El reclamo salarial de
1956
La jornada laboral de 7 horas, y la semana de 35 horas, eran
conquistas de los trabajadores telefónicos, aunque para la
mentalidad reaccionaria de quienes habían usurpado el poder en 1955
se trataba de una concesión demagógica otorgada por la “Segunda
tiranía”. El objetivo golpista de liquidar todas las mejoras
sociales de los últimos años incluía también el retorno a la
antigua jornada de trabajo, pero esa pretensión era resistida por
todos los telefónicos, independientemente de su adhesión u
oposición al peronismo.
Algo semejante ocurría con respecto al reclamo de mejora salarial,
el último convenio databa de 1954, los ingresos de los telefónicos
se habían deteriorado mucho, y A pesar de las promesas
gubernamentales para renovar los convenios, se prorrogó la vigencia
de todas las convenciones colectivas que vencían a fines de febrero
de 1956.
Otro hecho contribuyó a agravar el malestar de los telefónicos: el
aumento salarial de emergencia dispuesto por decreto en febrero de
1956 no fue aplicado a los trabajadores del sector.
La simpatía que los colaboradores de la intervención podían sentir
con respecto a la denominada Revolución Libertadora no alcanzaba
para que justificaran la política antiobrera del nuevo régimen.
Ellos eran tan trabajadores como el resto de los telefónicos,
provenían de una tradición sindical que los había hecho librar
importantes luchas en el pasado, y aunque esa disposición combativa
se hubiera atenuado (según la opinión de sus críticos), no
transigían con el gobierno respecto a la jornada de trabajo ni
renunciaban a la lucha para obtener mejoras salariales.
Los colaboradores también fueron consecuentes con la defensa de los
trabajadores perseguidos y castigados por sus convicciones políticas.
Desde un principio se preocuparon por demandar la reincorporación de
quienes habían sido cesanteados. Pasvcual Mazzitelli, a cuyo
testimonio ya he recurrido con anterioridad, me contó que desde
fines de 1955, y cuando todavía se encontraba al frente de la
intervención en FOETRA el capitán Kesler, Valente recurrió a su
mediación para pedir a Igartúa, ministro de comunicaciones, la
reincorporación de todos los cesantes. Igartúa no quería acceder,
pero Valente siguió insistiendo “porque aunque los cesantes eran
comunistas, igual eran trabajadores y había que defenderlos”.
Después de tantas gestiones Igartúa terminó por acceder, pero le
dijo al capitán Kesler: “Mire, nosotros vamos a reincorporar a los
comunistas, pero los primeros arrepentidos van a ser los del
sindicato”. Y con una sonrisa, Mazzitelli completó el relato: “Y
algo de cierto hubo, porque en la primera reunión después de la
reincorporación, lo que hicieron fue tirarse contra nosotros. Pero
no nos interesaba, eso era parte de la lucha sindical”.
Vuelvo ahora a la cuestión salarial. Los convenios que vencían en
febrero del ’56 fueron prorrogados por decreto, un aumento salarial
de emergencia que establecía un salario mínimo de $ 1.120 no fue
aplicado a los telefónicos, y en marzo de ese año comenzaron a
hacerse elecciones en los gremios para designar a los representantes
sindicales que negociarían las nuevas escalas y condiciones
laborales. Esto generó una fuerte participación en los distintos
sectores de trabajo, se formaron comisiones para aportar iniciativas
y reclamos de las especialidades, y aunque en muchos casos los
representantes sectoriales fueran digitados por la intervención, en
otros muchos se produjeron designaciones desde los propios
compañeros. La apertura participativa no parece haber sido resistida
ni por la intervención ni por los colaboradores, y con la suma de
aportes y sugerencias se dio forma a un anteproyecto de
convenio-escalafón que fue presentado a las empresas el 23 de abril.
Después de la nacionalización del servicio telefónico iniciado en
septiembre de 1946 y completado en marzo de 1948, la mayor parte del
servicio estaba en manos del estado. Las compañías privadas tenían
influencia en las provincias de la Mesopotamia, Mendoza y en el norte
del país, pero el mayor número de abonados era servido por la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y consecuentemente ésta era
la que nucleaba a la mayor parte de los 32 mil trabajadores
telefónicos de ese entonces. Por lo tanto la suerte de la
negociación estaba atada en buena medida a la política que
implementara el gobierno con respecto a la cuestión salarial en
general, y a los telefónicos en particular.
El proyecto presentado por FOETRA fue cajoneado por más de un mes.
Recién el 1 de junio, después de la presión gremial, fueron
iniciadas las tratativas. En ese momento el sueldo mínimo del
trabajador telefónico era de $ 825, el gremio reclamaba que se lo
elevara a $ 1.400, y la representación patronal proponía un
incremento del 25 por ciento, con lo cual quedaba por debajo de los $
1.120 fijados como sueldo mínimo por el decreto de Febrero. Toda
otra mejora debía ser consecuencia del aumento en la productividad,
y eso, traducido al lenguaje de la mesa de negociación implicaba
aumento de la jornada de trabajo y establecimiento de horario
cortado.
La pretensión empresaria era inaceptable, la discusión se
empantanó, y a partir del 29 de junio la organización sindical no
tuvo ninguna información más de parte de la Empresa ni del
Ministerio de Trabajo. Tanta demora debería haber activado
automáticamente el funcionamiento de un tribunal que laudara en el
diferendo, pero el silencio oficial era absoluto. Por eso, en un
plenario de delegados realizado el 20 de julio en el local de la CGT,
se decidió solicitar una entrevista con el presidente Aramburu, y se
resolvió fijar el 31 de julio como último plazo para esperar una
contestación oficial.
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