, quienes habían
copado los sindicatos tenían un fuerte apoyo en el sector duro de
los golpistas, los que, además, querían sacarse de encima a Lonardi
y a los llamados nacionalistas católicos. La decisión de devolver
los sindicatos ocupados a sus legítimas autoridades fue desacatada
por los comandos civiles en muchos casos, y el Ministerio de Trabajo
se mostraba impotente para hacer cumplir sus propias resoluciones.
Puesto en esta disyuntiva, el gobierno terminó cediendo a la presión
de los sectores más beligerantes, volvió sobre sus pasos, y cuando
el 26 de octubre framini reclamó que se diese cumplimiento a lo
acordado, Cerruti Costa contestó que todas las autoridades
sindicales habían caducado y pretendió instalar intervenciones
tripartitas que fiscalizarían los comicios normalizadores. La
respuesta cegetista fue anunciar una huelga general para el día 3 de
noviembre. Esto obligó a una desesperada gestión gubernamental que
consiguió evitar la huelga a último momento.
Las dos alas del gobierno operaban cada una por su cuenta. El sector
llamado nacionalista trataba de contemporizar con los sindicatos, y
al mismo tiempo, los llamados liberales, acicateados por la marina y
los componentes más reaccionarios del sector civil, se esmeraban en
multiplicar las provocaciones contra el movimiento obrero. El
ejército ocupó militarmente los barrios populares de Rosario, las
localidades de Avellaneda, Berisso y Ensenada. Muchos empleadores
tomaron sanciones contra los delegados sindicales o suprimieron
arbitrariamente algunos de los beneficios sociales que legalmente
correspondían a los trabajadores. Algunos beneficios, como el
aguinaldo, no llegaron a ser tocados, pero sectores patronales
hablaron de esa posibilidad, tal vez con la espectativa de que se lo
suprimiese, o simplemente para crear mayor malestar.
Debilitado hasta los cimientos, el 13 de noviembre Lonardi fue
obligado a dimitir. Aramburu asumió la presidencia y manifestó su
negativa a cumplir con las garantías que se habían dado a los
trabajadores. La CGT declaró la huelga a partir del día 14, pero en
la práctica la medida de fuerza comenzó el mismo día 13 en algunos
sectores. Esto generó enfrentamientos entre manifestantes obreros y
fuerzas represivas, y en rosario llegó a hablarse de alguna víxtima
fatal entre los huelguistas. En los cordones industriales del Gran
Buenos Aires y La Plata, Berisso y Ensenada el acatamiento a la
medida de fuerza fue muy alto, y aunque la información oficial no lo
dijo, las detenciones de huelguistas se contaron por centenares.
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