El reclamo salarial de
1956 (V)
Al finalizar agosto la situación tuvo un vuelco
inesperado. El Tribunal arbitral era un organismo que funcionaba en
el ámbito del Ministerio de Trabajo, se suponía que actuaba con
independencia de los intereses de obreros y patrones, y se esperaba
que su juicio fuera ecuánime. El presidente del tribunal era el
Doctor Juan Carlos Palacios, y tanto él como los abogados del
ministerio que lo acompañaban en la gestión habían mostrado una
imparcialidad asombrosa. Un día en que Mazzitelli y Vázquez fueron
al Ministerio para averiguar en qué estado se encontraba el trámite,
vieron pasar a varios funcionarios: el ministro de comunicaciones,
Ramón Casanova, el gerente general de la empresa, Miguel
Mujica y el director de personal, Adolfo Otero.
“Ahí había muchas mamparas, y nosotros estábamos en un lugar
medio oscuro. Después, los propios abogados del tribunal nos dijeron
que los representantes de la patronal habían ido a presionarlos para
que laudaran contra nosotros”.
La versión parece bastante verosímil, porque los
integrantes del Tribunal renunciaron en bloque para no ceder a la
presión. Ya estaban cumplidos los plazos, el laudo tenía que salir
de alguna manera, y un tribunal sustituto presidido por el doctor
Juan Domingo Liberato fue nombrado de urgencia. Martelli, el
subsecretario de trabajo, llamó a Mazzitelli y Vázquez, y les dijo:
“muchachos, ustedes tienen razón, pero las cosas no van a
poder ser como ustedes quieren”. El asombro y la indignación de
ambos no tenía límites. Mazzitelli completó el relato diciéndome:
“Yo ya no quería volver más al ministerio, pero del gremio nos
mandaron de nuevo; y hubo un laudo de lo más ambiguo y
contradictorio. Por un lado nos daban la razón a nosotros, pero en
otro artículo favorecían a la empresa”.
Probablemente lo que Mazzitelli definía como aspecto favorable del
laudo era la decisión ministerial de no aceptar la modificación de
la jornada laboral. Tampoco autorizaba a la Empresa para que siguiera
haciendo ofrecimientos individuales de mejores remuneraciones a
cambio de mayor tiempo de trabajo. Pero allí se terminaban los
aspectos positivos, porque al entrar en el tema salarial el laudo
echaba por tierra todas las expectativas de los trabajadores. Desde
un principio dos números habían estado dando vueltas en la
negociación: por un lado los 1.400 que los trabajadores pedían como
sueldo básico inicial, y por otro los 1.120 fijados por la política
oficial. Algún trascendido del primer tribunal había hecho albergar
la esperanza de que el dictamen se aproximara a las pretensiones de
los telefónicos, pero el segundo tribunal se ciñó al libreto
gubernamental.
Sin embargo las controversias no terminaron allí. La renuncia del
primer tribunal y su remplazo por el segundo produjo una demora de
casi una semana en la emisión del laudo. La resolución que se dio a
conocer, si bien era regresiva con respecto a la que se esperaba del
tribunal renunciante, arrastraba algunas desprolijidades que daban
lugar a dobles interpretaciones, y la empresa reclamó que se
aclarara la cuestión. Esa aclaración se produjo dos semanas más
tarde, y como era de esperar desfavorecía aún más a los
trabajadores. Si ya existía malestar por el laudo del 7 de
septiembre, la indignación creció mucho más cuando se conoció la
segunda versión conseguida por la empresa. El gremio aclaró que no
había pedido al tribunal que hiciera ninguna reinterpretación, que
la nueva resolución implicaba disminuciones importantes en algunos
cuadros, que la pública difusión de las modificaciones buscaba
crear malestar y división entre los trabajadores, y que, en
consecuencia, rechazaba los cambios difundidos por el Ministerio y la
Empresa.
La arbitrariedad gubernamental-patronal venía estirándose desde
principios del año, y ahora se sumaba un nuevo atropello a los
intereses de los trabajadores. El reclamo de los telefónicos fue
desoído durante semanas, en la seccional Buenos aires ya había
asumido la conducción surgida de las elecciones normalizadoras y de
inmediato se organizaron medidas de fuerza. Los paros fueron
respaldados tanto por la mayoría como por la minoría de la nueva
dirección sindical, y se conformó un Comité de huelga en el que
además de participar los militantes de las lisas Verde y Roja
también dio cabida a los miembros de la Lista Azul.
La represión no se hizo esperar, a las amenazas patronales siguieron
algunas detenciones, en el caso particular de Pedro Valente, el
Secretario General, “lo fueron a buscar a su casa un domingo por la
mañana, de allí lo llevaron a Tribunales y luego a Villa Devoto”.
En el heterogéneo Comité de huelga se produjeron discusiones, las
desconfianzas generaron acusaciones cruzadas, y finalmente el
plenario de delegados resolvió levantar las medidas de fuerza.
Como consecuencia de tantos manoseos, entre los trabajadores
telefónicos creció un enorme descontento que se manifestaría con
toda intensidad en la huelga de 1957.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario