La normalización
En los primeros meses de 1957 se completó la llamada normalización
de FOETRA; hablar de normalización suena como un sinsentido teniendo
en cuenta todo lo ocurrido desde el golpe de estado. Sin embargo
conservo esa denominación porque es la que ya quedó
institucionalizada por la historiografía oficial; en algún momento
habrá que acuñar un nuevo nombre para referirse al proceso que se
abrió cuando las autoridades de facto permitieron que se realizaran
elecciones en los sindicatos como cierre formal de las persecuciones
y proscripciones.
Para situarnos mejor en el tema es necesaria una breve recapitulación
comenzando con las palabras con que el general Lonardi se dirigió a
los trabajadores al asumir el gobierno el 23 de septiembre de 1955:
“Deseo la colaboración de los obreros, y me atrevo a pedirles que
acudan a mí con la misma confianza que lo hacían con el gobierno
anterior. Buscarán en vano al demagogo, pero… siempre encontrarán
un padre o un hermano”. Las edulcoradas palabras del mensaje no
tuvieron en cuenta que el sector más reaccionario de los golpistas
quería imponer la mano dura. Las ocupaciones de los sindicatos
fueron un adelanto, la única colaboración tolerada fue la de los
opositores al peronismo; antes de cumplir dos meses Lonardi fue
obligado a renunciar.
La dupla Aramburu-Rojas fue recibida con una huelga general; ese
mismo día 13 de noviembre la represión causó víctimas fatales
entre los huelguistas rosarinos. Dos días después el ausentismo
obrero todavía era muy alto en el Gran Buenos Aires donde ya se
habían producido varios centenares de detenciones. Para cortar de
cuajo la resistencia, el día 16 fue intervenida la CGT y todos los
sindicatos asociados, fueron depuestas y encarceladas las autoridades
sindicales, como interventor en la central obrera se nombró a un
capitán de navío –Alberto Patrón- hasta el apellido del
interventor parecía una declaración de principios. Simultáneamente
se declaró la ilegalidad de la huelga. Aquel decreto llevaba las
firmas de Aramburu y Rojas, del ministro de Trabajo, Raúl Migone, y
de los ministros de Ejército, Marina y Aeronáutica: Arturo Ossorio
Arana, Teodoro Hartung y Ramón Abrahín.
El paso siguiente fue disolver todas las Comisiones internas, y
difundir comunicados amenazantes como el que señalaba que todo el
que persistiera en perturbar el orden público sería “detenido y
confinado, conforme a expresas facultades otorgadas por el Estado de
Sitio”.
Otro hecho merece ser mencionado en esta historia por ser
representativo del profundo antiperonismo de los golpistas. En la
noche del 22 de noviembre un grupo de tareas a las órdenes del
teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig procedió a secuestrar
el cadáver de Evita que se encontraba en el segundo piso de la CGT.
Durante varios años ese cuerpo permaneció desaparecido, recién fue
reintegrado a su familia en septiembre de 1971.
A principios de enero de 1956un comunicado del Ministerio de Trabajo
sostenía que la detención de obreros y dirigentes no era por
razones de política gremial sino por “la actividad política
subversiva, contrarrevolucionaria y absolutamente insensata” de
quienes “quieren pescar a río revuelto y que desean perturbar el
ambiente de paz y trabajo que el país necesita”. (La Nación
5.1.1956).
Se advertía que las fuerzas represivas harían uso de sus armas para
impedir atentados y sabotajes, y poco después el interventor de la
Provincia de Buenos Aires, Coronel Bonnecarrere, amenazaba a “los
agitadores que instigaran a las masas obreras a abandonar el
trabajo”, y a los que difundieran “noticias falsas con el deseo
de provocar conflictos o perturbaciones colectivas”.
La finalidad de tanta violencia represiva era doblegar cualquier
resistencia a las medidas económicas antiobreras. La más inmediata
fue la prórroga de todas las convenciones que vencían en febrero,
la acompañó el decreto fijando el salario mínimo en $ 1.120. De
esta última disposición fueron excluidos los telefónicos, el
reclamo salarial de 1956 tuvo su origen en esa exclusión.
En abril de 1956 se promulgó el decreto 7.107 proscribiendo, entre
otros, a todos los que hubiesen sido dirigentes en la CGT o los
sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1956. La
proscripción se hizo extensiva a los sindicalistas que hubiesen
participado del Congreso cegetista de 1949, cuando se modificaron los
estatutos de la central y se la declaró “fiel depositaria de la
Doctrina Peronista”. (Daniel James, Resistencia e integración)
Después de esta tanda proscriptiva Aramburu se sintió lo
suficientemente seguro como para anunciar en su mensaje del 1º de
mayo que el movimiento sindical argentino sería normalizado en 150
días. Según Daniel James entre agosto y octubre se hicieron las
elecciones para designar comisiones internas en los gremios, y las
primeras elecciones para normalizar los sindicatos fueron en octubre.
Respecto a la elección en sindicato Buenos Aires recurro al
testimonio de Héctor Mango.
“Cuando en 1956 se preparaban las elecciones para la normalización
del sindicato un muchacho amigo, Matías Bellavista, me propuso que
nos acercáramos a una reunión de compañeros peronistas que se
juntaban en el Sindicato Argentino de Prensa. Allí conocí a Jonch,
pero la figura principal era Jorge Lupo, quien había sido agregado
obrero en una embajada argentina. Era el candidato natural para
encabezar nuestra lista, pero fue inhabilitado por el interventor en
el sindicato. Lo anecdótico fue que en otro sindicato, el de
panaderos, pudo participar Magdaleno, un hombre que también había
sido agregado obrero”.
El primer candidato de nuestra lista fue un compañero de Valentín
Gómez, de apellido Gallino, el segundo fue el delegado general de
Cuyo, uno que prometía traer una carrada de votos. Era una chantada,
perdimos la elección, habíamos creído que la ganábamos fácil, y
la gente de Valente nos ganó limpiamente”.
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